SIPAZ – SERVICIO INTERNACIONAL PARA LA PAZ…


SIPAZ – SERVICIO INTERNACIONAL PARA LA PAZ

Visita de seguimiento a Guerrero en junio:
balance (junio de 2008)

Del 18 al 21 de junio, tres personas (Marina Pagès, de Francia; Monica Wooters, de EUA y Teresa Hoechli de Suiza) realizaron una visita de 4 días al estado de Guerrero para dar seguimiento a la delegación coordinada por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) en marzo de 2008 y en la que habían participado representantes de 11 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 6 países.

En esta ocasión estuvieron en Ayutla de los Libres: Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa -OPIM; cárcel municipal en la que se encuentran 5 presos de esta organización. En Chilpancingo, se entrevistaron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández así como con el Secretario General de Gobierno, Ramírez Ramos. Finalmente asistieron al Foro “Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta”, que organizó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como parte de su 14 aniversario de fundación. Cabe subrayar que en el primer día del evento, soldados del Ejército Mexicano instalaron un retén inusitado de revisión a 50 metros del inmueble en donde tenía lugar. Este hecho fue interpretado como acto de intimidación por los participantes.

Llama la atención el énfasis puesto en el tema de la criminalización de la protesta social en dicho aniversario. Desde varias partes del estado, distintas organizaciones (como la OPIM, la Policía Comunitaria, el Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a la Parota, CECOP, integrantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, la Radio Ñomndaa entre otras), usando o no la expresión de criminalización denunciaron una serie de hechos que parecen ilustrar esta tendencia: detenciones arbitrarias, órdenes de aprensión, militarización, intimidaciones y amenazas.

Esta tendencia ya había sido denunciada por las organizaciones sociales entrevistadas en la delegación de marzo. Desde la cárcel de Ayutla de los Libres, los presos de la OPIM también denunciaban: “Estamos encarcelados por defender nuestros derechos y nuestra pueblo  me’phaa. Hemos luchado para el bien del pueblo. Hemos denunciado las injusticias y la militarización. Al gobierno le molesta, por eso estamos encarcelados”.

Frente al señalamiento de “criminalización de la protesta” por parte de actores sociales, el secretario general de gobierno lo consideró “un poco duro” y enfatizó: “La cuestión no es la represión, la cuestión es la pobreza”. Agregó “si no hay dinero, no podemos resolver estos problemas”. En el boletín de marzo, la delegación ya subrayaba: “Aún reconociendo los retos que implica la pobreza, no podemos aceptar que el gobierno explique la falta de promoción y defensa de los derechos humanos debido a este problema”.  Seguimos preocupados que no se le de mayor prioridad al tema.

Varias personas entrevistadas nos dijeron que en lo inmediato la gran mayoría de los actores políticos están más preocupados por las elecciones en puerta que en una atención de fondo a las demandas de los pueblos.

La existencia de tantas órdenes de aprensión o personas con procesos judiciales abiertos (implica que tienen que ir a firmar por lo menos una vez al mes y puede limitar su capacidad de obtener trabajo) parece una especie de espada de Damocles sobre los procesos organizados. En el aniversario, Abel Barrera, director de Tlachinollan hablaba de 201 casos penales contra líderes sociales, incluyendo 75 órdenes de aprensión, 73 personas bajo procesos y 44 averiguaciones previas.

Frente a esta situación, el secretario general de gobierno enfatizó la autonomía de los poderes en el estado y el hecho que “no se puede dejar de aplicar la justicia por presiones de grupos sociales”.

De un modo parecido, cuando se habló de militarización, Ramírez Ramos explicó que el tema era de competencia federal.

Nuestras preocupaciones siguen idénticas a las de la delegación en marzo: que la sensación de cierre pueda radicalizar más formas de lucha y que la conflictividad pudiera incrementarse en el contexto electoral vecino.




Elena Cannie – Coordinadora del Area Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mina # 77, Colonia Centro, CP 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero – Mexico
Tel: (52) 757 476 12 20 – Cel:(045) 757 105 42 73 – Skype: elenacannie
www.tlachinollan.org

El Nahuatl, la lengua que debe reencontrarse con México…

 

Al reencuentro con la palabra original*

 La Secretaría de Educación presenta el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales

Lanza el Gobierno del D F campaña para revitalizar el náhuatl

Emprende programa para usar esta lengua en la alfabetización de comunidades rezagadas

El náhuatl es un idioma vivo y en plena evolución. De ello pueden dar testimonio los dos millones de hablantes con los que cuenta en por lo menos diez estados del país. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no saben cómo escribir en su propia lengua y viven excluidos de la educación formal.

Para atender a esta franja de la población y al mismo tiempo revitalizar el idioma originario del valle de Anahuac, el Gobierno de Distrito Federal pondrá en marcha un programa mediante el cual llevará la educación básica a las regiones más marginadas de la capital, con el náhuatl como lengua de instrucción.

El objetivo, de acuerdo con el secretario de Educación, Axel Didriksson, es promover el náhuatl como la lengua “oficial” de la ciudad de México, en el contexto de la formación de una Carta Magna para el DF.

 

 

La Jornada consultó la opinión de diversos actores involucrados o interesados en este proyecto, que pretende ayudar a “desmontar la estructura del racismo” en el país.

Un modelo de “transformación radical”

A decir de Rocío Casariego, investigadora y funcionaria de la Secretaría de Educación capitalina, este proyecto busca hacer del náhuatl la “lengua oficial” de la ciudad, pero no con un enfoque meramente antropológico, sino educativo y “muy concreto”.

La idea es adoptar un modelo de “transformación educativa radical”, en el que coexistan el español, el náhuatl e incluso otras lenguas originarias, en un esquema pedagógico que privilegie el desarrollo de las habilidades cognitivas y la escritura, por sobre la simple acumulación y repetición de datos.

Los llamados Centros de Transformación Educativa (CTE) iniciarán actividades en enero de 2008 como un programa piloto, en al menos 20 puntos de la ciudad, uno por cada delegación, y dos en las entidades de más alta marginación social, como Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Milpa Alta.

Ahí, un grupo de “facilitadores” –de preferencia jóvenes de la misma comunidad, capacitados por las autoridades del GDF- impartirá clases a nivel preescolar, primaria y secundaria, para al menos 24 alumnos por centro, sin importar su edad.

Estas escuelas “alternativas” funcionarán de lunes a viernes, con opción de hacerlo también sábados y domingos, en tres horarios: matutino, vespertino y nocturno. El objetivo es que a finales de ese año se atienda a unos 250 alumnos por cada centro, y para 2012 haya un total de mil 650 CTE.

“No seguiremos la idea de la escuela tradicional, donde te sientas, te callas y obedeces lo que te dice el maestro. Lo que queremos es fomentar la competencia en razonamientos complejos y escritura, porque muchos hablantes de lenguas indígenas no saben cómo escribir en ellas”, explicó Casariego en entrevista.

La diferencia fundamental, dijo, es que en este proyecto el náhuatl no será una asignatura más, como ciencias naturales o matemáticas, sino la lengua misma de enseñanza.

El objetivo final de este experimento educativo es el de respetar el derecho humano de los hablantes indígenas de ser educados en sus propias lenguas, “que no tienen prestigio social ni espacios en los grandes medios de comunicación”.

Sin embargo, aún hay varias cuestiones centrales por definir, entre ellas el presupuesto exacto que el gobierno de Marcelo Ebrard dedicará al programa, y la variante del náhuatl que se tomará como modelo para enseñar, pero Casariego asegura que cada centro contará con condiciones de estudio dignas: mobiliario escolar, una computadora y uso de Internet.

Si bien es cierto que no se han creado las herramientas para que el náhuatl y el resto de las lenguas indígenas del país se utilicen en el estudio de ciertas disciplinas científicas, por ejemplo la química, este paso busca ser el primero en ese sentido.

“Este modelo pretende colaborar al desmantelamiento de la marginación y el racismo, incluido el de los indígenas (contra sí mismos). Siendo esta una de las ciudades más grandes de América Latina, puede tener un impacto cultural muy importante”, señala.

¿Quiere un buen trabajo en París?, aprenda náhuatl

Para el dibujante y diseñador veracruzano Ulises Valiente Argüelles, la vida dio un giro total hace 15 años. En 1992, conoció al maestro Joaquín Galarza (1927-2004), etnólogo que logró sistematizar el estudio de la escritura azteca, y desde entonces se ha dedicado a continuar su obra.

Autor de nueve libros sobre el idioma náhuatl, entre ellos algunos estudios sobre la Coyolxauhqui, el Temalacate de Tezcatlipoca, la toponimia del valle de Anahuac y diversos códices, Valiente tiene una posición reservada frente al programa del GDF.

Aunque a escala nacional el náhuatl goce de “buena salud”, en la ciudad de México la situación es, según él, “sumamente crítica”.

En Milpa Alta, zona donde él trabaja, la mayoría de los nahuahablantes con mejor dominio del idioma ya tienen 70 años o más, y sus hijos y nietos van perdiendo de a poco sus habilidades comunicativas, o no les interesa ejercerlas.

“De hecho –cuenta- hace 15 días falleció el nahuatlato más importante de Milpa Alta, quien había heredado una serie de historias, relatos y anecdotarios. El era el último que se lo sabía todo en náhuatl.”

Con él “se murió la biblioteca de las tradiciones de la región. Ahora ya no hay nadie que conserve ese grado de cultura. Ese evento, para mí, marca el declive final de la lengua en el Distrito Federal”, considera.

Desde su óptica, el factor que ha propiciado la lenta desaparición del náhuatl es el “descubrimiento” que de él hizo el gobierno central del DF a mediados de los años 50 del siglo pasado.

El relativo aislamiento en que se mantuvieron las zonas de nahuahablantes por décadas, se terminó con los estudios que una misión antropológica francesa realizó ahí, lo que a la postre atrajo también la atención de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una de las consecuencias negativas de este suceso fue la urbanización acelerada de Xochimilco y Milpa Alta, y la pérdida paulatina de algunos rasgos culturales de esas regiones, incluido el idioma.

Paradójicamente, mientras aquí pierde influencia, la lengua “es altamente apreciada en el extranjero. Tú puedes hacer maestrías y doctorados sobre náhuatl en la Universidad de la Sorbona y en un instituto privado de Alemania, que es el mejor del mundo en esta materia. Ahí están los nahuahablantes más cultivados, no en México.”

Pero también de esta situación se pueden sacar ventajas y lecciones pragmáticas, por controvertidas que parezcan. “El náhuatl puede ser una bomba publicitaria. Para no desaparecer, tiene que ser difundido como un producto comercial, y consumido como tal. Tiene que entrarle al juego de la mercadotecnia de los idiomas y demostrar su valía”, afirma el académico y criptólogo.

Si se le difunde con una estrategia adecuada, “habrá personas que lo quieran aprender, por lo menos por cultura general. Pareciera como sembrar en el mar, pero no es así. Tenemos que difundir que tienes que aprenderlo, porque así, por ejemplo, puedes irte a Francia y pasarte tres meses dándole clases a doctores y maestros.”

Para Valiente, quien tiene más de siete años de experiencia en la enseñanza de la lengua y cultura náhuatl, la clave para revitalizar este idioma es, por un lado, desarrollar una pedagogía adecuada, porque de lo contrario “sólo se generaría aburrimiento y deserción, y la condena de que se va a extinguir irremediablemente.”

La otra vertiente debe ser cultivar la investigación “seria y metódica”, porque actualmente se llevan a cabo muchos estudios simplemente apreciativos, y el resultado de ello puede ser una “cultura fragmentada”, en la que ya no se pueda avanzar más.

Ulises Valiente, quien participó hace algunos años un programa de enseñanza de náhuatl en escuelas secundarias de Milpa Alta, considera que el idioma debe enseñarse como un taller relacionado con las llamadas “ciencias duras”, porque es precisamente este ámbito el que más alejado ha estado del náhuatl.

“No se puede describir en ella la jurisprudencia ni la ciencia de un país, una fórmula química o el instrumental de un cirujano, por ejemplo. Para ello, se requerirían al menos 15 o 20 años de trabajo previo y muy profundo, antes de enseñarlo de manera seria” y en todos los niveles, señaló.

Cualquier intento de rescatar el idioma “es bueno”, pero si no se cumplen los requisitos anteriores, todo se reduce a simples anuncios periodísticos. “Perder el idioma sería como perder un patrimonio genético, sería una devastación y hay muchos idiomas en este riesgo.”

Puente social entre indígenas y mestizos

Con respecto a este tema, el escritor, traductor y poeta Carlos Montemayor prefiere encomiar el esfuerzo del gobierno capitalino y pone de relieve la gran extensión territorial del náhuatl y el hecho de que no en todas las regiones hay “brecha generacional” entre hablantes.

El coordinador del Diccionario del náhuatl en el español de México, volumen de reciente aparición editado por el GDF y la UNAM, considera que “la continuidad de una lengua sólo depende de los hablantes que la poseen”, y el proyecto del gobierno capitalino se encamina a tender lazos entre las sociedades indígena y mestiza.

“El mexicano es sumamente racista, y excluye de su realidad al indio de carne y sangre. Un acercamiento al náhuatl favorecería una mayor comprensión de este mundo y ello sería benéfico para la cultura en general, no sólo para la lengua náhuatl”, evaluó Montemayor.

Este proyecto, además, contribuiría a revalorar los idiomas originarios en general, que enfrentan el “prejuicio constante de ser dialectos. Esto es un error, porque no hay lenguas superiores ni inferiores. La enseñanza del náhuatl en el DF ayuda a una mejor comprensión de la riqueza lingüística del país.”

Pese a las carencias o dificultades en esta labor, Montemayor enfatiza que “se tiene que empezar en algún momento. Hay que reconocer lo acertado de la medida y sus propósitos. Debemos congratularnos de que estas políticas educativas se abran paso en un país que está desmantelándose. Sólo la continuidad le dará sentido a todo”.


Cada expresión lingüística tendrá tratamiento de lengua en espacios oficiales

Con el propósito de “evitar la discriminación”, a partir de hoy las variantes lingüísticas de los pueblos indígenas adquirirán un rango oficial por el que deberán ser tratadas como lenguas en los espacios educativos, de salud, de servicios, de impartición de justicia, así como en la realización de trámites y requerimientos de información pública.

Para ello, la Secretaría de Educación Pública presentará este lunes, con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, el cual considera 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias.

De acuerdo con una síntesis de dicho catálogo, elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), es “impreciso” el uso que se ha dado al concepto lengua, en relación con la diversidad lingüística mexicana.

A partir de la época virreinal, o quizá desde antes, agrega, “se difunde la creencia de que los pueblos indígenas hablan ‘una sola lengua’, altamente uniforme en todos sus componentes, sin advertir, las más de las veces, la existencia de distintas clases de variantes lingüísticas, explicables bien sea por razones geográficas, genealógicas o sociales, como ocurre en todo el mundo”.

En razón de lo anterior y para “evitar la discriminación lingüística”, las variantes deberán ser tratadas como lenguas. Dicho catálogo establece también que en la representación de los nombres, para el caso de las agrupaciones lingüísticas que se hablan mayoritariamente en el extranjero, se respetaron las normas ortográficas empleadas por los hablantes de sus respectivas comunidades no mexicanas.

Así, para el caso de la agrupación lingüística kikapú, se utilizó la forma empleada en inglés, “a partir de que esta población desarrolla la educación formal escolarizada en Estados Unidos”.

En el caso de las lenguas de origen guatemalteco, se siguió la normatividad aprobada por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, la cual tuvo origen en las mesas de trabajo del proceso de la firma de los acuerdos de paz, de diciembre de 1996.

El INALI realizó una taxonomía de la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, a partir de tres categorías: familias, agrupaciones y variantes lingüísticas.

Familias de lenguas

Consideró 11 familias indoamericanas, en razón de que cada una de éstas se encuentra representada en México “con al menos una de sus lenguas”. Y son las siguientes: álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, seri, oto-mangue, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, chontal de Oaxaca y huave.

En cuanto a las agrupaciones lingüísticas, éstas pueden estar conformadas por conjuntos de una o más variantes y, a su vez, se encuentran relacionadas con un pueblo indígena. Por ejemplo, la agrupación tepehua está relacionada con el pueblo indio del mismo nombre y también presenta una diversidad que fue caracterizada en el catálogo con el reconocimiento de tres variantes.

En total, el INALI consideró 68 agrupaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: akateko, cucapá, chocholteco, guarijío, ixil, kumiai, mayo, maya, mazahua, tojolabal, zapoteco y tepehua.

Por otra parte, en los casos en los que el nombre de una agrupación es igual al de otra, se agregó un elemento diferenciador de carácter geoestadístico. Tal es el caso del chontal de Oaxaca y el chontal de Tabasco.

*Fernando Camacho Servín Karina Avilés

Convento de “Teresitas” en Querétaro…

Convento de Santa Teresa de Jesús de

 Carmelitas Descalzas

“Dulcísimo Nombre de Jesús” 

 

 

En el año de 1614 se funda en esta ciudad, con la contrariedad de los franciscanos, el convento de los carmelitas descalzos, de la provincia de San Alberto de México, siendo Papa Paulo V y rey de España Felipe lll y su primera construcción de las tres que tuvo, fue a cargo de Francisco de Chavida. 

Su primer prior fue Fray Pedro de la Concepción y el gran arquitecto creador de los planos fue el fraile, Andrés de San Miguel. Para esta fundación donó su casa y el quinto de sus bienes, la Sra. Isabel González, esposa de Francisco de Medina. 

Posteriormente el convento fue ampliado gracias al benefactor, Juan Caballero y Osio quien lo dotó de todo los accesorios necesarios, incluyendo el famoso Cristo, conocido como “El Señor de los Trabajos”. 

El templo y convento del Carmen fue por tercera vez reedificado, debido a ser muy chico y obscuro, al decir de los frailes. Esta vez por los propios carmelitas, terminando el claustro en 1756 y el templo en 1759, con muy bellos colaterales. 

En el año de 1755 el Capitán de la Acordada, José Velásquez de Lorea, fundó una cofradía para el culto al Santo Cristo de los Trabajos o de otra manera llamado “El Señor de Santa Teresa”. 

Se venera en este templo una maravillosa imagen, obra grandiosa de  Mariano Perrusquía, está en el nicho principal del retablo del presbiterio o mayor y es de la advocación de Nuestra Señora del Carmen. 

Durante el sitio de Querétaro, este convento fue usado como cuartel, por parte de los imperialistas, sus campanas fundidas. Después fue ocupado por el General Mariano Escobedo. 

 

 

La Sra. Petronila García, esposa del periodista Hipólito Alberto Vieytes, consiguió del gobierno, que el templo se abriera al culto y fue entregado al fraile Juan José de la Soledad Barrios, capellán de las monjas de Teresitas, que dio principio a su reconstrucción con dinero de su propiedad. 

Cinco años más tarde fue abierto al público y bendecido por el segundo obispo de Querétaro Ramón Camacho, el 25 de julio de 1875. Mientras fue recibido por los carmelitas, estuvo al frente  el Pbro. Braulio Guerra. 

A este convento perteneció la Hacienda de Chichimequillas, que fue vendida al presidente de México, Mariano Arista, por el provincial de los carmelitas, Ángelo Ma. De San José, en el año de 1851 y en contra del prior del convento, Fray Ángelo Ma. De la Luz, por lo que volvió por corto tiempo a ser propiedad de este convento, posteriormente con las leyes de reforma les fue expropiada. 

Perteneció también a este convento el famoso “Portal de Carmelitas”, ubicado frente al Jardín Zenea, casi llegando a la actual calle de Madero, estando sobre la calle de Juárez, privando a la ciudad de otro de los muchos elementos que perdió en el primer cuadro de la ciudad. 

También eran propietarios los carmelitas de predios urbanos, casas y tiendas, obtenidas en el remate de los bienes del testamento de Alonso de Estrada Altamirano en 1702, por el entonces prior del Carmen  Fray Miguel de San José. 

En 1847 vendieron el Portal de Carmelitas y varias de sus casas a José González de Cosío, padre de Francisco González de Cosío, Gobernador de Querétaro por treinta años, durante la dictadura de Porfirio Díaz y en 1908, este gobernador cerró el portal y destruyó la casa. 

Ahora los altares del presbiterio, crucero y laterales son de estilo neoclásico, la reconstrucción actual, que no es ni sombra de lo que fue este templo y convento del Carmen, se debe al arquitecto Vicente Jiménez. 

En el retablo del altar mayor hay dos lienzos de 1914, ejecutados por Rivas, en las pechinas los lienzos parecen ser del siglo XVlll y contienen a doctores de la Iglesia, pertenecientes a los carmelitas. Son: San Cirilo, San Juan de la Cruz, San Pedro Tomás y Santa Teresa de Jesús.  

En la sacristía existe un lienzo, ya intervenido, con el tema del patrocinio de la Virgen, a la orden carmelitana. 

El Señor de los Trabajos, cuyo culto se encuentra documentado desde 1685, fue trasladado al convento de Teresitas en 1804 y regresado posteriormente al templo del Carmen.   

Antonia Gómez Rodríguez Pedroso y Soria de Pedroso, Marquesa de Selvanevada, viuda de Manuel Rodríguez de Pinillos López Montero y García Cortez, renunciando a su título y al mayorazgo a favor de su hija mayor, entró de criada al convento de San Jerónimo, en la ciudad de México. 

Más tarde cedió su caudal de más de ciento cinco mil pesos para fundar en Querétaro un convento y enseguida tomó el hábito en el convento de Regina Coelli, también en la ciudad de México. 

El 25 de junio de 1802 se expidió la cédula real para la fundación de dicho convento, iniciándose provisionalmente en una casa rentada en la calle de Posadas, junto al Mesón de San Antonio, las gestiones habían comenzado desde 1797… 

Además de la marquesa de Selvanevada, entonces llamada sor Antonia De Los Dolores y posteriormente, Sor María Josefa de Santa Teresa, vinieron como fundadoras además de la marquesa, las carmelitas  Sor María Bárbara de la Concepción, Sor María Ignacia de San Elías, María Eufrosina de San Juan Bautista y Sor María Clara de San Eliseo. 

La celebración de la noticia del nuevo convento se celebró en Querétaro el 22 de octubre de 1802, con repiques de campanas y el 22 de abril de 1803 llegaron a Querétaro estas monjas fundadoras de “Teresitas”, alojándose en el Convento de Santa Clara y después llevadas solemnemente a su convento provisional por el clero secular y regular, además la población entera. 

El día 21 de junio de 1803 se colocó la primera piedra del convento definitivo, con asistencia del Arzobispo de México, Francisco Xavier de Lizana. Los planos para el futuro convento fueron realizados por el arquitecto Manuel Tolsá y enviados a la corte española con una carta del virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte el 20 de noviembre de 1797. 

Manuel Tolsá era director de escultura de la Academia de San Carlos, en cuya junta ordinaria del 31 de octubre de 1797, fueron aprobados los planos del proyecto del mencionado convento, con un costo inicial de 57 mil 897 pesos y 7 reales, el costo total de la obra superó los cien mil pesos, excedente que fue pagado por el Coronel Antonio del Castillo y de la Llata y Loreto >Ma. Canal de Samaniego. 

El proyecto de Manuel Tolsá, realizado sin saber siquiera donde iba a ser edificado nunca se realizó, sino que se contrató al arquitecto  Pedro Ortiz, para realizar otro y ejecutarlo, la presencia del arquitecto Eduardo Tres Guerras, fue para la decoración que existe. 

Entre ellas los frescos del coro, la pintura de ábside entre los ventanales, el apostolado de la sacristía, entre otras muchas obras más. El templo y convento son una joya del neoclásico. 

El pórtico de entrada al templo esta formado por seis columnas estriadas jónicas, labradas en cantera y con capiteles que sostienen el arquitrabe, friso, cornisa, y un frontón moldurado, el muro que forma la fachada interior de este templo  esta realizada con marcos ciegos simplistas, más tableros. 

El altar mayor tiene un inmejorable ábside y un hermoso ciprés, el cuerpo del templo tiene tres bóvedas de arista y ábside esférico separadas por arcos de medio punto y una cornisa sostenida por catorce pilastras jónicas. 

El convento es sobrio, con su entrada, portería, torno y locutorio, que da entrada a un patio de cuatro corredores con arcos de medio punto y fuente al centro y a través de un amplio pasillo se llega al segundo patio, los corredores de este patio están formados por arcos de medio punto y sólidas pilastras. 

Tenía una amplia huerta con bardas muy altas y en ella la ermita, construida en octubre de 1812. Este convento funcionó solo 54 años y después de la exclaustración siguió el fin de todas las obras religiosas en México, vino su gran deterioro. 

Al inicio de este verano murió el apóstol de la democracia…

Almeida Merino, el obispo de la democracia electoral*

En la reunión previa a las elecciones de gobernador de Chihuahua de 1986, donde PAN tuvo una gran oportunidad de ganar, se reunieron los obispos de Chihuahua para exhortar al pueblo a participar con su voto en la contienda. Yo estuve presente en esa reunión casi cerrada.J F Z

El pasado 21 de junio, falleció a los 92 años, el arzobispo emérito Adalberto Almeida Merino

Si se ha dado un proceso de democratización y de participación social en el Chihuahua contemporáneo, se debe, en gran parte, a la intervención de la Iglesia conducida por don Adalberto Almeida Merino

Finalmente, tanto al arzobispo de Chihuahua como al obispo de Juárez se les asignaron, antes de su jubilación, obispos coadjutores para neutralizar su tarea.

A Talamás le impusieron nada menos que a Juan Sandoval Íñiguez, y a monseñor Adalberto a José Fernández Arteaga.

Pastor fiel a las renovaciones del Concilio Vaticano II

Cuya aportación es más social que religiosa

Enfrentó con valentía el fraude electoral de 1986.

Cuando políticamente estaba prohibido desafiar las decisiones del sistema, él encaró el avasallamiento sistémico de dos imperios:

El del viejo sistema político imperante

Y el del Vaticano, que en esa coyuntura actuó en complicidad.

Adalberto, hijo único, tempranamente huérfano, nació el 6 de junio de 1916 en el poblado de Bachíniva, Chihuahua.

En 1929 ingresó al seminario, donde estudió tres años de latín y año y medio de filosofía.

La persecución religiosa desatada en el país y sus características peculiares en el estado norteño provocó la desbandada de seminaristas.

Monseñor Antonio Guízar y Valencia, hermano de Rafael, recientemente canonizado, logró que estudiara en el Seminario de Durango.

Posteriormente lo envió a Roma, acompañado de otros seminaristas, entre ellos Manuel Talamás Camandari (futuro obispo de Ciudad Juárez), Carlos Enríquez (vicario general de esa misma ciudad) y Arturo García Muñoz.

Su paso por Europa, de 1936 a 1946, coincide con la Segunda Guerra Mundial;

Obtuvo en Roma la licenciatura en filosofía, en teología y derecho canónico por la Universidad Gregoriana.

En mayo de 1956 Adalberto fue nombrado obispo de Tulancingo, ocupando el lugar de Miguel Darío Miranda, futuro arzobispo de México; ahí permaneció casi seis años hasta que fue trasladado a Zacatecas.

Finalmente, el 24 de agosto de 1969 regresó a Chihuahua y el 9 de septiembre tomó posesión como arzobispo.

Los cambios en la entidad y en su cultura política indican un trabajo pastoral en los tejidos sociales de los laicos de las clases medias.

Se puede afirmar que la Iglesia católica tuvo una fuerte presencia en los procesos electorales de 1983, 1985 y 1986.

Su visibilidad política fue particularmente notoria en las elecciones de 1986, los comicios más conflictivos, caracterizados, a su vez, por un mayor grado de participación social.

Es erróneo situar a Almeida Merino como simpatizante de la teología de la liberación, aunque efectivamente desarrolla de manera intensa una pastoral social, centrada en la justicia y en la promoción de los pobres, pero más en la perspectiva de un humanismo cristiano progresista.

De ahí su acento en la democracia, en la participación cívica, en la defensa y promoción del voto.

Mientras en aquellos años los analistas en materia religiosa señalaban que

En el sur del país la tendencia de los obispos progresistas era “tierra y libertad”, que significaba la confrontación con la injusticia social, estructuras autoritarias y la defensa de los derechos humanos más elementales,

En el norte la caracterización era simbolizada por “sufragio efectivo no reelección”, cuya tendencia más ciudadana la protagonizaba monseñor Adalberto Almeida.

El investigador de movimientos socio religiosos en México, Gabriel Muro, dice: “Si anteriormente las preocupaciones sociales de la estructura eclesiástica se centraban en pugnar por la justicia social, en la década de los 80, lo hizo en la responsabilidad cívica” (Iglesia y movimientos sociales en México, p.152).

En medio de las múltiples movilizaciones de oposición ante el supuesto fraude electoral de 1986 en Chihuahua, animadas principalmente por organizaciones católicas, la jerarquía decide el 13 de julio cerrar los templos el domingo siguiente para protestar contra el fraude electoral.

El domingo señalado, Almeida Merino hizo leer en todos los templos del estado una fuerte homilía de denuncia; sin embargo, el delegado apostólico, Girolamo Prigione, ordenó cancelar esta acción y se comunicó con el Vaticano, respondiendo así a la solicitud del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

Pocos días después, los obispos de Chihuahua recibieron una notificación tajante de Roma que les ordenaba suspender las medidas de protesta; bajo la ley canónica era ilegítimo suspender el culto.

Los obispos se plegaron al Vaticano y al gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo, el precedente estaba dado: la Iglesia católica se había atrevido a tocar de manera amenazante un momento de debilidad estructural y una de las fibras más sensibles en que se había apoyado tradicionalmente el viejo sistema político mexicano.

Muchos obispos respaldaron al arzobispo y repudiaron, ad intra, el colaboracionismo entreguista de Prigione. Sin duda fue un parteaguas que marcó la irrupción política de la Iglesia, favorecida por el declinamiento, la erosión paulatina del sistema político.

El “caso” Chihuahua marca una nueva etapa de negociación y de correlación política entre la Iglesia y el Estado; dos instituciones que, manteniendo intactos sus principios, habían desgastado su pacto inicial de convivencia y se disponían a renegociar.

 

La Iglesia católica, mediante la presión pública y social, perfectamente coordinada con la negociación privada, cupular y tradicional, obtendría una serie de triunfos que culminarían con “el fin de la simulación”, es decir, se modificaría la Constitución y se entablarían relaciones diplomáticas con el Vaticano.

La acción de Almeida Merino a la larga significó un proceso de reacomodo de actores.

La jerarquía católica, durante décadas identificada con el reaccionarismo político petrificado, de pronto emerge identificada con los reclamos sociales de democracia y de nuevas reglas de juego, así como la inclusión de nuevos jugadores en el complejo entramado político.

Almeida Merino, un obispo civilista al que nuestra incierta democracia le debe mucho.

Bernardo Barranco V.