Estimadas, estimados:
A partir de la documentación que este Centro ha realizado con respecto al conflicto por limites de tierras que existe entre las comunidades de Aldama, municipio de Aldama y Miguel Utrilla, municipio de Chenalho, Chiapas, en esta ocasión hacemos de conocimiento público la intervención turnada al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, para que con anticipación prevea las medidas que tiendan a resolver el conflicto.
Así mismo añadimos en archivo adjunto, tres documentos (de distintos años) en donde se da cuenta de los acuerdos a que han llegado ambas comunidades; No obstante hoy confrontadas por la intervención de proyectos gubernamentales como el PROCEDE.
Saludos cordiales
Área de Sistematización e Incidencia
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A 13 de Octubre de 2008
Oficio 026-02-08/151/2008
Solicitud de Medidas Precautorias,
Conflicto agrario entre Aldama y Manuel Utrilla.
Lic. Juan Sabines Guerrero
C. Gobernador del Estado de Chiapas
Presente
Señor Gobernador;
En representación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la implementación de las medidas precautorias necesarias y adecuadas, que garanticen la vida, la integridad física, la seguridad jurídica, el territorio, la cultura, la paz y armonía entre las personas y los Pueblos, que se encuentran involucrados en el conflicto por colindancias y/o propiedad de una porción de tierras entre las comunidades de Aldama y de Santa Marta o Manuel Utrilla, de los municipios oficiales de Aldama y Chenalhó respectivamente, y por ende que deriva en un conflicto en el que también está en discusión las colindancias municipales.
De la información con que cuenta este Centro de Derechos Humanos, se deduce que como consecuencia de los trabajos implementados por el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios (en adelante PROCEDE), particularmente de la emisión del nuevo Plano Definitivo, se modificó el polígono de las comunidades tsotsiles de Aldama, antes Santa María Magdalena y de Manuel Utrilla, antes Santa Marta, pasando del polígono de Aldama, al de Manuel Utrilla una porción de tierras de treinta hectáreas, resultando afectadas con ello ciento quince personas, entre ellas treinta y un familias bases de apoyo del EZLN.
Lo anterior, puso a los comuneros de Manuel Utrilla en la posibilidad jurídica de reclamar como suyas las treinta hectáreas, de hecho promovieron demanda en ese sentido ante el Tribunal Unitario Agrario y en contra de los bienes comunales de Aldama.
Los comuneros de Aldama afectados, han manifestado a este Centro su inconformidad ante tal situación ya que refieren que esas tierras las han poseído como legítimos propietarios desde hace muchos años y que incluso que varios de ellos lo recibieron por herencia de sus padres y abuelos. Ellos manifiestan que esas tierras siempre han pertenecido a Aldama y nunca a Manuel Utrilla, ya que incluso existen actas de acuerdo suscrita entre ambas comunidades, en donde se ratifican los mojones que delimitan sus territorios, con lo que habían mantenido una vecindad en armonía, misma que ahora ya no conservan debido a la implementación del PROCEDE.
En invariables ocasiones este Centro ha manifestado su repudio al PROCEDE, hemos señalado que dicho programa atenta contra el territorio y la cultura de los pueblos indígenas y el patrimonio de los campesinos, que genera conflictos entre los ejidos y sus vecinos, entre las comunidades y sus vecinos, que enfrenta a los ejidatarios y comuneros entre sí. El PROCEDE, es una fuente evidente de conflictividad en el campo mexicano, puesto que fomenta el individualismo y el pensamiento divisionista entre los pueblos, quebrantando la estructura de trabajo comunitario y colectivo, dando lugar a enfrentamientos como el surgido entre Aldama y Manuel Utrilla.
El PROCEDE, es el botón de muestra de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno mexicano, que se sustentan especialmente en las reformas realizadas al artículo 27 Constitucional en el año de 1992, tendientes a privatizar las tierras y los recursos que se encuentran en manos de los pueblos indígenas y de los campesinos de México y que por lo tanto implican una regresión en materia de derechos humanos, individuales y colectivos, de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y a los propios pueblos indígenas en sus derechos colectivos, así como de los campesinos pertenecientes a ejidos.
Las reformas en mención y el PROCEDE, también implican una regresión de las garantías sociales constitucionales conseguidas mediante la revolución mexicana y con la sangre del millón de mexicanos y mexicanas que en esa lucha entregaron su vida.
Los servidores públicos del gobierno del estado, que están interviniendo en dicho conflicto, a nuestro parecer, lo están haciendo inapropiadamente, poniendo en riesgo la endeble paz social, la vida y la integridad física de las personas involucradas en el conflicto, ya que promovieron la firma de una acta de audiencia de conciliación con la que no sólo no se resuelve de fondo la disputa, sino que además se ratifica el despojo y de manera por demás peligrosa, deja a los ciento quince afectados de Aldama, entre ellos a los treinta y un bases de apoyo del EZLN, subordinados a los comuneros de Manuel Utrilla, con pertenencia y obligatoriedad ante dos pueblos indígenas distintos. Toda vez, que en dicha acta se establece que las treinta hectáreas pertenecen a Manuel Utrilla y que por lo tanto, los posesionarios de dichas tierras deben cubrir cuotas y trabajos comunitarios en dichos bienes comunales, además de las que deben cumplir en el pueblo al que pertenecen, es decir Aldama.
En días pasados el Consejo Autónomo Magdalena de La Paz y La Junta de Buen Gobierno Zona Altos hicieron pública su posición respecto a este problema, desconociendo de entrada los acuerdos antes mencionados.
El inoportuno e inapropiado tratamiento político a conflictos sociales como el de mérito puede traer como consecuencia hechos de sangre que lamentar. En nuestra memoria aún está fresca la ejecución arbitraria de los seis campesinos de la comunidad Miguel Hidalgo perpetrada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, durante el operativo implementado en dicha comunidad, del municipio de Trinitaria, el pasado tres de octubre del presente año, así como las cuatro personas asesinadas y las cuatro desaparecidas en el ataque perpetrado en la comunidad de Viejo Velasco el día 13 de noviembre de 2006.
En vista de lo anterior, este Centro de Derechos Humanos, le solicita de manera respetuosa, la implementación URGENTE de medidas precautorias tendientes a regresar las treinta hectáreas en disputa a la propiedad de los bienes comunales de Aldama, reivindicando así los derechos de propiedad y culturales de los ciento quince comuneros de Aldama.
Solicitamos que nos informe a la brevedad, sobre las acciones realizadas para la atención del presente caso. Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Diego Cadenas Gordillo
Director
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Sin Derechos Humanos no hay Democracia
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