Concluye Ayuno preso político…

Concluye ayuno Alberto Patishtán,

último preso político

de la Voz del Amate

Sin embargo, advierte que “no me cansaré ni callaré en exigir mi libertad incondicional”.

Hermann Bellinghausen La Jornada
 

 El profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, último preso político de la Voz del Amate y adherente a La otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que permanece encarcelado, concluyó la noche del jueves una “jornada de ayuno y oración” iniciada por él y otros compañeros suyos la semana pasada.

En el transcurso de esa acción de protesta salieron libres cuatro indígenas, uno de la Voz de Amate y tres de la Voz de los Llanos.

En un mensaje, Patishtán anuncia el fin de esa jornada pacífica “más no la insistencia y resistencia por la libertad”. Agradece a “todos los solidarios internos y externos”, en particular, la participación del también recluso Rosario Díaz Méndez.

Confinado en el Centro para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 en El Amate, municipio de Cintalapa, el profesor reitera que los “presos políticos” de este movimiento, que hace un año inició una larga huelga de hambre “fueron encarcelados injustamente por delitos prefabricados, como hoy existe en mi persona y de otros”.

“No me cansaré ni callaré en exigir mi libertad incondicional, como sabe el gobierno que si existe anomalías en los expedientes”, advirtió.

Por su parte, el gobierno de Juan Sabines Guerrero ha manifestado repetidamente su “disposición” para resolver este caso. 

Hostigamiento a comunidades…

Nuevos actos de hostigamiento contra comunidades Zapatistas

·         Campaña contra el cultivo de marihuana, como justificación para la contrainsurgencia. 

·         Programas y actores gubernamentales violentan la vida comunitaria de los pueblos.

En el marco del conflicto armado no resuelto, las funciones aparentemente de seguridad pública que realiza de manera inconstitucional la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en territorio Chiapaneco, se han evidenciado como operaciones militares de la implementación de la estrategia de contrainsurgencia contra comunidades indígenas organizadas en donde tienen presencia organizaciones disidentes al gobierno, particularmente contra las comunidades en donde hay bases de apoyo zapatistas.

El día de ayer, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, “Corazón Céntrico de Los Zapatistas Delante del Mundo” denunció la incursión militar realizada en la comunidad de Tivo, así como constantes sobre vuelos y patrullajes sobre comunidades de ese territorio, en donde también hemos sido informados que recientemente han habido vuelos rasantes sobre “La Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de El Huitepec”.

Por otra lado en la zona zapatista conocida como Tsots-Choj, Caracol IV “Torbellino de nuestras palabras”, se ha promovido el rumor a través de Gabriel Robles Ballinas, Delegado de Gobierno de Palenque, de que el día de mañana, sábado 28 de febrero, se llevará a cabo el desalojo de las bases de apoyo zapatistas que administran actualmente el balneario de “Agua Clara”, en el municipio de Chilón, Chiapas, y que dicho desalojo lo realizarán elementos del Ejército Mexicano. Probablemente dicha información sea falsa, pero queremos resaltar el uso del “rumor” como herramienta táctica de contrainsurgencia, cuya finalidad en el transcurso del tiempo ha sido generar temor en el “grupo disidente” y en la población en general, provocando tensión y polarización en la región.

Si dicha información sobre el supuesto desalojo de “Agua Clara” fuera cierta, este Centro reprueba dichas probables acciones, pues se estaría atentando de manera directa contra la endeble paz social que subsiste en el estado, contradiciendo abiertamente el compromiso del Estado Mexicano frente a la insurrección zapatista, manifestado en la Ley para el Dialogo y La Paz Digna en Chiapas, con el riesgo latente, de pasar de una etapa de guerra irregular, o de “desgaste”, a la aplicación de una iniciativa de guerra convencional.

Este Centro de Derechos Humanos recuerda que lejos de atender las causas justas que motivaron el levantamiento zapatista en 1994, el gobierno federal no ha cesado en la aplicación de la estrategia de contrainsurgencia, que se ha caracterizado por la  diversificación de las tácticas, utilizando diferentes recursos a su alcance, atentando contra diversos principios constitucionales y pactos internacionales de derechos humanos.

Dicha estrategia se caracteriza, en principio, por la permanente ocupación militar, ilegítima e ilegal, de los territorios indígenas que ha generado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, hasta el uso de dichas fuerzas castrenses para el hostigamiento abierto a las comunidades, con la justificación de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y/o de la lucha contra el narcotráfico. De manera más reciente, recordamos las incursiones del año pasado a la comunidad de San Jerónimo Tulijá, o el intento de incursión a la Comunidad de La Galeana, entre otras[1].

Aunado a lo anterior, la aplicación de programas gubernamentales de supuesto combate a la pobreza sólo ha traído consigo la cooptación y división en las comunidades, entre quienes por la grave situación de marginación histórica son objeto del clientelismo gubernamental y de los partidos políticos en el poder, en oposición a quienes practican la autonomía en los pueblos indígenas, reivindicándose como sujetos históricos de derechos.

Por otra parte, la estrategia contrainsurgente se manifiesta en el rol recurrente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está cumpliendo contra las comunidades y personas que se encuentran en resistencia al pago a las altas tarifas de la energía eléctrica, entre ellas las bases de apoyo del EZLN. Cada vez son más las denuncias que este Centro recibe sobre hostigamientos y enfrentamientos suscitados en las comunidades, cada vez con consecuencias más lamentables, resultado de la incitación que realizan trabajadores de la CFE en las comunidades, generando encono entre los que pagan y los que resisten al abuso de la paraestatal.

En este mismo sentido se ha generado un patrón de actuación de los operadores de la Procuraduría Agraria (PA), quienes presionan a grupos y organizaciones para hostigar a quienes se oponen a la aplicación del ahora Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), antes PROCEDE, caracterizado por fragmentar el sentido colectivista de la tierra y territorio que defienden los pueblos históricamente.

Este Centro de Derechos Humanos hace notar, como ya ha sido caracterizado a lo largo del tiempo por diferentes organizaciones, que la estrategia de contrainsurgencia implementada contra el EZLN está dirigida a combatir a la población civil que le apoya, convirtiendo a los civiles en su objetivo militar primario, lo cual siempre ha sido y será altamente criminal, ya que contradice preceptos constitucionales y principios del Derecho Humanitario, bases fundamentales de una sociedad democrática.

“Nace una Universidad”; Mario Rodríguez

 

“AQUELLOS TIEMPOS”. 

Mario Rodríguez Estrada.-(Mario RE). 

“Nace una Universidad…24 de

febrero de 1951”.- 

“EL MOMENTO EN QUE HABLO, ESTA YA LEJOS DE MI”.-Julio Payot.- 

Poco después de haber entregado, emocionadamente, nuestros papeles y de haber cumplido los requisitos para ser admitidos en la naciente Universidad de Querétaro, fuimos requeridos para presentarnos el edificio, los salones y los maestros que se harían cargo de nuestra educación universitaria, los primeros días de la segunda quincena de febrero del año de gracia de 1951…todo comenzó con una sentida arenga de parte de su nuevo primer Rector, el inolvidable Maestro y Lic. en Derecho: Don Fernando Díaz Ramírez…que con su “diáfana y cristalina” voz…mas bien parecida a la de nuestro admirado Louis Armstrong…nos conminaba a ser buenos estudiantes y que aprovecháramos la oportunidad que la naciente Universidad nos ofrecía…que a nosotros nos tocaba la gloria de ser sus alumnos fundadores y que nos hiciéramos acreedores de su buen nombre…la emoción, el momento, la compañía de los nuevos compañeros y sus sentidas palabras, casi nos hicieron llorar…nos distribuyeron en grupos, según nuestro apellido y a mí me tocó el “C”…pues  ya las inscripciones habían subido a 120 alumnos…así que a los primeros dos “religiosamente” les anotaron cuarenta nombres, y al último, al de nosotros, les anotaron los cuarenta, mas los que se seguían llegando, alcanzando fácilmente los cincuenta …ni modo ni forma de quejarse, pues entre los recién llegados se anotaron tres o cuatro bellísimas compañeritas…Lydia Larrondo entre ellas, que posteriormente fue su primera reina de gracia y belleza. 

Para la madrugada del día 24 de febrero, día de la bandera y que oficialmente sería el primero de la Universidad, nos citaron a todos, especialmente a los nuevos y a los que queríamos pertenecer al Pentathlón universitario, en las faldas de nuestro Cerro de las Campanas, de blanco…los empenachados oficiales del mismo nos formaron a ambos lados de la calle Hidalgo, haciendo valla, pues además de la celebración patria, habría invitados nacionales de honor, que posteriormente irían al viejo edificio del antiguo Colegio Civil, para realizar la ceremonia oficial de inauguración de la flamante Universidad de Querétaro…por largo tiempo permanecimos parados al quemante sol invernal, cuando de pronto apareció la tronante banda de guerra del pentatlón…seguida por los clarines del batallón apostado en Queretarín…atrás, marchando muy marciales la comisión Pro-bandera, formada por personas queretanas, algunas ya de avanzada edad, que tomando un pedazo de ella, la extendían por todo el ancho de la calle, para ser colocada en su nuevo altar patrio…a nosotros, su mástil nos pareció, en “Aquellos tiempos”, enorme, y cuyo tamaño se hizo mas y mas pequeño, conforme crecíamos…y un poco atrás, la enorme cauda de invitados, algunos ya aperlados de sudor por la pequeña caminata…ni aguantaban nada,,,total, que se hicieron los sentidos honores correspondientes, y dada nuestra lejanía, unos cien metros, apenas pudimos escuchar, ya que no ver por tanta gente ahí citada, el transcurso del programa…hubo dos o tres oradores, uno de ellos hizo referencia al señalado día que marcaría la inauguración de la Universidad…aplausos…nuevos honores y los flamantes invitados fueron subidos en carros particulares para transladarlos al siguiente evento… 

Junto con mi amigo de la infancia y compañero de generación de la primaria en la Escuela “Constitución”,  “Pepín” Elizondo, recorrimos las 22 calles de retorno al edificio donde se asentaría nuestra futura “Alma Mater”…y casi dándonos en la idem , llegamos sin alientos y explotándonos los “bofes”…como el evento ya había comenzado, cerraron las puertas del edificio, por lo que tuvimos que colarnos por la parte de atrás…aprovechando las antiguas huertas, subiendo y bajando paredes, como víboras, arribando al patio central lastimosamente raspados hasta de las …censurado…colándonos de la misma manera hasta la parte de arriba…y casi colgados de los barandales presenciamos el programa…bueno casi el final del mismo, pues en esos momentos hablaba el rector del Colegio de Ciencias de Zacatecas Roberto del Real y a continuación lo hizo nuestro querido Maestro…el “Chayote”  Díaz Ramírez…apenas terminó…”Pepín” y yo nos bajamos…y como no nos iban invitar al banquete en el Casino…es más, ni queríamos asistir…optamos por retirarnos a nuestras respectivas casas…nos acompañamos hasta el Jardín “Guerrero”…ahí se rompió una taza…cada quien para su casa…no sin antes rogarle me saludara a su bella y sanísima hermanota…unos años mas grande que él…de la cual estaba platónica, socrática  y aristotélicamente enamorado…por cuya culpa me convertí en filatélico…ella atendía la ventanilla de la venta de estampillas en el correo…y solo para verla compraba y compraba sobres y estampillas…no es para tanto dirán ustedes…pero solo les diré que era la gemela de una tal Venus de Milo…al caminar, lo hacía con tanta gracia y donaire que sus exquisitos pies no tocaban el suelo…realizaba sus pasos sobre nubes…Pepín y su bella hermana hace tiempo desaparecieron de mi vida…pero no su recuerdo…lo único que queda de aquellos felices tiempos…es mi…sigue siendo mía…la ahora UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO…un cariñoso saludo viejita…te agradezco tanto lo que me diste y a través de Radio Universidad …me sigues dando…te abraza y te saluda… tu viejo…mas que tú…HIJO…Mario RE.     

La Voz del Amate informa:

A la opinión publica 

A los Medios de comunicación estatal, Nacional e internacional 

A la Sexta 

A los adherentes a la otra campaña 

A las organizaciones independientes 

A los defensores de los Derechos Humanos ONG internacional   

Preso Político de la Voz del Amate adherente a la otra campaña del E.Z.L.N 

Hoy culmina la Jornada de oracion y ayuno 

Más no la insistencia y resistencia por la libertad,   

También quiero agradecerle a todos los solidarios 

Internos y externos que se solidarizan por la oración 

Y la cauza y dandole gracias a Dios y por 

 

La Verdad, festejo y festejamos la libertad   

De los presos politicos de la Voz de los Llanos 

Y de la voz del Amate en donde fueron en- 

carcelados injustamente por delitos prefabricados, como 

o hoy existe en mi persona y de otros, por lo 

tanto no me canzare ni callare en exijir mi  

libertad incondicional como sabe el gobierno 

que si existe anomalias en los expedientes, siendo 

hoy Jueves 26 de febrero alas 6 de la tarde  

levantare mi ayuno y terminare con oraciones 

con otros solidarios como también la del compañero 

Rosario Diaz Mendez participante solidario del 

Ayuno 

Todos asia la Verdad     ATENTAMENTE   La Voz del Amate Cereso nùmero 14 el Amate a 26 de febrero de 2009  &&&&&&&&&&&&&&&&&  Este es un espacio abierto para pueblos y organizacionesque buscan compartir su palabra. La postura difundida,no necesariamente constituye la valoración de este Centro. El espacio de denuncia pública es de todas y todos. 

Por Raúl y Manuel—-A. I.

Amnistía Internacional: 

Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía fueron hallados muertos la noche del 20 de febrero en el municipio de Tecoanapa, estado de Guerrero. Sus familias, los miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y otros activistas de derechos humanos que apoyan a las familias pueden correr peligro de represalias. 

Los cadáveres de los dos hombres estaban enterrados en Las Cazuelas, a treinta minutos en automóvil del lugar donde fueron secuestrados por hombres armados el 13 de febrero. Los dos cuerpos han sido identificados por sus familias, quienes han informado de que presentaban señales claras de tortura. Raúl Lucas tenía una bala en la cabeza y fuertes contusiones y golpes en la nariz, las mejillas y la boca, así como graves quemaduras en el cuello y el pecho. El cadáver de Manuel Ponce presentaba fuertes contusiones en la cara y la cabeza, y tenía los dientes destrozados. Ambos cuerpos aparecieron enterrados en bolsas de plástico. 

Las familias de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas han recibido una serie de amenazas desde el secuestro de los dos hombres. El 13 de febrero, Guadalupe Castro Morales, esposa de Raúl Lucas, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron: “No empieces a chingar, quédate calladita”. El 18 de febrero, la hermana de Raúl Lucas recibió otra llamada en la que le dijeron: “dile a Guadalupe que deje de estar haciendo tanta mamada porque si sigue así vamos a levantar a su hija”. 

Amnistía Internacional cree que los familiares de los dos fallecidos y las organizaciones locales de derechos humanos que los apoyan pueden correr peligro de represalias y nuevas amenazas, ya que todos ellos creen que los dos hombres pueden haber sido secuestrados por la policía y asesinados a consecuencia de su trabajo como defensores de los derechos humanos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha documentado un patrón de acoso e intimidación contra miembros de organizaciones de defensa de los derechos de los indígenas del estado de Guerrero, como la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) y la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM). Los miembros de la OPIM han sufrido numerosos ataques y amenazas. En la actualidad, cinco de ellos se encuentran detenidos; Amnistía Internacional los ha adoptado a todos ellos como presos de conciencia, y considera que los cargos en su contra son de motivación política, debidos a sus esfuerzos por conseguir mejoras en los derechos económicos, sociales y culturales de sus comunidades. 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

 

  pidiendo a las autoridades que tomen medidas para garantizar la seguridad de los testigos del secuestro, de Guadalupe Castro Morales, de otros familiares de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía y de otros miembros de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco, así como de los miembros de las organizaciones de derechos humanos que apoyan a las familias;  pidiendo a las autoridades que inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, y que garanticen que todas las pruebas se reúnen y se conservan debidamente, de acuerdo con las normas internacionales;

  pidiendo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que vigile la investigación;

  pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre por qué, pese a la denuncia presentada por testigos, la policía y el ministerio público se negaron a iniciar una investigación inmediata sobre el secuestro y la aparente desaparición forzada de los dos hombres.

 

LLAMAMIENTOS A:

 

Lic. Zeferino Torreblanca GalindoGobernador del Estado de GuerreroPalacio de Gobierno, Edificio Centro, piso 2, Ciudad de los Servicios, CP 39075, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICOCorreo-e.:             gobernador@guerrero.gob.mxFax:                        +52 747 471 9956Tratamiento:       Señor Gobernador 

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza Procuraduría General de la República, Av. Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 16Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICOFax:                        +52 55 5346 0908 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)  Tratamiento:       Señor Procurador 

Lic. Eduardo Murueta UrrutiaProcurador del Estado de GuerreroCarretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300, Tramo Chilpancingo-PetaquillosChilpancingo 39090, Guerrero, MÉXICOFax:                        +52 747 472 2328Correo-e.:             cprocurador@pgjgro.gob.mxTratamiento:       Señor Procurador 

COPIA A:

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC., Calle Mina, no. 77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, C.P. 41304, Guerrero, MÉXICO 

Lic. Juan Alarcón Hernández                                                                                             Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum)Avda. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra, Col. Centro, 39000, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICOCorreo-e.:             coddehum@prodigy.net.mxTratamiento:       Señor Presidente 

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

 

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 8 de abril de 2009.

Condena unánime por los asesinatos…

140 Organizaciones de la Sociedad

 

Civil condenan asesinato de

defensores en Guerreo     

Organizaciones sociales de todo el país manifiestan su consternación y condena al asesinato de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos en Ayutla, Guerrero. Exigen investigación exhaustiva e imparcial para sancionar a los responsables y prevenir futuras agresiones   

·    Actitud omisa e irresponsable por parte de las autoridades estatales impidió salvaguardar la integridad física y la vida de los defensores torturados y asesinados 

·    Organizaciones en México y el mundo exigen inicio inmediato de investigación para y esclarecer las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, salvaguardar la integridad de sus familias y garantizar la reparación del daño a las víctimas 

·    El asesinato se da en un contexto de hostigamiento y persecución de los movimientos sociales en Guerrero a cargo de autoridades estatales que debe detenerse de inmediato 

·    Acontecimientos dan muestra de la incapacidad del Estado para desempeñar la responsabilidad irrenunciable de garantizar la integridad física y la vida de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, en Guerrero y en todo el país   

El pasado 13 de febrero, tres hombres armados que se identificaron como policías ministeriales secuestraron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas durante un acto público. Horas más tarde, Guadalupe Castro Morales, esposa de Raúl Lucas, recibió una llamada a su teléfono celular proveniente del número de Manuel Ponce. La intimidación del interlocutor fue directa: “No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto le pasa por defender indios”. Desde ese momento se denunció la desaparición forzada sin que ninguna autoridad respondiera por la detención.  

Inmediatamente después de los acontecimientos, distintas organizaciones de la sociedad civil externamos nuestra preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de Raúl y Manuel. Se solicitaron medidas cautelares exigiendo la presentación con vida de los defensores. Lamentablemente, el viernes 20 de febrero aparecieron los cadáveres de los dos indígenas mixtecos en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero. Los dos activistas fueron brutalmente torturados. Raúl Lucas murió de un disparo en la cabeza y Manuel Ponce a causa de los golpes.  

Raúl era presidente y Manuel secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), y tenían proyectos con la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM) para promover el desarrollo de las comunidades de la región. Las dos organizaciones han denunciado casos de allanamiento, retenciones e interrogatorios ilegales por parte de integrantes del Ejército Mexicano.  

El asesinato se da en un contexto de hostigamiento generalizado. La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que sus integrantes han sido sometidos a amenazas, intimidaciones y hostigamiento por denunciar violaciones a los derechos humanos de parte de autoridades federales. Hace apenas cuatro días, a propósito de su visita a la sierra de Guerrero, una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó que los crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados y procesados jurídicamente de manera efectiva, a fin de que se castigue a los responsables. 

La desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas es particularmente grave por su condición de defensores de derechos humanos, por la falta de interés e ineficacia del Estado para presentarlos con vida tras la denuncia de su desaparición forzada, y porque el caso puede sentar un precedente funesto en caso de no realizarse acciones concretas para prevenir que se repitan violaciones graves en el futuro inmediato.  

Por todo ello, las organizaciones que suscribimos este comunicado exigimos al Estado implementar, de manera expedita, todas las medidas necesarias para investigar, identificar y sancionar a los responsables de estas ejecuciones. Les conminamos, además, a abstenerse de realizar declaraciones y pronunciamientos hasta que la indagatoria sobre los asesinatos haya concluido. El uso de calificativos y expresiones de descalificación sobre lo acontecido por parte de las autoridades aporta al entorno de incertidumbre e impunidad y puede alentar una progresión en la espiral de violencia contra defensores de derechos humanos. El hecho de que la autoridad emita juicios de valor puede afectar el curso de la investigación, además del derecho al debido proceso, a la buena imagen y reputación de los afectados y de sus familiares. Sólo si esclarecen las circunstancias de la violación y se fincan responsabilidades por medio de un proceso apegado a derecho, el Estado habrá proporcionado a los familiares de las víctimas el derecho a conocer la verdad de lo sucedido. Sólo en la medida en que la investigación conduzca a la sanción de los responsables, se sentarán las bases para que los afectados y la sociedad puedan recobrar la confianza en las instituciones del Estado.  

Al demandar una respuesta expedita y acorde con la gravedad de los hechos por parte de las autoridades estatal y federal, manifestamos nuestra preocupación por las condiciones de riesgo y por la seguridad de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales e indígenas en el estado de Guerrero. En especial, externamos nuestra preocupación por los miembros de la Organización por el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), y de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM). En consecuencia, exigimos al Estado Mexicano dé pleno cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el examen periódico universal el pasado 10 de febrero:    

·         Incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a defensores y defensoras  de derechos humanos 

·         Reconocer públicamente el importante papel de los defensores de derechos humanos y las ONG para la protección de los derechos humanos en México 

·         Garantizar que los crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados de manera efectiva y que se castigue a los responsables 

·         Ampliar a otras entidades federativas, la tipificación del delito de desaparición forzada y el mecanismo de compensación para las víctimas y sus familiares 

·         Continuar las reformas en materia de Seguridad Pública y el Sistema de Justicia Penal y garantizar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sean investigadas, los autores  llevados ante la justicia y las víctimas indemnizadas 

·         Revisar el Código de Justicia Militar a fin de adecuarlo más estrechamente con las obligaciones internacionales de derechos humanos 

·         Reconocer la centralidad de los derechos humanos en el enfoque a la mejora de la seguridad pública   

Cumplir a cabalidad con estas recomendaciones es un primer paso indispensable para rearticular la confianza de la sociedad en la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad e integridad de las personas. Mientras tanto, quienes suscribimos esta demanda unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce, para exigir a los gobiernos del estado y federal que den inicio formal e inmediato a una investigación exhaustiva y objetiva, para que el esclarecimiento del asesinato y se castigue a los responsables.    

Organizaciones y Redes Mexicanas   Academia Mexicana de Derechos Humanos Alianza Cívica, AC  Artículo XIX Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC (ASILEGAL) Cencos (Centro de Nacional de Comunicación Social) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, AC Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, AC Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, AC Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, AC Colectivo por la Transparencia Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC  Comité de Derechos Humanos Ajusco Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, AC  Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad DECA-Equipo Pueblo, AC El Caracol, AC ENLACE. Comunicación y Capacitación Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC GESOC, Gestión Social y Cooperación, AC  Grupo de Estudios Ambientales, AC Incide Social, AC Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC  Instituto Guerrerense de Derechos Humanos Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (Insyde)  Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (HIC-AL) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”   Mujer y Medio Ambiente Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa Organización Indígena Fotzi ñaño Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social (PADS) Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, AC (PRODESC) Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA) Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, AC Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM) Servicios de Asesoría para la Paz, AC (SERAPAZ)   Organismo Público de Derechos Humanos   Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDHUM)   Organizaciones internacionales   Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia, APSCP-Colombia Asociación de Mujeres Flor de Piedra– San Salvador Asociación Humanidad Libre– Arequipa, Perú Centro de Derechos de Mujeres– Tegucigalpa, Honduras Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos– Perú Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (HIC-AL) 

Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos la Mujer.

 

CLADEM Regional y sus dieciséis enlaces:

CLADEM Argentina;

CLADEM Bolivia;

CLADEM Brasil;

CLADEM Chile;

CLADEM Colombia;

CLADEM Ecuador;

CLADEM El Salvador;

El Salvador;

CLADEM Guatemala;

CLADEM Honduras;

CLADEM México

CLADEM Panamá;

CLADEM Paraguay;

CLADEM Perú;

CLADEM Puerto Rico;

CLADEM Rep. Dominicana; 

CLADEM Uruguay 

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos 

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer– DEMUS, Perú 

Federación de Mujeres de Ica– Perú 

Milena Radio–  Perú 

Movimiento Manuela Ramos– Perú 

Servicio Internacional Para la Paz (SIPAZ)   Adherentes individuales   Alejandra Ríos Cazares– México Helena Hofbauer– México Irene Meier– Suiza José Manuel Corral– México Juan Antonio Vega– México Juan Pablo Guerrero Amparán– México Óscar Banda González– México Óscar Guerra Ford– México Sergio López Menéndez– México   

www.insyde.org.mx   

Tania Tamara 

Saludos cordiales,     Área de Sistematización e Incidencia / ComunicaciónCentro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, MéxicoCódigo Postal: 29240Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548Fax +52 (967) 6783551medios@frayba.org.mxwww.frayba.org.mx

Triste el caso de Jacinta la de Querétaro

Persisten graves deficiencias

del sistema de justicia: 

el caso de Jacinta Francisco Marcial, 

 acusada injustamente de secuestro   

·        Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí fue acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, acusada del secuestro de seis agentes de la AFI. 

·        En su caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia. 

·        El Centro Prodh demanda una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.   

El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial. Se le acusa, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla son insuficientes. Por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada y sustentada. 

Hechos 

El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de “piratería”. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; estos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar. 

El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada  ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI. Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, como “garantía” de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. El incidente terminó cuando, el mismo día alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados. 

Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cuando la señora Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Allí, al ser presentada ante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo del mismo año. A la fecha, dentro del proceso  se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Tras un minucioso proceso de documentación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asume su defensa integral.   

Postura del Centro Prodh 

El caso de Jacinta Francisco Marcial muestra una vez más las deficiencias del sistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Doña Jacinta ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia han vulnerado sus garantías procesales. Jacinta Francisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia. En su caso, salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal. 

Su caso pone también de relieve la aplicación de tipos penales como el secuestro para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones en la vía pública. La señora Jacinta no participó en las acciones de los comerciantes, sin embargo es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta. 

En el actual contexto de temor e inseguridad, dominado por las voces que exigen endurecer las sanciones para disminuir la delincuencia, el caso de doña Jacinta muestra la proclividad del sistema de justicia  a imputar a personas inocentes, cuya situación es agravada por su condición étnica o de género, delitos que despiertan el mayor repudio social. 

Frente a la vulneración de los derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial, el Centro Prodh considera que el magistrado que resolverá sobre  la apelación presentada el 22 de diciembre de 2008 tiene en sus manos la posibilidad de revertir las irregularidades existentes en el proceso y ordenar la inmediata excarcelación de Jacinta Francisco Marcial. En este sentido, demandamos una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.   

“La quinta fue la vencida”

Raúl Lucas:

siembra de odio,

cosecha de ira 

Luis Hernández Navarro   

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.  

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.  

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.  

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.  

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.  

 

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.  

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).  

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros.  

La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.  

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.  

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.  

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.  

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria  ” EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA” 

www.policiacomunitaria.org