Este jueves 28 de mayo, este Centro de Derechos Humanos presentó el informe “Balance Anual 2008, sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas”.
Les invitamos a leerlo y descargarlo, está disponible en el siguiente enlace de nuestra página web:
http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/090528_balance_anual_2008_frayba.pdf
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de mayo de 2009
Boletín No 23
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta su Balance Anual 2008, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas
· El Balance 2008 muestra lo que este Centro de Derechos Humanos ha documentado como principales violaciones a derechos humanos desde su quehacer cotidiano.
· Este Centro confirma las tendencias en relación al incremento de la violencia del Estado en contra de los pueblos que se organizan y defienden sus derechos fundamentales.
En el Balance 2008 Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas, que comprende el periodo de marzo de 2008 a marzo de 2009, hacemos un recorrido por el ciclo de la lucha entre la progresión y la regresión del respeto a los derechos humanos de la población de Chiapas, que muy probablemente sucede en otras regiones del país, incluso de América Latina, y el mundo.
Las políticas económicas en función del capital, están generando la consecuente acción de la población que, directamente y en lo inmediato, resulta afectada por la implementación de dichas políticas, porque las empresas trasnacionales tienen las manos libres para pagar salarios de explotación y así condenar a los trabajadores a la pobreza que ha de heredársela a sus hijos, negándole la posibilidad de oportunidades y de un cambio social.
Las acciones por parte de la población y la propia organización para defender sus derechos, pero también su consecuente represión, están contemplados en los mismos planes económicos capitalistas, pues traen consigo reformas legislativas que derivan, en algunos casos, en leyes que se suavizan para que los inversionistas exploten los recursos, violando con ello los derechos laborales, al medio ambiente y el territorio de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo se endurecen contra el resto de la población, particularmente para quienes puedan oponerse a dichos planes, y así se eleva a rango constitucional la figura del arraigo y se conceden facultades excesivas al Ministerio Público para que en el abuso de la figura del delito de “Delincuencia Organizada,” se persiga y castigue, otra vez “legalmente,” a la población movilizada y organizada que disiente de las políticas neoliberales y de quienes pretenden imponerla, en este caso, el gobierno mexicano.
La violencia que el sistema capitalista causa a la población, provoca a su vez, que crezca la conciencia de luchar, resultado de la misma indignación ante la injusticia sistemática. También, cada vez es más evidente que “el Estado mexicano” funciona para sostener a unas pocas personas en el goce de sus privilegios y en el acaparamiento de las riquezas a cambio de mantener a la mayoría de la población en una situación de pobreza extrema. Queda claro, también, que quienes poseen los privilegios no están dispuestos a cederlos y los defenderán haciendo uso de todos sus instrumentos e infraestructura que les otorga el “Estado” y el trillado “estado de derecho.”
En Chiapas se desdibujó la división de poderes, principio en que se sustenta la “República.” Así vemos que los diputados del Congreso local, es decir el Poder Legislativo, aprueban iniciativas de ley o decretos presentados por el gobernador, titular del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la iniciativa que creó la figura penal de “incitación a la violencia”, y el decreto de creación de “el Protocolo de Desalojos” fueron aprobados aunque ambos sean contrarios a diversos derechos humanos contemplados en tratados internacionales, y sean evidentemente destinados a reprimir a quien reivindica sus derechos a través de la libre manifestación, de expresión y protesta, la población organizada que se moviliza para defender sus derechos.
Por otro lado, el Poder Judicial se constituye en el “legalizador” de los delitos fabricados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que a su vez integra averiguaciones previas en contra de personas integrantes de los movimientos sociales disidentes, La PGJE actúa inicialmente, a partir de información otorgada por “inteligencia militar”. Luego, se esmeran en armar acusaciones sin sustento, no obstante que al revisar los expedientes penales son evidentes las violaciones al debido proceso y, por el contrario, existen suficientes elementos para considerar que los detenidos sufrieron actos de tortura y tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. A pesar de ello, el Poder Judicial sistemáticamente ratifica las acusaciones y no solo, sino que además someten a juicio a los acusados. Los mejores ejemplos de estos abusos son las agresiones y hostigamientos cometidas contra integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) y contra integrantes del pueblo tseltal de Bachajón, integrantes de La Otra Campaña, adherentes a la Sexta Declaración de La Selva Lacandona, emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al final, y ya que del Estado no vendrá la justicia, queda a los pueblos la memoria histórica, como herramienta de liberación y de justicia, para no olvidar que el 22 de diciembre de 1997, paramilitares entrenados y financiados por el Ejército Mexicano, masacraron a 45 personas en el campamento para desplazados de Acteal; para no olvidar cada nombre, cada rostro de las personas ahí asesinadas; para no olvidar que está masacre, como los más de 122 crímenes cometidos en la zona Norte de Chiapas (documentados por este Centro) por el grupo paramilitar de “Paz y Justicia”, y su impunidad son parte de una política deliberada del Estado Mexicano para enfrentar la insurrección indígena zapatista, dirigida a desanimar a la población civil que apoyaba a los insurgentes, masacrándola y desplazándola forzosamente; para no olvidar quienes son los responsables de estos crímenes de lesa humanidad y señalarlos cada vez que sea posible; para recordar, señalar y hacer justicia desde el pueblo de que Ernesto Zedillo, en aquel entonces Presidente de la República; Emilio Chuayffet Chemor, entonces Secretario de Gobernación; General Enrique Cervantes Aguirre, entonces Secretario de la Defensa Nacional; y Julio Cesar Ruiz Ferro, entonces gobernador del estado de Chiapas, son los principales responsables de estos crímenes.
Recordemos además, que aunque el actual gobierno del estado de Chiapas se presenta como un gobierno progresista y respetuoso de los derechos humanos, es en realidad responsable de graves violaciones a éstos; en la memoria de la población están: la ejecución de seis campesinos pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, que por pretender administrar su centro ceremonial de Chinkultik fueron asesinados por la Policía Estatal Preventiva (PEP). El encarcelamiento injusto de, cuando menos, catorce personas del MOCRI-CNPA-MN y siete indígenas tseltales de “La Otra Campaña”, que constituyen en este momento presos políticos del actual gobernador Juan José Sabines Guerrero.
La memoria histórica de los pueblos indígenas de Chiapas les permite continuar con dignidad en la lucha por sus derechos, ya que esta memoria abarca más de 500 años de resistencia frente a la opresión. La perseverancia de esta memoria demuestra que la lucha es larga y justa, con sufrimiento, pero también con alegría y esperanza. Y es ahí, a lado de los pueblos, en donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, encuentra su lugar y su misión.
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