Cinco defensores de derechos humanos, las Sras. Sara López González y Guadalupe Lizcano ylos Sres. Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras y Guadalupe Borja se
encuentran actualmente en detención y se les enfrentan procesos legales, después de su
detención violenta, por resulta de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos.
Los cinco defensores de derechos humanos son dirigentes de la Otra Campaña y del Movimiento
contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica – MCATE, organización basada en Candelaria,Campeche que forma parte de la
Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de laEnergía Eléctrica, organización nacional de 3.000 adherentes que protesta contra cobros
excesivos y desproporcionados y la privatización de la energía eléctrica.
El 10 de julio de 2009, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, grupos de hombres armados
vestido en el uniforme de la policía federal ingresaron de manera violenta y sin presentar orden de
aprehensión en los tres hogares donde viven Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez,
Elmer Castellanos Contreras, Guadalupe Borja y Guadalupe Lizcano. Los uniformados
encañonaron a los familiares, los amenazaron con golpearlos y no les informaron a dónde
llevarían a los cinco que detuvieron. A las 11:00 de la misma mañana los familiares averiguaron
que los detenidos se encontraran en la delegación de la Procuraduría General de la República
(PGR) de Campeche y que serían trasladados en las próximas horas al Centro de Readaptación
Social de Kobén. El 10 de julio los cinco activistas empezaron una huelga de hambre para
protestar contra su detención. El 15 de julio, aproximadamente a las 3:00 de la mañana, un juez de
distrito dictó auto de formal prisión a los cinco activistas detenidos. Unas seis horas después, más
de 100 adherentes de la sociedad civil bloquearon el tramo de la avenida donde se ubica el
juzgado de distrito, durante unas cuatro horas.
La detención de los cinco defensores antes mencionados vino unos días después de que el
Gobierno del Estado de Campeche, en un contexto preelectoral, se comprometió a promover una
mesa de trabajo con el delegado de la PGR en Campeche, con representantes de la Comisión
Federal Electricidad (CFE) y con integrantes del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía
Eléctrica para privilegiar la vía del diálogo en la atención del caso, ya que desde el pasado mes de
noviembre, el representante legal de la CFE inició varias denuncias penales en contra de algunos
compañeros y compañeras del Movimiento, acusándolos de la privación ilegal de la libertad de un
funcionario público. Los dirigentes del MCATE insisten que este cargo consistió en un
acompañamiento voluntario de un funcionario de la CFE para lograr la reconexión de la energía
eléctrica después de un corte masivo en septiembre de 2008. El 11 de julio, los abogados de los
defensores averiguaron que existen órdenes de aprehensión contra 29 miembros de MCATE,
incluso ellos que han ofrecido como testigos para su defensa.
Front Line considera que la detención violenta y la investigación contra de las Sras. Sara López
González y Guadalupe Lizcano y de los Sres. Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos
Contreras y Guadalupe Borja están directamente relacionadas con su trabajo legítimo en defensa
de los derechos económicos y sociales de los comunidades indígenas. Front Line manifiesta su
profunda preocupación por la integridad física y psicológica de las Sras. Sara López González y
Guadalupe Lizcano y de los Sres. Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras y
Guadalupe Borja. Además, Front Line cree que esta ataque se enmarca en un contexto de
continuado hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos en México.
Front Line insta a las autoridad mexicanas a que:
1. Liberen a las Sras. Sara López González y Guadalupe Lizcano y de los Sres. Joaquín Aguilar
Méndez, Elmer Castellanos Contreras y Guadalupe Borja de manera inmediata e
incondicional, por estar detenidos en base a su trabajo legïtimo y pacífico en la defensa de
derechos humanos;
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones en contra
de las Sras. Sara López González y Guadalupe Lizcano y de los Sres. Joaquín Aguilar
Méndez, Elmer Castellanos Contreras y Guadalupe Borja;
3. Retiren los órdenes de aprehensión contra los otros miembros del Movimiento contra las
Altas Tarifas de Energía Eléctrica,
4. Tomen medidas para poner fin a las intimidaciones contra los defensores de los derechos
humanos en México, para que puedan seguir con sus actividades en defensa de los
derechos humanos sin temor a represalias.
Con todo respeto, Front Line se permite recordar al estado de México que tiene la obligación,
conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos
Humanos adoptada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de
Diciembre de 1998, de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda
persona, individual o colectivo frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de
hecho o de derecho, presión o cualquiera otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los
derechos mencionados en la presente Declaración.” En particular, le llamamos la atención alArtículo 9 (2): “…toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados
tiene el derecho, bien por si misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a
presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o
cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente
en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión de conformidad con la ley, que
disponga la reparación incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los
derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual decisión y
sentencia, todo ello sin demora indebida“, Artículo 12 (2): “El estado garantizará la protección por
las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia,
amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra
acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente
Declaración”.
Le saluda atentamente,
Mary Lawlor
