COMUNICADO DE PRENSA 

-          Coordinación Alemana por los Derechos  Humanos en México publica informe sobre violaciones de derechos humanos en los estados Guerrero, Oaxaca y  Chiapas

-          Organizaciones miembros de la coordinación están muy preocupadas por las amenazas que sufren las organizaciones de derechos humanos en México actualmente  

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, una red de organizaciones constituída en el año 1999, envió una delegación de 9 observadores a México a los estados Guerrero, Oaxaca y Chiapas del 20 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2008. De esta visita  se redactó un informe con la documentación de casos sintomáticos de violación de derechos humanos, enfocando los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 

En el estado de Guerrero la delegación se entrevistó con la organizaciones OMESP (Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán), representantes de la comunidad Mini Numa y con la OPIM (Organizacion del Pueblo Indígena Me’phaa). El día 19 de marzo 2009 cuatro miembros encarcelados de la OPIM fueron puestos en libertad. Raúl Hernández Abundio, también miembro de la OPIM, sigue en la cárcel. La Coordinación alemana intercede por su liberación. 

Respecto a Guerrero la delegación concluye, que el Estado mexicano no cumple con su obligación de garantizar los derechos humanos elementales. Estos son violados especialmente en regiones apartadas con un alto porcentaje de población indígena, la cual se muestra más vulnerable. No se combaten las causas estructurales de la pobreza en Guerrero. A la extrema pobreza y al alto nivel de violencia a las que están expuestas especialmente las comunidades indígenas se suma una violación permanente de los derechos DESC. Continuamente se producen graves violaciones de los derechos civiles y políticos, llegando hasta la tortura y el homicidio. El alto índice de militarización no soluciona el problema sino que lo agudiza. 

Teniendo como base los casos documentados la Coordinación Alemana apoya a sus contrapartes mexicanas en las siguientes exigencias:

-          El combate de la impunidad

-          Limitar el fuero militar: jurisdicción civil para violaciones de derechos humanos cometidos por miembros del ejército

-          Garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos

-          La garantía de los derechos DESC, en especial el acceso al agua, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo los derechos a la alimentación y vivienda y el derecho a la salud

Con respecto a los casos especiíficos que ejemplifican los patrones de violaciones a los derechos humanos La Coordinación Alemana hace las siguientes recomendaciones : 

La OMESP (Sierra de Petatlán):

·         Para las comunidades rurales de la Sierra de Petatlán la garantía de sus derechos fundamentales económicos, sociales y culturales, en especial el derecho al acceso a los servicios básicos de salud y educación así como la asignación de profesores para las clases de primaria, en especial en la comunidad de “El Zapotillal”.

·         Brindar apoyo a la Organización de las Mujeres Ecologistas (OMESP) por parte de las autoridades gubernamentales (Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) para promover las iniciativas que mejoren sus condiciones de vida.

·         Protección del ambiente y de los recursos de la región (bosque, agua) como la base de vida de la población.

OPIM (Ayutla de los Libres):

·         Garantizar la seguridad de los detenidos de la OPIM, así como también la de sus esposas.

·         Investigar las amenazas y hostigamiento de las que han sido objeto la Secretaría Ejecutiva de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel y otros integrantes de la Organización.

·         Investigar el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega muerto en febrero del 2008 y encontrado con señales de tortura.

·         Asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad personal de 41 miembros de la OPIM, particularmente de los cinco detenidos en Ayutla, de Obtilia Eugenio Manuel y sus familiares. 

Mini Numa (Metlatónoc):

·         Cumplir con la resolución emitida por el Juez en el caso de Mini Numa y que se asigne la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) para asegurar su reconocimiento en el Servicio Nacional de Salud y su permanencia.

·         Agilizar la terminación de la obra de construcción de la clínica de salud de Metlatónoc para garantizar el acceso a la salud de una de las comunidades más pobres de México.

·         Garantizar a las comunidades campesinas de la Metlatónoc los servicios básicos de salud y el acceso a la educación con la asignación de suficientes maestros, como en el caso de la comunidad del Zapotillal. 

Las noticias recientes sobre amenazas y ataques al centro de derechos humanos de Tlachinollan y el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas causan grandes preocupaciones entre los miembros de la Coordinación. En relación con las agresiones crecientes contra defensores de derechos humanos, recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado en repetidas ocasiones su preocupación porque las fuerzas de seguridad del Estado dirijan sus actividades de inteligencia contra las organizaciones de derechos humanos y sus integrantes. Apoyamos la exigencia de que se respeten los derechos fundamentales de los pactos internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado el Estado mexicano. Es necesario el cese inmediato del creciente desprecio del trabajo de defensores de derechos humanos y de la ciminalización de la protesta social. 

La Coordinación Alemana por los derechos humanos en México va a profundizar el análisis  de su informe: del 5 al 7 de febrero de 2.010 tendrá lugar una conferencia en Berlin, Alemania, con el titulo: “México – ¿Quo Vadis? A 100 años de la Revolución – Derechos Humanos en el punto de mira”. El objetivo de la conferencia es el de analizar la situación actual de los derechos humanos en México y discutir las posibilidades de los diferentes actores de la sociedad civil de contribuir a la plena vigencia de los derechos humanos.  

A través del desarrollo de una estrategia para el trabajo de voluntarios alemanes en organizaciones mexicanas de derechos humanos, las contrapartes mexicanas y alemanas quieren contribuir a hacer la lucha por los derechos humanos más eficaz y establecer una colaboración más profunda. 

Les compartimos la siguiente invitación que nos hacen llegar las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A. C. para que les acompañen en una caravana que realizarán el próximo viernes 06 de noviembre a las comunidades Laguna Verde y 28 de Junio, municipio de Venustiano Carranza (Ver información completa debajo de este texto).

De igual forma, en archivo adjunto, les enviamos un pronunciamiento que firmamos distintas organizaciones defensoras de derechos humanos en solidaridad con las mujeres de estas mismas comunidades que resisten ante el hostigamiento policiaco y militar.

——– Mensaje original ——–

San Cristóbal de Las Casas, 03 de noviembre de 2009

Estimadas/os compañeras/os:

La situación que se vive en el municipio de Venustiano Carranza, específicamente en las comunidades Laguna Verde y 28 de Junio es preocupante, sobre todo para las mujeres que ahí habitan.

Tomando en cuenta la petición que un grupo de compañeras de dicho lugar nos hicieron convocamos e invitamos a todas las organizaciones a integrar una caravana de apoyo solidario que saldrá el día 06 de noviembre a las siete de la mañana de esta ciudad, siendo el punto de reunión las oficinas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A..C., en Calzada Manuel Velasco Suárez número 18, colonia La Isla.

El objetivo de esta caravana es llevar víveres (maíz, fríjol, arroz, azúcar, ropa en buen estado, cobijas) mostrando nuestro apoyo a las compañeras de las comunidades citadas, así como exigir al gobierno el cese al hostigamiento.

 Quienes tengan vehículo favor de traerlos para poder transportarnos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 30 de octubre de 2009

A la opinión pública:

Ante los hechos suscitados, en días anteriores, en las comunidades Laguna Verde y 28 de Junio, ambas ubicadas en el municipio de Venustiano Carranza, las organizaciones firmantes denunciamos y reprobamos el estado de terror e incertidumbre que ha generado en las mujeres la incursión de militares y policías en su territorio y domicilios.

Reconocemos que la creciente militarización en México y en Chiapas ha generado una tendencia de violaciones a derechos humanos en donde las mujeres de las comunidades organizadas, se convierten en foco y botín de guerra en este escenario en que las fuerzas militares buscan imponer control sobre los territorios.

Los sobrevuelos constantes de helicópteros de la Procuraduría General de la República, la aprehensión y deceso de familiares, el hostigamiento y el señalamiento directo, que en medios de comunicación oficiales se ha realizado en contra de los pobladores, ha ocasionado que las mujeres sean quienes más resientan las consecuencias de la irrupción armada al provocarles angustia, incertidumbre, desesperación, confusión e indignación, colocándolas en un alto grado de vulnerabilidad porque en medio del caos y la destrucción afrontan solas la preocupación por garantizar la subsistencia y seguridad de la familia ante la persecución de que son objeto junto con sus parejas, tal y como ocurre en dichas comunidades ya que debido al descredito de que han sido objeto, a los hombres y mujeres no les es posible conseguir trabajo ni tierras para cultivar.

La violencia que viven las mujeres generalmente es invisibilizada. No es casual ni aislada la criminalización que en Chiapas se hace a líderes y defensoras de derechos humanos, quienes por su activa participación en la construcción de alternativas de vida y desarrollo para sus comunidades se ven inmersas en persecuciones y procesos judiciales amañados que afectan su vida, familia y relaciones comunitarias.

Por ello nos manifestamos en contra de todo acto que violente los derechos humanos de las mujeres y de sus familiares, sea éste atribuido a cualquier persona o al propio Estado, como es el caso, por ello exigimos el cese inmediato de la violencia y el hostigamiento policiaco y militar a los pobladores de las comunidades Laguna Verde y 28 de Junio.

Atentamente,

Movimiento Independiente de Mujeres (MIM)

Marcha Mundial de Mujeres (MMM)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. (CDMCH)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. (COLEM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

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--  Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración de este Centro.  El espacio de denuncia pública es de todas y todos.  ----------------------------  Área de Sistematización e Incidencia / Denuncia Pública Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México Código Postal: 29240 Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548 Fax +52 (967) 6783551 denunciapublica@frayba.org.mx

Derechos Humanos de La Montaña… 

Escribimos con el motivo de solicitar su participacion en esta accion urgente para apoyar a los companeros de la Radio Nomndaa frente a nuevos actos de hostigamiento en su contra; en concreto, otra orden de aprehension basada en acusaciones fabricadas, en contra de David Valtierra, fundador de la Radio.

Enviamos en adjunto un borrador de carta que va dirigida al Secretario del Gobierno de Guerrero, Guillermo Ramirez Ramos. Favor de aumentar sus datos y enviar las cartas por correo electronico o fax manana por la manana al mas tardar para asegurar que el secretario cumpla con su promesa de reunirse con los companeros de la Radio a la 13:00 para escuchar sus testimonios y planteamientos.

Tambien encontraran en archivo adjunto un resumen del caso de la Radio Nomndaa y un comunicado de prensa de la organizacion sobre estos hechos recientes.

Agradecemos su apoyo.

Saludos,
–
Jane Jones

Área Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mina # 77, Col. Centro, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México.

Preocupa a CIDH violación de derechos humanos y

laborales de jornaleros agrícolas de Guerrero 

·         Tlachinollan y la DFPL denuncian en audiencia desinterés del Estado mexicano con este sector.

·         Resaltan tratos discriminatorios y deshumanos por parte de empresarios agrícolas.

·         Solicitan a CIDH visita IN-LOCO a campos agrícolas para constatar  condiciones en que laboral los jornaleros. 

Tlapa, Guerrero a 5 de noviembre del 2005.- En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C, representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Fundación para el Debido Proceso Legal, denunciaron hoy el desinterés del Estado mexicano para revertir el trato discriminatorio, deshumanizante y de explotación que padecen miles de indígenas de la montaña de Guerrero por parte de empresarios agrícolas.

Resaltaron que las autoridades de México carecen de mecanismos de control y vigilancia que permitan regular la contratación de los trabajadores del campo; que continúa el trabajo infantil y las muertes de niños en los surcos; e insistieron en que los programas sociales que implementa el gobierno son más de carácter asistencialista y por lo tanto no superan el problema de marginación y pobreza extrema en Guerrero.

También, durante su participación de 20 minutos aproximadamente, los representantes de Tlachinollan y el FDPL, solicitaron a la Relatoría Especial sobre Trabajadores  Migratorios y Miembros de sus Familias que incluyan en su agenda la migración interna e invitaron a las Relatorías sobre Derechos de Pueblos Indígenas, sobre los Derechos de Mujer y sobre los Derechos de la Niñez realizar una visita por los campos agrícolas del norte del país.

Esta audiencia que se tituló Derechos humanos de los jornaleros indígenas migrantes de Guerrero, se llevó a cabo el día de hoy (de 11 a 12 del día, tiempo de México), en el edificio de la Secretaría General de la Organización de Estado Americanos (OEA) que tiene su sede en Washington D.C., Estados Unidos.

La delegación  de Tlachinollan estuvo integrada por el coordinador del Área Jurídica, Vidulfo Rosales Sierra; la coordinadora del Área de Migrantes, Margarita Nemesio Nemecio y la coordinadora del Área Internacional, Cristina Hardaga Fernández; mientras que por la  FPDL (que tiene su sede en Washington) participó Emilie Jolie.

Por parte del Estado mexicano acudieron: el secretario de Asuntos Indígenas de Guerrero, Crispín de la Cruz Morales y Alonso Martínez Ruiz, representante alterno de Misión Permanente  de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la OEA. Ambos sólo centraron sus intervenciones enlistando los programas sociales y las acciones mediáticas que ejecutan las autoridades en la región de la Montaña, para hacer frente a la problemática de los jornaleros agrícolas.

Preocupa a la CIDH explotación y muerte de jornaleros agrícolas  

En su intervención el Relator para México, Florentín Meléndez calificó de preocupante el hecho de que se registren muerte de niños en las agroindustrias y criticó que el gobierno de Guerrero más allá dar seguimiento puntual a los derechos laborales de los jornaleros en los campos agrícolas, sólo se limite a hacer inspecciones extraordinarias “cuando deberían ser ordinarias”.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

     5 de noviembre de 2009.

Boletín de prensa No. 36

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deja en impunidad total el Caso Acteal

·         Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas entregan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pruebas de la participación del Ejército Mexicano en la estrategia contrainsurgente en Chiapas.

·         Se confirma crimen de Estado, a través de los archivos desclasificados en relación a la creación de grupos paramilitares en Chiapas.

El día de ayer de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó su participación en la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas, dejando en impunidad lo mínimo que se había avanzado en la justicia en la Masacre de Acteal, dejando libre a 9 personas más, que participaron en la masacre ocurrida el 22 de diciembre 1997 y que fueron reconocidas plenamente por las víctimas y sobrevivientes.

El argumento de los ministros en el cual basaron su decisión fue sobre todo, que se violaron  garantías a un debido proceso, ya que las actuaciones judiciales estuvieron plagadas de irregularidades. Estas aseveraciones que refieren los ministros, desestiman las pruebas aportadas por los sobrevivientes, testigos de la masacre; además es preciso señalar que la decisión de la SCJN no fue en el sentido de juzgar si eran inocentes, a pesar de que en el largo proceso judicial y en diversas ocasiones testigos reafirman a las personas hoy liberadas como los autores materiales de la masacre.

Simultáneamente, en Washington D.C. la Organización Sociedad Civil Las Abejas (Las Abejas) e integrantes de este Centro de Derechos Humanos hicieron entrega a funcionarios, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un documento sobre los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano, a través de la SCJN.

Este Centro pidió a la CIDH que por su conducto se solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la implementación de medidas provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la masacre, así como de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente a su vida e integridad personal por las posibles represalias y/o venganza que tomen los autores materiales de la masacre recientemente liberados, debido a que en la región aún existen armas de fuego en manos de los grupos paramilitares.

Esta resolución de la SCJN, pone en evidencia de manera contundente que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general, dejando de observar el derecho a la verdad,  a la justicia, la reparación del daño, y medidas de no repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales, evitar la impunidad y un mayor daño psicológico a las víctimas.

Los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa.

El 20 de agosto de 2009, Kate Doyle directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en la Universidad George Washington, dio a conocer en diversos medios de comunicación en México, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés), en los que se describen el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas:

A mediados de 1994 el Ejército Mexicano tenía la aprobación presidencial de establecer equipos militares a cargo de promocionar grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El propósito era de ayudar a personal indígena local a resistir al EZLN (…)  encargada de juntar inteligencia de comunidades indígenas primero en los Altos y las cañadas (…) con el propósito de tener otras unidades similares operando en áreas alrededor de las comunidades zapatistas (…) el Ejército creó equipos especiales de Inteligencia Humana (Humint) (…) compuestos primero de agentes jóvenes del rango de segundo y primero capitán, así como de sargentos de élite que hablaban los dialectos regionales…  y así (…) recoger información de inteligencia, los equipos de Humint del Ejército ayudaban a los grupos armados con adiestramiento y protección… [1]

En el documento intitulado “Archivos Improcedentes”, la directora del Proyecto México señala que:

“Desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha ofrecido múltiples versiones acerca de la participación militar en la zona conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA contradice directamente la historia oficial sobre la masacre relatada por el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo. En el reporte emitido por el procurador general Jorge Madrazo en 1998, el denominado Libro Blanco sobre Acteal, el gobierno afirmó que [la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas]”.

Antecedentes

El 12 de agosto del presente año, la SCJN ordenó la liberación de 20 personas señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal (Boletín de Prensa No. 28).

A 11 años y 10 meses  Las Abejas, no ha encontrado una verdadera justicia ante este crimen de lesa humanidad perpetrado en contra de 45 indígenas tsotsiles y 4 no nacidos del municipio de Chenalhó, Chiapas.

[1] http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB283/acteal_02.pdf

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“TERCER ENCUENTRO DE CRONISTAS EN XOCHIMILCO

EN EL 475 ANIVERSARIO DE LA EDIFICACION DE LA PARROQUIA DE SAN BERNARDINO DE SIENA

 CONVOCAN: Consejo de Fomento Cultural en Xochimilco, A. C. y el Patronato pro Mansión de Personas Ilustres de Xochimilco, A. C. 

Participación de los cronistas del día 12 de noviembre de 16:00 a 17:30 horas.

Modera Lic. Carlos Bravo Vázquez

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

     November 5th, 2009.

Press Release No. 36

The National Supreme Court of Justice maintains impunity in the Case of Acteal

·         Members of the Civil Society Organization, Las Abejas delivered proof of the participation of the Mexican Military in counter-insurgency strategies in Chiapas to the Interamerican Commission on Human Rights.

·         Confirmation that the Mexican Federal Government has participated in illegal activities evidenced through declassified documents revealing the creation of paramilitary groups in Chiapas. 

Yesterday the National Supreme Court of Justice (SCJN from its acronym in Spanish) reaffirmed its participation in a counter-insurgency strategy in Chiapas, leaving in impunity the minimum effort in advancing justice in the case of the Massacre of Acteal.  Nine more people have been liberated that had participated in the massacre that occurred December 22, 1997 and who were clearly identified by the victims and survivors. 

The argument made by the ministers was that the original decision was founded on the guarantee to an unbiased trial and that the judicial process was plagued with irregularities.  These irregularities devalue the evidence provided by the survivors and the testimonies provided about the massacre.  Furthermore, it is important to point out that the decision of the SCJN did not include judgment as to the innocence of the individuals released.  Throughout the long judicial process and on various other occasions witnesses reaffirmed that the people that were liberated today were actually the strategic designers of the massacre.  

Simultaneously, in Washington D.C. the Civil Society Organization, Las Abejas and members of this Human Rights Center delivered a document outlining the acts of impunity propitiated by the Mexican state through the use of the SCJN to the functionaries of the Interamerican Commission on Human Rights (CIDH, from its Spanish Acronym). 

This Human Rights Center requested that the CIDH solicit the Interamerican Court on Human Rights (Corte IDH) to implement provisional measures of protection for the survivors of the massacre.  The authorities of Las Abejas, are in imminent risk of their lives and physical integrity due to the possibility of repression or revenge at the hands of those recently liberated.  This threat is very real considering that there still exist fire arms in the hands of paramilitary groups in the region.   

The recent resolution of the SCJN evidence the forceful manner in which the Mexican State does not meet its responsibility to guarantee access to justice for the victims, survivors, and other members of society by not observing the right to truth, the right to justice, reparation of injury and measures impeding the repetition of crime, not engaging in a serious and effective investigation with the goal of punishing the intellectual and actual designers of the massacre, avoiding impunity and greater psychological injury to the victims. 

The declassified archives from the Defense Intelligence Agency. 

August 20^th, 2009, Kate Doyle, director of the Mexican Project in the National Security Archives, a nonprofit organization at George Washington University, released in various media outlets in Mexico, declassified documents from the Defense Intelligence Agency (DIA) which describe the role of the Mexican Military in support of the paramilitary groups in Chiapas:   

By mid-1994 the Mexican Army had presidential approval to institute military teams in charge of promoting armed groups in the conflictive areas of Chiapas.  The intent was to assist local indigenous personnel in resisting the Zapatista National Liberation Army (EZLN) (…).  The army created specialized human intelligence (HUMINT) teams responsible for gathering intelligence from Indian communities primarily in Los Altos and Las Cañadas with the intent of having other similar units operating in areas surrounding the Zapatista communities in Chiapas.   These groups were composed primarily of young officers in the rank of second and first captain, as well as select sergeants who spoke the regional dialects (…) the army HUMINT teams assisted armed groups with training and protection… [1]

In the document titled, “Breaking the Silence”, the director of the Mexico Project writes that:

“Since the brutal attack of December 22, 1997, the Mexican government has offered multiple versions of the military’s involvement in the conflictive Chiapas zone around Acteal. The problem is the accounts have been incomplete or untrue. The most important of the DIA documents directly contradicts the official story told about the massacre by the government of then-President Ernesto Zedillo.”

“In the report issued by the nation’s Attorney General Jorge Madrazo in 1998, Libro Blanco Sobre Acteal, the government asserted that “The Attorney General’s office has documented the existence of groups of armed civilians in the municipality of Chenalhó, neither organized, created, trained, nor financed by the Mexican Army nor by any other government entity, but whose management and organization respond to an internal logic determined by the confrontation, between and within the communities, with the Zapatista bases of support.”

Previous Events

On August 12, 2009 the SCJN ordered the liberation of 20 people recognized the intellectual designers of the massacre of Acteal. (Boletín de Prensa No. 28).

During the past 11 years and 10 months Las Abejas have not found true justice in this crimen de lesa humanidad perpetrated against 45 indigenous Tsotsiles and 4 unborn persons in the municipality of  Chenalhó, Chiapas.

[1] http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB283/acteal_02.pdf

--  Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México Código Postal: 29240 Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548 Fax +52 (967) 6783551 medios@frayba.org.mx www.frayba.org.mx