A La Comunidad Artística Queretana

A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Y PÚBLICO EN GENERAL  Los invitamos   a la   Manifestación Artístico-Cultural  que haremos los integrantes de VOCES QUERETANAS  y nuestros amigos artistas solidarios como:  

-         Alumnos del Conservatorio de Música J. Guadalupe Velásquez

-         Mtra. Pianista Marta García Renart

-         Mtro. Pianista Vladimir Curiel

-         Mtro. Jesús Almanza

-         Grupo Los Reales

-         Grupo Los Caudillos

-         Solistas como: Joaquín Ledesma,

Angeles Maciel, Luis Gine, Elba Flores,

entre otros.  

 

LA CITA  es este próximo Sábado 21 de

Noviembre a las 5pm en PLAZA DE

ARMAS. 

AGRADECEMOS A TODOS LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN POR SU APOYO A LA

 

DIFUSION DE ESTA INVITACIÓN 

ATENTAMENTE

INTEGRANTES Y EX-INTEGRANTES  DEL 

CORO “VOCES QUERETANAS”

La Libertad Sindical en Querétaro

Como posiblemente es de su conocimiento, el 1 de septiembre de 2008,  la que suscribe, Lic. María del Carmen Gómez Ortega, Secretaria General Electa del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro (STSPE), interpuse ante la Comisión de Libertad Sindical (CLS) de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT),  en su sede en Ginebra, Suiza, una Queja formal en contra del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Querétaro, por violaciones a la libertad y autonomía sindical y a los derechos laborales contra los trabajadores y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE), queja que fue signada por la Federación Sindical Mundial (FSM)  y la que suscribe, en mi calidad de Secretaria General electa DEL STSPE.  

El número de caso que le fue asignado a dicha queja es el 2665 (México)

Lo anterior, derivado  de la Intromisión en la vida interna de nuestro sindicato por parte del Gobierno Estatal, entonces encabezado por Paco Garrido  y secundado por Alfredo Botello, ex secretario de gobierno, mediante el desconocimiento de  la voluntad de los trabajadores al renovar su dirigencia y negando la Toma de Nota al Comité Ejecutivo electo que yo encabezo.

Para efectos de que el caso fuese analizado por la CLS de la OIT, se le requirieron en su oportunidad a los gobiernos implicados los informes y aclaraciones respectivas, sin embargo, hicieron caso omiso y a la fecha no se han remitido las informaciones necesarias.

Es el caso que con fecha 18 de noviembre de este mismo año, he recibido comunicado remitido por la compañera Osiris Oviedo de la Torre, Representante Permanente de la FSM en Ginebra, en el que se me informa que,

 “…a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la queja o desde el último examen del caso, no se ha recibido la información que se ha solicitado a los Gobiernos. Así que, de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 17 de su 127.º informe, aprobado por el Consejo de Administración, presentará en su próxima reunión un informe sobre el fondo de estos casos, aunque la información o las  observaciones completas solicitadas no se hayan recibido en los plazos señalados. Por consiguiente, insta a estos Gobiernos a que transmitan o completen sus observaciones o informaciones con toda urgencia.”

Es importante precisar que considero que la omisión del envío de los informes solicitados por la OIT, por parte del Gobierno actual que encabeza el Lic. José E. Calzada Rovirosa ha sido  involuntaria, toda vez que el requerimiento se realizó aún dentro de la administración anterior, sin embargo, no dudo en que, congruente a sus declaraciones en las que reitera su respeto a los derechos laborales, el C Gobernador  atenderán dicha solicitud para subsanar la lamentable y vergonzosa  situación en la que a niveles internacionales colocaron a nuestro estado, la ineptitud, la insensibilidad y la falta de oficio político del gobierno que encabezó Garrido Patrón.

Aprovecho para reiterarme una aliada de todo  Gobierno que sea respetuoso de los derechos de los trabajadores, de la libertad de expresión y cuya prioridad sea el pueblo de Querétaro.

Considerando que la anterior es una información que los trabajadores del estado y de todos los sectores laborales deben conocer, solicito de la manera más atenta, que a través del medio que Usted representa, sea difundida a la opinión pública, por tratarse de un conflicto que sigue vigente y sin resolución, después de más de tres años de iniciado.

 

Esperando contar con su consideración y segura de que la libertad de prensa es hoy por hoy una realidad en nuestro estado, agradezco su difusión y me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Adjunto archivo con el comunicado recibido.

 LIC. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA

SECRETARIA GENERAL ELECTA DEL STSPE

La CIDH y México

México de nuevo ante la CIDH  

Miguel Concha 

 

La Jornada 

En el marco del 137º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo lugar del 28 de octubre al 13 de noviembre, varias organizaciones civiles mexicanas e internacionales acudieron a Washington para exponer de nueva cuenta casos y temas de preocupación en materia de derechos humanos en el país.  

Dentro de las funciones de la CIDH está el recibir peticiones individuales que alegan violaciones a las garantías individuales, observar la vigencia de los derechos humanos en los estados miembros, publicar informes especiales sobre la situación en un país en particular, realizar visitas a las naciones con el fin de generar un informe y, en general, estimular la conciencia de los derechos humanos en América, realizando y publicando estudios sobre distintos temas. 

En sus periodos ordinarios de sesiones, la CIDH realiza audiencias dos veces al año. En ellas se estudian casos o se analizan temas específicos. En esta ocasión se llevaron a cabo cinco audiencias sobre México. La primera de ellas fue sobre un caso, el de Ricardo Ucán Seca, a quien la falta de intérprete traductor, la ausencia de una defensa adecuada y la discriminación de que fue objeto, le impidieron demostrar que actuó en legítima defensa cuando fue procesado por homicidio en junio del año 2000, y finalmente sentenciado a 22 años de prisión. En dicha audiencia, y gracias al gran trabajo de Indignación, una organización de derechos humanos en Yucatán, el gobierno mexicano ofreció abrir mesas de trabajo para encontrar una solución al caso. 

Otra de las audiencias fue la que presentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos representantes denunciaron “el desinterés del Estado mexicano para revertir el trato discriminatorio, deshumanizante y de explotación que padecen miles de indígenas de la montaña de Guerrero por parte de empresarios agrícolas”, resaltando la muerte de niños en labores agroindustriales. Asunto que generó gran interés por parte de los comisionados de la CIDH. 

La tercera audiencia, en torno a la situación de violencia institucional en contra de las mujeres en México, fue para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. En ella las agrupaciones participantes de la Red expusieron que el Estado mexicano, al no contar con una política integral que erradique la violencia contra las mujeres, tiene responsabilidad en el aumento de feminicidios en el país. Presentaron además información sobre la violencia que las mujeres sufren en situación de reclusión y en el contexto actual de militarización social, así como sobre el impacto que hoy tienen en los derechos de las mujeres las actuales reformas constitucionales estatales a propósito del aborto, y sobre la ausencia de armonización legislativa con los estándares internacionales en la materia.

Por su parte la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, plantearon en otra audiencia cuatro casos de tortura en contra de civiles y policías, perpetrados este año por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Tijuana, Baja California. Las organizaciones denunciaron el abuso que las autoridades hacen del arraigo, incluso en instalaciones militares, toda vez que propicia violaciones graves a los derechos humanos, como tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias; allanamientos de morada; incomunicación de detenidos; violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica, entre otros. Ello no impidió que siguieran cometiéndose posteriormente aquí, en México, a pesar de que el segundo vicepresidente de la CIDH haya resaltado en la audiencia que el delito de tortura es fácil de encubrir, por lo que es indispensable una actitud proactiva del Estado para investigarlo y esclarecerlo con eficacia, además de una actitud proactiva para prevenirlo, sobre todo cuando hay condiciones, como las denunciadas, que la facilitan. Ni que los familiares de las víctimas hayan dejado de padecer amenazas e intimidaciones posteriores en el país para obligarlas a retirar sus peticiones, no obstante que el artículo 61 del Reglamento de la CIDH obliga al Estado a otorgar garantías a todas las personas que concurran a una de sus audiencias, o le suministren informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. 

La última audiencia sobre México fue con relación a los derechos políticos en el país. En ella se cuestionó el sistema electoral y el distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad. La respuesta del gobierno fue una defensa a ultranza del sistema electoral, sin hacer mención alguna de los fallos que pueda tener. En estos días también la Corte Interamericana de Derechos Humanos delibera y estudia en San José, Costa Rica, la posibilidad de dictar por primera vez sentencia sobre tres casos acumulados de feminicidio en Ciudad Juárez, paradigmáticos por la implicación de agentes del Estado y la cadena de hechos que hacen evidente su responsabilidad en su impunidad, que probablemente sentará jurisprudencia sobre esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Y para la semana próxima se espera también la sentencia de la Corte sobre el famoso caso de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente en un retén militar en el estado de Guerrero, el 25 de agosto de 1974, y posteriormente desaparecido, sin haber esclarecido jamás su paradero, ni haber reparado a sus familiares por los daños producidos por su sensible pérdida. 

La Iglesia en España

El poder de la Iglesia en España 

Marcos Roitman Rosenmann 

 

La Jornada  

En España, durante el franquismo, la Iglesia jugó un papel relevante en la consolidación del régimen. Hoy su protagonismo no ha disminuido y su poder se mantiene intacto a pesar que la Constitución de 1978 en su artículo 16.3 señala el carácter aconfesional del Estado. Durante la transición, la Iglesia católica no estuvo dispuesta a perder ninguno de los privilegios ganados durante 40 años de dictadura. Para sus miembros fue mejor reconocer el carácter aconfesional que pasar a una fórmula de Estado laico.  

Fue una solución de compromiso de los constituyentes que dejaba claro el papel de la Iglesia y los límites de la reforma política. No se ponía en cuestión su función garante de la moralidad de los españoles. Lo que Franco ató, siguió atado. Así, la Iglesia católica podría seguir gozando de un trato de favor a la vez que se marginaban otras confesiones.  

La enseñanza de la religión en los colegios públicos se dejó en manos del clero. Así, el Estado paga la educación católica de los colegios privados concertados, cuya cifra de alumnos supera el millón. La ley franquista de 1970 que lo avala no ha sido derogada. Igualmente, el episcopado confecciona sus programas de estudio y contrata a sus profesores pagados por el Estado. 

En otro orden de cosas, los hospitales públicos mantienen en su plantilla sacerdotes y las universidades cuentan con una capilla. Ni que decir que no hay ni mezquitas ni sinagogas, ni templos budistas. Los rituales políticos utilizados por el poder civil para asumir los cargos de representación popular están sometidos a ceremonias donde el crucifijo preside las ceremonias. No menos importante es su presencia en los medios de comunicación social públicos.  

Televisión Española transmite todos los domingos una misa, amén de un programa llamado Pueblo de Dios. Tampoco debemos pasar por alto que la mayoría de los días festivos forman parte del credo católico. Semana santa, la inmaculada, los reyes magos, la Almudena, etcétera. Asimismo, el episcopado posee una radio de ámbito estatal, la cadena COPE, utilizada como medio para arremeter contra el poder político y dar rienda suelta a sus campañas contra el aborto, los homosexuales, el uso del preservativo y la asignatura educación para la ciudadanía donde se apoya una visión progresista de las relaciones sexuales, de la inmigración, de la tolerancia religiosa o de los matrimonios gays. En este caso han llamado directamente a la objeción de conciencia. Un sin sentido. 

No menos importante es su poder económico. Y no me refiero al patrimonio cultural atesorado en los monumentos de interés nacional, hago mención a los terrenos urbanos y rurales, los edificios, las casas, mansiones y el conjunto de propiedades cuyo origen es la donación testamentaria. Sin menospreciar las empresas subsidiaras y sus inversiones en la bolsa. El uso de su capital para fines especulativos ha quedado al descubierto con los escándalos de Afinsa, entre otros. Sus turbios negocios han salido a la luz cuando los imputados han debido declarar quiénes eran sus principales inversores. 

 

La Iglesia desde 1993 controla 40 por ciento de las universidades privadas. Jesuitas, dominicos, escolapios, Opus Dei, legionarios de Cristo o franciscanos gozan de los fondos públicos para sus proyectos. Mientras tanto la enseñanza aconfesional y pública sufre los envites del clero cuando se trata de subvenciones. 

Su poder es tan grande que ningún gobierno del PSOE, hasta la fecha, quiere tomar el toro por los cuernos. Incluso algunos destacados militantes como el ex ministro de Justicia y creador de jueces para la democracia Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza, ha considerado ejemplar dedicar una calle al fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, amén de obligar a los concejales del consistorio a participar del rosario y las misas cantadas en honor a la patrona de la ciudad en la catedral el día 12 de octubre.  

Sus actos no son sino otra manera de poner en cuestión el carácter aconfesional del Estado. Pero sin ir más lejos, la próxima visita del papa Benedicto XVI a España será sufragada en 50 por ciento por Hacienda. Desde la seguridad, el transporte, una parte de la publicidad, la estancia y el conjunto de la parafernalia, tanto como ser considerada una visita de Estado. Son muchos millones de euros los que se invertirán en apoyar a la Iglesia católica. En contrapartida, sus máximos responsables deciden bajar los decibelios en la crítica a la nueva ley de aborto. 

Si hacemos memoria, los orígenes de su actual poder están ligados al golpe de Estado contra la Segunda República, en 1936. Para los alzados, el gobierno del Frente Popular fue una suma de políticos masones, judíos y comunistas interesados en destruir la unidad de España, era necesario combatirlos y la iglesia se convirtió en la mano derecha de Franco. Éste gobernó con la Iglesia y la Iglesia gobernó para el régimen.  

La guerra civil se consideró parte de una cruzada, y su objetivo consistió en aniquilar al enemigo. Ellos avalaron los fusilamientos de miles de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas. La Iglesia aupó a Franco a la categoría de caudillo por la gracia de Dios y desde esa atalaya lució una aureola cercana a la santidad. Un enviado del Señor cuya tarea consistía en blandir su espada contra los comunistas, representantes del demonio en la tierra.  

Su triunfo se consideró por la Iglesia católica la primera derrota del comunismo internacional y el renacer de España como la reserva espiritual de Occidente. Era un enviado y no podía renunciar a su tarea, los obispos se encargaron de recordárselo siempre. Él hubiese preferido llevar una vida sencilla y en familia. Pero los hechos lo situaron en el papel de salvador de la patria. Se transformó en un martillo de herejes bajo la mano férrea de una Iglesia católica, apostólica y romana que hasta hoy no ha perdido ningún ápice de su poder real. La España actual sigue teniendo miedo a realizar una reforma que relegue a la Iglesia católica a su única función, ser un refugio para sus creyentes a título de fe y al margen de la esfera de lo público.