Les compartimos las nuevas adhesiones hasta el momento y seguimos invitandolos a sumarse y difundirlo. Para sumarse: comunicacioncomitan@enlacecc.org

Pronunciamiento de la sociedad civil ante una nueva ofensiva gubernamental contra las organizaciones sociales y civiles en Chiapas

Ante la violenta acción de invasión domiciliaria y de hostigamiento contra Adolfo Guzmán Ordaz – miembro de ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.- y su familia, ocurrida en la madrugada del pasado 8 de noviembre de 2009 en la ciudad de Comitán, denunciamos el contexto de creciente violación a los derechos humanos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y miembros de las organizaciones civiles en el estado de Chiapas.

En los últimos meses se han multiplicado y documentado acciones de intimidación y de presión contra las comunidades y las organizaciones indígenas y campesinas que reivindican sus más elementales derechos sociales. La respuesta gubernamental ha sido la privación de sus derechos civiles básicos y el despliegue de formas de violencia, muchas veces perpetradas por las fuerzas de seguridad que deberían proteger a la población.

El allanamiento ilegal de la policía ministerial a la casa de Adolfo Guzmán, los graves daños emocionales y el miedo causado a su familia, y a sus hijos menores en particular, han sido denunciados por organismos civiles de derechos humanos, de comunicación social, de promoción y defensa de los derechos de la infancia.[1] El hecho no es aislado, pues como lo señala Enlace, simultáneamente se producen operativos y cateos “contra algunos dirigentes campesinos y mujeres líderes de canasteras (vendedoras del mercado)”,[2] en un contexto de conflictividad social que muestra la incapacidad de las autoridades del gobierno municipal de Comitán para dialogar y buscar soluciones a los problemas de las organizaciones campesinas que sólo demandan un espacio adecuado y bien localizado para poder comercializar sus productos. La incapacidad de diálogo y la nula voluntad política gubernamental, han tensado la relación y dificultan la construcción de acuerdos que respondan a los reclamos sociales.

En los primeros días del mes de abril se confirmó la llegada de tres mil nuevos efectivos a la VII Región Militar en la frontera con Guatemala, pertenecientes a diferentes grupos especializados en el combate al tráfico de drogas, armas y otros.[3] De inmediato se establecieron retenes militares y policiales en puntos estratégicos y en todos los accesos a la ciudad fronteriza de Comitán, algunos de ellos a sólo unos metros de las garitas del Instituto Nacional de Migración (INM). En estos retenes los militares portan armas de alto calibre para realizar una inspección minuciosa de vehículos; a los costados de las carreteras se han establecido campamentos provisionales y se mantienen vehículos militares que portan artillería. A lo largo de toda la red de caminos (pavimentados y de terracería) de la llamada Zona Fronteriza de la Selva, las comunidades han dado cuenta de la intensificación de las incursiones militares a los poblados en busca de drogas y de arsenales.[4]

En el último mes se han incrementado las denuncias y pronunciamientos en contra del Ejército Mexicano a causa de violaciones ocasionadas en contra de la población civil, y es que los patrullajes, retenes y allanamientos que están llevando a cabo tropas de la región militar citada, en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, se realizan sin ningún tipo de explicación por parte de las autoridades castrenses.[5]

Según denunció la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), los allanamientos y operativos han sido perpetrados durante todo el mes de noviembre. “Las tropas de la VII Región Militar han entrado a las comunidades cuando las mujeres están solas con sus hijos en sus hogares, aprovechando que los hombres han ido a sus parcelas”.

“En el ejido Nuevo Villaflores los soldados ingresaron a varias casas”. “En el balneario Uninajab, en días pasados, un grupo de mujeres participaba en un taller, cuando decenas de militares irrumpieron desde los matorrales, lo que provocó espanto entre las compañeras”, narró Reina Santiago Guadalupe, encargada de las finanzas de la OPEZ.[6]

En la Zona Fronteriza de la Selva se han registrado actos violentos contra las comunidades, mediante incursiones a las localidades, cateos a las casas sin orden judicial alguna y patrullajes constantes en caminos que han ocasionado temor y desconcierto en la población.

En el entronque al ejido Tziscao en el municipio de La Trinitaria se instaló un retén militar en el que hacen revisiones de las maletas y pertenencia de los pasajeros que transitan en transporte público y privado, poniendo mayor atención a pasajeros proveniente de Comitán. En la misma comunidad, los militares entraban de dos en dos para catear casa por casa sin mostrar orden alguna o dar explicación a las familias, revisando pertenencias, destapando cajas, descubriendo objetos; los militares se concretaban a decir que “estaban siguiendo órdenes”, exigían la entrega de cualquier arma y presionaban a que se les informara sobre la localización de los sembradíos de droga.

Esta acción violenta y autoritaria por parte de las fuerzas armadas causó mucho miedo en la comunidad de Tziscao y de toda la Zona Fronteriza de la Selva, principalmente en las mujeres y en las niñas y niños que sufrieron directamente el allanamiento y cateo de sus moradas. Tras la acción, los hombres no fueron a trabajar y permanecieron con sus familias. La gente comentó que no se registraron daños físicos o materiales; sin embargo, emocionalmente han quedado muy afectados y con el temor de salir solos a cualquier lugar. No se le dio tanta importancia al desorden provocado por los militares en el interior de las casas. Se detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos con cultivo de algún tipo de droga, pero se desconoce su paradero.[7]

De igual modo, los transportistas de la Unión Tzovol denunciaron el endurecimiento de los controles en los retenes militares colocados a lo largo de toda la carretera fronteriza, afectando a las personas pasajeras e inclusive, obligando a varias “combis” a regresar a Comitán.

Las incursiones militares a las comunidades de la región han provocado zozobra y miedo. Ante los sucesos registrados y las amenazas de nuevos actos de hostigamiento –difundidos a través de los rumores-, algunas comunidades han decidido mantenerse en vela. En la comunidad de Nuevo Tenejapa las familias decidieron permanecer vigilantes toda la noche. El testimonio de un miembro de la comunidad dice “lo más preocupante de todo son las niñas y los niños, porque a ellos no los dejan vivir en paz, y tampoco a nosotros”.

 Recientemente se ha hecho pública la explicación gubernamental respecto a la creciente actividad militar y policial en la frontera con Guatemala y Los Altos de Chiapas, enmarcándola en la llamada “guerra frontal” contra el narcotráfico y el crimen organizado, misma que ha ocasionado a lo largo y ancho del país, la muerte de más de seis mil personas.[8]

En un informe oficial de inteligencia, elaborado por las Policías federal y estatal, y dispuesto a varios medios periodísticos[9], el gobierno advierte sobre el resurgimiento y la actividad de grupos armados subversivos “plenamente identificados”, cuya intención es desestabilizar al gobierno estatal de Juan Sabines en el marco de las celebraciones del Bicentenario. En dicho documento, se liga a estos grupos con redes del crimen organizado como los zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y el Cártel de Sinaloa, pero también se denuncia un “estrecho vínculo” con organizaciones civiles.

La Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial de Chiapas informan de varios decomisos de arsenales y de las declaraciones de personas detenidas que acusan a dirigentes de organizaciones sociales. Así operó la detención de José María Hernández, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), el pasado 30 de septiembre en la colonia 28 de junio del municipio de Venustiano Carranza, y de otros dos miembros de la misma organización el 24 de octubre. Los tres están acusados de utilizar a la organización social para distribuir armas y drogas con apoyo de “Los Zetas”.

La estrategia mediática implantada por los gobiernos federal y estatal en su afán de criminalizar a los movimientos y protestas sociales en México y en Chiapas, busca descalificar y presentar a las organizaciones sociales y civiles, a sus representantes y a sus miembros, en esquemas de asociación delictuosa con mafias del crimen organizado. De esta manera pretenden justificar cualquier acción de represión directa o mediante investigación y proceso criminal. Bajo el discurso de la Legalidad y el Estado de Derecho, se realizan acciones de represión y violencia institucionalizada contra las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil.

En este mismo escenario de criminalización de la organización social y de militarización de la vida civil, se ubican la amenaza pública de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de iniciar una demanda penal para concretar el desalojo forzoso de las familias del poblado Salvador Allende, que rechazaron el pago de 200 mil pesos por familia a cambio de desalojar las tierras que ocupan desde 1974 con respaldo de documentos de posesión agraria.[10] Esta amenaza se extiende a las otras dos comunidades articuladas a la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática que defienden sus derechos agrarios y sociales en la Reserva de la Biosfera Montes Azules: Nuevo San Gregorio y Ranchería Corozal, asentadas desde 1978 y 1988 respectivamente. Representantes de la primera sufren la imputación de delitos graves que dificulta su participación en el proceso de negociación agraria, y la segunda sufrió en agosto de 2008 el aterrizaje de dos helicópteros con más de 50 soldados y policías presididos por Ricardo Frías, funcionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).[11] Este funcionario junto con Ricardo Silva Valdés de la SRA, han sido denunciados por falsificación de firmas y sellos comunitarios, por las familias que resisten la política gubernamental del miedo y del soborno.[12]

En Chiapas ha sido legalizada la política de represión y criminalización de la organización y la protesta social; los hechos de los últimos meses confirman la profundización de un estado  policial.

Las organizaciones civiles que promovemos y defendemos los derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales- y de los pueblos indígenas en Chiapas, alertamos y llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a estar atentos y pronunciarse públicamente contra el conjunto de acontecimientos que dan cuenta de una nueva ofensiva gubernamental contra las organizaciones sociales y civiles.

Denunciamos el contexto de violencia institucional en el estado de Chiapas, la política deliberada de los gobiernos federal y estatal por criminalizar la organización y la protesta social, haciendo un uso faccioso de los medios de comunicación y de la legislación penal para enfrentar a las organizaciones sociales y civiles que luchan por la realización plena de sus derechos y la defensa de sus territorios.

Condenamos enérgicamente los hechos de hostigamiento, intimidación, allanamientos y cateos ilegales de los domicilios particulares de representantes sociales y miembros de organizaciones civiles; los abusos de las autoridades ministeriales y de los funcionarios responsables del sistema de procuración y administración de la justicia; las incursiones y operativos policiacos y militares en las comunidades bajo el llamado “combate al narcotráfico”; y todas aquellas medidas que aún presentándose como “legales”, son claramente violatorias de los derechos humanos individuales y colectivos.

Exigimos a los gobiernos federal y estatal:

·     Garanticen la seguridad de mujeres y hombres, líderes de organizaciones sociales y miembros de organizaciones civiles de promoción y defensa de los derechos humanos. Para ello, es fundamental que evite cualquier referencia o acusación -que sin fundamentación alguna-, pretenda equiparar a los luchadores y defensores sociales con delincuentes o vincular a las organizaciones civiles con las redes del crimen organizado.

·     Revisen en diálogo con los sectores sociales, aquellas disposiciones legales que tipifican nuevos delitos y así evitar que puedan ser utilizados contra los movimientos y organizaciones sociales.

·     Manifiesten su voluntad política y capacidad de negociación, priorizando los espacios de diálogo en la resolución de conflictos sociales y en la búsqueda de soluciones a los problemas y rezagos sociales que aquejan a los sectores empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.

 La actual coyuntura es motivo para fortalecer los vínculos y la solidaridad entre comunidades y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacional como internacional, del tal modo que podamos generar una respuesta articulada capaz de exigir al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger y garantizar la realización plena de los derechos humanos individuales y colectivos. “¿Qué podemos hacer ante estas acciones que nos están haciendo? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Si nos pasara algo, a quién podemos acudir para compartir nuestras penas?”, decía una mujer entrevistada en Nuevo Tenejapa tras la incursión militar a su comunidad.

Que el miedo y la impunidad no se conviertan en algo normal; que la justicia, la solidaridad entre pueblos y organizaciones, y la realización de los derechos humanos sean motivo de unidad para alcanzar la felicidad y el buen-vivir de todas y todos en Chiapas, en México y el mundo.

Atentamente

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.

Ayuda en Acción-México

Fundación Empresa y Solidaridad-España

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, A.C.

Comisión para la Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)

Misión de Guadalupe

ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática

Sociedad Cooperativa Paluch´en S.C.R.L. de C.V.

Federación de Cooperativas de Pequeños Productores

SSS Tojzotzé li maya

Sociedad Cooperativa La Pacaya

Colectivo de Mujeres 8 de Marzo

SSS Una mirada más allá

Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)

Otros Mundos, A.C.

Melel Xojobal, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Mujeres Unidas Siempre en Aprendizaje, A.C. (MUSA)

Asociación para el Desarrollo Sustentable, S.C.R.L. de C.V.

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (CIEPAC)

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.

Foro para el Desarrollo Sustentable Chiapas, A.C.

Instituto Cooperativa Interamericano (ICI)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

Save the Children-México

Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

Equipo Indignación-Yucatán

Consejería en Proyectos

Alianza Cívica Chiapas

Ass Jambo, Comercio Justo-Fidenza, Italia

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)

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[1] CENCOS, Denuncia pública del Frayba, 10 de noviembre del 2009.

Pronunciamiento de Melel Xojobal A.C. sobre el aumento de hostigamientos y allanamientos y sus consecuencias sobre las niñas y niños de Chiapas, 12 de noviembre del 2009.

[2] ENLACE, Denuncia pública, 10 de noviembre del 2009.

[3] www.diariodecomitan.com.mx/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=722:miles-de-militares-llegan-a-comitan&catid=35:nota-roja&Itemid=55

[4] ENLACE, Informes de Observación Civil, 11 de noviembre del 2009.

[5] Meridiano90, 21 de noviembre del 009, (01:54:00 AM).

[6] Meridiano90, 14 de  noviembre del 2009, (04:23:00 AM).

[7] ENLACE, Informe de Observación Civil, 11 de noviembre del 2009.

[8] Según el periódico La Opinión, al 22 de octubre de 2009 se habían registrado 6018 fallecimientos producto de la “guerra frontal”, 400 más que durante todo el 2008 donde la cifra se ubicó en 5,630. Cabe señalar que desde el inicio de la gestión del gobierno de Calderón se han registrado 15,400 muertos por la misma causa, según lo reporta Telesur-La Jornada, a partir de datos de la propia PGR y la SEDENA, proporcionados el 7 de octubre de 2009.

[9] Reforma, “Alertan a Chiapas grupos armados”, 9 de noviembre del 2009.

[10] Cuarto Poder, “A la fecha la SRA ha solucionado 181 conflictos agrarios en la zona de la Selva Lacandona y mantiene negociaciones”, 13 de noviembre del 2009 y La Jornada, “Salen de la reserva de Montes Azules 13 familias del poblado Salvador Allende”, 13 de noviembre del 2009.

[11] ENLACE, “La violación del derecho a la tierra y el territorio: desalojos forzosos de las comunidades indígenas asentadas en los Montes Azules, Chiapas”, 2009.

[12] Representantes del poblado Salvador Allende, Denuncia pública, 16 de noviembre de 2009.

--  Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México Código Postal: 29240 Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548 Fax +52 (967) 6783551

Boletin “Chiapas al Dia” No. 580

CIEPAC, CHIAPAS; MEXICO.

(27 de noviembre de 2009)

MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA FEMINICIDA: EL PATRIARCADO AL EXTREMO

Norma Iris Cacho Niño – 27-noviembre-2009 -  num.580

CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Introducción

La militarización es la forma extrema en que un estado legitima y ejerce el poder. Es una forma de control de las personas, una estrategia de seguridad nacional y de contrainsurgencia; una táctica para el control de territorios, incluido el de las mujeres que es nuestro cuerpo. Esmucho más que el aparato militar en las calles; es la violencia hecha natural en el sistema capitalista. Es uno de los medios para asegurar su dominio y reproducir un orden sistémico que violenta y subordina a la población en general y a las mujeres en particular. Es una manifestación más del patriarcado.

Las consecuencias de la militarización para las mujeres son múltiples y complejas. El abuso sexual, la violencia física y psicológica, el desplazamiento forzoso, son tan sólo algunas de ellas. En este 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres, seguimos registrando niveles de violencia política y feminicida brutales, claramente relacionados con el ejercicio del poder masculino que tiene en la militarización uno de sus grandes escaparates. Otro 25 de noviembre, uno más y los que sean necesarios, dónde las mujeres seguimos visibilizando, denunciando y exigiendo, porque la violencia estructural contra nosotras no baja la guardia ni da tregua.

La militarización como política de estado

El 1 de diciembre de 2006 con el inicio del período presidencial de Felipe Calderón, se consumó la entrada de la ultraderecha en el poder en México. Si bien esta situación inicia en el sexenio anterior con Vicente Fox, es en la actualidad que la violencia sistemática y la represión han alcanzado graves niveles. Esta circunstancia ha sido potenciada por la incursión de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, competencia exclusiva de los cuerpos policíacos.

Con el cambio de administración federal se iniciaron una serie de acciones bajo la justificante del combate al crimen organizado, particularmente el narcotráfico, a través del ejército mexicano. Se emprendió entonces una estrategia de “seguridad nacional”, mediante la cual hemos tenido que enfrentar el poder fáctico del estado fincado en las instituciones militares. En abierta violación al artículo 129 constitucional, el cual establece que “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, se asignaron funciones de seguridad pública al ejército, situación que está provocando una grave crisis social en materia de derechos humanos, una polarización de la sociedad, mayor violencia contra las mujeres y una criminalización de la protesta social.

La profundización de la militarización que vivimos desde 2006 tiene sendas raíces en la búsqueda de legitimidad de Felipe Calderón que, para buena parte de la población, usurpa la presidencia de la República. Fue evidente desde el inicio que el estado militar y policíaco sería la característica imperante de su sexenio, con todas sus consecuencias.

Durante más de dos años hemos padecido los operativos militares de gran escala en diversos estados de la república que han generado situaciones extremas de violencia para la población, teniendo en varias ocasiones consecuencias fatales. Los abusos van desde los cateos ilegales, la agresión física, ataques con armas de fuego, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. La política del miedo y de “normalización” de la presencia de las fuerzas armadas en las calles es parte de la estrategia del estado para legitimar la violencia que conlleva la militarización en el país.

Los operativos militares contra el crimen organizado fueron bien recibidos, en un principio, por algunos sectores de la opinión pública nacional e internacional. Fueron acompañados por un despliegue mediático haciendo referencia a los logros que en materia de seguridad pública se han alcanzado. Sin embargo, la percepción generalizada de la población es que los índices de violencia e inseguridad no se han reducido; al contrario, la población se encuentra ahora sometida a una triada de inseguridad-narcotráfico-militarización que vulnera de manera contundente la vida cotidiana.

Las consecuencias y efectos de los operativos militares en el país han sido documentados por diversos organismos civiles. Los casos de violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera considerable desde la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Según un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez(1), basado en notas mediáticas nacionales, desde enero de 2007 hasta noviembre de 2008 fueron denunciados más de 100 casos de abuso militar, reportándose el mayor número de quejas en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Las víctimas en su mayoría son mujeres y jóvenes. Tomando en cuenta que la referencia para el mencionado informe son las notas que merecieron alguna mención en los medios de comunicación, la cifra real puede ser mucho mayor.

A este respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido en lo que va del sexenio de Calderón, 2 mil 461 quejas contra militares, el número más alto de los últimos cuatro períodos presidenciales.(2) La CNDH no es referente en materia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, manteniendo posiciones tibias y subordinadas, favoreciendo la impunidad al tejer cortinas de humo llegando al extremo de sostener que las mujeres violadas por militares mueren de gastritis, como en el

caso del feminicidio de la indígena Ernestina Asencio.

Las fuerzas armadas en México son de las más grandes en América Latina y a las que mayor presupuesto federal se destina. De acuerdo con el tercer informe de gobierno de Felipe Calderón, para junio de 2009 las fuerzas armadas cuentan con 254, 705 elementos: 202, 355 del ejército y fuerza aérea y 52, 350 de la armada de México. El presupuesto federal aprobado para la Sedena a ejercitarse en 2010 será de 590.9 millones de pesos, destinándose al ejército mexicano 43 mil 32 millones.(3)

Violencia feminicida y militarización

Los contextos de militarización favorecen la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres y aumentan la impunidad. Las mujeres siguen siendo el blanco de la violencia institucional y social, quiénes pagan los costos más altos en esta guerra simulada.

En 2002, dos mujeres indígenas tlapanecas fueron violadas sexualmente y torturadas por militares en Guerrero. Inés Fernández y Valentina Rosendo enfrentaron la humillación y estigmatización de sus comunidades. Ambas fueron obligadas por sus maridos a abandonar sus casas y sus familias.

Después de presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público, los dos casos fueron turnados al ministerio público militar aduciendo falta de competencia para investigar el caso puesto que los acusados eran integrantes de las fuerzas armadas. Los casos fueron llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003, emitiéndose una serie de recomendaciones que fueron desatendidas por el estado mexicano. Los procesos se remitieron entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperándose las sentencias para 2010. Esta situación constituye una muestra fehaciente de que la justicia para las mujeres en México no existe. En  palabras de Valentina:

“todo este tiempo he buscado justicia en México pero no la hay, por eso tuvimos que ir a la Corte Interamericana a denunciar y en eso estamos ahorita. Voy a seguir en esto hasta el final, he esperado tanto tiempo que voy a llegar a las últimas consecuencias. Nunca regresé a mi comunidad y no voy a regresar hasta que se haga justicia”(4)

El 11 de julio de 2006 en Castaños, Coahuila, un grupo de militares, torturó física y psicológicamente y violó en reiteradas ocasiones a 14 trabajadoras sexuales en la llamada “zona de tolerancia”. Una de las mujeres resultó embarazada como producto de la violación y otra que lo estaba sufrió un aborto como consecuencia de las agresiones sexuales. De los doce militares que fueron señalados por las víctimas de haber participado directamente en las violaciones y los ocho integrantes del ejército que “custodiaron” la acción, sólo cuatro fueron declarados responsables de los delitos, fijándoles penas muy por debajo de las sanciones a estos delitos. Tres continúan purgándolas y uno obtuvo la libertad bajo fianza. Las sentencias reflejan la subordinación del sistema de justicia al poder de las fuerzas armadas, dejando impune la violación de las 14 mujeres de Castaños, Coahuila.

Un caso emblemático de la violencia militar feminicida contra las mujeres es el de Ernestina Ascencio, mujer indígena de 73 años, quién fue torturada y violada tumultuariamente por militares en la sierra nahua de Zongolica en Veracruz. El 25 de febrero de 2007 Ernestina fue atacada por elementos del ejército de la 26 zona militar, resultado de lo cual falleció horas después. A pesar del brutal ataque, la anciana pudo denunciar a sus agresores e identificarlos como militares. Aunque los médicos legistas y forenses sostuvieron que la anciana falleció como consecuencia de los ataques físicos y sexuales, el caso fue cerrado y se concluyó que Ernestina Asencio había muerto por un problema gastrointestinal severo, derivado de una gastritis. Sin embargo, en la misma zona se ha registrado asesinatos de por lo menos tres mujeres más con las mismas características del caso de Ernestina.

En el caso de las mujeres activistas y luchadoras sociales la transgresión que representa salir del espacio doméstico y cuestionar su rol tradicional al exigir espacios de participación pública y política, trae como consecuencia una represión sistemática contundente y particularmente agresiva con sus cuerpos. Conocemos de sobra los casos recientes dónde el movimiento social ha sido brutalmente reprimido y las mujeres han sido el botín de guerra. En el caso de Atenco se tiene conocimiento de al menos 26 mujeres abusadas sexualmente en el operativo de mayo de 2006; otras tantas mujeres fueron abusadas en los operativos en Oaxaca durante el movimiento popular. Ninguno de los policías que participó en los operativos represores ha sido consignado por tortura ni por violación. Lo más que han hecho las autoridades estatales es consignar a unos cuántos policías por delitos no graves como “abuso de autoridad”.

Todos los casos han tenido como constante la falta de acceso a la justicia para las mujeres, la discriminación, la misoginia y la impunidad. Esta situación favorece la violencia sistemática y patriarcal, al no crear las condiciones sociales y políticas para garantizar la vida de las mujeres.

La violencia estructural contra las mujeres tiene raíces históricas, culturales y políticas profundas que atraviesan muchos niveles y tienen diversas expresiones. La falta de acceso a oportunidades, el fortalecimiento de los roles “tradicionales”, los estereotipos de género, las condiciones de trabajo diferenciadas, el abuso y hostigamiento sexual, son tan sólo algunas de las manifestaciones de esta violencia. La violencia contra las mujeres conjuga las condiciones de opresión, la misoginia y el sexismo. Es un ejercicio del poder masculino mediante la fuerza para someter y controlar a las mujeres y se ejerce en los ámbitos privados y públicos. La violencia contra las mujeres no es “natural” ni íntima; existe una responsabilidad social que sostiene al sistema patriarcal por medio de la violencia de género, así como una responsabilidad institucional que favorece las condiciones sociales, económicas y políticas que garantizan la violencia sistemáticacontra las mujeres.

Los feminicidios son la manifestación extrema de la violencia estructural económica, política, social y de género. Son los asesinatos de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres. Se dan en contextos sociales y políticos permisibles a esa violencia y cuentan con un umbral de tolerancia y omisión por parte de la colectividad que favorece y aumenta su reproducción. El concepto de feminicidio permite redimensionar la violencia de género al sacarla del ámbito “privado” y denotar la responsabilidad del estado en su práctica.

Son escalofriantes las cifras de asesinatos de mujeres en los últimos años. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) fueron asesinadas aproximadamente 6000 mujeres. En el actual sexenio hasta junio de 2007 habían sido asesinadas 1088 mujeres. Durante más de una década el estado fronterizo de Chihuahua y en particular Ciudad Juárez han sido lugares emblemáticos por el número de mujeres asesinadas. De 1993 a 2007 se tiene registro de 553 mujeres asesinadas en dichas ciudades. Según datos oficiales de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, 206 mujeres han sido asesinadas de enero de 2007 a noviembre de 2008 en ese estado del norte.(5) En el primer semestre de 2008 la cifra de asesinatos de mujeres en México superó el número total de 2007. Cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportan que en Ciudad Juárez, 504 mujeres han sido asesinadas y desaparecidas hasta abril de este año.(6) En suma, en todo el territorio mexicano han sido asesinadas al menos 10 000 mujeres en los últimos 10 años.

La probable sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando culpable al estado mexicano de ocho feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin duda sentara un precedente en materia de justicia para las mujeres. Sin embargo, la impunidad atraviesa muchos niveles, no solo relacionados con la justicia institucional, sino con las condiciones que prevalecen en la sociedad como los estereotipos de género, la supremacía de lo masculino, la objetivación de las mujeres, que naturalizan la violencia de género haciéndola parte de la vida misma. Es necesario combatir las causas estructurales de la violencia feminicida sustentadas en el patriarcado institucional y social.

Militarización y violencia contra las mujeres en Chiapas.

La situación de frontera del estado de Chiapas, así como su ubicación geopolítica estratégica, han hecho que la militarización sea un fenómeno expandido desde hace muchos años. A raíz del levantamiento armado del EZLN las condiciones de militarización y paramilitarización se agudizaron, convirtiendo a Chiapas en un laboratorio de estrategias de contrainsurgencia. En los últimos diez años el gobierno mexicano elevó en un 50.5% su personal militar, situación que coincide con un incremento en las insurrecciones populares, particularmente el alzamiento zapatista. En la actualidad se considera que el número de efectivos militares en Chiapas oscila entre los 25 mil y 30 mil.

Las consecuencias de la militarización para la vida de las mujeres son variadas y complejas. La militarización ocasiona un aumento persistente de la prostitución en los alrededores de las bases militares, que coloca a las mujeres en una situación de estigmatización y descrédito en sus comunidades. Además las somete a infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH. Estos contextos aumentan las tensiones sociales, comunitarias y familiares, traduciéndose en un incremento de la violencia intrafamiliar y doméstica. El círculo militarización-violencia-narcotráfico coloca a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad particulares. Los tejidos sociales y familiares se destruyen; las mujeres ya no salen de sus casas por temor y en muchas ocasiones enfrentan solas la presencia militar en sus comunidades. Los niños y las niñas dejan de ir a la escuela, las milpas dejan de sembrarse, la pobreza se agrava, el alcoholismo aumenta.

La violencia contra las mujeres en contextos de militarización, en tanto táctica de guerra, se exacerba. Desde el inicio del conflicto armado en 1994 los casos de violaciones sexuales, torturas y hostigamientos contra las mujeres aumentaron en un 50%. La violencia sexual en sí, es un modo de tortura para socavar y someter a las mujeres del enemigo; es una forma para intimidar, presionar, amenazar y humillar a la víctima por su condición de género. Es también un método de castigo para unas y de advertencia para otras. La militarización tiene políticas de género, la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra y el cuerpo de las mujeres como botín son parte de ello.

De los casos documentados en Chiapas de violencia contra las mujeres ejercida por militares, existe un caso que ha alcanzado connotación internacional. El 4 de junio de 1994 elementos del ejército detuvieron arbitrariamente a Ana, Beatriz y Celia González, en ese momento de 20, 18 y 16 años, respectivamente, y a su madre, Delia, en el municipio de Altamirano, Chiapas. Las tres hermanas tzeltales fueron llevadas a una vivienda dónde los soldados las golpearon y violaron en reiteradas ocasiones, mientras las forzaban a confesar que eran integrantes del EZLN. Un examen médico demostró que las tres mujeres habían sido víctimas de abuso sexual y que habían sufrido graves daños físicos y psicológicos. Las hermanas González denunciaron los hechos ante la PGR, quién se declaró incompetente para investigar el caso y lo remitió al ministerio público militar. Las autoridades militares cerraron el caso en septiembre de 1995. Las hermanas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual determinó, en 2001, la responsabilidad del estado mexicano por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, emitiendo una recomendación en el sentido de garantizar una investigación imparcial y efectiva para determinar responsabilidades y que el caso se turnara a la justicia civil. Sin embargo, más de ocho años después, el proceso sigue en manos de la Procuraduría de Justicia Militar, reproduciendo la impunidad característica de estos juicios.

Sabina Patricia tenía 24 años. Estudiaba el 7º semestre de economía en la Facultad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de las Casas. Después de años de sufrir violencia doméstica, decidió abandonar el hogar conyugal con su hijo de cinco años. Fue asesinada el 2 de abril de 2008 por su concubino, Moisés Alfaro, un militar apostado en Rancho Nuevo, en venganza porque Sabina estaba decidida a no volver a la vida de violencia que le ofrecía. La transgresión le costó la vida. Un hombre acomplejado y temeroso de perder el poder masculino que le otorga el sistema patriarcal sobre la vida de una mujer, “su” mujer, cegó su vida.

El 26 de agosto de este año, el feminicida fue condenado a 32 años de prisión, en una sentencia sin precedentes para un militar. La sentencia del caso de Sabina no es una concesión del sistema de justicia. Es resultado de la presión, de la denuncia, de la visibilización y seguimiento del caso por parte de grupos feministas y organizaciones de mujeres en la lucha por el derecho a una vida libre de violencia y la justicia para las mujeres.

Chiapas ocupa el séptimo lugar nacional en feminicidios. La Fiscalía General del Estado (actual Ministerio de Justicia) registró en el período de 1994 a 2004, 612 casos, contrastando con las cifras de la Comisión Especial del Feminicidio que documentó tan solo de 2002 a 2004, 1456 mujeres asesinadas.(7) En los últimos tres años hemos conocido varios casos de mujeres asesinadas en Chiapas, situación que en lo que va de este año se ha agravado. Existen reportes de al menos 40 mujeres desaparecidas y 6 asesinadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Las desaparecidas tienen características físicas similares cuyas edades oscilan entre los 14 y 23 años. Todas salieron de sus casas rumbo a sus trabajos y escuelas y nunca llegaron a su destino.

Las historias se mantienen invisibilizadas ante la naturalidad de “una más”. Se ha perdido el referente de normalidad, de asombro y de responsabilidad social. Los prejuicios, los estigmas, el silencio cómplice, colocan en las mujeres la carga simbólica de la responsabilidad de la propia violencia que padecemos.

Patriarcado y militarización

Es preciso entender el patriarcado como un sistema de dominación que tiene como finalidad el control de la vida de las mujeres, en especial sobre su cuerpo y su identidad. La militarización reproduce y refuerza la dominación patriarcal; es la representación máxima de poder masculino para vejar, humillar y subordinar. El patriarcado y la militarización se encuentran en el cruce dónde es difícil distinguir si la militarización es expresión del patriarcado o el patriarcado sostiene a la militarización. O ambas. Es una simbiosis, se alimentan mutuamente porque se necesitan la una al otro para detentar la supremacía, ejercer el poder y mediatizar a la población por medio del control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.

Los casos de violencia contra las mujeres ejercida por militares no son hechos del pasado. La violencia sexual como arma para derrotar al enemigo, como método de presión para la obtención de información, como un medio para castigar y escarmentar a las mujeres por su trabajo político y como mecanismo de coacción para forzarlas a que regresen a su lugar “natural” en el espacio privado, son situaciones tan presentes como la realidad militarista que vivimos. Son muestras fehacientes de la misoginia y del patriarcado.

El proteccionismo de estado bajo la figura del fuero militar es un factor determinante en la falta de acceso a la justicia para las mujeres violentadas y asesinadas por militares. Ante la incompetencia y la subordinación de los juzgados civiles, los casos se remiten a los tribunales militares que se instituyen en juez y parte, protegiendo la institucionalidad militar y garantizando la impunidad. Es necesaria la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones cometidas por militares sean juzgadas por el fuero civil.

Los abusos y la violencia practicada por los militares son una forma de ejercicio del poder, una manifestación de superioridad, de autoritarismo, de jerarquía. El sistema patriarcal asegura un aprendizaje social dónde el derecho de “propiedad” sobre las mujeres, afirma las prerrogativas otorgadas históricamente al género masculino y profundiza las desigualdades entre los géneros, haciendo accesible el cuerpo de las mujeres, mismo que se transforma en campo de batalla y botín de guerra. Una guerra misógina y sexista para el control de nuestras voluntades. Llámese militar asesino, llámese policía violador, llámese “compañero” hostigando compañeras. Lo que está de fondo es similar: el ejercicio del poder y la cosificación de las mujeres. Las connotaciones y los métodos son distintos, pero el poder patriarcal es el mismo. Es una responsabilidad feminista nombrarlos y recordarlos cuántas veces sea necesario.

Ante la violencia las mujeres reaccionamos de distintas maneras. Las mujeres que han sido violadas sexualmente pasan por la culpa, la vergüenza, el miedo, la rabia. A causa de los sistemas de justicia patriarcales pocas mujeres denuncian y quiénes lo hacen tienen que enfrentarse al descrédito y a la humillación, en procesos realmente desgastantes. Las mujeres que hemos sido atacadas en las calles cambiamos nuestras rutas, nos adaptamos a la violencia. Somos nosotras quiénes tenemos que conceder los espacios, los modos, los tiempos. Las mujeres violentadas por “compañeros” de organizaciones civiles, de movimientos sociales, deben ser “comprensivas”… el “compañero” que viola, que hostiga, que grita, no es igual a un militar que violenta. Quiénes se atreven a sugerirnos que debemos perdonar y olvidar son aquellos que nunca, por su condición y situación de género, serán violados por militares, hostigados en la calle, violentados en sus organizaciones. Nunca porque el poder patriarcal, con todos sus privilegios, les permite posicionarse de esta manera.

En 2004, varios grupos de mujeres y colectivas feministas elaboraron un posicionamiento político frente a la violencia contra las mujeres en Chiapas. En el documento afirman que “con el ejercicio de la violencia los hombres nos imponen su poder limitando e impidiendo el desarrollo de nuestras potencialidades, buscando así resolver sus propias inseguridades”.(8) Tan actual por ser estructural. Si entendemos el fenómeno de la militarización como mucho más que efectivos militares en las calles, si lo asumimos en un sentido amplio que hace referencia al control, a la obediencia, a la sumisión, la criminalización del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe ser considerada una expresión de poder y control militarista, en tanto vulnera la libertad y la libre determinación de las mujeres.

Es momento de construir nuevas formas para el ejercicio de nuestros derechos, de ensayar estrategias para el empoderamiento de las mujeres.

Nadie más que nosotras puede tomar en sus manos el destino y la justicia para nuestras vidas. La libertad de decisión, la vida libre de violencia, la libertad de conciencia, constituye la defensa de nuestras libertades como derechos humanos fundamentales y necesarios. Derechos que residen en la autodeterminación de nuestras vidas y que las mujeres no estamos dispuestas a ceder.

“A ocho años no hay justicia y hay muchas mujeres que han sufrido violaciones sexuales por los militares pero no denuncian por miedo, por vergüenza, por rechazo de la familia y la comunidad, cuándo son casadas son dejadas por su esposo como en mi caso. Yo les digo a las mujeres que no tengan miedo, que rompan la cadena de sufrimiento, que luchen…

Tengan valor, sabemos que no es fácil, pero hay muchas mujeres que nos quieren y nos apoyan como en mi caso. No estamos solas, estamos con muchas mujeres más. Me quitaron muchas cosas pero la dignidad nadie me la quita” (Valentina Rosendo, 3 de octubre de 2009)

Notas:

                1. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón; México, D.F., enero de 2009:

http://www.centroprodh.org.mx/Publicaciones/InformeAbusosMilitaresCOMP090309.pdf

   2. Periódico La Jornada del Viernes 24 de julio de 2009, p.8: “Se disparan en este sexenio quejas ante la CNDH contra militares, admite el Ejército” de Gustavo Castillo García:

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index.php?section=politica&article=008n1pol

   3. Periódico La Jornada del jueves 19 de noviembre de 2009: “Habrá menos recursos para seguridad pública y la Sedena”, de Gustavo Castillo García:

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/19/index.php?section=politica&article=006n1pol

   4. Entrevista a Valentina Rosendo realizada por Marissa Revilla el 3 de octubre de 2009.

   5. Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, noviembre 2008.

   6. Comunicación e Información de la Mujer, 11 de noviembre de 2009: “Mujeres de negro exigen detener violencia feminicida”

http://www.cimacnoticias.com/site/09111111-Mujeres-de-Negro-ex.39974.0.html

   7. El Feminicidio en México y Guatemala. Informe Misión Internacional de Investigación, Federación Internacional de los Derechos Humanos, abril 2006, pp. 20.

  

8. “Documento de posicionamiento político frente a la violencia. contra las mujeres en San Cristóbal de las Casas”, en Olivera, Mercedes (coordinadora), Violencia Feminicida en Chiapas, UNICACH, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, México, 2008, pp. 451-471.

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Pacheco es

“el gran poeta de nuestra

generación”: Poniatowska  

La escritora considera que la obra del Premio Cervantes 2009 es “profundamente filosófica y muy cercana a la gente, muy llena de ternura y de aceptación de los demás”. 

Dpa    

El Premio Cervantes de Literatura otorgado este lunes al mexicano José Emilio Pacheco es la coronación de la vida y obra del “gran poeta de nuestra generación”, dijo la escritora mexicana Elena Poniatowksa. 

“Me parece que es una maravilla que se lo hayan dado y es un triunfo para México, que ahora está en muy malas condiciones”, dijo la autora de 77 años desde su casa en la ciudad de México en declaraciones telefónicas a Dpa. 

“Él ve coronada su vida, su trabajo y sus grandes libros con un premio que se merece”, agregó Poniatowska, autora de obras como La noche de Tlatelolco y El tren pasa primero, novela ganadora del Premio Rómulo Gallegos 2007. 

Poniatowska dijo que la obra de Pacheco es “profundamente filosófica y es una obra muy cercana a la gente, muy llena de ternura se podría decir, y llena de aceptación de los demás”. 

Según señaló, Pacheco es “un hombre tolerante, con mucha preocupación por lo que sucede en el mundo y una conciencia social muy desarrollada”, que debe sentirse “abrumado” con tantos reconocimientos, después de haber obtenido en mayo el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.  

Comunidad y Cultura Local

El más ovacionado

Orhan Pamuk. Foto: El Occidental.

Orhan Pamuk captura en “El museo de la inocencia” el amor, la amistad, la familia y las relaciones interpersonales, como un experimento cotidiano

El Occidental

Alejandra Molina Serna

El Premio Novel de Literatura, Orhan Pamuk (Estambul, 1952), reconoció ante más de mil personas que asistieron a su charla en el marco de la FIL, que de los 16 a 26 años de edad fue el periodo en que más consumió obras literarias.

Describió que los libros además de representar la inmortalidad, dejan de ser objetos de papel porque ahí queda plasmada la vida misma.

Dijo que durante su exilio -en la década de los setenta- conoció la originalidad de autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa, entre otros, de quienes experimentó otras “formas de contar historias”.

El autor, quien fue ovacionado en reiteradas ocasiones dentro del auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, habló de su más reciente obra: “El museo de la inocencia”, a la que detalla como una catedral de la vida en donde el amor, la amistad, la familia y las relaciones interpersonales juegan un papel importante como un experimento cotidiano.

Confesó que es poseedor de una colección de 16 mil títulos que almacena en su biblioteca personal; es su segunda visita por nuestro país.

Busca galardón fachada de San Agustín, anuncia ICOMOS

La fachada del ex templo de San Agustín, con la presentación multimedia, será candidata para el premio Reina Sofía.

Foto: Guillermo Tapia

El Sol de Zacatecas

Raúl Pinedo

Olga Orive Bellinger, presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), dio a conocer que Zacatecas ha sido y es ejemplo para el país y que la restauración virtual de la fachada del ex templo de San Agustín será candidata para el premio Reina Sofía.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo Estatal, Amalia García Medina, señaló que son de gran importancia las iniciativas para cuidar el patrimonio y resaltó el papel que desempeña ICOMOS en la generación de una conciencia y la orientación que otorga a quienes están en los espacios de decisión.

Destacó que ICOMOS y Zacatecas tienen una relación estrecha, pues siempre han estudiado los temas relacionados con el manejo de las ciudades y sus centros históricos para convertirlos en espacios vivos.

Al respecto recordó que en Zacatecas se ha puesto a consideración tanto a la ciudadanía como a los especialistas, la realización de algunas obras, y mencionó que las recomendaciones de ICOMOS han servido para la toma de decisiones importantes.

Entre ellas, mencionó que sacar las oficinas de gobierno del Centro Histórico tiene la finalidad de lograr un espacio más vivo y sin los grandes problemas de vialidad que existen.

“Estas decisiones son realizadas tomando en cuenta el legado cultural y patrimonial que dejaron los antepasados. Otro propósito es que las nuevas generaciones también lo tengan y éste es el momento para realizar obras de trascendencia”, puntualizó.

En relación a la candidatura de la restauración virtual, dijo que el objetivo es que la gente conozca su historia, y que no sólo se vea como un edificio, sino que se conozca lo que representó para la sociedad.

Durante su participación, Olga Orive comentó que la propuesta de presentar este proyecto al jurado calificador para aspirar al premio internacional proviene directamente de Carlos Clemente, de manera que se llevarán a cabo las gestiones y asesorías necesarias para que tanto la restauración virtual y la petroteca obtengan esta presea y la denominada Europa Nostra.

Cabe señalar que todas y cada una de las recomendaciones y resultados de esta reunión realizada serán plasmadas en lo que llamarán la Carta Zacatecas, a la que podrán tener acceso en la próxima reunión.

Asimismo, hizo algunos anuncios sobre las nuevas inserciones del patrimonio inmaterial de la humanidad, entre las que destacan la Peña de Bernal en Querétaro, el tango Rioplatense y los ritmos Candonde de Uruguay.

Para finalizar, agradeció el apoyo de la gobernadora para la realización de este Simposium y recordó que Zacatecas siempre ha sido para ICOMOS un lugar ejemplo para todo el país.