Estado y guerra
John Saxe-Fernández
Ya son más de 16 mil bajas. El sexenio termina su tercer año empapado en sangre por la hipertrofia militar de la guerra
al narcotráfico y el crimen organizado y aplicando, en medio de la matanza y la peor crisis económica de los últimos 80 años, el recetario pro cíclico/extractivista del FMI-Banco Mundial-BID: lo último que se hace en estas circunstancias
, según un premio Nobel. De ahí el creciente mar de pobreza, desempleados y su ocupados; la ruina del mercado interno y el aparato productivo (¡ya ni la informalidad económica crece!): se ataca con igual saña a la sociedad civil y a la demanda agregada, cortejando más desastres. El país se desestabiliza a ritmo preocupante.
Sin noción de la razón de Estado ni presencia de la gesta de Independencia; del despojo formalizado en 1848; de la centralidad del 27 constitucional; de la nacionalización petrolera y eléctrica; sin piso electoral, Calderón abrazó
Por el diseño imperial de guerra al narcotráfico que se centra en la fuerza militar, en la oferta de drogas y desatiende aspectos cruciales de corte fiscal, socioeconómico y de salud y transforma el territorio nacional (y no el de Estados Unidos), en campo de batalla, Calderón abandonó la soberanía nacional afectando la esencia y función del Estado-nación mexicano: esa guerra y su estado de excepción
, donde la violación a los derechos humanos y específicamente a las convenciones de Ginebra, con sus ejecuciones extrajudiciales, matanzas y los ataques indiscriminados a la población civil son la norma
, es la cubierta bajo la que opera un diseño contrainsurgente, imperial-empresarial de ocupación territorial-jurisdiccional.
Su primera manifestación fue en Colombia (1999), traduciéndose hoy en la entrega de bases y del espacio aéreo, marítimo y terrestre al Pentágono y en la apoplejía constitucional de esa nación: Uribe, al mando del Poder Ejecutivo, en los hechos capitula desnacionalizando el monopolio de la violencia física legítima sobre territorio colombiano, a decir de Max Weber (et. al.), elemento esencial del Estado.
En México, Carlos Pascual, el embajador estadunidense y especialista en estados fallidos, dijo que a partir de 2010 operará una instancia binacional
, una suerte de estado mayor de la mencionada guerra
para la que Estados Unidos cuenta con mil 400 agentes en territorio nacional. Es la guerra que Calderón adoptó como suya y no es otra cosa que un equivalente, al lado sur de la frontera imperial, del diseño elaborado por el país vecino para el control y usufructo en Colombia, Irak y Afganistán/Pakistán de los recursos naturales bajo jurisdicción ajena a la suya.
La binacionalización
del uso de la violencia legítima
sobre territorio mexicano se realiza en paralelo a la desnacionalización y extranjerización del estratégico sector petroeléctrico del país en cuya operación diaria se involucra a enormes complejos económico-territoriales que se despliegan por todo el espacio nacional: culmina así el tercer año de un gobierno de cuestionada legitimidad de origen sin que la embajada de Estados Unidos y Los Pinos den a conocer la puesta en marcha de otra instancia binacional
en territorio estadunidense para que nuestros oficiales y especialistas les ayuden en esa guerra
.
Después de todo, como se reconoce en investigaciones realizadas por el Colegio de Guerra de esa nación, allá está la gran masa de consumidores; ahí se realiza el negocio en grande gracias a su sistema bancario, empresas y nexos oficiales que dan sustento operativo al narcotráfico. Es ahí donde están las fábricas y miles de distribuidoras, a lo largo de la frontera, de las armas de todo calibre que, como río de plomo, transitan a México sin mayor dificultad (como el Colorado sobre el Gran Cañón): son armas imprescindibles para la masacre de mexicanos y mexicanas que abarrotan las morgues del país. ¿O es que sólo Estados Unidos reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima en su territorio?