CIUDAD DEL VATICANO,  La fe no se opone a la investigación médica, sino que le ofrece un marco moral, no exclusivo para los cristianos, sino accesible a todos por medio de la razón.

Así lo manifestó el Papa al recibir hoy en audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se celebra estos días en Roma.

El Papa enfocó su discurso a las dos cuestiones que actualmente centran los trabajos de la Congregación, la bioética y la ética médica, por un lado, y los desafíos del diálogo ecuménico, por otro.

En cuanto a la primera cuestión, que ocupó gran parte de su discurso, el Papa subrayó la importancia de la publicación de la instrucción Dignitas personae (2008), por parte de este Dicasterio.

“En temas tan delicados y actuales, como los que se refieren a la procreación y a las nuevas propuestas terapéuticas que comportan la manipulación del embrión y del patrimonio genético humano”, la Instrucción afirma “el valor ético de la ciencia biomédica se mide con referencia tanto al respeto incondicional debido a todo ser humano, en todos los momentos de su existencia, como a la tutela de la especificidad de los actos personales que transmiten la vida”, observó.

En este sentido, Benedicto XVI mostró su oposición a la mentalidad “según la cual la fe se presenta como obstáculo a la libertad y a la investigación científica, porque estaría constituida por un conjunto de prejuicios que viciarían la comprensión objetiva de la realidad”.

Las enseñanzas de la Iglesia en cuestiones bioéticas, subrayó el Papa, proceden de la ley moral natural, que es accesible a la razón humana, se sea creyente o no.

“La ley moral natural no es exclusivamente o predominantemente confesional, aunque la Revelación cristiana y la realización del hombre en el misterio de Cristo la ilumine y desarrolle en plenitud su doctrina”, insistió.

Esta ley está “fundada en la propia naturaleza humana y accesible a toda criatura racional”, y “constituye la base para entrar en diálogo con todos los hombres que buscan la verdad y, más en general, con la sociedad civil y secular”.

Por ello añadió que la fe cristiana “ofrece una contribución verdadera también en el ámbito ético-filosófico, no proporcionando soluciones preconstituídas a problemas concretos, como la investigación y la experimentación biomédica, sino proponiendo perspectivas morales fiables dentro de las cuales la razón humana puede buscar y encontrar soluciones válidas”.

“La Iglesia, al proponer valoraciones morales para la investigación biomédica sobre la vida humana, llama a la luz, tanto de la razón como de la fe”, afirmó Benedicto XVI.

Retos ecuménicos

Por otro lado, el Papa aludió a los nuevos retos, en el campo ecuménico, planteados durante el año 2009 a la Congregación, por el caso de la Fraternidad de San Pío X y por la incorporación a la Iglesia de grupos de fieles procedentes de la Comunión Anglicana.

En este sentido, subrayó que la misión del Papa es en primer lugar, la del ministerio de unidad, y que ésta es ante todo “unidad de fe, apoyada por el sagrado depósito, del que el Sucesor de Pedro es el primer custodio y defensor”.

“Alcanzar el testimonio común de la fe de todos los cristianos constituye, por tanto, la prioridad de la Iglesia de todos los tiempos, con el fin de conducir a todos los hombres al encuentro con Dios”.

Por ello, invitó al Dicasterio a seguir trabajando “para que se superen los problemas doctrinales que aún permanecen, para alcanzar la plena comunión de la Iglesia, por parte de la Fraternidad San Pío X”.

El Papa mostró también su satisfacción por el compromiso de la Congregación “a favor de la plena integración de grupos de fieles y de individuos, ya pertenecientes al Anglicanismo, en la vida de la Iglesia católica”.

“La fiel adhesión de estos grupos a la verdad recibida de Cristo y propuesta por el Magisterio de la Iglesia no es en modo alguno contraria al movimiento ecuménico, pero muestra, en cambio, su fin último, que consiste en alcanzar la comunión plena y visible de los discípulos del Señor”, concluyó.

Por Inma Álvarez

Ricardo Robles:

el caminante y su camino  

Francisco López Bárcenas 

La Jornada  

A Ricardo Robles –El Ronco para los amigos–,  

Fallecido el pasado 4 de enero, a finales del siglo XX le sucedió con los indígenas lo que a Bartolomé de las Casas hace quinientos años: se dio cuenta de que el trato que recibían negaba toda condición humana, lo que a su vez contradecía la doctrina religiosa en la que creía, y se puso a defenderlos.  

No por compasión o piedad, sino como una manera de ser congruente con su propia fe, pero sobre todo con él mismo. Toda su vida fue ejemplo de eso, pero hay casos muy específicos que lo muestran. Tal vez el más relevante para él mismo haya sido vivir entre los tarahumaras –rarámuris– como uno más.  

Porque eso era. Se emocionaba cuando contaba la ceremonia en que lo adoptaron y trataba de corresponder a ese honor en cada uno de sus actos. 

Tuve la fortuna de convivir con él en los diálogos de San Andrés, como parte del grupo de asesores de la delegación zapatista, en la mesa sobre derecho y justicia, de la cual él era coordinador.  

Yo no quería ir. Pensaba que no tenía mucho que hacer en ese lugar y para lo que se debiera hacer había compañeros que podían resolverlo mejor, además muchos integrantes de la delegación no estaban de acuerdo con que yo asistiera porque trabajaba en una institución gubernamental. Lo primero se lo dije, lo segundo él lo vivió. “Tú te vienes”, me dijo jalándome del brazo y mientras caminábamos se puso serio para decirme que no hiciera caso de lo que la gente decía, que lo importante era ir a la mesa a defender los derechos indígenas; como no me convencía me llevó con la delegación zapatista para que a ellos les expusiera mi negativa. Me convencieron y fui. En todo el proceso él hablaba poco porque quería que fuéramos los indígenas que estábamos ahí los que expresáramos las demandas. 

Como coordinador de asesores recibía las propuestas de los compañeros que estaban afuera del recinto donde se discutía con la delegación gubernamental, las ordenaba, las circulaba entre los otros del grupo para que opináramos sobre ellas y finalmente buscábamos la mejor manera de estructurarlas para presentarlas en la mesa. La delegación gubernamental no presentaba propuestas, se dedicaba a oponerse a las nuestras y a provocarnos para reventarnos. No olvido aquella ocasión en que después de cuatro días de discusión no había un solo acuerdo, una abogada del gobierno comenzó a descalificar mis argumentos y, desesperado, estuve a punto de cometer un exabrupto. No lo hice porque El Ronco estaba atento, me detuvo la mano y pidió un receso. Pensé que me iba a regañar, pero me dio la razón, me sacó del recinto para que me calmara y después dijo que eso no podía seguir así. Fue a consultar con la comandancia zapatista qué hacer y regresó feliz: “Ya no hay problema. No importa que no haya acuerdos, importa que quede claro lo que queremos”, expuso al grupo, con lo cual respiramos un poco.

Cuando los diálogos terminaron nos seguimos viendo, sobre todo en el espacio de lo que fue el Congreso Nacional Indígena (CNI). Su alegría y esperanza en un futuro contagiaba. No era hombre que enfrentara a los adversarios, exponía sus argumentos sin agredir ni ofender a nadie y, cuando se enojaba porque algunos se empecinaban en poner sus intereses particulares o de grupo sobre los de los pueblos indígenas, se cuidaba de no mostrarlo. Mucho de lo que fue el CNI se lo debe a él y a otros como él, entre otras cosas sobresale la propuesta de no convertirse en una organización vertical, con una cúpula dirigente, sino en un espacio horizontal donde todos los que quisieran participar podían hacerlo, con la única limitante de respetar los principios que se habían establecido para su funcionamiento. Fue fiel a eso, hasta en los momentos en que la organización iba decayendo, porque conocía a los pueblos indígenas mucho mejor que algunos indígenas que ya no actuaban como integrantes de algún pueblo indígena, aunque hablaran en su nombre. 

Si en Chihuahua no existe una ley que simule reconocer derechos como muchas de las que se aprobaron en varios estados de la República en mucho se debe a los talleres que por diversas partes de la sierra se realizaron, explicando sus consecuencias, de cuyos resultados después se daba cuenta en la revista Kwira, que él dirigía. Su voz, su pensamiento y su acción pesaban más allá de lo que él mismo se proponía. Pero como era profundamente antisolemne se marchó de este mundo sin despedirse. En Chihuahua muchos se lamentan de que haya sido de esa manera. Yo creo que eso puede explicarse porque así era él, pero además a veces pienso que se despidió sin que nos diéramos cuenta. Y no sólo eso, nos dejó su ejemplo como herencia y como compromiso. Alguna vez he dicho que el zapatismo no solamente me cambio la forma de ver la vida, sino la vida misma. Ahora puedo agregar que el puente para eso fue Ricardo Robles. 

Exigibilidad jurídica

de los derechos humanos  

Miguel Concha 

La Jornada  

Con el propósito de llevar a cabo una reforma constitucional a la ley de amparo, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron a finales del año pasado un dictamen con proyecto de decreto, que de ser aprobado por el Congreso en el próximo periodo de sesiones, y posteriormente por la mayoría de las legislaturas locales –como lo esperamos–, incrementaría los niveles de exigibilidad jurídica de los derechos humanos en el país.  

Con ello se estaría por fin respondiendo al Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, entregado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno federal desde diciembre de 2003, en el que se recomienda establecer mecanismos para que el juicio de amparo permita la protección del interés jurídico en un sentido más amplio que el establecido por la ley vigente y extender los supuestos en que las colectividades puedan acudir a este medio de defensa”. 

La exigibilidad como proceso legal o exigibilidad jurídica es la llamada justiciabilidad e implica la defensa de los derechos violados ante tribunales o instancias administrativas adecuadas. Gracias a ella el Estado puede incluso cumplir con su obligación de proteger las garantías de personas o colectividades contra terceros (individuos o empresas). Aunque lamentablemente no se trata de este último caso, por la presión contraria de los poderes fácticos y el menosprecio en que los actores políticos tienen a la ciudadanía, y porque todavía no se ha logrado el reconocimiento constitucional de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, es sin embargo lo primero lo que pretende este dictamen con las reformas aprobadas a los artículos 103 y 107 de la Constitución. En sus consideraciones a las adiciones propuestas al artículo 103, fracciones II y III, las comisiones mencionadas proponen por primera vez que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé la Constitución, los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Y que desde el texto constitucional se establezca claramente la materia de control de los tribunales de la Federación dentro del juicio de amparo; “es decir, normas generales, actos de autoridad y omisiones de estas mismas, cuando violen las referidas garantías y derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna”. 

En las consideraciones a las adiciones propuestas a la fracción I del artículo 107 se pretende también por primera vez introducir la figura de “interés legítimo”, y se prevé que para efectos del juicio de amparo “tenga también el carácter de ‘parte agraviada’ aquella persona que aduzca ser titular de un derecho o de un ‘interés legítimo’, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”. Y retomando la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su “Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado desde el año 2000, define acertadamente el “interés legítimo” como “una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso a ‘aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico (interés jurídico), o cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho, pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico’”.

Además, en su adición a la fracción II del mismo artículo 107 propone también por primera vez otorgar a la Suprema Corte de Justicia la facultad de emitir, sobre la base de algunas condiciones, y siguiendo el procedimiento que se establezca en la reforma a la ley reglamentaria –para no violentar el principio de la división de poderes–, la facultad de emitir una “declaración general de inconstitucionalidad” en juicios de amparo en revisión, en los que establezca jurisprudencia por reiteración en las sentencias. Con esto se estaría rompiendo con el principio de “relatividad de las sentencias” o fórmula Otero, que rige actualmente el juicio de amparo, que protege sólo al quejoso que tenga interés jurídico en su esfera individual, y carece de efectos generales. Para darle mayor celeridad al juicio de amparo, el dictamen también introduce por primera vez la figura del llamado “amparo en forma adhesiva”. 

El amparo adhesivo impone sin embargo al quejoso la carga de invocar en el juicio todas aquellas actuaciones en el procedimiento que estime puedan violar sus derechos, imponiendo al tribunal la obligación de decidir respecto de todas las violaciones hechas valer, y también de las que advierta, cuando proceda la suplencia de la queja. Se incluye también la obligación de aquel a quien haya favorecido la resolución, de hacer valer en el juicio todas las violaciones procesales que considere le afecten, a fin de que la sentencia definitiva contemple todos los aspectos que pudieran ser materia de otro juicio. No está de sobra mencionar que esta nueva figura no debe aplicar en la materia penal, toda vez que en la misma se deben de favorecer las garantías del procesado sobre cualquier otra consideración.