Que en Cristo Nuestra Paz,  

México tenga vida digna  

Diócesis de Saltillo    

Comunicado de Prensa de la Diócesis de Saltillo, con motivo de la Exhortación Pastoral de los Obispos por la paz en México    

Todo el sufrimiento y clamor del pueblo herido y agobiado por la indolencia de una gran parte de la plana mayor de nuestros gobernantes, es escuchado por Dios (quien) nos recuerda que estamos llamados a la vida plena, a la vida en abundancia.  

Es Dios mismo el que convoca a que celebremos que la vida siempre es posible…, que reconstruye la historia por medio de su mismo Hijo y por medio de los hombres y las mujeres que como Él, ponen su mirada en la justicia y en la misericordia como los únicos medios para construir un mundo con “paz en la justicia”.  

 Mons. Raúl Vera López, OP      

Los Obispos de México, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), damos a conocer al pueblo de Dios y a los hombres de buena voluntad la Exhortación Pastoral QUE EN CRISTO, NUESTRA PAZ, MÉXICO TENGA VIDA DIGNA. A través de ella compartimos la misión que nos corresponde hacer ante la realidad de inseguridad y violencia que se vive en el país y deseamos alentar la esperanza de quienes viven con miedo, con dolor e incertidumbre por dicha razón.    

En esta exhortación abordamos la problemática cada vez más compleja que se vive en el territorio nacional. A través del método ver, pensar y actuar, analizamos la realidad, la iluminamos con la Palabra, es decir, con el Evangelio, y nos comprometemos a llevar a cabo acciones concretas en las diócesis para que cada creyente pueda construir una sociedad donde exista la justicia, la paz y el amor.    

El clamor de nuestro pueblo ha sido y es escuchado por los Pastores de la Iglesia Católica. Nuestro papel como Obispos de esta Iglesia, Pueblo de Dios, nos exige dar nuestra palabra profética ante la grave situación que vive la inmensa mayoría de mujeres y hombres en nuestro país y cuyos clamores nos interpelan, nos duelen, indignan y nos comprometen a ser más radicales en nuestra Misión. “En México, al igual que en varios países de América latina y del Caribe se está deteriorando, en la vida social, la convivencia armónica y pacífica.  Esto sucede por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros, y lo más grave en asesinatos que cada día llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. No se trata de hechos aislados o infrecuentes, sino de una situación que se ha vuelto habitual, estructural…” (Cfr. 9).    

El incremento incontrolable de la violencia en los últimos años no puede pasarnos desapercibidos, tanto por el origen de ésta, como por los graves, dolorosos e indignantes efectos en la sociedad. Esta violencia “…se caracteriza por la crueldad, por la venganza, por la exhibición de poder y por la intención de intimidar a quienes son considerados rivales y a toda la sociedad.  (Cfr. 12) Si en su momento, la omisión, la indiferencia, el disimulo o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad  no fue justa y toleró o propició los gérmenes de lo que hoy son las bandas criminales, tampoco es justo ahora exculparse, buscando responsables en el pasado y  evadir la responsabilidad social y pública actual, para erradicar este mal social” (Cfr. 13).    

Uno de los principales factores que ha posibilitado e impulsado esta situación de violencia es, entre otros, el sistema económico por el que se rige el país, ya que ha traído exclusión social, pobreza, desempleo, bajos salarios, despojo y exclusión, discriminación, migración forzada, etc. “En México la globalización ha favorecido la difusión y el fortalecimiento de un modelo de economía de mercado que se ha mostrado incapaz de resolver, como lo pretendía, todos los problemas sociales.  (Cfr. 29). La democracia no ha alcanzado la economía y no se ha consolidado un mercado justo y solidario… En las actividades económicas el imperio de la ley del más fuerte es una forma de violencia que genera frustración y rencor social” (Cfr. 31).    

Otro factor, expresado por amplios sectores de la sociedad, es la corrupción como uno de los principales mecanismos que han posibilitado esta crisis de seguridad y garantiza el mantenimiento de la impunidad como práctica cotidiana ante la demanda de justicia de la sociedad. “La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone “la mordida” como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. (Cfr. 46) Hay factores que contribuyen a la violencia provocada por el crimen organizado en las estructuras que se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. (Cfr. 47).    

En medio de la crisis de inseguridad y violencia…Muchas personas, al dolor de haber perdido un ser querido o a su condición de víctimas inocentes, añaden la impotencia de respuestas parciales, en ocasiones contradictorias y hasta cómplices de las instancias de servicio público. (Cfr. 41). Hay disimulo y tolerancia por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, irresponsabilidad o corrupción- Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad” (Cfr. 45).    

“La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado. Si entendemos la seguridad ciudadana como la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros, el objetivo de las políticas de Estado tendría que orientarse a liberar a las personas del miedo a ser agredido o despojado de lo necesario para vivir. (Cfr. 48) La inseguridad es puerta de entrada al ejercicio intimidatorio de la autoridad siguiendo el principio de que es más fácil gobernar a una sociedad con miedo. (Cfr. 49) … La experiencia demuestra que la seguridad no se relaciona directa y principalmente con la capacidad bélica, con la cantidad de policías, con la militarización o con la compra de armas, ni con medidas represivas que llegan a ser intolerantes con cualquier tipo de disidencia. Sí se relaciona, en cambio, con la inversión que se hace en políticas de acceso a la educación y al trabajo”. (Cfr. 50).    

La Conferencia del Episcopado Mexicano ve con suma preocupación que estas nuevas formas de violencia puedan ser institucionalizadas cuando se criminaliza la protesta social y la pobreza, cuando se vulneran los derechos humanos o cuando se crea un clima de incertidumbre y miedo por los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública.     

Si bien en una primer etapa la participación de militares en la tarea de combate a la delincuencia organizada fue bien vista por amplios sectores de la sociedad,  “…Sin embargo, con el paso del tiempo, la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado provoca incertidumbre en la población, ya que se prolonga una estrategia que por su carácter de emergente no tendría que prolongarse”. (Crf. 57)    

La crisis seria de seguridad y violencia que vivimos en México, no puede ser explicada de manera simple o ingenua, el análisis de las causas es múltiple y compleja, y por lo tanto la atención a ésta debe considerar diversas variables e incorporar un “…enfoque de salud pública que permita asegurar para el mayor número de personas el beneficio de la seguridad y de la paz. (Cfr. 99) … sobre todo por la importancia que concede a la prevención para inhibir los factores de riesgo en las personas, en las relaciones humanas, en la vida comunitaria y en el entramado de relaciones e instituciones que conforman la sociedad. Una respuesta integral a la violencia no sólo protege y ayuda a quienes padecen, sino que también promueve la no violencia, reduce la perpetración de actos violentos y cambia las circunstancias y condiciones que la originan. (Cfr. 101)    

El afrontamiento de la violencia en México nos implica y es responsabilidad de todos los mexicanos. Nadie puede evadirse de esta tarea ni perder el tiempo en búsquedas inoficiosas de culpables, o discusiones estériles que distraigan la atención urgente a esta seria problemática. Entre los factores de riesgo sobre los que consideramos intervenir urgentemente, identificamos: la crisis de legalidad, el debilitamiento y erosión del tejido social, la crisis de moralidad. (Cfr.102-105)  “… Debemos actuar ya, cada quien en su propio ámbito de competencia. Las autoridades, con los recursos propios que le proporciona el Estado de Derecho para el ejercicio de su actuación; la sociedad civil asumiendo responsablemente la tarea de una ciudadanía activa, que sea sujeto de la vida social, con nuestro compromiso en la construcción de la paz, para la vida digna del pueblo de México”. (Cfr. 106)    

La pérdida del sentido de Dios conlleva el desprecio a la vida y a la pérdida de valores. Como Conferencia del Episcopado mexicano, consideramos que es urgente e inaplazable nuestra respuesta y propuesta en el marco de nuestra misión evangelizadora de la Iglesia. “… Esta respuesta parte del reconocimiento de las insuficiencia en el cumplimento de nuestra misión, pues la crisis de inseguridad, el alto índice de corrupción, la apatía de los ciudadanos para construir el bien común y las distintas formas de violencia, que llega a ser homicida, son diametralmente opuestas a la propuesta de Vida Nueva que nos hace el Señor Jesús”. (Cfr. 186)    

“Vivimos tiempos difíciles, pero tenemos la certeza de que Cristo venció a la muerte y en Él hemos puesto nuestra confianza (Cfr. 2, Tim 1,12). La historia de nuestro pueblo no ha sido fácil, pero siempre ha contado con la nobleza de sus hombres y des sus mujeres. Hoy no puede ser distinto, pero debemos reconciliarnos, debemos reconstruir la unidad nacional en la riqueza de la pluralidad de sus culturas y de la sociedad. Debemos unirnos en la construcción de la paz y en el impulso del desarrollo humano integral y solidario de cada mexicano y de todos los mexicanos”. (Cfr. 257)    

“Con esta Exhortación Pastoral, nos ponemos al servicio de la reconciliación, ofreciendo no sólo nuestra disposición a caminar con todos los católicos y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la búsqueda del cielo nuevo y tierra nueva que todos anhelamos. Confiamos este momento de la vida nacional al amparo de Santa María de Guadalupe. Nos acogemos a su regazo para que nos muestre a Jesucristo, el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en las tinieblas y en sombra de muerte y guíe nuestros pasos por el camino de la paz (Cfr. Lc 1,79) e imploramos sobre todo el pueblo de México la bendición de Dios por su maternal intercesión, -para que en su casa, que es toda nuestra patria, logremos reconocernos hermanos y vivir en fraternidad-”.      

+ Fray Raúl Vera López, OP                                    Pbro. Pedro Pantoja Arreola  

Obispo de la Diócesis de Saltillo                         Responsable de Pastoral Social   

Los acuerdos de San Andrés bajo

la sombra de la razón de Estado  

Magdalena Gómez  

La Jornada  

A14 años de una negociación inédita en que el movimiento indígena nacional participó activamente por decisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es importante recordar algunos momentos claves que marcaron el proceso donde se fraguó la razón de Estado” para que los tres poderes dieran el portazo a las demandas indígenas y descarrilaran el curso del diálogo.  

Y no se trata sólo de un afán de numeralia; la cuestión es que el complejo proceso de resistencia que definió el movimiento indígena de cumplir en los hechos los acuerdos de San Andrés y construir autonomías tiene hoy día puntos de quiebre en expresiones del movimiento, que sin ser explícitos parecieran subestimar el alcance de la posición de Estado que se tomó en 2001. 

La mañana del 16 de febrero de 1996, la delegación gubernamental para el Diálogo y Negociación con el EZLN recibió la noticia de que la comandancia firmaría los acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígenas en su salón de trabajo y no en el de plenarias.  

Se negaba con ello a otorgar la foto conjunta, pues solamente era el primer paso de la agenda y aún había desconfianza zapatista e indígena fundada sobre el rumbo que tomaría el proceso.  

No se equivocaron los zapatistas, pues lo que fue la mesa uno se convirtió en la mesa única. Siete meses después, ante el sabotaje oficial a la mesa sobre Democracia y Justicia, el EZLN suspendería el diálogo. 

Los años siguientes estuvieron marcados por el violento acoso del gobernador Albores, cuyo propósito de “desmantelar” los municipios autónomos zapatistas fracasó gracias a la fuerza del zapatismo y a la activa solidaridad nacional e internacional. Pese a ello, el ambiente en Chiapas era tenso por el accionar de grupos paramilitares que finalmente desencadenaron la masacre de Acteal a finales de 1997. El cumplimiento a los acuerdos de San Andrés estaba en el limbo y en 1998 el Senado formuló una propuesta reduccionista de reforma constitucional que fue activamente cuestionada y se guardó en la congeladora. 

La Comisión de Concordia y Pacificación previamente había logrado que el EZLN aceptara una propuesta de reforma que si bien acotaba algunos aspectos de los acuerdos mantenía un perfil aceptable; el gobierno federal no la aceptó. Así quedó la conocida propuesta Cocopa hasta el año 2000, cuando Vicente Fox tomó posesión y el EZLN fijó condiciones para reanudar el diálogo y realizó los primeros meses de 2001 la Marcha del Color de la Tierra, que significó la ratificación de los acuerdos de San Andrés y cerró en un Zócalo pletórico de presencia indígena de todo el país y de sectores sociales democráticos que apoyaban activamente ese movimiento.

En ese contexto se logró, no sin polémica, la histórica presencia de la comandancia indígena zapatista y el Congreso Nacional Indígena en San Lázaro; luego vino el dictamen unánime del Senado que diseñó la llamada contrarreforma indígena, cuya publicación en el Diario Oficial el 14 de agosto de 2001 fue precedida de la votación de los diputados del PRD en contra, pese a que sus senadores votaron a favor; del rechazo en las legislaturas locales de las entidades de mayor presencia indígena, la movilización indígena en todas esas regiones y la postura tajante del EZLN y del CNI en contra. Las distorsiones de fondo se concretaron en el acceso al uso y disfrute de recursos naturales en sus tierras y territorios, la autonomía en los diferentes niveles y ámbitos, las comunidades como entidades de derecho público, entre otras. La Suprema Corte hizo lo suyo al declarar improcedentes las 330 controversias indígenas. Para el calderonismo el tema de la autonomía y libre determinación indígena “está resuelto” con la reforma de 2001, y sobre el EZLN y los acuerdos de San Andrés, ni hablar. 

Así las cosas, los encuentros por la rearticulación del movimiento indígena plantean en su agenda junto a otros temas: “El derecho a la consulta y la necesidad de una nueva reforma constitucional en el país” y asumen, como dice su convocatoria de Páracho, Michoacán, del 12 y 13 de este mes: “es una reunión de alto nivel, de ámbito nacional, que desde 2001 no se realizaba con estas características”. 

Basta recordar que el ex diputado Marcos Matías intentó, sin resultados en el anterior periodo legislativo, que se dictaminara una propuesta de nueva reforma constitucional que retomaba parcialmente algunos aspectos distorsionados en 2001, sin la fuerza que entonces se tuvo y atenido en gran parte a las negociaciones interpartidarias. 

La otra cara de los acuerdos de San Andrés está en los procesos en curso: las juntas de buen gobierno en Chiapas, hoy asediadas fuertemente; la policía comunitaria, en Guerrero; el municipio autónomo de San Juan Copala, que enfrenta un entorno de violencia tan cargado de impunidad, y en las comunidades en todo el país que resisten a su modo. 

Berlín: derechos humanos

en México, en la mira  

Luis Hernández Navarro  

La Jornada  

En Berlín, Alemania, el pasado 9 de febrero, Leobarado Alvarado, integrante del Movimiento Pacto por la Cultura de Chihuahua, narró al representante del Ministerio Exterior de Alemania, responsable de tratar los asuntos relacionados con el tráfico de drogas, lo sucedido a sus familiares. 

El 28 de diciembre de 2009, militares levantaron a dos mujeres y un hombre en el poblado de Ejido Benito Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. José Ángel Alvarado Herrera, trabajador de la maquila, estaba de vacaciones en ese lugar. Lo acompañaba Nitza Paola Alvarado Espinoza. Mientras se dirigían rumbo a un domicilio fueron secuestrados. 

Al poco rato, los mismos individuos entraron a casa de Rocío Irene Alvarado Reyes, menor de edad. Encerraron en el baño a sus hermanos y a su madre y se la llevaron. Esas víctimas –dijo Leobardo– eran inocentes. “Hasta la fecha no sabemos nada de ellas. Han dicho que sus captores no fueron soldados, pero no aparecen. Los desaparecidos –remató– son mis parientes.” 

Leobardo continuó su relato. Platicó sobre los muchachos asesinados a mansalva en Ciudad Juárez y el intento del presidente Felipe Calderón de presentarlos como delincuentes. Contó cómo el domingo 3 de enero mataron a la luchadora social Josefina Reyes, quien había hecho una huelga de hambre para exigir la salida del Ejército y la investigación del secuestro de un hijo y el homicidio de otro. Tal como lo ha hecho en México, Leobardo insistió en el retiro de las fuerzas armadas y denunció los abusos de los soldados. “En Ciudad Juárez –concluyó– hay rabia, hay coraje, hay dolor.” 

Apenas dos días después de la narración de Leobardo, en Alemania, los indignados ciudadanos de Chihuahua explotaron contra el Presidente de la República, el gobernador y el alcalde. 

La reunión del activista juarense con el funcionario alemán fue parte de una amplia jornada de cabildeo e información sobre los derechos humanos en México efectuada en Berlín, donde defensores de los derechos humanos conversaron ampliamente con integrantes de los ministerios de Cooperación y Relaciones Exteriores de Alemania, miembros del Parlamento, fundaciones, partidos políticos, ONG, grupos de solidaridad y académicos de ese país. 

La jornada tuvo como eje articulador la realización de la conferencia internacional México –¿Quo Vadis? A 100 años de la Revolución – Derechos Humanos en el Punto de Mira, efectuada entre el 5 y el 7 de febrero. Convocada por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, en cooperación con la Fundación Heinrich Böll, la Academia Luterana Bad Boll y el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, reunió a más de 15 defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos, con unos 250 asistentes provenientes de Alemania, Suiza, Austria, Barcelona y Francia.

En la conferencia participaron ponentes mexicanos, que describieron la grave situación de los derechos humanos en el país, sobre todo en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de las mujeres, los pueblos indígenas y los profesionales de la prensa. Hablaron también, entre otras personalidades, Rupert Knox, de Amnistía Internacional en Londres; H. Däubler-Gmelin, ex ministra de justicia, y la parlamentaria Barbara Lochbihler. 

En la conferencia se analizaron con bastante detalle casos de violación a los derechos humanos en México y se reflexionó sobre los desafíos del proceso de democratización del país y acerca de las vías para escapar de la espiral de violencia. 

En la convocatoria al foro los organizadores señalaron, sin ambigüedad alguna, que “Felipe Calderón se ha opuesto a los intentos de democratización mediante el uso de las fuerzas militares. El presidente Calderón aplica una política interior basada en la mano dura y en el uso de las fuerzas militares como supuesto factor de estabilidad, a la vez que limita el acceso de la sociedad civil a los mecanismos de decisión democrática. A la vista de la violencia de las fuerzas de seguridad pública, así como de la criminalización y deslegitimación de los actores de la sociedad civil, la democracia mexicana se encuentra hoy en la encrucijada”. 

Detallados relatos, como el que hizo sobre Ciudad Juárez Leobardo Alvarado, se efectuaron también en torno a la Montaña y Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En conjunto documentaron la grave criminalización de la protesta social que está en marcha en el país. Con insistencia, varias de las delegadas mexicanas presentes levantaron su voz para advertir sobre el grave retroceso que se vive ante la penalización del aborto en las legislaturas locales. Muchos de los asistentes estaban al tanto de varias de estas violaciones, pero la conferencia les proporcionó una visión de conjunto. La prensa local recogió varios de estos testimonios. 

La experiencia de la conferencia ¿Quo Vadis? demuestra que la política gubernamental para defender internacionalmente su “guerra contra la drogas” y tratar de tapar las graves violaciones a los derechos humanos hace agua. Puede llevar al cuerpo diplomático a escuchar las justificaciones de la estrategia presidencial elaboradas por Joaquín Villalobos, pero no puede cubrir su fracaso en la comunidad internacional que defiende los derechos humanos. 

“Latitudes”, una visión panorámica de los maestros latinoamericanos

Diego Rivera.

Foto: Cortesía

Organización Editorial Mexicana

El Sol de México

La influencia de los lenguajes estéticos europeos en los artistas latinoamericanos y sus aportaciones propias se contemplan en “Latitudes”, exposición dedicada a los maestros de la Colección FEMSA, entre los que se encuentran Diego Rivera, Wilfredo Lam, Roberto Matta, Frida Kahlo, Botero o Siqueiros.

Organizada en la sala de exposiciones del banco BBVA, en Madrid, la muestra está compuesta por 43 obras, seleccionadas entre las mil que componen la Colección FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A.) de artistas procedentes de 11 países latinoamericanos.

La selección de obras plantea un recorrido artístico que comprende desde las vanguardias de principios del siglo XX hasta propuestas de la pintura de posguerra, los años 80 y pone especial atención a las tres últimas décadas del siglo XX, lo que la hace muy diferente de otras colecciones públicas y privadas de México.

“Su riqueza y diversidad dan cuenta de la magnitud del fenómeno artístico que caracteriza a cada uno de los países que la integran”, en opinión de Rosa María Rodríguez Garza, jefa del Programa Cultural FEMSA, quien recordó que esta es la primera vez que la colección, integrada especialmente por artistas mexicanos, se presenta en España.

El objetivo del programa cultural “es promover el interés por el arte” a través de exposiciones como ésta que con anterioridad ha estado en Argentina, Brasil y Estados Unidos, “y ha sido visitada por más de 300 mil personas”.

Rodríguez Garza ha articulado el recorrido en cinco ejes temáticos. En el primero de ellos, “Influencia del cubismo en los pintores de América Latina”, queda patente cómo algunos pintores latinoamericanos destacaron de forma muy particular como exponentes y teóricos del cubismo, entre ellos Diego Rivera, el gran innovador en la exploración del color, del que se muestra “El grande de España (El ángel azul)”, claro ejemplo de su pintura cubista.

El conocimiento, asimilación y práctica de las vanguardias europeas permitió que los artistas, no sólo en Latinoamérica, desarrollaran una nueva conciencia sobre los usos y alcances sociales del arte.

En “El retrato y el paisaje como testimonios de identidad” se aprecia cómo en estos géneros tradicionales descubrieron una forma distinta para expresar sus realidades latinoamericanas. Ejemplo son Roberto Montenegro, Armando Reverón o Carlos Orozco.

El tercer apartado muestra “La aportación estética de Latinoamérica al arte universal”, en la que el muralismo mexicano tiene una especial importancia.

Los murales de José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros, no sólo fueron una apuesta visual de una nueva modernidad narrativa y pública, sino que, ante todo, buscaron ser revolucionarios al cuestionar el orden establecido. Junto a obras de éstos se exhibe “Santa Rosa de Lima”, de Fernando Botero.

En la “Incorporación del surrealismo en la plástica latinoamericana” se aprecia que artistas como Roberto Matta, Wilfredo Lam, Remedios Varo o Frida Kahlo participaron de forma directa en el movimiento en París o Nueva York, mientras Agustín Lazo, Guillermo Meza, Olga Costa o Alfonso Michel lo conocieron de forma indirecta. El último de los apartados, “Abstracciones e informalismos”, muestra cómo estas corrientes tuvieron una importante repercusión en la historia del arte moderno latinoamericano. El constructivismo de Joaquín Torres García o de Francisco Matto se exhiben junto a obras de Carlos Mérida, Oswaldo Guayasamín, Rufino Tamayo o Luis Tomasello.