Sin defenza el maíz mexicano, van por su destrucción

Fuego amigo contra los pueblos del maíz

Silvia Ribeiro*

La Red en Defensa del Maíz, en su asamblea nacional en marzo de 2011, además de rechazar las siembras piloto de maíz transgénico, denunció las leyes estatales aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, que supuestamente son para proteger” el “maíz criollo”, pero en realidad, no impiden la siembra de transgénicos y sí promueven el registro, patentes y otras formas de propiedad intelectual sobre el maíz campesino. Establecen además nuevos mecanismos de control gubernamental que complementan el camino marcado por la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para ilegalizar la libre circulación e intercambio de semillas. (Ver comunicado de la red en www.biodiversidadla.org/content/view/full/42610)

Las dos leyes estatales declaran su intención de fomentar/proteger el maíz “criollo”, promueven la creación de fondos de semillas y regulaciones sobre éstos, los registros de variedades de maíz y registros de productores de maíz “originarios”, promueven las patentes, denominación de origen y derechos de obtentor sobre el maíz, crean consejos estatales del maíz, con mayoría de funcionarios y gente no campesina. De ninguna forma prohíben la siembra de maíz transgénico.

En Tlaxcala la ley tiene como uno de sus objetivos “Autorizar el almacenamiento, distribución y comercialización de OGM del maíz”. Tales autorizaciones pueden ser “comunitarias” o estatales. La “autorización comunitaria” no es una decisión de la asamblea de la comunidad como sugiere el título, sino de la “autoridad municipal”. O sea, una persona, con todas las vulnerabilidades que esto implica.

Los que presentan la ley como instrumento para detener el maíz transgénico, afirman que este artículo para autorizar transgénicos es lo que hace que se pueda prohibir, porque se puede negar la autorización. Todo un albur. Para empezar, no se refiere al tema nodal: la siembra de maíz transgénico. Solamente al “almacenamiento, distribución y comercialización”. Segundo, cualquier autorización que se niegue, estará sometida a la Ley Monsanto y al veto de las autoridades federales.

Supuestamente, a través de los consejos estatales del maíz y por oficio de la Secretaría de Agricultura estatal se podría solicitar ser “zona libre de transgénicos”, según el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad (LBOGM). Una lectura del artículo, nos recuerda porqué se le llama Ley Monsanto. El art. 90. I dice: “Las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGM de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”. Sagarpa define los criterios que aplican y ya sabemos de la arbitrariedad de este organismo para autorizar siembras de transgénicos.
De todos modos, el artículo sólo aplica a quien tenga producción orgánica comercial –según normas establecidas fuera de las comunidades– y certificada. Quedan fuera la inmensa mayoría de las comunidades “originarias”, que obviamente no producen para esos mercados.

¿Quién será entonces el decidido actor que usará y defenderá todas estas intrincadas “posibilidades” legales ocultas?

Los consejos estatales del maíz, que se presentan como la nueva panacea, tienen una integración mayoritaria de funcionarios oficiales, con algunos académicos y ONG. En Tlaxcala aceptan también un indígena y un campesino, y en Michoacán, cuatro “productores de maíz” por podrían incluir industriales maiceros. Pero en cualquier caso, son solamente consultivos. Las decisiones quedan en manos de las secretarías de agricultura de cada estado.

En Tlaxcala, el secretario en cuestión, Jaime Jonathan Bretón, es un ex funcionario de Monsanto, que se dedicaba anteriormente a promover semillas de esa trasnacional en el noreste del país. Ha declarado que no se debe descartar sembrar transgénicos en Tlaxcala y que los maíces criollos son importantes, porque son muy útiles a las grandes empresas para desarrollar sus semillas. (Juana Osorno Xochipa, 14/3/11, e-consulta.com)

Las patentes, derechos de obtentor y denominación de origen son todas formas de propiedad intelectual inventadas por las empresas para eliminar competidores. Las comunidades no pueden ser tenedores de tales “derechos” (no existen patentes colectivas), además de ser increíblemente costosos. Pero aún si lo pudieran hacer, sería ¿para eliminar a quién? ¿A otras comunidades y otros pueblos del maíz? Porque esos certificados no inhiben a ninguna empresa, al contrario, si hay un certificado, será a favor de las empresas o éstas tendrán el dinero para comprarlo. El respeto a las patentes es lo que necesita Monsanto para validar que la contaminación transgénica sea un delito por el que paguen las víctimas.

La denominación de origen es también para la competencia de mercado. Por ejemplo la del tequila, ha sido un excelente negocio… para las transnacionales que venden el producto a mayor precio y pagan lo mismo a sus maquiladores locales.

Resumiendo: estas leyes de ninguna forma garantizan que habrá zonas libres de transgénicos. Tampoco reconocen a los pueblos del maíz ni los derechos integrales de los pueblos indígenas tal como ellos lo demandan, que es lo que realmente garantizaría que no haya transgénicos, que se siga manteniendo y diversificando las semillas, no en bancos o fondos controlados por autoridades u ONG, sino vivas y libres, en manos de los campesinos y campesinas que lo siembran, como ha sido siempre y sigue constituyendo la base de la alimentación mundial.

Lo que sí está claro es que estas leyes permitirán un control mucho mayor de la vida de las comunidades, de sus semillas y sus formas de intercambio tradicionales.

*Investigadora del Grupo ETC

Calderón, Presidente de México, soo piensa en la violencia como solución a los graves problemas que enfrentamos

Calderón y García Luna sólo tienen imaginación para la violencia, afirma Sicilia

Aceptó que tiene miedo de que atenten contra su vida por exigir justicia

Rubicela Morelos

La Jornada

El escritor Javier Sicilia dijo que no le sorprendió que Felipe Calderón declarara en Cancún que continuará la lucha contra el narcotráfico pese a los 40 mil mexicanos muertos, porque el pasado miércoles, cuando se reunieron en Los Pinos, el mandatario le manifestó que no iba a modificar dicha estrategia.

“Él me dijo: ‘no me voy a mover de mi posición’; lo que está declarando ahora ante las cámaras me lo dijo a mí en privado”, comentó Sicilia, al ser entrevistado en el plantón que sostiene en el zócalo de esta ciudad desde el pasado miércoles, en demanda del esclarecimiento y justicia para el asesinato de su hijo Juan Francisco y seis personas más.

Indicó que lo sostenido por Calderón le confirma que sólo tiene imaginación para la violencia. “Lamentable. ¿En qué sentido?, ¿qué no tiene más imaginación para salvar este país?, ¿qué sólo tiene imaginación para aumentar la guerra, la violencia, el dolor? Eso es lo terrible”, subrayó.

Recordó que en aquella reunión le solicitó imaginación, no sólo a él, sino a todas las autoridades de los tres niveles, a los actores de los partidos políticos, a los empresarios, a los sindicatos, a todos los mexicanos, para pensar juntos cómo regresar la paz, la seguridad, la dignidad y la justicia al país.

“Pero él mantiene su posición; bueno, pues que siga cargando en su conciencia el dolor de esta nación y los muertos que llevará por el resto de su existencia en su corazón”, advirtió.

Subrayó que no le desea sus sueños y tampoco sus pesadillas, “pero él ahorita las tiene, y por desgracia en esta locura, en estas pesadillas que tiene nos las está cobrando y nos las está haciendo realidad; mejor que se las guarde en su corazón y que haga oración, para que lo ilumine Dios, si es católico, para que le dé luz suficiente para entender lo que dijo Jesús: ‘quien a hierro mata, a hierro muere’; nos está poniendo (en la mira) como Presidente de la nación; al matarnos a nosotros lo están matando a él”.

Respecto de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenció que la violencia en México disminuirá en siete años, dijo que no espera nada bueno de ese funcionario. “Si el Presidente, que es un buen hombre, tiene imaginación para esto (la violencia), qué puedo esperar de García Luna”, agregó.

Urgió al fiscal morelense, Pedro Luis Benítez Vélez, a esclarecer el asesinato de su hijo y las otras seis personas cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo el pasado lunes 28 de marzo en el fraccionamiento Las Brisas, municipio de Temixco.

Dijo que la tarea para las autoridades de los tres niveles es ponerle nombre, historia, y que indemnicen a todas las víctimas de esta lucha contra el crimen organizado.

Reiteró que hasta hoy no tiene confianza en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, y que por eso precisamente apeló a la coadyuvancia para que no detengan a otros que no sean los responsables.

Lamentó que a 10 días de los hechos no haya resultados de las investigaciones y que no se haya dado con el paradero de los responsables de la muerte de estas siete personas, cuando supuestamente todas las corporaciones policiacas del país están buscándolos.

El escritor aceptó que tiene miedo de que atenten contra su vida por exigir justicia y que los responsables de las instituciones del país no cumplan su función. La PGJM asignó tres policías ministeriales para que lo cuiden.

Aún pendiente, que la Sedena aclare si uno de los homicidas es un ex militar

Alfredo Méndez y Rubicela Morelos Enviado y corresponsal

Cuernavaca, Mor., 8 de abril. Casi dos semanas después de que fueron encontrados siete cadáveres dentro de un automóvil Honda abandonado en el fraccionamiento Las Brisas de Temixco, entre ellos el de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún no aclara a la Procuraduría General de Justicia de Morelos (PGJM) si uno de los presuntos responsables del multihomicidio es un ex militar.

Los fiscales del caso pidieron a la Sedena, desde el 28 de marzo pasado, cuando fueron encontrados los cuerpos, que confirmara o descartara la posibilidad de que uno de los supuestos asesinos perteneció al Ejército Mexicano.

La aclaración que las autoridades morelenses pidieron a la Defensa Nacional fue requerida después de que peritos médicos de la 24 Zona Militar –que participaron en la toma de pruebas dactiloscópicas halladas en el vehículo Honda– detectaron que una de las huellas dactilares dio positivo al registro interno con que cuenta esa dependencia.

Los fiscales pidieron aclarar si uno de los presuntos asesinos apareció en el registro interno de huellas dactilares de la Sedena porque formó parte de las filas del Ejército o porque sus datos fueron capturados cuando el ahora inculpado realizó su servicio militar.

Otro de los supuestos asesinos materiales de las siete personas fue identificado por el registro de huellas dactilares de la Procuraduría General de la República (PGR). Sólo se cuenta con su fotografía y su apodo, pero se desconoce su nombre y apellido, aunque se sabe que tiene antecedentes penales por robo.
A decir de funcionarios de la PGJM que permitieron a La Jornada acceso a la averiguación previa abierta para indagar las causas del multihomicidio, se espera que en las próximas horas, probablemente el lunes, la Sedena rinda su informe para que se aclaren las versiones que existen sobre la posibilidad de que un ex militar fuera uno de los responsables del asesinato del joven Sicilia y de otras seis personas.

Las versiones extraoficiales sobre la presunta participación de ex militares en estos hechos crecieron después de que el procurador de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, declaró en el municipio de Xochitepec, el pasado primero de abril, que algunas órdenes de aprehensión fueron liberadas en contra de ex funcionarios encargados de brindar seguridad.

“Puede haber en las órdenes de aprehensión personal que estuvo involucrado en instituciones públicas”, expresó ese día el procurador.

De acuerdo con las constancias ministeriales que obran en el expediente, la principal hipótesis para explicar el móvil del multihomicidio apunta a un supuesto acto de represalia de parte de miembros de alguna célula criminal (dedicada a secuestro, extorsión y narcomenudeo en Morelos) contra un ex militar de nombre Álvaro Jaimes Avelar, quien fue ejecutado junto con Sicilia y las otras cinco personas.

Reconstrucción de hechos

A partir de pruebas documentales, periciales y testimoniales recabadas en las dos semanas recientes por fiscales de la PGJM, se ha podido reconstruir la historia de lo que pasó antes de que se encontraran los siete cadáveres en la zona de Temixco.

Según esos indicios, 10 días antes de ser asesinadas las siete personas, los jóvenes Gabriel Alejo y Luis Antonio Romero Jaimes habrían sido asaltados por unos hombres que dijeron ser policías ministeriales y/o militares.

Tras el asalto, los agresores, vestidos de negro y con armas largas, les advirtieron que si los denunciaban serían asesinados.

Los jóvenes decidieron pedir apoyo a un familiar de uno de ellos (Álvaro Jaimes), quien se dedicaba actualmente a la seguridad privada.

El domingo 27 de marzo, Gabriel y Luis, junto con otros dos amigos, uno de ellos Juan Francisco Sicilia, se reunieron en el restaurante de mariscos La Rana Cruda.

El hijo del poeta Javier Sicilia estuvo buena parte del domingo en casa de su novia. Cerca de las 21 horas de ese día se despidió de su compañera para ir a reunirse con sus amigos en La Rana Cruda.

Al lugar acudió el tío de Luis, de apellido Jaimes Avelar, quien les ayudaría a decidir qué hacer ante el asalto sufrido días antes.

De acuerdo con los testimonios de los testigos que estuvieron en el restaurante, durante la estancia de los amigos del joven Sicilia en La Rana Cruda, no hubo discusiones ni movimientos extraños entre los comensales.

Unos 15 minutos antes de las 22 horas de ese domingo, el grupo de jóvenes, junto con el ex militar (tío de uno de ellos) y una mujer que acompañaba a Álvaro, salieron del restaurante a bordo de tres vehículos. El rumbo que tomó el grupo es aún un misterio.

Los resultados de la necropsia han aportado datos respecto a que las siete personas fallecieron entre las 23 y las 23:45 horas del 27 de marzo pasado.

El lunes 28 de marzo, en el fraccionamiento Las Brisas de Temixco, fue encontrado un auto Honda con siete cadáveres, entre ellos los de Luis Antonio, su hermano Julio, su tío Álvaro, Gabriel Alejo y Juan Francisco Sicilia. Los cuerpos tenían huellas de tortura, las extremidades atadas y señales de asfixia. De los siete cadáveres, el que más rastros de golpes y escoriaciones presentaba era el del ex militar.

Los hermanos Romero, Gabriel Alejo y Juan Francisco Sicilia eran amigos desde la infancia. Solían reunirse comúnmente en casa de Gabriel.

Hasta el momento, en las constancias de autos ministeriales no existen documentos que demuestren que alguna de las siete personas asesinadas tenían vínculos con actividades del crimen organizado.

Sin embargo, fuentes de la PGJM revelaron este viernes que se realizan diversos interrogatorios a vecinos, amistades y familiares de los ahora occisos, para descartar por completo que alguno de ellos tuviera vínculos con actividades de narcomenudeo, como trascendió en días pasados en los medios de comunicación.

Los fiscales también mantienen abierta otra línea de investigación, aunque con pocas pruebas indiciarias que la sostengan, respecto de la posibilidad de que los jóvenes no fueron asaltados, sino que 10 días antes de ser ejecutados participaron en un accidente vehicular o en una riña callejera con supuestos policías ministeriales de Morelos, y que pidieron apoyo a Jaimes Avelar para “saldar cuentas”.

Hasta el momento, los autos de Sicilia y de Álvaro Jaimes aún no aparecen. Tampoco dos de los presuntos asesinos que ya fueron plenamente identificados.

Por la noche, un grupo de diputados locales panistas se reunieron en privado con el procurador morelense para conocer los avances de las pesquisas.

El derecho a la alimentación en México un sueño inlcanzable

Reforma urgente e inaplazable

Miguel Concha

La Jornada

De no aprobarse en estos días la reforma que elevará a rango constitucional el derecho a la alimentación, el Estado mexicano perderá una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento y protección de esta garantía.

El Senado tiene el compromiso y el deber de que después de 17 años, en los que se presentaron diversas propuestas de reforma, por fin sea aceptado el dictamen que le turnó la Cámara de Diputados en abril de 2010, el cual fue aprobado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de Xicoténcatl, el pasado 23 de marzo. Consiste en adicionar un párrafo al artículo cuarto constitucional, que dice: “El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. Asimismo adiciona una fracción al artículo 27, en la que se establece que “el desarrollo rural integral a que se refiere el párrafo anterior tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

Las fracciones parlamentarias de PRI, PRD y el Partido Verde Ecologista de México ya aprobaron dicho dictamen. No así el PAN, que argumenta que el Estado no puede “garantizar” la alimentación a todas las personas, y solicitó cambiar la redacción. Esto implicaría devolver nuevamente el dictamen a San Lázaro, y entonces la reforma seguramente se quedará “en la congeladora” por varios años más.

No obstante lo acotado de la reforma, la campaña Sin Maíz no hay País se ha pronunciado sobre la importancia de su aprobación, teniendo en cuenta el contexto de crisis alimentaria mundial, la pérdida de soberanía alimentaria del país, la dependencia en las importaciones de granos, la necesidad de reactivar el campo mexicano, la entrada de semillas transgénicas, el estado de malnutrición de la población, la pobreza y la falta de empleos que limitan a las familias su acceso a una alimentación de calidad. Además, debe quedar claro a los opositores que garantizar el derecho a la alimentación en nuestra Carta Magna no implica que el Estado alimente a cada persona, con excepción de aquellas que se encuentran en situaciones de emergencia, aunque sí está obligado a generar las condiciones económicas y sociales para que las personas accedan a los alimentos, ya sea produciéndolos o adquiriéndolos gracias a un ingreso suficiente y decoroso.

El derecho a la alimentación es el que tiene toda persona, individual y colectivamente, a disponer de acceso físico y económico, de manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, así como a los medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada población y se garantice una vida física y síquica satisfactoria y digna. Para lograr su efectiva realización, es necesario producir alimentos en cantidad y calidad suficientes, mediante la aplicación de políticas agrícolas y comerciales que permitan producir alimentos o comprarlos, sin que ello signifique la pérdida de soberanía alimentaria o la desaparición del sector campesino.
El constante deterioro del campo mexicano, la dependencia de las importaciones de productos agrícolas, la falta de apoyos o su inadecuado diseño para los pequeños y medianos agricultores repercuten en la capacidad del país para generar sus propios alimentos y limita sus posibilidades de gozar de soberanía en la materia. Por ello es indispensable el reconocimiento constitucional del derecho a la comida, así como la aprobación de la Ley de Planeación para la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. Entre los instrumentos internacionales que reconocen y protegen esta garantía se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), conocido como “Protocolo de San Salvador”.

Hoy en día, la Constitución no reconoce de manera explícita el derecho a la alimentación. Sin embargo, hay una mención indirecta e insuficiente en el artículo cuarto, porque no se reconocen aspectos como la cultura, la producción de alimentos y su acceso económico. En 1992 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad que México se uniera a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, y se incluyó un pronunciamiento en favor de la incorporación del derecho a la alimentación en la Constitución. En 1994, el Frente por el Derecho a la Alimentación presentó, sin resultado concreto, una iniciativa para incluir este derecho humano en nuestra Carta Magna. En noviembre de 1996 México firmó la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria, y el 15 de diciembre de 2003 el pleno del Senado aprobó un dictamen con proyecto de decreto para adicionar un párrafo tercero al artículo cuarto constitucional, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27, con el fin de integrar el derecho a la alimentación, estableciendo como responsabilidad de la Federación, estados y municipios el asegurar que toda persona tenga derecho a una alimentación sana y suficiente en calidad, cantidad y dignidad.

El 29 de abril del 2004 la Cámara de Diputados propuso modificaciones a ese dictamen, que el Senado no aceptó, y turnó nuevamente a la Cámara de Diputados. Este es el mismo que hoy se encuentra en la Cámara de Senadores y enfrenta la oposición de los senadores del PAN. Como sociedad, nos corresponde insistir en su aprobación.

El salario a los jóvenes en México es vergonzante

Cerca de la mitad gana entre 1 y 3 salarios mínimos; 56.7% carece de prestaciones de ley

“Bastante precario”, el empleo de los jóvenes mexicanos: SEP
La mayoría considera el trabajo como “algo que da para vivir”, no como medio de satisfacción, revela estudio

Entre pobres hay pocos egresados de educación superior

Emir Olivares Alonso

La Jornada

Los jóvenes mexicanos no ven el trabajo como un medio de satisfacción, sino como algo que “da para vivir”. La gran mayoría perciben bajos ingresos y carecen de prestaciones.

En relación con el salario mínimo, de los más de 14 millones de jóvenes del país (de entre 12 y 29 años de edad) con alguna ocupación laboral, cerca de 50 por ciento percibe de uno a tres de estos sueldos, 14.5 gana menos de uno, 20.8 recibe de tres a cinco, a 11.7 le pagan uno superior a cinco y 7.3 por ciento no es retribuido por su trabajo.

Los anteriores son resultados de un estudio reciente (2010) elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que fue presentado en un seminario sobre juventud y adolescencia realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El estudio muestra que la gran mayoría de los jóvenes de 12 a 29 años que trabajan tienen condiciones laborales “bastante precarias”.

Asimismo, del total de jóvenes que tienen algún empleo, 56.7 por ciento carece de prestaciones de ley; 35.2 tiene acceso a instituciones de salud y goza de otras prestaciones; seis por ciento no tiene servicios en esas instituciones, pero sí posee alguna prestación, en tanto que 2.1 por ciento sólo cuenta con servicios de sanidad en centros públicos.

De los 34.9 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad que viven en México, 12.7 millones (36.4 por ciento) sólo estudia, 2.7 (7.7 por ciento) estudia y trabaja, 12.1 (34.7 por ciento) sólo trabaja y 7.5 millones no estudian ni trabajan.

Con base en información de la más reciente Encuesta de valores, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, indicó que 84.5 por ciento de los jóvenes piensa que “sin buenos contactos es difícil avanzar en la vida”; 95.2 considera que es muy importante el ahorro; 92.1 asegura que lo más importante del trabajo es que da para vivir; 91.3 expresa que si tuviera dinero preferiría emprender un negocio propio a continuar como asalariado y 51.2 confiesa que tomar riesgos le causa emoción y no angustia.
Los jóvenes ubican las adicciones y la falta de oportunidades laborales y educativas como los principales problemas que enfrentan, aunque también incluyen los conflictos de integración social y familiar y la soledad, entre otros.

De esta manera, 70.9 por ciento señala los problemas con drogas y alcohol; 28.5 por ciento habla de falta de trabajo; 14.2 ubica pocas oportunidades de estudio; 13.7 menciona las relaciones familiares y de pareja, y 15.8 por ciento señala violencia, soledad y tristeza, entre otros.

Según la información presentada por la SEP, cada vez más se termina la educación básica, media superior y superior; sin embargo, señala, esto es aún insuficiente.

Ilustra: mientras en 1990 de cada 100 estudiantes que años antes habían ingresado a la primaria, 93 la terminaron, 64 concluyeron la secundaria, 34 el bachillerato y 14 la licenciatura. En 2010, por cada 100 jóvenes que se habían colocado en la primaria en años previos, 97 la terminaron, 81 se graduaron de secundaria, 49 finalizaron la educación media superior y 21 concluyeron la carrera.

La información revela que conforme avanzan en los niveles de estudio, cada vez es más difícil para los jóvenes de familias con bajos ingresos permanecer en la escuela. Así, casi 60 por ciento de los alumnos de educación básica se ubica en los cuatro primeros deciles de ingreso (los más bajos); en contraste, en educación superior sólo representan 19 por ciento de los que provienen de ese nivel económico.

La violencia en México por falta de atención a los pobres dice Lula da Silva

Es momento de cambiar la situación, sí es posible, afirma el ex mandatario de Brasil

La violencia en México, por falta de atención a los pobres: Lula
Considera necesaria una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras para explorar mercados

Mejorar los salarios de los trabajadores y la distribución de la riqueza, planteó el ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, durante su participación en la 74 convención bancaria, en Acapulco, Guerrero

Roberto González Amador e Israel Rodríguez J.

La Jornada

Parte de la violencia que ocurre ahora en México tiene su origen en la cantidad de años en que los más pobres fueron tratados sin atención, aseguró este viernes Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, al pronunciar una conferencia magistral en la 74 convención bancaria.

“El problema que vemos hoy en día en el mundo es la falta de decisión política, no es un problema económico, es decisión política”, aseguró Lula, quien dejó la presidencia de Brasil en enero pasado, después de ocho años al frente del gobierno.

Lula afirmó, con base en su experiencia en la oposición y al frente del gobierno, que el político necesita un compromiso con su origen y con el pueblo. Eso sí forma a un político: saber para quién va a gobernar.

“Ustedes que son hombres de negocios, que trabajan en bancos, en la industria y en el comercio saben que parte de la violencia que vive México no ha surgido ahora, tiene su origen en la cantidad de años en que los más pobres fueron tratados sin atención aquí, en Brasil, en Honduras y en un montón de países”, afirmó Lula, cuya conferencia fue interrumpida en varias ocasiones por aplausos.

Abundó: “Me parece que eso debemos revertirlo y este es el momento. Tengo experiencia en Brasil, porque cuando veo que sólo en ocho años sacamos a 28 millones de personas de la pobreza extrema y elevamos 36 millones de personas a la clase media del país, puedo decirles que sí es totalmente posible cambiar la cara de nuestros países”.

Lula abordó, de forma extensa, la necesidad de elevar los salarios de los trabajadores y de mejorar la distribución de la riqueza que producen los países, así como levantar la autoestima del pueblo. “Ninguna nación será grande y respetada si su pueblo no tiene esperanza”, afirmó. Habló también de la reforma que realizó su gobierno a la estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras).

Sobre los salarios, Lula relató que en su país era un tabú hablar de recuperación del poder de compra. “Decían que era imposible aumentar los salarios sin que creciera la inflación al mismo tiempo. Nosotros rompimos ese tabú. Durante mi gobierno todos los trabajadores tuvieron un aumento real de sus salarios, subieron arriba de la inflación, aumentó prácticamente 60 por ciento, la inflación sigue controlada y el mercado interno sigue creciendo”.
Al mismo tiempo que los salarios aumentaban, dijo a los banqueros reunidos en este foro, su gobierno logró impulsar una “excelente” distribución del ingreso. “En la década de 1970, cuando Brasil crecía a una tasa de 14.5 por ciento, los gobernantes decían así: ‘no podemos hacer distribución de ingresos en este momento, es necesario que el pastel crezca y cuando crezca bastante entonces lo distribuimos’. Y aquel pastel crecía y crecía y cuando los trabajadores querían comer un pedazo, simplemente ya se había acabado, sólo quedaban las bolitas de decoración”.

Lo que se hizo, explicó, fue demostrar que es posible crecer y distribuir mejor al mismo tiempo. El crecimiento de la actividad económica tiene sentido si la sociedad mejora su calidad de vida, principalmente los sectores más pobres, planteó ante banqueros como Roberto Hernández Ramírez, de Banamex; Carlos Gómez y Gómez, ex presidente de la ABM; Roberto González Barrera, de Banorte; Marco Antonio Slim, de Inbursa; Francisco Gil Díaz, presidente de la filial mexicana de Telefónica, además de directivos de instituciones de crédito privadas y de desarrollo del país.

“Muchos me criticaron diciendo que era una política populista, proselitismo, que era asistencialismo, que yo debería hacer puentes, construir carreteras y ferrovías. Y yo realmente quería hacerlo, pero también quería que el segmento más pobre de la población pudiera comer las calorías y proteínas necesarias para la vida del ser humano; y que pudieran ellos construir esos puentes y esas carreteras que el país tanto necesita”, añadió.

Impulsar el crecimiento

El ex mandatario consideró conveniente que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, empresa en la que el Estado brasileño posee 38 por ciento del capital accionario, formen alianzas estratégicas. Ambas compañías deben, sin temor, trabajar para impulsar el crecimiento económico en sus países.

“Yo soñaba con que un día Petrobras y Pemex, sin renunciar a sus características y a su nacionalidad, pudieran unirse, quizá construir otra empresa para explorar otros mercados”, apuntó.

El Estado, añadió, desempeña un papel importante en la actividad petrolera. Lo que el Estado no puede hacer es tener miedo de establecer alianzas con la iniciativa privada. “Lo que es necesario es establecer reglas del juego que sean claras”.