Defienden a el obispo de Saltillo contra quienes apuestan por la intolerancia y la violencia

REPUDIAMOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO

CONTRA MONS. RAUL VERA LOPEZ. OP

Saltillo, Coahuila,

A las organizaciones de la sociedad civil

Al público en general

El pasado 14 de julio, tres mantas anónimas fueron colgadas en el barandal de la Catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, con la frase común

“queremos un obispo católico”.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, repudia estos actos de hostigamiento, los cuales creemos que vienen de personas que desafortunadamente apuestan por la intolerancia y la violencia.

Nos preocupa sobre manera, que dada la grave crisis de seguridad y violencia generalizada que vivimos en Coahuila que estos grupos conservadores se oculten en la anonimato ante su incapacidad para proponer y entablar diálogos constructivos e incluyentes que nos posibilite como sociedad hacer realidad la vigencia de los Derechos Humanos, asumiendo la riqueza de la diversidad humana y cultural que tenemos los pueblos coahuilenses.

La defensa y promoción de los Derechos Humanos es y confiamos seguirá siendo una prioridad de Mons. Raúl Vera en Coahuila y en México, con quien nos comprometemos a seguir trabajando, por los derechos de todas las personas, comunidades y pueblos, incluso de las personas que ahora hostigan y optan por la violencia, a éstas las exhortamos a trabajar por la paz y la justicia.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”


Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
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El Frayba tiene como misión caminar al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organizado que busca superar la situación socio-económica y política en que vive, tomando de él dirección y fuerza para contribuir en su proyecto de construcción de una sociedad donde las personas y comunidades ejerzan y disfruten todos sus derechos a plenitud.

Pobreza pobreza y más pobreza en este México nuestro

Se agudiza la pobreza de campesinos e indígenas

Antonio Yúnez-Naude y Omar Stabridis

Como en otros países de América Latina, la pobreza es un problema endémico en México, sobre todo la que sufren sus habitantes en el medio rural. Desde inicios de la década de los años 1990 –cuando se profundiza el proceso de liberalización económica— el Estado mexicano ha estado aplicando programas para combatirla y, en paralelo, haciendo mediciones del fenómeno.

Resultados seleccionados de diversos cálculos sobre la evolución de este flagelo muestran que:

• Es en el medio rural (compuesto por localidades con menos de 15 mil personas) donde habitan los más pobres del país tanto en materia alimentaria, como en ingreso, en capacidades y patrimonio.

• A partir de 1994 la brecha entre los pobres alimentarios o extremos rurales y los urbanos creció, sobre todo desde 2005.

• A diferencia de la pobreza extrema, las brechas rural/urbana entre pobres en capacidades y en patrimonio no se han modificado sustancialmente.

Algo destacable es que las crisis de la economía mexicana de mediados de los años 1990 y de 2007/08 revirtieron las tendencias decrecientes previas de este mal social tanto en el medio rural como en el urbano. Esto indica la ausencia en el país de sistemas de protección (safety nets) para su población más vulnerable.

Que la pobreza rural es más aguda que la urbana se refrenda a partir de las estimaciones sobre rezago social, cuyo cálculo incluye variables como el analfabetismo, la escolaridad, el acceso a la salud y la calidad de la vivienda de los hogares. Con esta base el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dividió al país en cinco zonas para el año 2005: de rezago social muy alto, alto, medio bajo y muy bajo. Al distinguir los municipios rurales y semirurales (con menos de dos mil 500 habitantes y con menos de 15 mil, respectivamente), resulta que, frente al total del país, son éstos los que más padecen rezago social muy alto, alto y medio.

En un estudio sobre la economía de los hogares rurales de México basado en datos de encuestas representativas tipo panel (http:// precesam.colmex.mx) se concluye que la pobreza alimentaria o extrema es mucho más aguda en la región rural del sureste mexicano respecto a las otras cuatro regiones rurales del país. Y que de 2002 a 2007 disminuyó significativamente, en casi cuatro por ciento, la pobreza alimentaria en comunidades de entre 500 y dos mil 500 habitantes. Una posible explicación del fenómeno es el aumento de los ingresos de los hogares rurales provenientes de la economía del campo, en específico, de la producción y el trabajo agrícolas.

Entre los más pobres de los pobres están los jornaleros agrícolas y la población indígena que representa alrededor del 10 por ciento de los mexicanos y que en su mayoría vive en el campo. Los cálculos oficiales sobre pobreza multidimensional –que toma en cuenta tanto la carencia de ingresos como la de derechos sociales— muestran que 75.7 por ciento de la población indígena sufre pobreza.

Independientemente de cómo se mida la pobreza, las estimaciones existentes muestran que su incidencia en México sigue siendo muy elevada, especialmente en el medio rural, y que lo último también sucede en materia de rezago social. A lo anterior debe añadirse la elevada proporción de población indígena en pobreza multidimensional, y que ha sido muy baja la proporción de mexicanos que de 1990 a 2005 han experimentado mejoras en su bienestar, sean urbanos o rurales.

Fenómeno fundamental que explica en parte la ausencia de mejoras económico-sociales de los habitantes de México durante los 20 años pasados es la muy baja tasa de crecimiento económico del país. El pobre desempeño en materia de bienestar y crecimiento, unido a los efectos negativos que la reciente crisis internacional ha tenido al respecto, así como a las tendencias presentes y previstas para el futuro de aumento en el precio internacional de los alimentos, conducen a tener dudas de que en el corto y mediano plazos mejoren las condiciones de vida de los mexicanos más pobres; es decir, de los pobladores rurales, destacando los jornaleros y los indígenas.

La creciente brecha rural/urbana. Las estimaciones del Coneval sobre la evolución de la pobreza por ingreso de 1992 a 2008 muestran que, en general, ésta ha sido similar en los ámbitos rural y urbano. No obstante, la diferencia entre la proporción de pobres extremos en ingreso en el sector rural y urbano ha crecido ya que, en promedio, la relación entre pobres rurales y urbanos pasó de 2.6 durante 1992/1998 a 3.1 durante los ocho primeros años del presente milenio.

Es necesario realizar estudios cuantitativos rigurosos para explicar las diferencias y similitudes entre pobreza rural y urbana y poder así dar respuesta a preguntas tales como ¿por qué en lo que va del siglo XXI y hasta al menos 2006 ha estado creciendo la brecha entre la proporción de pobres extremos en el medio rural y la urbana?, ¿por qué la brecha rural/ urbana en pobreza de capacidades y patrimonial es considerablemente menor a la alimentaria y no ha experimentado cambios bruscos durante el periodo?, ¿por qué la pobreza extrema urbana creció más durante la crisis de mediados de los 1990? y ¿por qué la misma tendencia se dio en 2008 respecto a 2006?

También son necesarios estudios empíricos con datos detallados y comparables de varios años para conocer los factores que determinan la pobreza rural y su evolución en México. Esto es precisamente el propósito de una encuesta socioeconómica en curso a los hogares rurales de México, o ENHRUM, cuyos resultados, unidos a los de encuestas previas tipo panel para los años 2002 y 2007, serán la base para estimar los cambios en la pobreza de los hogares situados en localidades de hasta dos mil 500 habitantes durante la crisis actual, y para conocer los fenómenos que los podrían explicar.

Por el momento, lo que se puede argumentar con fundamentos empíricos es que, en parte, la reducción en la pobreza rural observada durante los primeros siete años del presente siglo se debe al aumento en los ingresos de los hogares rurales provenientes de las actividades propias del campo (ver http://precesam.colmex.mx). En términos de las políticas públicas, el resultado, unido a la elevada vulnerabilidad de los hogares rurales en épocas de crisis económicas y de eventos climáticos extremos, indican lo necesario que es que el Estado mexicano aplique medidas enfocadas a promover la producción y comercialización de los productos de los campesinos, así como su acceso a servicios financieros.

El estudio de la pobreza rural de los mexicanos debe además considerar los procesos de envejecimiento y feminización de la producción agropecuaria.

Para concluir, conviene recordar que, por sus objetivos y características, en el presente resumen de diagnóstico se ha definido como rural a las localidades (y municipios) con menos de dos mil 500 habitantes (Censos y ENHRUM) o con menos de 15 mil (Coneval). Por supuesto, esta definición puede ser arbitraria, no es la única, ni necesariamente la más conveniente para el estudio de la “pobreza “rural”. Por ejemplo, podría definirse a lo rural como el ámbito compuesto por zonas que dependen de las actividades propias del campo (agropecuarias, la extracción de recursos forestales, etcétera), o podría usarse un enfoque territorial. Sin embargo, no es sencillo definir con precisión lo que es un territorio rural (ver por ejemplo http://www. rimisp.org/) y es difícil aplicar nociones alternativas a la usada en el presente diagnóstico debido, entre otras causas, a la falta de datos.

Centro de Estudios Económicos y Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano (Precesam) de El Colegio de México A.C.

Fragmentación del tejido social y de las familias rurales

Dr. Salomón Nahmad S.*
y Álvaro González R.**

Entre los factores que inciden en la desintegración familiar, la pobreza se encuentra en la raíz del problema. México es un país donde 47.19 millones de personas, equivalentes a 44.2 por ciento de la población, viven en pobreza multidimensional, de acuerdo con los parámetros cuantitativos empleados por el Estado mexicano para medirla.

En el sureste del país se concentran algunos de los mayores recursos renovables y no renovables estratégicos del país, como los hídricos, bosques, biodiversidad, recursos pesqueros y energéticos. Sin embargo, la presencia de este potencial natural no es un factor que genere condiciones de vida aceptables para la población de los estados con los mayores índices de pobreza. Se trata de entidades con las mayores concentraciones de población indígena y altos porcentajes de población rural, los dos estratos poblacionales con las mayores carencias sociales de todo tipo: a nivel nacional la pobreza en el sector rural es 2.5 veces mayor que en el urbano, mientras que la población indígena se concentra en los municipios de mayor pobreza, tanto a nivel rural como urbano.

La pobreza conlleva aparejada la desigualdad social, y en este sentido hay no un solo México, sino varios, ya que la pobreza y la falta de equidad se expresan y viven de manera diferenciada a lo largo y ancho del país y sus manifestaciones e impactos en las estructuras familiares y el tejido social en general presentan características diferenciales.

Hay muchos Méxicos urbanos, rurales y étnicos, por lo que las estrategias institucionales homogéneas para combatir la pobreza no garantizan los mismos resultados en todos los casos. Lo que sí es similar entre los diversos sectores poblacionales en pobreza es la búsqueda de alternativas para salir adelante, aunque esto represente, entre otras implicaciones, la desintegración familiar, como es el caso de la estrategia de mayor aceptación social para mitigar la pobreza: la emigración, opción practicada por una de cada 16 personas, según los resultados del más reciente censo de población y vivienda.

En buena medida la pobreza, y la consecuente emigración del ámbito rural indígena se debe a la inoperancia de las políticas agropecuarias: un análisis del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) señala: “En 30 años el sistema agrario y ganadero mexicano no ha logrado avanzar de manera significativa en términos de producción alimentaria, lo que ha derivado en que buena parte de la población no tenga para alimentarse adecuadamente”. El análisis destaca que en 1980 la producción nacional de maíz alcanzaba para que cada mexicano consumiera 489 gramos del cereal a diario, mientras en 2008 alcanzaba para 604 gramos, un avance de apenas 115 gramos en casi tres décadas.

Las consecuencias de la emigración para las familias son fácilmente reconocibles, destacando la ausencia temporal o definitiva del jefe de familia; el crecimiento de las jefaturas femeninas; la pérdida de capital social en edad productiva; el abandono de las actividades agropecuarias de subsistencia por falta de mano de obra; el trastocamiento de los valores culturales comunitarios y la pérdida de la soberanía alimentaria. Todo esto afecta directamente a miles de familias rurales e indígenas, que dependen fundamentalmente de las remesas para su subsistencia.

Además de la pobreza, y todas sus secuelas, hay otros factores que contribuyen a la desintegración familiar en el sector rural e indígena. Sobresale el aumento de la violencia a causa de la lucha contra el crimen organizado y todas las formas de violencia intrafamiliar derivada del machismo y las pugnas entre comunidades y municipios por conflictos agrarios, políticos, presupuestarios, etcétera. Las consecuencias sociales son impactantes: se sabe de miles de muertes, entre las que destacan las de pobladores rurales e indígenas, quienes ante la falta de oportunidades laborales son reclutados por los diversos grupos de delincuentes para dirimir sus diferencias y llevar a cabo sus actividades ilícitas.

La Jornada

De manera creciente, el Estado, por medio de sus distintos órdenes de gobierno, destina una parte considerable de recursos para el gasto social para combatir la pobreza y la desigualdad en sus varias manifestaciones y para la atención directa a la familia. Entre 1990 y 2006 el gasto en materia social creció. Entre 2000 y 2006, la pobreza de patrimonio a nivel nacional se redujo de 53.6 a 42.6 por ciento de la población, y la pobreza alimentaria bajó de 24.1 a 13.8 por ciento. En las localidades rurales menores a 15 mil habitantes, la pobreza de patrimonio disminuyó su afectación de 69.2 a 54.7 por ciento de la población y en cuanto a la pobreza alimentaria, pasó de 42.4 a 24.5 por ciento.

Las cifras indican avances, pero ¿son realmente significativos cualitativamente o representan meros paliativos que mantienen a la mayor parte de la población en un ámbito de desigualdad, inequidad y precariedad social? los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) sobre los programas sociales que inciden directamente en las familias muestran que “Las instituciones combaten los síntomas de la pobreza: ingreso, alimentación, escolaridad, empleo, desnutrición, etcétera, pero con serios problemas de coordinación y planeación estratégica entre sí, como muestran las evaluaciones al respecto.”

Proponemos estrategias factibles:

• Considerar la diversidad socio-cultural familiar del país en el diseño e implementación de la política pública rural, además de las mediciones cuantitativas sobre pobreza y rezago social, que deben guiar los montos a destinar según entidad, pero bajo patrones culturales específicos sobre las condiciones contextuales regionales, microregionales y comunitarias.

• Elaborar los inventarios sobre la diversidad rural municipal, comunitaria y familiar del país y generar inventarios sobre qué tipo de programas prioritarios sociales y productivos recibe cada familia.

• El diseño e implementación de políticas públicas regionales y micro regionales culturalmente efectivas debe ser responsabilidad de los gobiernos estatales en estrecha colaboración con las dependencias federales, para dar sentido específico a la inversión federal.

• Promover la creación de redes de monitoreo y acción ciudadana en materia de seguridad pública, derechos humanos y de género y acceso equitativo a la administración de justicia.

• La Secretaría de Agricultura deberá reorientar sus programas para fortalecer de manera prioritaria la recuperación de la soberanía alimentaria en los municipios, las comunidades y los ejidos de mayor pobreza e índices de migración, vía la optimización de la agricultura de autoconsumo; además deberá apoyar a la promoción efectiva de los cultivos comerciales propios de los sectores campesinos e indígenas, para generar ingresos y empleo.

• Es necesario mejorar la relación entre el Poder Judicial, estatal y federal, para dar seguridad y garantizar los derechos humanos de los campesinos y de los indígenas.

• Finalmente, es indispensable considerar con seriedad en la planeación institucional las observaciones y recomendaciones sobre las insuficiencias y deficiencias de las políticas públicas de combate a la pobreza, promoción de la equidad, respeto a los derechos humanos y estrategia de seguridad, realizadas por el Coneval y otros organismos internacionales especializados.

*Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Pacífico Sur
** Miembro del Grupo Mesófilo, AC

Caficultores: lento y complicado salir de la pobreza

Lourdes Edith Rudiño

La pobreza rural es un fenómeno que se alimenta de diversas fuentes: desde la insuficiencia de activos productivos en las familias, hasta la carestía de servicios financieros, pasando por la insensibilidad e incluso corrupción de los operadores de las políticas públicas –que restringen el acceso a programas y apoyos fiscales—; la falta de infraestructura, y la acción de las grandes compañías y los coyotes, que ejercen una competencia desleal y mafiosa afectando a los campesinos. Por tanto, salir de la miseria se vuelve lento, complicado o imposible.

Esta conclusión se desprende del relato de productores cafetaleros de Ocosingo, de la Sociedad de Productores Orgánicos de la Selva Lacandona (Sposel). Ellos son Roberto Méndez López y José Manuel Pérez Vargas, presidente y responsable de control interno, respectivamente, de Sposel, organización que fue creada en 2002, con 254 miembros entonces y hoy con 643, de 25 comunidades (siete de ellas zapatistas) y que en conjunto cuentan con 883 hectáreas ubicadas entre dos áreas de reserva de Montes Azules, Metzabok y Naja.

La plática con La Jornada del Campo ocurre en el marco de una exposición organizada por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), pues ellos son beneficiarios de esta institución y desde hace dos años exportan casi toda su producción orgánica a Europa; antes exportaban por medio de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región de Istmo (UCIRI), de Oaxaca.

Explican su paradoja: En efecto, Sposel es exitosa en el mercado. Este año exportaron a Francia e Inglaterra cuatro lotes de 425 quintales de café verde cada uno (mil 920 toneladas en total), pero han debido enfrentar la competencia desleal, lo cual debilita a la organización y sus esfuerzos autogestivos.

El café de Sposel corresponde a campesinos minifundistas, que tienen de una o dos hectáreas aunque hay quienes cuentan con diez o 15. Sus comunidades están consideradas como de alta y muy alta marginación, y afirman los entrevistados, “sí hay aquí gente que sufre pobreza alimentaria”. El ingreso por hectárea que recibe un productor en esta organización es de 15 mil a 25 mil pesos anuales, pero ya muchos cultivan de forma asociada palma de chate, con lo cual pueden duplicar ese ingreso. Esa palma es un cultivo de exportación que produce colorantes, y que, dice don Roberto, se usa para pintar los billetes de dólar.

El caso es que Sposel acopia el café de sus agremiados, que es todo orgánico –libre de agroquímicos– y lo exporta con la certificación de Comercio Justo (CJ). Los compradores de CJ pagan 190 dólares cuando las cotizaciones internacionales son inferiores (esa es la marca para garantizar a los productores un piso para sus precios), pero cuando están arriba, también cubren sólo 190. Hoy día los precios han rebasado por mucho esa marca y por tanto las trasnacionales (Nestlé y Agroindustrias Unidas de México, AMSA) y los coyotes, que gozan de gran liquidez, financiados por esas compañías, pueden pagar más por el café y entonces muchos campesinos prefieren venderles a ellos antes que a Sposel.

La organización no logra competir además porque carece de liquidez. Es cierto, dice José Manuel Pérez, “manejamos mucho dinero, pero tenemos muchos gastos. El año pasado estuvimos maquilando el café en Oaxaca con costos de cien mil pesos por lote (…) Si queda ganancia del café lo invertimos en materiales, en bodegas, durante cuatro o cinco años estuvimos invirtiendo para poder tener la infraestructura de tostado y molido”. Mientras que los coyotes salen a comprar café con 200 mil o 500 mil pesos líquidos que les dan las trasnacionales, Sposel debe buscar crédito en diversas fuentes, como el BanChiapas y la Sofom Findeca. “Nos piden un tambache de documentación –acta constitutiva, datos de cuentas de banco, etcétera– y cuando se las llevamos, nos dicen que no tienen dinero”. Este año la organización recibió crédito de Lobodis, su comprador francés, que sirvió para el acopio de la mitad del café. “El asunto financiero es una piedra en nuestro camino”, dice José Manuel.

Los directivos de Sposel consideran que no obstante los problemas, Comercio Justo es un buen camino para comercializar su café, pero desearían que la marca fuera mayor a 190 dólares para evitar la competencia desleal. Reconocen que gracias a Comercio Justo y al premio social que de éste obtienen (un recurso que se paga para beneficio de la comunidad) han logrado capitalizar a la organización aunque a un paso lento, y también pudieron establecer recientemente su propia universidad. Es la Universidad Intercultural de la Selva Lacandona, que tiene ya seis alumnos y cuenta con las licenciaturas en Derecho Indígena, Mercadotecnia y Desarrollo Sustentable, además de que se integrarán otras, como Biología. “Son carreras que van acorde con las necesidades de la organización”, afirma José Manuel, y don Roberto explica que los profesores son indígenas de la región que están preparados, pero son gente humilde que habla tzeltal.

¿La organización ha logrado en algo abatir la pobreza?, preguntamos.

“Sí. Cuando comenzó la organización, yo los veía más acabados. La organización los ha enseñado a trabajar mejor su tierra, a cultivar mejor, a dedicarse más al trabajo y no a otras cosas; la gente cambia sus vidas, son mejores, valorizan más su familia, a ellos mismos, a los niños, pero sí, la pobreza persiste, sobre todo en quienes tienen menos tierra”, dice don Roberto.

José Manuel Pérez afirma: ”Cuando no estaba la organización, el coyote llegaba y pagaba lo que él quería. Si había un bulto de 50 kilos, lo pesaba en su báscula y decía que eran 45 kilos. Las básculas de la organización están checadas, tenemos personal capacitado, los productores verifican. Pienso que desde que se fundó Sposel, ha mejorado la capacidad de gestión y el nivel de vida de los productores”.

Esta agrupación ha tenido acceso a apoyos públicos, sobre todo por vía de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Por ejemplo, por trabajos de reforestación en sus comunidades obtuvieron hace algún tiempo un millón de pesos, que sirvió para repartir a cada productor mil pesos. Pero hay otros programas, por ejemplo para renovación de cafetales, que, en el caso de Chiapas han sido condicionados por las autoridades de Agricultura a que los campesinos pasen de variedad arábiga (de más valor y calidad) a robusta (que es una variedad que requiere Nestlé para sus presentaciones de café soluble).

Hace dos años, relatan los entrevistados, Sposel quiso recibir apoyos para este programa de cafetales, pero al ver que había tal condicionamiento, decidieron no entrar. El café que tienen sus socios está entre 600 y mil 500 metros sobre el nivel del mar. “El 90 por ciento de nuestro café es de altura”, dice José Manuel y considera que pasar a robusta sería absurdo.

Organizaciones cafetaleras nacionales han denunciado el interés de las autoridades de Agricultura por querer beneficiar a Nestlé promoviendo la siembra de café robusta, y aprovechando el recurso público.

Hostigamiento al obispo Raúl Vera por su solidaridad con los pobres y los indefensos

En mantas clandestinas colocadas en la catedral le piden que hable sólo de religión

Hostigamiento contra el obispo Raúl Vera, denuncian la diócesis de Saltillo y ONG
Aunque lo expongan a la agresión, el prelado seguirá sus actividades “por una sociedad más humana”

Leopoldo Ramos y Fernando Camacho
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Sábado 16 de julio de 2011, p. 8
Saltillo, Coah., 15 de julio. La diócesis de Saltillo denunció acciones de hostigamiento contra el obispo Raúl Vera López, las cuales se dieron con la instalación clandestina de mantas en la catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro histórico de esta capital.

Las mantas con las frases “Queremos un obispo católico” y “Queremos que el obispo sólo hable de religión” aparecieron la mañana del jueves en la explanada del edificio y fueron retiradas por personal del centro religioso.

En un comunicado que difundió ayer, la diócesis de Saltillo advirtió sobre “el contexto del hostigamiento contra el obispo Raúl Vera López por sus acciones pastorales”. Dijo que la actividad constante del prelado “con sus organismos, sus planes de trabajo y sus agentes de pastoral, no está al margen del evangelio ni de las normas y orientaciones de la Iglesia, ni de los retos de la sociedad en que vivimos”.

Anticipó que “por fidelidad al ministerio pastoral que desempeña”, Vera López “no cesará su dinamismo y su voz, que buscan contribuir a la construcción de comunidades de fe más vivas y comprometidas y de una sociedad más humana, aunque lo expongan a la agresión, tan fácil de perpetrar en estos días tan desafiantes en que vivimos”.

Añadió que “el trabajo pastoral del obispo diocesano, que abarca espacios muy variados de la vida de la Iglesia y de la sociedad, se inscribe claramente en el ámbito de las enseñanzas y las normas pastorales”, y que aborda no sólo asuntos religiosos, “sino también los de la vida pública, fuente continua de contradicciones, no representa un desvío hacia terrenos ajenos a la misión pastoral”.
El comunicado expone que la participación del religioso en temas de derechos humanos, defensa de los migrantes, de los obreros y minorías, como la comunidad homosexual, está respaldada en el Concilio Vaticano II, que desde 1959 promueve el desarrollo del catolicismo con una cercanía social.

“El fundamento de estas responsabilidades de la Iglesia y de sus ministros es, desde luego, la suprema dignidad del ser humano, única imagen de Dios que se muestra especialmente cercano a quienes viven en condiciones precarias y vulnerables, víctimas de los daños y perjuicios que causa un mundo desequilibrado”.

En tanto, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios manifestó en un comunicado su repudio a dichos actos de intimidación, que atribuyó a personas que apuestan por la intolerancia y la violencia.

“Nos preocupa sobremanera, dada la grave crisis de seguridad y violencia generalizada que vivimos en Coahuila, que estos grupos conservadores se oculten en el anonimato ante su incapacidad para proponer y entablar diálogos constructivos e incluyentes”, señaló el colectivo, que dijo confiar en que la defensa de las garantías individuales seguirá siendo prioridad del religioso.

Por su parte, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila también condenó las mantas. Subrayó que Vera es el “único obispo que camina junto con nosotras y nosotros, víctimas de la guerra”, y agradeció su apoyo y cariño incondicionales. “Preferimos un obispo comprometido con las causas de la gente que sufre y camina buscando la justicia y la paz”, apuntó.

Los derechos humanos y juicio civil a militares por violación a estos, cambios radicales en favor de México

Resoluciones históricas y significativas

Miguel Concha

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con las que entre el 5 y el 15 de julio resolvió de fondo, y no únicamente de manera administrativa, las consultas del expediente Varios 912/2010, sobre la obligatoriedad para el Poder Judicial (PJ) de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), del 23 de noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, y en las que asume –como es su obligación, en tanto tribunal constitucional– las reformas a la Constitución publicadas el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación, han sido calificadas con justicia por las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos como de trascendencia histórica y como precedente importante en la interpretación y decisiones que en el futuro tomen las autoridades jurisdiccionales, en temas claves para la protección de las garantías fundamentales de todas las personas en México.

Entre ellas precisan las siguientes.

1) La obligatoriedad para el Estado mexicano de las sentencias de la Coidh en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación, en lo particular, cuando sea parte de algún tratado que contemple violaciones a los derechos humanos aprobado por México, y se encuentra implicado en algún caso.

2) La prohibición constitucional de aplicar la jurisdicción militar en los casos en los que se hallen involucrados civiles.

3) Por lo mismo, la facultad originaria de la SCJN de control de constitucionalidad para resolver conflictos de competencias entre autoridades civiles y militares, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, lo que significa que la Corte, en su carácter de tribunal constitucional, declarará la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, mientras el Congreso no lo reforme, tal y como lo ordenó la Coidh en las sentencias de los casos de las presentes resoluciones, y en los de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Arteaga, así como en el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.

4) La obligación de todos los jueces del Estado mexicano a ejercer de manera oficiosa el llamado control de convencionalidad, esto es, el deber de sujetarse a los tratados internacionales que protejan derechos humanos aprobados por México, en los términos del artículo 1 reformado de la Constitución.

5) La obligación constitucional de todos los jueces del país que conozcan ante casos de violaciones a los derechos humanos de controversias sobre el fuero militar, de replicar obligatoriamente, y no sólo con carácter “orientador”, el criterio de la Coidh, en el sentido de que no es de ninguna manera competente, se restrinja a lo dispuesto en la Constitución, y por lo mismo subsista sólo para los delitos que afecten a la disciplina militar.
Puesto que se trata de sentencias que obligan al Estado mexicano, con ello la SCJN resolvió congruentemente, por lo que a ella toca, la adecuación de la interpretación jurisdiccional del fuero militar, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, su interpretación autorizada por la Coidh y la Constitución recientemente reformada, revirtiendo una jurisprudencia errónea del artículo 13 que duró muchos años, y ha propiciado la impunidad de los militares en casos de violaciones a los derechos humanos.

La propia ministra Margarita Luna Parra, en su ponencia presentada antes de la adopción de estas resoluciones, expresó correctamente lo siguiente:

“Consecuentemente, como el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece, y de conformidad con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a partir de ahora el fuero militar, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia podrá operar”.

Como se trata del acatamiento de una sentencia internacional obligatoria contra el Estado mexicano, falta ahora que la SCJN, una vez que complete su engrose, dé a conocer oficialmente sus resoluciones a la Coidh como poder autónomo y destinatario de la sentencia Radilla, así como al Ejecutivo federal para los efectos internacionales consiguientes, y que las difunda a toda la sociedad en su página de Internet y en sus propias publicaciones. Por lo tanto no dejó de ser igualmente trascendente la clarificación de la ministra Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que las resoluciones de la Coidh en las que México es parte son de carácter obligatorio, y no tienen simplemente un valor de “criterio orientador”, como pretendieron en días pasados las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.

Falta que también el Congreso, en cumplimiento de la sentencia y de las resoluciones de la SCJN, reforme cuanto antes el artículo 57 del Código de Justicia Militar, así como el 215 del Código Penal Federal. Falta sobre todo que los agentes del Ministerio Público Federal y estatales ya no remitan como mero trámite a la jurisdicción militar los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles en los que presuntamente son responsables miembros de las fuerzas armadas, y que, por el contrario, trasladen de inmediato al fuero común las averiguaciones previas que tengan sobre estos asuntos. Falta igualmente que los jueces desechen de su competencia estos casos, comenzando por los que la Coidh sanciona, o sometan a la resolución de la SCJN otros en los que se observe conflicto entre el fuero civil y el fuero militar.

El Obispo del Salto Ruy Rendón Leal fue nombrado Obispo de la muy herida diócesis de Matamoros

Designa Benedicto XVI a nuevo obispo de Matamoros en México

Nacido el 27 de octubre de 1953 en la ciudad de Cadereyta de Jiménez, en el estado de Nuevo León, Rendón cursó sus estudios de filosofía y los de teología en el Seminario Mayor de Monterrey.

Ciudad del Vaticano.-

El Papa designó hoy a Ruy Rendón Leal, quien se desempeñaba como prelado de El Salto, como nuevo obispo de la diócesis de Matamoros en México, informó la sala de prensa del Vaticano.

Nacido el 27 de octubre de 1953 en la ciudad de Cadereyta de Jiménez, en el estado de Nuevo León, Rendón cursó sus estudios de filosofía y los de teología en el Seminario Mayor de Monterrey.

Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1979 como parte del clero de la capital regiomontana. En 1995 obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

A lo largo de su carrera eclesiástica fungió como vicario parroquial en el templo de Nuestra Señora de la Esperanza, parte de la parroquia de Santa Ana en Monterrey, entre 1979 y 1980.

Además se desempeñó como formador en el Seminario de Monterrey, en cuya institución ocupó los cargos de director espiritual del Instituto de Filosofía en el seminario mayor y de prefecto de estudios en el menor, de 1980 a 1983.

Ha sido vicario de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Monterrey (1983-1985), párroco de San Juan Bautista en Villa de García (1985-1992) y responsable de la parroquia de San Felipe de Jesús en Monterrey (1995-1996).

En agosto de 1996 fue nombrado director espiritual del Instituto de Teología del Seminario de Monterrey, cargo que ocupó por espacio de nueve años.

El 28 de septiembre de 2005 el Papa Benedicto XVI lo designó obispo de la Prelatura de El Salto y recibió la ordenación episcopal el 30 de noviembre del mismo año, convirtiéndose así en el tercer prelado de esa demarcación eclesiástica.

En El Vaticano participó en el Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios (2008) y actualmente es miembro de la Comisión ante la Universidad Pontificia de México (trienio 2009-2012).

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