{"id":4979,"date":"2009-10-10T10:51:10","date_gmt":"2009-10-10T15:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=4979"},"modified":"2009-10-10T10:51:10","modified_gmt":"2009-10-10T15:51:10","slug":"la-publicidad-oficial","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=4979","title":{"rendered":"La Publicidad Oficial"},"content":{"rendered":"

Publicidad oficial <\/span><\/strong><\/p>\n

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y derecho a la informaci\u00f3n<\/o:p><\/span><\/strong>\u00a0<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Miguel Concha<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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La Jornada<\/span><\/st1:personname><\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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En estos d\u00edas se dio a conocer que la Oficina<\/st1:personname> de la Presidencia<\/st1:personname> de la Rep\u00fablica<\/st1:personname> hab\u00eda emitido una orden de suspender a partir de este mes los anuncios oficiales en las revistas de circulaci\u00f3n nacional (cfr. Proceso, 1718, 4 de octubre, p. 7). La noticia caus\u00f3 preocupaci\u00f3n porque compromete la econom\u00eda de esos medios, quiz\u00e1s en algunos casos hasta su supervivencia y l\u00ednea editorial independiente que caracteriza a muchos de ellos, y porque se trata de una determinaci\u00f3n de por s\u00ed discriminatoria, que no incluye desde luego a los medios electr\u00f3nicos, cuya asignaci\u00f3n presupuestal es mucho m\u00e1s voluminosa, desequilibrada y no equitativa.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Caus\u00f3 adem\u00e1s inquietud porque no se dan razones ni justificaciones, ni se hace intervenir a las autoridades encargadas por disposici\u00f3n oficial para ello, y porque la medida se toma casi en los mismos d\u00edas en que la Comisi\u00f3n Nacional<\/st1:personname> de los Derechos Humanos (CNDH) emite recomendaciones, tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales, pidi\u00e9ndoles, por el contrario, que instauren procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribuci\u00f3n de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicaci\u00f3n, tanto electr\u00f3nicos como impresos.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Tal parece, entonces, que se trata de una instrucci\u00f3n autoritaria, que busca no s\u00f3lo no corregir errores en el trato con esos medios, sino radicalizar oficiosamente una actuaci\u00f3n que viola los derechos a la libertad de expresi\u00f3n de los periodistas y a la informaci\u00f3n de la sociedad. Y ello tambi\u00e9n en momentos en que de nueva cuenta se exige al Congreso una legislaci\u00f3n general en materia de distribuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para la contrataci\u00f3n de publicidad gubernamental en los medios, con el fin de evitar que sean utilizados al capricho del gobernante en turno, y como forma de proteger los derechos arriba mencionados.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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El pasado 29 de septiembre, en efecto, la CNDH<\/st1:personname> estableci\u00f3 que el gobierno panista de Guanajuato vulnera la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n de los ciudadanos al suprimir y reducir de manera discrecional la publicidad oficial a los peri\u00f3dicos A. M. y Al D\u00eda, de Le\u00f3n. Lo mismo hab\u00eda hecho desde el a\u00f1o 2007 la Procuradur\u00eda<\/st1:personname> de Derechos Humanos de ese estado en relaci\u00f3n con el diario A. M., en una recomendaci\u00f3n entonces bien fundamentada en los instrumentos y mecanismos internacionales de protecci\u00f3n a los derechos humanos sobre la materia aprobados por M\u00e9xico, dirigida al presidente municipal de Le\u00f3n. Y el 4 de septiembre anterior la misma CNDH hab\u00eda emitido por primera vez en M\u00e9xico una recomendaci\u00f3n sobre este tema al director general de Pemex, por la suspensi\u00f3n discrecional de la publicidad a la revista Contral\u00ednea, a consecuencia de la publicaci\u00f3n de un reportaje sobre los contratos del fallecido Juan Camilo Mouri\u00f1o con esa paraestatal, y de una entrevista con el empresario del gas Jes\u00fas Zaragoza, quien declar\u00f3 que financi\u00f3 la campa\u00f1a presidencial del actual titular del Ejecutivo federal.<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Haciendo acopio de todo el marco jur\u00eddico nacional e internacional vigente en el pa\u00eds, la CNDH<\/st1:personname> demuestra puntualmente que la paraestatal viol\u00f3 los derechos a la igualdad, seguridad jur\u00eddica y libertad de expresi\u00f3n de los periodistas de Contral\u00ednea, impidi\u00e9ndoles con ello el derecho a realizar su labor, as\u00ed como el derecho a la informaci\u00f3n de la sociedad, obstaculizando as\u00ed el pluralismo informativo y el debate de ideas amplio y libre. Y resolvi\u00f3 que el director general debe instruir a la paraestatal para que \u201ccuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribuci\u00f3n de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicaci\u00f3n, tanto electr\u00f3nicos (subr\u00e1yese) como impresos\u201d. Lo cual vale tambi\u00e9n para todas las dependencias de los gobiernos federal y local, cuanto m\u00e1s que a escala federal es la Subsecretar\u00eda<\/st1:personname> de Normatividad de Medios de la Secretar\u00eda<\/st1:personname> de Gobernaci\u00f3n, y no la Oficina<\/st1:personname> de la Presidencia<\/st1:personname>, la encargada de dictar las pol\u00edticas de asignaci\u00f3n de recursos, as\u00ed como los requisitos para el registro y aprobaci\u00f3n de campa\u00f1as y programas de comunicaci\u00f3n. La Secretar\u00eda<\/st1:personname> de la Funci\u00f3n P\u00fablica<\/st1:personname> debe, a su vez, supervisar la transparencia en la erogaci\u00f3n de recursos y en la elaboraci\u00f3n de contratos con los medios. La libertad de expresi\u00f3n es una de las bases de los derechos y libertades democr\u00e1ticas.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Por ello, cuando los periodistas y los medios son silenciados, no son s\u00f3lo ellos las v\u00edctimas de las normas y pr\u00e1cticas represivas, sino todas las personas que se ven privadas de su derecho a la informaci\u00f3n. La discriminaci\u00f3n, el abuso y la falta de criterios transparentes y equitativos en la adjudicaci\u00f3n de publicidad oficial constituyen una restricci\u00f3n ileg\u00edtima a la libertad de expresi\u00f3n y al derecho a la informaci\u00f3n. En M\u00e9xico sin embargo todav\u00eda no existe una reglamentaci\u00f3n que regule la pol\u00edtica y el funcionamiento de las oficinas de comunicaci\u00f3n social del gobierno federal, ni el otorgamiento y caracter\u00edsticas de la propaganda oficial. Mucho menos en los estados y municipios. Durante el sexenio de Fox se presentaron al Congreso tres iniciativas para legislar al respecto. Y con el actual r\u00e9gimen, otras tres, sin que se haya logrado el cometido. Vale la pena subrayar que ninguna de esas propuestas provino del partido gobernante. Urge que \u00e9l y los dem\u00e1s partidos asuman esta responsabilidad fundamental de un Estado y sociedad democr\u00e1ticos.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/font><\/o:p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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