Sobre la criminalizaci\u00f3n de los
\nmovimientos sociales en Quer\u00e9taro<\/p>\n
Efra\u00edn Mendoza Zaragoza<\/p>\n
Los ciudadanos y las organizaciones sociales est\u00e1n en su absoluto derecho de moverse al margen y a\u00fan en contra de las instituciones del Estado. No s\u00f3lo pueden oponerse al orden jur\u00eddico, pueden combatirlo. La propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, \u00fatero de todas las instituciones del pa\u00eds, reconoce que \u201cel pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno\u201d. Bueno, pues, el mism\u00edsimo EZLN, cuando se alz\u00f3 en armas con el prop\u00f3sito de derrocar al gobierno, hace 15 a\u00f1os, lo hizo invocando este art\u00edculo, el 39 de la Constituci\u00f3n, que todav\u00eda est\u00e1 vigente aqu\u00ed donde a veces la Constituci\u00f3n parece importar muy poco. <\/p>\n
Siempre he cre\u00eddo que en la leg\u00edtima persecuci\u00f3n de sus prop\u00f3sitos las organizaciones sociales no deber\u00edan desde\u00f1ar el margen (a veces muy delgado margen) en que pueden ser \u00fatiles las instituciones para empujar sus luchas. Si bien el orden jur\u00eddico ha sido dise\u00f1ado para proteger la propiedad y asegurar el orden, tambi\u00e9n lo es que ese orden tiene grietas y resquicios a los que puede encontr\u00e1rseles utilidad. <\/p>\n
Es cierto que hay en la historia judicial de este pa\u00eds sentencias aberrantes, como la que exoner\u00f3 a un gobernador en su contubernio con un poderoso industrial para afectar a una periodista; como la que exoner\u00f3 al presidente de la Rep\u00fablica tras haber puesto en peligro la elecci\u00f3n presidencial de 2009, y como la que exoner\u00f3 a miembros del gabinete presidencial por la muerte de 49 ni\u00f1os y las heridas perennes a 75 m\u00e1s en una guarder\u00eda. <\/p>\n
Es cierto. Pero tambi\u00e9n es cierto que hay otras determinaciones judiciales que nos dejan como lecci\u00f3n que siempre ser\u00e1 mejor usar a las instituciones que escupirlas mandarlas al ca\u00f1o. Son las instituciones que tenemos y, sin apostar s\u00f3lo por ellas, es pertinente hacernos cargo de ellas para empujar la agenda ciudadana. <\/p>\n
Me interesa remitirme al suceso que se instal\u00f3 en la mente colectiva como \u201cel caso Atenco\u201d. Recuerdo haber le\u00eddo el \u00faltimo d\u00eda de junio de 2010, en la v\u00edspera de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n emitiera su hist\u00f3rica sentencia sobre Atenco, que el periodista Carlos Ram\u00edrez se preguntaba qu\u00e9 deb\u00eda imperar en el pa\u00eds, si \u201cla ley o los machetes\u201d. Desde el torpe planteamiento de esta disyuntiva, el comentarista anticipaba en tono furibundo su reclamo y advert\u00eda que si la Corte ordenaba la liberaci\u00f3n de los l\u00edderes presos de Atenco, otorgar\u00eda \u201ccertificado de impunidad a la protesta social que utiliza la violencia para imponer sus exigencias\u201d y derogar\u00eda el \u201cEstado de Derecho\u201d. <\/p>\n
Bueno, pues la Primera Sala de la Corte orden\u00f3 la liberaci\u00f3n de Ignacio del Valle y otros 11 l\u00edderes de Atenco, que por hechos ocurridos cuatro a\u00f1os atr\u00e1s hab\u00edan sido condenados a prisi\u00f3n hasta por la fabulosa cantidad de 112 a\u00f1os. En esa hist\u00f3rica sentencia, la Corte encontr\u00f3 un punto de conciliaci\u00f3n entre la ley y los machetes y ratific\u00f3 que al protestar y luchar por sus demandas las organizaciones sociales no cometen delito alguno. <\/p>\n
En el expediente del caso, la Corte document\u00f3 la vida cotidiana de la injusticia en M\u00e9xico: para acusar a los l\u00edderes sociales la Procuradur\u00eda us\u00f3 pruebas il\u00edcitas; sus acusadores partieron de \u201cpremisas falsas y endebles\u201d; hubo desmesura y desproporci\u00f3n en la reacci\u00f3n del Estado, que inconstitucionalmente us\u00f3 su maquinaria para acallar y menguar la fuerza de una organizaci\u00f3n que tiene todo el derecho de oponerse, al tiempo que se estableci\u00f3 que el caso deb\u00eda ser abordado y entendido en un contexto pol\u00edtico-social de presi\u00f3n a las autoridades para que atendieran sus demandas en beneficio de la poblaci\u00f3n. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, el ministro ponente, Juan Nepomuceno Silva Meza, [por cierto, hoy presidente de la Suprema Corte], estableci\u00f3, cito sus palabras textuales, que las sentencias dictadas a los l\u00edderes constituyeron \u201cuna forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar ser oposici\u00f3n\u201d. Repito la conclusi\u00f3n del ministro: las sentencias constituyeron \u201cuna forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar ser oposici\u00f3n\u201d. Por si no fuera suficiente, el ministro sostuvo que el reclamo social no puede ser considerado sin\u00f3nimo de delincuencia y repudi\u00f3 la \u201cideolog\u00eda totalitaria\u201d sobre la que descansaron las condenas, toda vez que la presunci\u00f3n de \u201cpeligrosidad\u201d tuvo como \u00fanico fundamento la pertenencia a una organizaci\u00f3n \u201cpeligrosa\u201d s\u00f3lo por ser opositora. <\/p>\n
Hay que leer con detenimiento el acta n\u00famero 23 de la sesi\u00f3n de la Primera Sala de la Corte, del 30 de junio de 2010, al resolver el amparo directo 4\/2010. Contiene una verdadera c\u00e1tedra sobre el tema que hoy nos re\u00fane aqu\u00ed. Y nos viene a confirmar lo dicho al principio: pese a la mala conducta de las instituciones hay que identificar sus grietas y hay que colarnos por ellas para hacer avanzar las demandas sociales. <\/p>\n
Una segunda cuesti\u00f3n que deseo expresar es la convicci\u00f3n de que a l\u00edderes sociales de Quer\u00e9taro, como Sergio Jer\u00f3nimo S\u00e1nchez S\u00e1enz, Pascual Lucas Juli\u00e1n y Anselmo Robles S\u00e1nchez,les aplica puntualmente la argumentaci\u00f3n del ministro Silva Meza y por ello no tuvieron por qu\u00e9 haber vivido en la c\u00e1rcel todo un sexenio ni haber sufrido vejaciones en el M\u00f3dulo Rojo de San Jos\u00e9 el Alto. Bajo el mismo recurso que se aplic\u00f3 a los l\u00edderes de Atenco, el de un expediente jur\u00eddico afectado de \u201cmaquillaje institucional\u201d, seg\u00fan las palabras que utiliz\u00f3 el ministro Silva Meza, se castig\u00f3 con la c\u00e1rcel a esos l\u00edderes por su trabajo en el Comit\u00e9 de Defensa Popular, en la organizaci\u00f3n de la colonia autogestiva Vista Alegre Maxei y en el Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas.
\n Tales fueron los excesos que, incluso, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la abogada Celia Maya Garc\u00eda, tuvo el arrojo suficiente para cuestionar el expediente judicial y salir en defensa de los encarcelados al considerarlos nada menos que \u201cpresos pol\u00edticos\u201d. M\u00e1s a\u00fan, el mism\u00edsimo Subcomandante Marcos estuvo en Quer\u00e9taro, en aquella Marcha por el color de la tierra, en marzo de 2001, hace justamente diez a\u00f1os, para reclamarlos como presos de su organizaci\u00f3n y demandar su liberaci\u00f3n.
\n Para concluir, hay que decir al menos una palabra respecto de otro l\u00edder actualmente en prisi\u00f3n: Rub\u00e9n D\u00edaz Orozco, dirigente de El Barz\u00f3n en los d\u00edas dif\u00edciles de 1995, y que pese a su precaria salud sigue encarcelado por haber encabezado las protestas de los deudores clasemedieros que para defender su patrimonio tomaron la calle, cerraron los bancos, retuvieron a los actuarios y emplumaron a los abogados. Podr\u00e1 decirse que Rub\u00e9n D\u00edaz Orozco actuaba como un exc\u00e9ntrico iluminado o que cometi\u00f3 errores y excesos.
\n S\u00ed, podr\u00e1n decirse de \u00e9l y de los l\u00edderes antes mencionados todo lo que se quiera. Pero lo que no podr\u00e1 decirse nunca es que en sus organizaciones hayan estado la corrupci\u00f3n, el abuso o la ruptura del Estado de Derecho. Hay que asomarnos bien para localizar d\u00f3nde est\u00e1n los verdaderos invasores de tierras. D\u00f3nde los verdaderos especuladores inmobiliarios. D\u00f3nde los verdaderos nidos de la corrupci\u00f3n. Y d\u00f3nde los verdaderos destructores del Estado de Derecho. No est\u00e1n, desde luego, en las organizaciones sociales. Nunca los van a encontrar all\u00ed porque all\u00ed no est\u00e1n.
\n Por supuesto, seguir\u00e9 insistiendo en que a Sergio Jer\u00f3nimo S\u00e1nchez S\u00e1ez debe garantiz\u00e1rsele su retorno a Quer\u00e9taro sin condici\u00f3n alguna. De igual manera, debe ser liberado Gustavo Romero Salazar, dirigente del Frente Estatal de Lucha. Y como en los \u00faltimos d\u00edas se han sumado nuevos hechos que obligan a enfatizar en la tendencia a criminalizar la protesta social, me sumo a las voces que reclaman que tambi\u00e9n deje su destierro Jorge Zurita Carre\u00f1o, que denunci\u00f3 una red de corrupci\u00f3n que involucra a funcionarios del primer c\u00edrculo del Poder Ejecutivo del Estado; me sumo desde luego a las voces que se solidarizan con el semanario Libertad de Palabra y su director, que junto a Tribuna de Quer\u00e9taro ha servido de altavoz a muy delicadas denuncias; me sumo a la indignaci\u00f3n por la persecuci\u00f3n policiaca en contra de 39 adolescentes, detenidos hace unos d\u00edas por manifestar con grafiti la frustraci\u00f3n que campea en la rep\u00fablica; me sumo al coraje por la detenci\u00f3n de un grupo de j\u00f3venes universitarios por impugnar al presidente de la Rep\u00fablica, cuya guerra s\u00f3lo ha tra\u00eddo desolaci\u00f3n en todos los caminos y abundante luto en miles de familias. Y, por supuesto, tambi\u00e9n este d\u00eda es oportuno recordar que en la lista de 561 desaparecidos pol\u00edticos en M\u00e9xico contin\u00faa inscrito el nombre de Arnulfo C\u00f3rdova Lustre, un sindicalista de la planta Kimberly Clark de San Juan del R\u00edo, desaparecido el 24 de marzo de 1981. Como puede verse, es falso que en Quer\u00e9taro no pasa nada. S\u00ed pasa, mucho y desde hace mucho.
\n Muchas gracias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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