¿Quién quiere la parota?

 ¿QUIÉN QUIERE LA PAROTA?


Mañana martes 12 de agosto se cumple el primer aniversario de una asamblea realizada por usos y costumbres en Agua Caliente, municipio de Acapulco, que representa para los comuneros de Cacahuatepec la conclusión de un proceso de consulta ejemplar realizado entre los opositores y simpatizantes al proyecto hidroeléctrico La Parota.

Este hecho histórico nos remite a la asamblea espuria realizada el 23 de agosto del 2005 en el municipio de San Marcos. En esta asamblea el nuevo gobierno mostró su verdadera faceta represiva; envió policías para impedir el ingreso a la asamblea de los campesinos opositores al proyecto, aglutinados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). No era para menos, ya que se trataba de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pudiera obtener la anuencia de la expropiación de sus tierras y la celebración de convenios de ocupación previa y temporal. En esta asamblea fueron los policías, los agentes de Gobernación estatal y varios funcionarios públicos del gobierno de Guerrero los que reprimieron a los opositores e impusieron su decisión, con el poder de las armas. Este hecho repudiable fue sancionado por el Tribunal Unitario Agrario que emitió el 27 de marzo del 2007 una resolución que nulificó la asamblea, en el juicio agrario 0047/2005.


Ante la derrota impuesta por el CECOP a la CFE, el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, obedeciendo órdenes de los operadores políticos del gobierno estatal, repuso el proceso y convocó a una primera asamblea para el 6 de mayo del 2007 en el poblado de San Juan el Grande. Al no reunir el quórum legal, el comisariado en esa misma fecha emitió una segunda convocatoria para de 20 de mayo del 2007. En esta reunión tampoco lograron reunir el quórum, y fue entonces cuando el CECOP se movilizó y se presentó al lugar de la asamblea.

A pesar de que a sus integrantes se les impidió la entrada al recinto, el CECOP presionó y entraron finalmente para negociar con el comisariado de bienes comunales. El CECOP demostró capacidad de diálogo e hizo ver al gobierno y a la opinión pública que era falsa la imagen creada de que se trataba de un movimiento opositor beligerante. Por el contrario, aprovechó el momento para convocar a su contraparte y establecer un diálogo de campesino a campesino. Reivindicó el derecho que tienen los pueblos a tomar decisiones sobre asuntos que sólo a ellos les incumben, como el destino de sus tierras. Este reencuentro de las partes en conflicto fue bien visto por todas las autoridades, al punto en que celebraron y apoyaron su iniciativa, e hicieron declaraciones en favor de que fueran los campesinos los que determinaran el futuro del proyecto de presa hidroeléctrica.


Visto este hecho en retrospectiva, entendemos que el gobierno estatal calculó que podría avasallar al CECOP, y por eso permitió que el presidente del comisariado aceptara la realización de una asamblea por usos y costumbres en un lugar estratégico, donde pudieran acarrear a gente de otros ejidos.

Nada de esto les salió a sus operadores políticos. El 12 de agosto de 2007 se registró una participación masiva de comuneros posesionarios y avecindados de Cacahuatepec, donde participaron campesinos opositores y supuestamente campesinos simpatizantes, que fueron acarreados por los operadores políticos pagados por la CFE y el gobierno del estado. En esa fecha histórica los campesinos escucharon los planteamientos de la paraestatal a través del director de proyectos de inversión de la CFE, Eugenio Laris Alanís, para presentar las bondades del proyecto hidroeléctrico. También tuvieron la opinión de expertos que con datos duros, desenmascararon los argumentos falaces del funcionario federal. En esta asamblea los campesinos tuvieron la palabra y determinaron tomar la decisión de ¡No a La Parota!


El CECOP –guiado por el convenio 169 de la OIT– realizó esta consulta a través de procedimientos adecuados, y con las instituciones representativas propias, como es su asamblea general, con el fin de informar y tomar decisiones que son de su propia competencia. Por otra parte, se fundó en el artículo 95 de la ley agraria, que otorga a la asamblea facultades para aprobar o no la ocupación previa con fines de expropiación. En este sentido la asamblea del 12 de agosto representa para los comuneros de Cacahuatepec, una consulta fundada en el derecho internacional y avalada por la misma ley agraria. Es un mandato que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a respetar. En esta asamblea, tanto los opositores como el comisariado de bienes comunales que es afín a la CFE, suscribieron un convenio donde rechazan la ocupación previa de sus tierras con fines de expropiación.


A estas alturas del conflicto existen los veredictos judiciales emanados de los siete juicios agrarios que el CECOP ganó en los tribunales y el veredicto comunitario que se expresó en la asamblea del 12 de agosto. Esta es la legalidad y legitimidad ganada a pulso por el CECOP y que las autoridades no pueden ignorar y tirar por la borda.

Sin tomar en cuenta todo este trabajo realizado con responsabilidad por parte del CECOP, que ha sido reconocido a nivel global por el Tribunal Internacional del Agua y por la misma ONU, a través de los relatores de Vivienda y Pueblos Indígenas, así como por organismos no gubernamentales de gran prestigio mundial como Amnistía Internacional, el gobierno federal, a través del Secretario de Gobernación, envía una mala señal a los dueños de las tierras. El secretario federal, abusando de su investidura e ignorando todos los antecedentes de esta lucha legal y pacífica, sin decir agua va aprovechó su visita a Guerrero a una actividad más política que propia de su cargo “para empujar la obra”.


Esta nueva embestida proveniente del gobierno federal es la premonición de otra estrategia política que busca ignorar las resoluciones y las recomendaciones de las autoridades nacionales e internacionales y borrar del mapa de los actores sociales al CECOP. Se utiliza el subterfugio de la consulta, como mero pretexto para retomar el control político del caso La Parota y alinear a los gobiernos estatal y municipal en su estrategia, tratando de abaratar los costos sociales, con la incorporación de otros sectores y actores ajenos al conflicto. Lo que se pretende es desplazar, arrinconar y neutralizar al CECOP. Ignorarlo como un interlocutor legítimo, descalificarlo y crear un escenario ficticio, donde aparezcan otros interlocutores dóciles, que vengan a jugar un papel decisivo en el nuevo rumbo que se le quiere dar a La Parota. El tema de la hidroeléctrica pasa a un segundo plano para centrarse en el tema del agua, que cae como anillo al dedo, para poder hablar de una consulta amplia donde la población de Acapulco, que carece de este líquido vital, se transforme en el centro de las preocupaciones de los tres niveles de gobierno y de este modo hacer digerible y aceptable la construcción de la hidroeléctrica.


¿En realidad quien quiere La Parota?

¿Los campesinos de Cacahuatepec, Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma que poseen el 63 por ciento de las tierras que pretenden ser expropiadas para la construcción de la hidroeléctrica?

¿O los políticos y empresarios que no tienen ningún derecho o mandato para decidir sobre el destino de estas tierras y que además no están comprometidos con los pueblos para que haya justicia en el campo?

¿Quién tiene más autoridad para decidir sobre el destino de las tierras comunales y ejidales, los campesinos que ahí viven y que son los titulares legítimos de estos territorios o las autoridades federales y estatales que responden a intereses económicos relacionados con la privatización de tierras de propiedad social?


A las autoridades que han aparecido en los medios de comunicación como Guillermo Ramírez, Ernesto Payán y Armando Ríos Piter, ¿qué espíritu humanitario les inspira para hablar ahora de una consulta más amplia sobre La Parota? ¿Dónde estaban cuando se inició el conflicto? ¿Por qué atienden solo el llamado de Mouriño e ignoran de tajo todo el trabajo jurídico, legítimo y reivindicatorio de los derechos colectivos que han realizado los opositores de La Parota? ¿Por qué no se informan sobre los estudios que ha realizado Amnistía Internacional y el reporte oficial que realizaron los relatores de la ONU, sobre el caso de La Parota y que fue presentado en la Asamblea General de la ONU el 4 de marzo de 2008, para poder tener una visión más completa del conflicto y así emitir opiniones con fundamento jurídico?


En estos cinco años de conflicto siguen sin aparecer los campesinos supuestamente simpatizantes del proyecto hidroeléctrico de La Parota. A pesar de los millones de pesos que se invirtieron para comprar conciencias, aprobar asambleas espurias y demostrar en el papel la aceptación de miles de campesinos para autorizar la construcción de la hidroeléctrica, hoy todo se esfumó, todo quedó en promesas y engaños. Lo único que prevalece es la división comunitaria, las órdenes de aprehensión, los procesos penales, las muertes irreparables de campesinos, las viudas, los huérfanos, el abandono gubernamental, y la amenaza de que La Parota va.


De nueva cuenta los campesinos opositores al proyecto tienen que bregar contra los planes aviesos de los gobernantes. Otra vez se verán obligados a movilizarse para defender sus tierras. La red de solidaridad que el CECOP ha tejido a nivel nacional e internacional estará atenta y alerta para no permitir que se pisoteen los derechos de los verdaderos dueños de las tierras del Acapulco rural.


Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

El Sur, 11 de agosto de 2008

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