Los defensores de Derechos Humanos hablan

 ONG´s exhiben ante la CIDH inflexibilidad del gobierno de Guerrero con defensores de derechos humanos ·     Organizaciones civiles estuvieron en audiencia hoy ante el Alto Tribunal Interamericano·     Exponen patrones de criminalización del gobierno de Guerrero contra los defensores de derechos humanos·     Solicitan a la CIDH una visita a Guerrero o visitas de relatore.s   Tlapa, Guerrero, México a 22 de octubre de 2008.- En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C., Estados Unidos, representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos evidenciaron hoy que en el gobierno de Guerrero son ineficaces e inexistentes los canales de diálogo para atender y resolver las demandas de los defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo expresaron que las autoridades alientan la impunidad por la falta de investigación en casos relacionados con hostigamientos, acoso y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos como ha ocurrido con el caso de la secretaria de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) con sede en Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel. La audiencia que concedió la CIDH dentro de su 133° período de sesiones que se llevó a cabo hoy, es producto del trabajo conjunto entre las organizaciones civiles de derechos humanos de la Red Guerrerense en coordinación con organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso Legal con sede en Washington D.C. Durante una hora (de 2 a 3 de la tarde tiempo de Washington), la Red Guerrerense representada por el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció ante el Alto Tribunal Interamericano la situación de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero y expusieron cómo el Poder Ejecutivo usa al Poder Judicial y a la misma Procuraduría General de Justicia del Estado para contener el descontento social y reprimir a la sociedad.  Las organizaciones de la sociedad civil exhibieron la inexistencia de canales eficaces de dialogo del gobierno de Guerrero para atender y resolver los planteamientos y demandas de los defensores de derechos humanos, éstos entendidos como luchadores sociales y líderes de organizaciones que han estado a lo largo de este trienio planteando una diversidad de demandas legítimas relacionadas con los derechos económicos sociales y culturales.   Por medio de Abel Barrera Hernández, director Tlachinollan, las organizaciones centraron su planteamiento con base a una serie de patrones de criminalización contra los defensores y defensoras y entre éstos citó: la falta de diálogo con las organizaciones sociales; la tendencia a desprestigiar y a deslegitimar la lucha social; la recurrencia a la represión de los movimientos que expresan su protesta; y la tipificación de algunos delitos penales que restringen la libertad de expresión como la Ley Dimayuga. Asimismo enfatizaron las ONG´s que el Estado mexicano ha ignorado el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas publicado en 2006, donde se establecen criterios y parámetros que obligan a los Estados nacionales a promover y proteger el trabajo de los defensores.  Dijeron que a consecuencia de esto han sido criminalizadas organizaciones como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), la Policía Comunitaria, el Consejo Ciudadano de Chilapa, el Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Bátháá, los estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa, la radio comunitaria Ñondaa, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la OPIM. Las organizaciones de la Red Guerrerense preocupadas por este panorama solicitaron a la CIDH que visite Guerrero; en tanto que al gobierno del estado demandaron la instalación de una mesa de diálogo con los defensores de derechos humanos y un representante de la CIDH; que reconozca la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos; que se deroguen los artículos 200 y 201 del Código Penal de Guerrero que penalizan la protesta social y que realice una investigación exhaustiva sobre los ataques contra defensores de derechos humanos perpetrados por el Ejército y corporaciones policiacas.  Aunque los comisionados manifestaron su preocupación por la falta de mecanismos eficaces para proteger la actividad de los defensores de derechos humanos, los representantes del gobierno de Guerrero no dieron una repuesta clara y tampoco tuvieron esa claridad en cuanto a la responsabilidad que deben de asumir para generar diálogo y para atender las demandas que se han estado acumulando por la falta de canales institucionales que resuelvan. También las autoridades dejaron sin respuesta la solicitud que hizo un comisionado de la CIDH acerca de lo que plantearon las organizaciones sociales de que hay delitos tipificados en el código penal que persiguen a defensores de derechos humanos, sólo apelaron a que están trabajando en un diagnóstico de derechos humanos, pero los mismos comisionados dijeron que lo que más interesa saber es cuáles eran las practicas concretas o los mecanismos que se han establecido para poder trabajar en la agenda de los defensores de derechos humanos. En la audiencia estuvieron Emily Jolie, coordinadora del Programa de Acceso Igualitaria a la Justicia de la Fundación del Debido Proceso Legal; Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales Sierra por parte de Tlachinollan; el abogado de la Red Guerrerense, Hegel Mariano Ramírez y la abogada del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. La delegación del gobierno de Guerrero estaba representada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón y la Subprocuradora Jurídica y de Atención a Víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), María de la Luz Reyes Ríos.  Por el gobierno federal estuvo Alejandro Negrín, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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