Derechos Humanos de La Montaña informa:

Buenas noches,

Espero que estén muy bien. Adjunto envíamos una muy buena noticia sobre el amparo que concedió la jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco a favor de cuatro de los cinco detenidos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), ordenando su libertad.

Esperamos que la información sea de su interés.

Saludos cordiales!




Patricia Bordier
Desarrollo Institucional

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mina 77, Col. Centro
Tlapa de Comonfort, Gro.
t.(757)476.1220
f.(757)476.1200

Juez federal concede amparo a indígenas me´phaa presos en Ayutla  <!–[if !supportLists]–>·     <!–[endif]–>La resolución fue dictada el pasado 15 de octubre a favor de 4 presos. Uno permanecerá en prisión.<!–[if !supportLists]–>·     <!–[endif]–>Los presos amparados tendrían que estar libres mañana martes 21 de octubre. <!–[if !supportLists]–>·     <!–[endif]–>La sentencia demuestra que la finalidad del encarcelamiento fue acabar con el trabajo organizado  Tlapa, Guerrero, México a 20 de octubre de 2008.- La jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla concedió un amparo a cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que desde hace seis meses están presos en el reclusorio de Ayutla señalados por el asesinato de un informante del Ejército.  Esta resolución fue dictada el 15 de octubre y en cuanto sea notificado el juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla, éste tendrá un plazo de 24 horas para poner en libertad a los indígenas detenidos. Esto significaría que a más tardar mañana martes 21 de octubre los presos estarán saliendo de la cárcel, a excepción de Raúl Hernández Abundio quien permanecerá en prisión porque la jueza de Distrito dice que los testigos señalan que él estuvo en el momento en que fue disparada el arma de fuego que dio muerte a Alejandro Feliciano García, el pasado 1 de enero de este año. No obstante esta acusación es muy vaga. Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio son vecinos de El Camalote comunidad en donde 14 indígenas fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud y pertenecen a la OPIM, organización que reivindica, lucha y pone en práctica los derechos humanos. Los cinco defensores de derechos humanos se encuentran presos desde el pasado 17 de abril de este año, después de que fueron detenidos en un retén policiaco-militar que forman parte de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), señalados como presuntos responsables de la muerte de Alejandro Feliciano García.  El pasado 7 de julio, los presos y sus asesores jurídicos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudieron ante la justicia federal para promover un amparo porque consideraron que es ilegal e inconstitucional el auto de formal prisión que el pasado 23 de abril dictó en su contra, el juez Alfredo Sánchez Sánchez. Señalaron que éste basó su veredicto en “dichos subjetivos” y “sospechas” de presuntos testimonios. A tres meses de aquella solicitud a los tribunales federales, la jueza Octava de Distrito Livia Lizbeth Larumbe determinó el miércoles 15 de octubre conceder el  amparo a favor de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina Como Centro de Derechos Humanos consideramos que esta revocación del auto de formal prisión obliga al juez Mixto de Primera Instancia de Ayutla a decretar la inmediata libertad de los cuatro indígenas me´phaa y a desahogar un juicio justo y conforme a derecho en contra Raúl Hernández Abundio, porque igual que sus compañeros él también es inocente, toda vez que no hay un señalamiento directo que indique que lo vieron a él accionar el arma contra Alejandro Feliciano y el simple hecho de estar en un lugar no te hace culpable de un crimen. De igual modo apreciamos que esta sentencia confirma que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) fabricó los delitos por los cuales fueron encarcelados los cinco indígenas de la OPIM y evidencia que la finalidad del encarcelamiento fue frenar el trabajo organizado que la OPIM está haciendo A la par, esta sentencia también echa abajo las declaraciones del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo cuando refiere que la detención de los compañeros de la OPIM no significaba una persecución contra esa organización sino que sólo se estaba aplicando la ley, pues los tribunales federales que son quienes revisan las violaciones a los derechos humanos, dictaminaron que no hay elementos para acreditar alguna responsabilidad a los indígenas me´phaa.  Insistimos que en el caso de los presos de la OPIM se obvió todo principio democrático que implica la división de poderes, pues el Poder Judicial no sólo se negó a tomar la declaración a los cinco presos, sino que también se dedicó a avalar el trabajo de la PGJE que no hizo más que fabricar delitos y combatir el trabajo de la organización.  Con esta resolución vemos una vez más que la aplicación de la justicia no es igual para todos, porque el caso de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de la indígena me´phaa Inés Fernández Ortega (que fue violada por soldados del Ejército Mexicano en 2002) aún sigue en la impunidad.  Hasta hoy no se ha hecho ninguna diligencia y tal parece que el gobierno de Zeferino Torreblanca está más preocupado por encarcelar a líderes de organizaciones que por investigar este asesinato.  

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