Derechos Humanos de La Montaña

¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos?  ·         En los últimos dos meses aumentan 14  casos de criminalización contra líderes sociales.·         El trabajo de defensores es censurado y criminalizado.·         ONG´s emplazan al gobernador  Zeferino Torreblanca a  instalar una mesa de diálogo para resolver las 215 acciones penales instauradas contra defensores y defensoras de derechos humanos.   Chilpancingo, Guerrero, México a 10 de diciembre de 2008.- A 60 años de que el Estado mexicano firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 10 años  de que suscribió la Declaración de Defensores de Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en nuestro país y en nuestro estado enfrentamos una grave crisis en el sistema de justicia y en los mecanismos de protección de los derechos humanos. El gobierno de Guerrero no ha asumido su responsabilidad de tutelar los derechos fundamentales de la población mayoritariamente pobre ni se ha comprometido a respetar las normas internacionales que rigen a los estados verdaderamente democráticos. El trabajo de los defensores y defensoras no sólo ha sido vilipendiado sino que es censurado y criminalizado por el Ejecutivo estatal, que se ha empeñado en descalificar de manera sistemática la lucha social y el derecho legítimo a la protesta.   El gobierno de la alternancia además de incumplir las promesas de cambio que ofreció, también ha emprendido la criminalización de los defensores de derechos humanos que se manifiestan a través de diversos patrones como: la deslegitimación, el desprestigio, la persecución a los que utilizan sus sistemas normativos, la fabricación de delitos  y la omisión frente a los abusos que sufren los defensores.    En Guerrero ha crecido el movimiento de los pueblos y organizaciones sociales por la defensa de los derechos humanos como una expresión clara del desarrollo de nuestra democracia participativa, sin embargo, las autoridades del estado han sido el principal obstáculo para impedir el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.  La histórica trayectoria de los luchadores sociales que ha dado el estado de Guerrero, contrasta de manera abismal con gobiernos antidemocráticos atrapados en la corrupción y la impunidad. Por desgracia, en nuestro estado las autoridades no tienen la estatura política para reconocer en el movimiento social la fuerza que necesita un gobierno que sea capaz de realizar las transformaciones necesarias, para desterrar el terror de la violencia y las actuaciones despóticas y arbitrarias de quienes violentan los derechos humanos.  Enfrentamos un grave deterioro de las instituciones democráticas y un impune avasallamiento de los derechos humanos que ha colocado a los defensores y defensoras en una situación de alto riesgo, porque no existen garantías para ejercer su trabajo con seguridad. Como Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos  hemos documentado varios patrones de criminalización y hostigamiento por parte del gobierno de Zeferino Torreblanca que se expresa en las siguientes cifras:   

Cuadro de criminalización 2005-2008
Número Estado actual de los casos
73 Procesos penales instaurados contra líderes sociales
75 Órdenes pendientes de ejecutarse
9 Expedientes cerrados por resoluciones favorables
44 Averiguaciones previas en integración contra líderes sociales
201 Total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales

  Estos datos ilustran la criminalización que han sufrido los defensores de derechos humanos en el lapso que va del año 2005 a mayo de 2008.  En 22 de octubre, la Red Guerrerense expuso el tema de la criminalización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que manifestó su preocupación por esta problemática que se vive en Guerrero y emplazó a las autoridades mexicanas a establecer un diálogo con las organizaciones sociales y civiles.  Por su parte, el Estado mexicano ha hecho mutis para establecer algún mecanismo de interlocución que garantice una atención seria y responsable de los planteamientos de los defensores y las defensoras de Guerrero. Esta cifra alarmante de la criminalización de la protesta responde a un patrón de comportamiento de las autoridades del estado que se caracteriza por fabricar delitos a los defensores, como ha sucedido con Felipe Arriaga, los cinco indígenas me´phaa  pertenecientes a la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa que se encuentran recluidos en la cárcel de Ayutla, el caso de los campesinos opositores a la presa La Parota, de los indígenas amuzgos de Xochistlahuaca, los indígenas nauas del Consejo Ciudadano Chilapa.  Otro patrón de criminalización es la persistente crítica y descalificación al trabajo de los defensores de derechos humanos, que ejercen su derecho a la protesta, ante la inflexibilidad del Ejecutivo estatal para acceder al diálogo con los movimientos de protesta. Otro método que se ha vuelto recurrente para un gobierno emanado de un partido de izquierda, es el recurso de la represión policiaca como ha sucedido con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Ciudadano de Chilapa y la reciente agresión a reporteros y fotógrafos que cubren la fuente legislativa.   En los últimos dos meses los casos de criminalización de defensores se han incrementado y lejos de atender las recomendaciones de los relatores sobre Defensores y defensoras y de Libertad de expresión, se sigue utilizando la fuerza policiaca como el método más efectivo para someter a los defensores que protestan, y se tortura con el argumento de que se trata de personajes vinculados a la delincuencia organizada como una forma burda de desprestigiar la lucha social. Esta delicada situación se traduce en las siguientes cifras:    

Incremento en casos de criminalización de noviembre de 2008 a la fecha
Número de casos Número de casos actuales Total de casos Estado actual de los casos
73 3 76 Procesos penales instaurados contra líderes sociales
75 8 83 Órdenes pendientes de ejecutarse
9 1 10 Expedientes cerrados por resoluciones favorables
44 2 46 Averiguaciones previas en integración contra líderes sociales
201 14 215 Total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales

 Este panorama sombrío de la violencia y de la política de criminalización de la protesta social, nos deja entrever a un gobierno represor que renuncia al diálogo para ignorar las demandas legítimas de los pueblos y organizaciones, que se movilizan para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, relacionadas con los derechos a la salud, vivienda, educación, trabajo y alimentación. La represión policiaca se ha ensañado contra los estudiantes, los indígenas y campesinos con el fin de desmovilizar a los pueblos y silenciar a sus líderes. De parte del gobierno estatal hay un intento de equiparar a los luchadores sociales con los delincuentes, recurriendo a la fabricación de delitos y al uso de la tortura como método de investigación. Las autoridades del estado tienen la obligación de respetar el libre ejercicio de las libertades fundamentales y de reconocer que la protesta social también forma parte del fortalecimiento de nuestra vida democrática, no deben olvidar que los pocos avances que se han nombrado en nuestro estado en materia de los derechos humanos ha sido por el esfuerzo generoso de los movimientos sociales y de hombres y mujeres, que se han entregado por la causa de la justicia y la democracia para todos.   Como defensoras y defensores de derechos humanos demandamos al gobierno del estado:·         Que respete y garantice nuestro trabajo.·         Que cese la criminalización de la lucha social.·         Que se resuelvan las 215 acciones penales instauradas contra defensores de derechos humanos. ·         Que cese la persecución y el hostigamiento contra los movimientos de protesta.·         Que se castigue a las autoridades responsables de violar los derechos humanos de la población.·          Y emplazamos al Ejecutivo estatal para que se establezca una mesa de diálogo encabezada por el gobernador para que se resuelvan los casos de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos y cese la persecución y descalificación a causa de nuestro trabajo.   

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