“Licencia para matar”…

Guerrero, “licencia para matar” 

Gloria Muñoz Ramírez 

 Ojarasca

La Jornada  

Un clima de violencia en el que se cruzan la delincuencia organizada, el narcotráfico, la militarización y la represión institucional contra las organizaciones indígenas que reivindican sus derechos colectivos en Guerrero, fue el marco en el que se produjeron los asesinatos no esclarecidos de los luchadores mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). 

En Guerrero, denuncia Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “hay licencia para matar a indígenas organizados, bajo el supuesto de que están vinculados a grupos armados. Así el Estado justifica la barbarie”. 

En los últimos cuatro años, señala Barrera Hernández, “han querido hacernos creer que con el gobierno de Zeferino Torreblanca, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las cosas serían distintas, pero las prácticas que se instalaron con la guerra sucia continúan, igual que las estructuras caciquiles regionales a las que ahora se añade la delincuencia organizada y el narcotráfico, configurando un ambiente de mayor violencia con una población inerme ante los grupos que la ejercen”. 

El gobierno de Torreblanca mantiene la visión de que los luchadores sociales son “lucradores sociales”, argumento que utiliza para castigar a los movimientos en un estado habitado por un pueblo empobrecido pero “que no se pone de rodillas, se organiza y lucha por sus derechos. Un pueblo heroico forjado en la sierra y en la montaña”, como lo describe Abel Barrera. 

Las luchas actuales en Guerrero, como las que protagonizan los ecologistas de Petatlán, la Policía Comunitaria de la Montaña y la Costa Chica, los opositores a la construcción de la presa La Parota, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa o los miembros del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me’ Phaa, entre muchas otras, han te­nido como respuesta la represión oculta o descarada. 

El centro Tlachinollan documentó en su informe del 2008 las violaciones a los derechos humanos que confirman que en Guerrero la resistencia tiene un precio y que “por cada paso que dan los pueblos indígenas para avanzar en el camino de su dignidad, el gobierno se les adelanta diez pasos más para reprimirlos y encarcelarlos”. Tan sólo en un año (de junio de 2007 a mayo del 2008) el gobierno estatal emprendió 201 acciones penales contra líderes sociales. 

Una de las experiencias de autonomía indígena más notables en todo el país es la Policía Comunitaria de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, proyecto de procuración e impartición de justicia conforme a usos y costumbres indígenas que ha logrado frenar la delincuencia en una región en la que los maleantes actúan coludidos con las autoridades municipales y estatales. Este eficiente ejercicio autonómico los tiene bajo amenaza permanente. Actualmente hay 38 órdenes de aprehensión en su contra.  

Una lucha tenaz por la defensa del territorio la protagoniza el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), movimiento que lucha contra la construcción de una presa que afectaría 17 mil 300 hectáreas y provocaría el desplazamiento de 25 mil campesinos. La respuesta del gobierno ha sido la detención de seis de sus dirigentes, quienes desde el 2004 siguen procesados. La construcción está parada. 

En junio del 2007 los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa iniciaron un movimiento en defensa de la educación pública, exigiendo que la Secretaría de Educación en Guerrero garantice su derecho al trabajo con la creación de nuevas plazas en educación primaria. En la protesta los estudiantes tomaron casetas de cobro y edificios públicos y el 30 de noviembre de 2007 fueron detenidos y salvajemente golpeados en la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol. El saldo fue de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso. 

Habitantes de 28 comunidades me´phaa de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort, se constituyeron como Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Me´phaa de la variante lingüística bátháá con el fin de reivindicar el derecho a la educación en su variante lingüística y el desarrollo de sus pueblos. La intimidación y 17 órdenes de aprehensión en su contra ha sido la respuesta oficial. 

La autonomía del pueblo amuzgo ha sido reivindicada por las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, derecho que les ha costado casi diez años de represión. En diciembre de 2004 nace en este municipio autónomo Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, para difundir su cultura, sus costumbres y tradiciones en su propia lengua, además de fomentar la unidad entre los pueblos de la región. El gobierno reaccionó a este proyecto autogestivo con amenazas, hostigamiento constante y 11 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.  

De acuerdo al informe más reciente del centro de derechos humanos Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) es “la más perseguida y hostigada por el ejército, la policía y la autoridad municipal de Ayutla de los Libres”. La OPIM es una organización hermana de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a la que pertenecían Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extrajudicialmente en febrero de este año, en lo que, afirma Tlachinollan, “es un crimen de Estado”. La OPIM y la OFPM habían denunciado abusos militares y policiacos, además de exigir justicia para dos indígenas violadas por soldados del ejército, así como indemnizaciones para las mujeres esterilizadas bajo engaños por la Secretaria de Salud. 

Otras organizaciones indígenas víctimas de la represión en Guerrero son la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado; la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, que se enfrentó a la minera canadiense Goldcorp Inc y al gobierno estatal para exigir un precio justo por la renta de sus tierras; el Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.   

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