Astillero
Julio Hernández
La Jornada
Jesucristo, vivido como negocio y privilegios, ha producido ejemplos de frivolidad y perversión, como son el obispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, quien llegó a la catedral de su nueva diócesis a bordo de un auto deportivo convertible (un BMW que, según eso, le había facilitado el gobierno municipal panista), o el pecaminosamente antológico de Ecatepec, el ex corredor de bolsa Onésimo Cepeda, o el cardenal Norberto Rivera, exculpado jurídicamente, mediante argucias procesales y tráfico de poder, de las acusaciones de proteger pederastas, o el ídolo de ciertos segmentos de las clases medias y altas conservadoras, Marcial Maciel, diaria e irreparablemente derruido. Se han citado sólo algunos ejemplos recientes de frivolidad y perversión que resultan notables, por su escándalo público, pues sabido es que a lo largo de su historia la Iglesia católica ha producido una larga lista de especímenes nefastos coronados con presunta autoridad administrativa espiritual, y que en estos mismos momentos, sin tanta difusión como en el caso de los altos jefes, hay muchos sacerdotes involucrados en asuntos de homosexualidad, abuso de menores, alcoholismo, fraudes y robos (el inenarrable Onésimo fue acusado en octubre de 2008 por presunto fraude procesal en un asunto de 130 millones de dólares relacionado con una colección de arte).
La gran mayoría de esos jefes de la Iglesia de culto mayoritario en el país viven a la sombra de los poderes terrenos, particularmente asociados a quienes ejercen los mandos políticos. Así sucede que, ante la desgracia nacional en curso, esas figuras religiosas prefieren mantenerse en silencio o expresarse tibiamente en relación con abusos, lesiones, asesinatos y constantes violaciones a los derechos humanos que cometen los policías de todo el país y, ahora, los militares habilitados como agentes federales. No siempre ha sido así, ni todos son así. El Viernes Santo de 1981, el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, emitió un decreto para excomulgar a quienes directamente o por encargo, o pudiendo evitarlo y no lo hicieran, participaran en actos de tortura. Decía don Sergio que era sumamente grave la tortura “tanto física, síquica, como moral, sobre todo cuando se hace con todos los agravantes, pues la hace la autoridad puesta para proteger y promover todo lo que contribuye a la vida y dignidad de los ciudadanos; se hace con la fuerza y los medios que el mismo pueblo proporciona para su seguridad y respeto, y constituye una violación y traición a la confianza depositada por el pueblo en sus autoridades…”
Hoy, 28 años después, en un México diariamente teñido de sangre arbitrariamente derramada, en el que cada hora son torturados mexicanos principalmente pobres, no hay voz de autoridad alguna de la Iglesia católica que sea capaz cuando menos de enfrentar con el expediente de la excomunión a esas máquinas de ilegítima violencia institucionalizada. Los señores obispos y cardenales (su gran mayoría) andan más ocupados en asistir a fiestas y comelitonas, en hacer caravanas a los políticos de moda y en cerrar negocios y cuidarse las espaldas mediante la complicidad silenciosa.Otra excepción a esa regla vergonzosa es el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien ayer emitió un mensaje de Pascua en el que habla del actual combate a los cárteles de las drogas y la urgencia de extenderlo a los ámbitos económico y político. “Existen los instrumentos internacionales para desmontar una de las estructuras del crimen organizado que no están siendo tocadas en la guerra contra el narcotráfico, su poderosa estructura económica”, señaló Vera. Luego mencionó que, dado que “la actuación de los cárteles en México ya está en el nivel de terrorismo”, es posible acogerse a puntos de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en los que se propone congelar “sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos” de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión, de las entidades de propiedad o bajo el control directo o indirecto de ellas, y de personas y entidades que actúen en nombre o asociadas a aquéllas.
Por otra parte, el ex obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas advirtió: “La otra estructura que permite actuar con mucho poder y desarrollarse en el alto grado que ha llegado a tener en el país es el apoyo que recibe desde los círculos políticos. Para desmontar esto no existe otro camino que el trabajo de inteligencia que lleve a detectar a las personas que desde dentro de las estructuras del Estado mexicano están contribuyendo a la destrucción de México con su apoyo cómplice al narcotráfico. Se debe proceder a la destitución y a juzgarlas conforme a los crímenes que han estado cometiendo”. La solución de los problemas actuales no está en que “metan a la cárcel a unos cuantos miembros de los brazos armados del narcotráfico o en la caída de algunas cabezas de los cárteles”, pues “si continúan con todo su dinero y cobijados en el poder de varios políticos seguirá creciendo su poder hasta que lleguemos a ver a México, en muy corto plazo, en la condición de Estado fallido, pues el crecimiento de la violencia que provoca el crimen organizado es exponencial”. Que así no sea….
Astillas
¿Qué hizo la administración calderonista después de que fue denunciado el intento de soborno electoral con fondos de la Lotería Nacional en Campeche? Aparte de sacar del escenario al director de esa caja chica, Miguel Ángel Jiménez (con la intención de que todo quede pronto en el olvido y la impunidad), redoblar significativamente su presencia en aquella entidad que le desea escriturar a la familia Mouriño. Insólitamente, en nueve días estuvieron allí los secretarios de Desarrollo Social y de Agricultura, expresamente ligados al clientelismo electoral, y el propio Felipe Calderón, quien ante los hechos denunciados por el Diario de Yucatán solamente ofreció el silencio y ciertas evasivas presuntamente humorísticas… ¡Hasta mañana!
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