México ante la CIDH por tres casos de violaciones

de derechos humanos que involucran a militares

 

México, DF, a 21 de septiembre del 2009

 

El Estado mexicano deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones de derechos humanos cometidas en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por integrantes del Ejército mexicano en el 2002; también deberá comparecer por el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas que fueron víctimas de tortura y detención arbitraria por parte de militares, en 1999.  

Hasta la fecha los tres casos permanecen en total impunidad, pues la constante en México ha sido que los abusos cometidos por militares –cobijados bajo un supuesto fuero– siempre quedan fuera del alcance de las autoridades y tribunales civiles, incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos.  

En los tres casos, se ha presentando una falta de debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables de los hechos; acompañada de la falta de reparación adecuada a la víctima y sus familiares, en un contexto agravado por las dificultades que enfrentan los miembros de los pueblos indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia. Por ello, los tres casos fueron enviados este año ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por parte de la CIDH.  

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, fueron arbitrariamente detenidos en 1999 por elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, quienes los torturaron e incomunicaron. Durante su proceso, las confesiones arrancadas bajo tortura fueron convalidadas por los jueces y aunque los liberaron por orden del entonces Presidente de la República, la inocencia de Rodolfo y Teodoro no ha sido plenamente reconocida. El caso fue enviado a la CoIDH en junio de 2009. Las organizaciones que litigan este caso son el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» y CEJIL.  

Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas en 2002 por efectivos militares y sus casos enviados a la justicia militar, permaneciendo en la total impunidad. La organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y CEJIL son los representantes de las víctimas.  

En reiteradas ocasiones, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han sostenido que el fuero militar no debe conocer sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por militares, debiendo limitarse a conocer de los delitos o faltas al orden castrense, pues cuando un Estado permite que las investigaciones de violaciones contra los derechos humanos las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas.  

CEJIL, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el Centro Prodh, como representantes en sus respectivos casos, esperan que las sentencias que emita la CoIDH  obliguen al  Estado mexicano a reformar su legislación, así como cumplir con las medidas necesarias para brindar un efectivo acceso a la justicia  y reparación del daño para las víctimas.