Estamos ante una emergencia, una más de las que atentan contra los pueblos zapatistas.

¿Quién se hace cargo en la 4T de la guerra contra los pueblos zapatistas?
Magdalena Gómez
Seguramente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que han trabajado por la justicia por más de 30 años, entenderán que no me puedo detener en este texto a enumerar las razones para disentir totalmente del juicio sumario y falto a la verdad que en su contra se emitió en días pasados desde la voz presidencial. Estamos ante una emergencia más de las que viven los pueblos indígenas en todo el país y, en este caso, una más de las que atentan contra los pueblos zapatistas.

De forma por demás lamentable la situación en Chiapas está mostrando los efectos de la complicidad de los factores que ostentan el poder político de manera formal con los que con raíz delincuencial de todo tipo han tomado el control para impulsar mediante la violencia toda suerte de despojos y desplazamientos forzosos. En las agresiones las comunidades zapatistas se han convertido en eje prioritario, si bien no el único, en los últimos cuatro años. Sólo recordemos el comunicado del EZLN del 19 de septiembre de 2021, Chiapas al borde de la guerra civil, firmado por el subcomandante Galeano. Despliega un diagnóstico del entramado que opera en la entidad y que hoy se viven los impactos. Destaca desde entonces las continuas agresiones a la comunidad zapatista Moisés Gandhi, los disparos nocturnos con armas de alto poder. Describe la composición y perfil criminal de quien las opera: la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) y la define como grupo político militar de corte paramilitar.

Ejemplo reciente es la provocación montada el 11 de septiembre de ese año, cuando la delegación aérea zapatista se disponía a iniciar la Caravana por la vida, capítulo Europa, mediante el secuestro de dos autoridades de la junta de buen gobierno de Patria Nueva. Todo ello con el gobierno de la entidad cruzado de brazos y quienes fueron liberados ocho días después por la intervención, reconocen, de dos párrocos y de organismos proderechos humanos. Concluye con una dura advertencia hoy presente: Ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federal frente al crimen actual y los anteriores tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los apadrinan. Es todo. Para otra ocasión ya no habrá comunicado. O sea ya no habrá palabras sino hechos. Veintiún meses después encontramos que la violencia paramilitar y del crimen organizado ha escalado, en especial los días recientes, igual en Chicomuselo, en Frontera Comalapa y en la comunidad zapatista Moisés Gandhi, donde otra vez la Orcao, tras una agresión de varios días, sin que las autoridades intervinieran, balaceó y dejó gravemente herido al tzeltal Jorge López Santiz, quien está en riesgo de muerte por un balazo en el pecho y otros órganos.

Esta situación llegó al límite y está en curso una campaña de de­nuncia y movilizaciones dentro y fuera del país con la consigna de poner un alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. El pasado 31 de mayo se difundió un Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi, signado por más de mil personas de los ámbitos intelectuales, artísticos, académicos y dos centenares de organizaciones de México y otros países.

El pronunciamiento retoma el análisis y denuncia del que emitió la dirigencia del EZLN. Su tesis central: Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. Y destacan la trayectoria y empeño zapatista por construir la autonomía y fortalecer el carácter civil de sus juntas de buen gobierno. Colocan un punto central que debería llevar al gobierno federal a acercar la lupa en sus programas, en la legitimidad de sus reglas de operación, si es que los asume sólo como sociales, y no como mecanismos, como en este caso, abiertamente contrainsurgentes. Se trata de que la Orcao con su violencia constante pretende despojar a los zapatistas de las tierras que recuperaron en el levantamiento de 1994, entre otros objetivos, para cobrar los apoyos gubernamentales del programa Sembrando Vida.

Está en curso la organización de movilizaciones en buena parte del país y fuera de él. El próximo 8 de junio se realizará una marcha en la Ciudad de México.

Pregunto: ¿habrá espacio para que desde el nivel Presidencial se reflexione en que no basta con repetir que no se ordenará la represión, pero en los hechos la termina avalando con la inacción ante el despojo y la complicidad en este caso del gobierno estatal? ¿No será hora de acompañar el Ya Basta?

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