<\/p>\n
En defensa propia
\nRescatar la justicia<\/p>\n
Alejandro Gertz Manero<\/p>\n
La \u00faltima encuesta del Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda indica que m\u00e1s de 68 por ciento de la poblaci\u00f3n considera que los jueces son corruptos, y que hay muy poca confianza en la administraci\u00f3n de justicia en el pa\u00eds; independientemente de la indudable existencia de juzgadores honorables y capaces en todos los niveles y estructuras judiciales, pero que, por encontrarse en minor\u00eda, no han logrado modificar la percepci\u00f3n se\u00f1alada.<\/p>\n
El actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, que se ha caracterizado por su honradez y valent\u00eda para enfrentar esta situaci\u00f3n y esas malas pr\u00e1cticas largamente arraigadas, ha descalificado contundentemente la corrupci\u00f3n y el nepotismo judicial, demostr\u00e1ndolo en los hechos; mientras ha propuesto, ante el Poder Legislativo, cambios fundamentales en la carrera judicial, en su capacitaci\u00f3n, en la gesti\u00f3n procesal, en los criterios aplicables y en la organizaci\u00f3n institucional, as\u00ed como en otros temas que ya se encuentran ante el Congreso.<\/p>\n
Si la gran mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n, as\u00ed como quien preside el Poder Judicial federal, coinciden en este diagn\u00f3stico, no se puede tener la menor duda de que esta situaci\u00f3n tan negativa es una realidad reconocida e innegable; y, por tanto, es una obligaci\u00f3n \u00e9tica aportar capacidades y experiencia para corregir esta grave crisis de justicia, ignorada durante d\u00e9cadas, en raz\u00f3n de que ha funcionado como un contundente instrumento de control y sujeci\u00f3n que el poder p\u00fablico ha utilizado sobre una poblaci\u00f3n abandonada e indefensa; y, por esas razones, consideramos que deben tomarse en cuenta los siguientes cambios prioritarios:<\/p>\n
Frente a los resultados que ha dado el garantismo procesal, que protege a los acusados ante el abuso de la autoridad y la ineptitud oficial, ahora es indispensable equilibrar y fortalecer al sistema legal para defender, con igual contundencia y prioridad, a las v\u00edctimas del delito que, al d\u00eda de hoy, son m\u00e1s de 36 millones de ofendidos en materia penal, para quienes no existe, en la realidad cotidiana, ni reparaci\u00f3n del da\u00f1o ni justicia alguna.<\/p>\n
Quien comete un delito no debe quedar impune; y si la polic\u00eda, el Ministerio P\u00fablico o alg\u00fan juez abusaron o violaron la ley y los derechos humanos del acusado, ellos deben ser sancionados ejemplarmente; pero tambi\u00e9n el delincuente debe ser castigado por su delito, reponiendo el procedimiento y obteniendo las pruebas legales que acrediten su \u00adresponsabilidad.<\/p>\n
Para no dividir, retrasar y complicar la secuencia procesal, el juez de control debe tener la m\u00e1s completa autoridad para llevar todo el proceso en forma expedita.<\/p>\n
Foto
\n? Acci\u00f3n policial en la alcald\u00eda Benito Ju\u00e1rez, el a\u00f1o pasado.Foto Alfredo Dom\u00ednguez
\nPara acabar con los plazos interminables y la corrupci\u00f3n de autoridades y de profesionistas sin escr\u00fapulos, que buscan subterfugios para medrar, retrasar y evadir la justicia, es necesario compactar los recursos en el juicio, acelerando sus soluciones inmediatas y castigando s\u00f3lidamente cualquier dilaci\u00f3n injustificada.<\/p>\n
En los delitos graves no debe permitirse la prescripci\u00f3n, ya que el da\u00f1o que producen es irreparable y la impunidad que generan es una afrenta p\u00fablica inaceptable, que es menester combatir a fondo.<\/p>\n
La reincidencia debe tipificarse con m\u00e1s precisi\u00f3n para poder aplicar la prisi\u00f3n preventiva obligatoria a los profesionales del delito y, as\u00ed, contener la escalada delictiva que se padece.<\/p>\n
En delitos contra la administraci\u00f3n de justicia deben aplicarse sanciones ejemplares para los jueces y servidores p\u00fablicos que act\u00faen contra la ley y la jurisprudencia, causando da\u00f1os o ventajas indebidas a cualquiera de las partes; el Ministerio P\u00fablico debe actuar de oficio en esos casos.<\/p>\n
Para fortalecer la credibilidad judicial es preciso que la Suprema Corte conozca, en \u00faltima instancia, los procedimientos penales contra los jueces y debe ejercer la atracci\u00f3n obligada de las sentencias de amparo en revisi\u00f3n, en los casos en que cualquier autoridad haya incurrido en alg\u00fan delito contra la administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n
La suspensi\u00f3n en el amparo, que tiene como objetivo evitar el abuso de la autoridad, debe contener plazos perentorios en su vigencia, obligando al amparista a someterse inmediatamente al Poder Judicial para dirimir su situaci\u00f3n legal y, as\u00ed, erradicar las m\u00faltiples dilaciones desmedidas que se dan \u00adcotidianamente.<\/p>\n
Para evitar que en el juicio de amparo el proceso se haga interminable y sospechoso, los jueces y magistrados deber\u00e1n invariablemente sentenciar a fondo y sobre la totalidad del asunto.<\/p>\n
En todos los juicios es primordial y apremiante que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o se garantice de inmediato y se cumpla en un plazo m\u00ednimo y obligado, para que as\u00ed se recupere la confianza en la justicia.<\/p>\n
Cuando existan evidencias de encubrimiento o de corrupci\u00f3n en la investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de los delitos cometidos por servidores p\u00fablicos municipales, estatales y federales, en el ejercicio de sus funciones, estos casos podr\u00e1n ser atra\u00eddos por la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
Estas propuestas es necesario promoverlas de inmediato ante el Poder Legislativo, para que realmente se empiece a contener la impunidad y se reivindique y fortalezca el Poder Judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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