Nahuatzen y el derecho a la libre determinaci\u00f3n<\/p>\n
Miguel Concha<\/p>\n
Jos\u00e9 Antonio Arreola y Jos\u00e9 Luis Jim\u00e9nez fueron condenados el 8 de noviembre de 2019 a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de sabotaje. En realidad se trata de concejales de la comunidad de Nahuatzen, en Michoac\u00e1n. A inicios de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) decidir\u00e1 si convalida su criminalizaci\u00f3n u ofrece su protecci\u00f3n a una comunidad valiente en el ejercicio de sus derechos.<\/p>\n
Desde septiembre de 2015 la comunidad ind\u00edgena pur\u00e9pecha de Nahuatzen decidi\u00f3 ejercer su autonom\u00eda a nivel comunitario, y luchar por el reconocimiento de su Concejo de Gobierno. No es la \u00fanica comunidad en el municipio que ha optado por la autonom\u00eda. Arantepacua, Sevina y Comachuen son otras comunidades que han optado por la figura de Concejo de Gobierno y ejercen su presupuesto directamente, decidiendo as\u00ed el tipo de desarrollo que se impulsa mediante sus prioridades de gasto.<\/p>\n
Optar por la autonom\u00eda fue el resultado de una reflexi\u00f3n profunda que se remont\u00f3 hasta sus ra\u00edces ancestrales para resolver un problema actual: la inseguridad. La comunidad de Nahuatzen denunci\u00f3 los v\u00ednculos de las autoridades municipales con el crimen organizado y concluy\u00f3 que las din\u00e1micas de los partidos no tienen controles suficientes para evitar que los candidatos electos sean influenciados o conducidos por los intereses de grupos criminales que controlan los territorios de Michoac\u00e1n.<\/p>\n
Y fue as\u00ed como decidieron poner la seguridad bajo la responsabilidad colectiva de la comunidad, haciendo uso de sus sistemas normativos propios. Esta decisi\u00f3n, respaldada en un primer momento por el tribunal electoral, encontr\u00f3 gran resistencia de actores locales, que han convertido al sistema electoral, basado en partidos, en su fuente de ingreso econ\u00f3mico y en su estrategia de control pol\u00edtico sobre el territorio. Estos grupos vieron afectados sus intereses con la opci\u00f3n por la autonom\u00eda, y han utilizado una diversidad de recursos para recuperar el poder pol\u00edtico perdido.<\/p>\n
En 2020 diversas organizaciones sociales organizaron una Misi\u00f3n Civil de Observaci\u00f3n que document\u00f3 los patrones de violaciones a los derechos humanos en la regi\u00f3n, particularmente la situaci\u00f3n de dos concejales de Nahuatzen que hoy se hallan presos injustamente en una c\u00e1rcel de Uruapan, Michoac\u00e1n. En 2019 fueron condenados por los delitos de sabotaje, robo calificado y robo de veh\u00edculo automotor. Organizaciones civiles, como la Red Solidaria Michoacana, y Servicios y Asesor\u00eda para la Paz, han documentado el proceso judicial y han denunciado p\u00fablicamente que las pruebas con las que los condenaron fueron fabricadas.<\/p>\n
Se trata de un caso claro de criminalizaci\u00f3n, t\u00e1ctica usada para infundir miedo entre personas defensoras de los derechos colectivos de sus comunidades ind\u00edgenas. La acusaci\u00f3n contra Jos\u00e9 Antonio y Jos\u00e9 Luis es supuestamente por liderar un grupo de 60 a 70 personas que ocasion\u00f3 disturbios y disparos de armas de fuego el primero de noviembre de 2018. Esta acusaci\u00f3n fue sustentada por el testimonio de funcionarios del ayuntamiento y una persona con v\u00ednculos cercanos a los funcionarios locales.<\/p>\n
Los peritajes incluidos fueron realizados por dos peritos de la fiscal\u00eda , y mencionan la existencia de cerraduras y vidrios rotos y documentos desordenados en su inmueble. Sin embargo, la fiscal\u00eda no ofreci\u00f3 ninguna prueba objetiva de la realizaci\u00f3n de la supuesta marcha, como podr\u00edan ser fotos, videos tomados por observadores circunstanciales, etc. De acuerdo con lo documentado por las organizaciones civiles, con testimonios de los habitantes de Nahuatzen, los hechos nunca ocurrieron. Todo es un montaje. Y por ello, en diciembre de 2020 los defensores presentaron un recurso de reclamaci\u00f3n ante la SCJN, el cual ser\u00e1 resuelto pr\u00f3ximamente por la ministra Norma Luc\u00eda Pi\u00f1a Hern\u00e1ndez.<\/p>\n
Se trata del \u00faltimo recurso judicial disponible. En sus manos est\u00e1 la posibilidad de iniciar un proceso que permita el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos colectivos e individuales de la comunidad de Nahuatzen. Sin embargo, lamentablemente el encarcelamiento de los dos concejales no es un hecho aislado, pues se da en un contexto de agresiones constantes contra el conjunto del Concejo Ciudadano Ind\u00edgena de Gobierno de Nahuatzen, ya que heridas de bala, agresiones por parte de la polic\u00eda municipal, violencia pol\u00edtica en contra de las mujeres concejalas, retenci\u00f3n ilegal del presupuesto, intromisi\u00f3n del tribunal electoral en la vida comunitaria de Nahuatzen, entre otros incidentes graves, son la constante del ambiente en que vive una comunidad que ha decidido luchar por el ejercicio de su derecho a la libre determinaci\u00f3n.<\/p>\n
Para esta comunidad, as\u00ed como para otras ubicadas en la meseta pur\u00e9pecha en Michoac\u00e1n, el ejercicio de sus derechos colectivos es fundamental para afrontar los serios problemas en temas de seguridad y para mantener sus formas de vida comunitaria.<\/p>\n
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