{"id":3994,"date":"2009-03-16T10:47:01","date_gmt":"2009-03-16T15:47:01","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=3994"},"modified":"2009-03-16T10:47:01","modified_gmt":"2009-03-16T15:47:01","slug":"licencia-para-matar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=3994","title":{"rendered":"\u00abLicencia para matar\u00bb…"},"content":{"rendered":"

Guerrero, \u201clicencia para matar\u201d<\/o:p><\/span><\/strong>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Gloria Mu\u00f1oz Ram\u00edrez<\/o:p><\/span><\/strong>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Ojarasca<\/span><\/span><\/p>\n

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La Jornada<\/span>\u00a0<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Un clima de violencia en el que se cruzan la delincuencia organizada, el narcotr\u00e1fico, la militarizaci\u00f3n y la represi\u00f3n institucional contra las organizaciones ind\u00edgenas que reivindican sus derechos colectivos en Guerrero, fue el marco en el que se produjeron los asesinatos no esclarecidos de los luchadores mixtecos Ra\u00fal Lucas Luc\u00eda y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organizaci\u00f3n<\/st1:personname> para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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En Guerrero, denuncia Abel Barrera Hern\u00e1ndez, director del Centro de Derechos Humanos de la Monta\u00f1a Tlachinollan<\/st1:personname>, \u201chay licencia para matar a ind\u00edgenas organizados, bajo el supuesto de que est\u00e1n vinculados a grupos armados. As\u00ed el Estado justifica la barbarie\u201d.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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En los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, se\u00f1ala Barrera Hern\u00e1ndez, \u201chan querido hacernos creer que con el gobierno de Zeferino Torreblanca, emanado del Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica<\/st1:personname> (PRD), las cosas ser\u00edan distintas, pero las pr\u00e1cticas que se instalaron con la guerra sucia contin\u00faan, igual que las estructuras caciquiles regionales a las que ahora se a\u00f1ade la delincuencia organizada y el narcotr\u00e1fico, configurando un ambiente de mayor violencia con una poblaci\u00f3n inerme ante los grupos que la ejercen\u201d.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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El gobierno de Torreblanca mantiene la visi\u00f3n de que los luchadores sociales son \u201clucradores sociales\u201d, argumento que utiliza para castigar a los movimientos en un estado habitado por un pueblo empobrecido pero \u201cque no se pone de rodillas, se organiza y lucha por sus derechos. Un pueblo heroico forjado en la sierra y en la monta\u00f1a\u201d, como lo describe Abel Barrera.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Las luchas actuales en Guerrero, como las que protagonizan los ecologistas de Petatl\u00e1n, la Polic\u00eda Comunitaria<\/st1:personname> de la Monta\u00f1a<\/st1:personname> y la Costa Chica<\/st1:personname>, los opositores a la construcci\u00f3n de la presa La Parota<\/st1:personname>, los estudiantes de la Escuela Normal<\/st1:personname> de Ayotzinapa o los miembros del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Ind\u00edgena Me\u2019 Phaa, entre muchas otras, han te\u00adnido como respuesta la represi\u00f3n oculta o descarada.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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El centro Tlachinollan document\u00f3 en su informe del 2008 las violaciones a los derechos humanos que confirman que en Guerrero la resistencia tiene un precio y que \u201cpor cada paso que dan los pueblos ind\u00edgenas para avanzar en el camino de su dignidad, el gobierno se les adelanta diez pasos m\u00e1s para reprimirlos y encarcelarlos\u201d. Tan s\u00f3lo en un a\u00f1o (de junio de 2007 a<\/st1:metricconverter> mayo del 2008) el gobierno estatal emprendi\u00f3 201 acciones penales contra l\u00edderes sociales.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Una de las experiencias de autonom\u00eda ind\u00edgena m\u00e1s notables en todo el pa\u00eds es la Polic\u00eda Comunitaria<\/st1:personname> de la Costa Chica<\/st1:personname> y La Monta\u00f1a<\/st1:personname> de Guerrero, proyecto de procuraci\u00f3n e impartici\u00f3n de justicia conforme a usos y costumbres ind\u00edgenas que ha logrado frenar la delincuencia en una regi\u00f3n en la que los maleantes act\u00faan coludidos con las autoridades municipales y estatales. Este eficiente ejercicio auton\u00f3mico los tiene bajo amenaza permanente. Actualmente hay 38 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en su contra. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Una lucha tenaz por la defensa del territorio la protagoniza el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota<\/st1:personname> (CECOP), movimiento que lucha contra la construcci\u00f3n de una presa que afectar\u00eda 17 mil 300 hect\u00e1reas<\/st1:metricconverter> y provocar\u00eda el desplazamiento de 25 mil campesinos. La respuesta del gobierno ha sido la detenci\u00f3n de seis de sus dirigentes, quienes desde el 2004 siguen procesados. La construcci\u00f3n est\u00e1 parada.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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En junio del 2007 los estudiantes y egresados de la Escuela Normal<\/st1:personname> de Ayotzinapa iniciaron un movimiento en defensa de la educaci\u00f3n p\u00fablica, exigiendo que la Secretar\u00eda<\/st1:personname> de Educaci\u00f3n en Guerrero garantice su derecho al trabajo con la creaci\u00f3n de nuevas plazas en educaci\u00f3n primaria. En la protesta los estudiantes tomaron casetas de cobro y edificios p\u00fablicos y el 30 de noviembre de 2007 fueron detenidos y salvajemente golpeados en la caseta de La Venta<\/st1:personname>, en la Autopista<\/st1:personname> del Sol. El saldo fue de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Habitantes de 28 comunidades me\u00b4phaa de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Metlat\u00f3noc y Tlapa de Comonfort, se constituyeron como Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Me\u00b4phaa de la variante ling\u00fc\u00edstica b\u00e1th\u00e1\u00e1 con el fin de reivindicar el derecho a la educaci\u00f3n en su variante ling\u00fc\u00edstica y el desarrollo de sus pueblos. La intimidaci\u00f3n y 17 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en su contra ha sido la respuesta oficial.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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La autonom\u00eda del pueblo amuzgo ha sido reivindicada por las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, derecho que les ha costado casi diez a\u00f1os de represi\u00f3n. En diciembre de 2004 nace en este municipio aut\u00f3nomo Radio \u00d1omndaa, La Palabra<\/st1:personname> del Agua, para difundir su cultura, sus costumbres y tradiciones en su propia lengua, adem\u00e1s de fomentar la unidad entre los pueblos de la regi\u00f3n. El gobierno reaccion\u00f3 a este proyecto autogestivo con amenazas, hostigamiento constante y 11 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en contra de sus miembros. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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De acuerdo al informe m\u00e1s reciente del centro de derechos humanos Tlachinollan, la Organizaci\u00f3n<\/st1:personname> del Pueblo Ind\u00edgena Me\u00b4phaa (OPIM) es \u201cla m\u00e1s perseguida y hostigada por el ej\u00e9rcito, la polic\u00eda y la autoridad municipal de Ayutla de los Libres\u201d. La OPIM<\/st1:personname> es una organizaci\u00f3n hermana de la Organizaci\u00f3n<\/st1:personname> para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a la que pertenec\u00edan Ra\u00fal Lucas Luc\u00eda y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extrajudicialmente en febrero de este a\u00f1o, en lo que, afirma Tlachinollan, \u201ces un crimen de Estado\u201d. La OPIM<\/st1:personname> y la OFPM<\/st1:personname> hab\u00edan denunciado abusos militares y policiacos, adem\u00e1s de exigir justicia para dos ind\u00edgenas violadas por soldados del ej\u00e9rcito, as\u00ed como indemnizaciones para las mujeres esterilizadas bajo enga\u00f1os por la Secretaria<\/st1:personname> de Salud.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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Otras organizaciones ind\u00edgenas v\u00edctimas de la represi\u00f3n en Guerrero son la Asamblea Popular<\/st1:personname> de los Pueblos de Guerrero, conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado; la Asamblea Permanente<\/st1:personname> del Ejido de Carrizalillo, que se enfrent\u00f3 a la minera canadiense Goldcorp Inc y al gobierno estatal para exigir un precio justo por la renta de sus tierras; el Consejo Ciudadano de Chilapa y el Centro Regional de Derechos Humanos Jos\u00e9 Mar\u00eda Morelos y Pav\u00f3n.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/font><\/o:p>\u00a0<\/span><\/o:p><\/font>\u00a0<\/font><\/o:p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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