{"id":5346,"date":"2010-01-02T10:47:58","date_gmt":"2010-01-02T16:47:58","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/2010\/01\/02\/mexico-y-la-c-i-d-humanos-a-cumplir\/"},"modified":"2010-01-02T10:47:58","modified_gmt":"2010-01-02T16:47:58","slug":"mexico-y-la-c-i-d-humanos-a-cumplir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=5346","title":{"rendered":"M\u00e9xico y la C I D Humanos; a cumplir"},"content":{"rendered":"

<\/span><\/strong><\/p>\n

Justicia internacional contra M\u00e9xico<\/o:p><\/span><\/strong>\u00a0<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Miguel Concha<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/st1:personname><\/p>\n

La Jornada<\/span><\/st1:personname><\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Los d\u00edas 16 y 23 de noviembre la Corte Interamericana<\/st1:personname> de Derechos Humanos (CIDH) emiti\u00f3 sentencias en contra de M\u00e9xico por los casos Campo algodonero y Rosendo Radilla. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Estas sentencias deben ser implementadas en el pa\u00eds, toda vez que las resoluciones de esta Corte son obligatorias en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 62 de la Convenci\u00f3n Americana<\/st1:personname> sobre Derechos Humanos, que establece que su competencia ser\u00e1 obligatoria de pleno derecho y sin convenci\u00f3n especial sobre todos los casos relativos a la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de esta convenci\u00f3n\u201d. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

M\u00e9xico acept\u00f3 la jurisdicci\u00f3n de la CIDH<\/st1:personname> el a\u00f1o de 1998, y por lo tanto se oblig\u00f3 a cumplir con sus sentencias en dichos t\u00e9rminos. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Estos casos son ya el tercero y cuarto que llegan a esa instancia en contra de M\u00e9xico, algo que al menos por decoro, y por la mala fama que est\u00e1 adquiriendo nuestra justicia a nivel internacional, deber\u00eda ser ponderado por nuestras autoridades de procuraci\u00f3n y administraci\u00f3n de justicia.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El primer caso que le lleg\u00f3 fue el de Alfonso Mart\u00edn del Campo Dodd en 2004, en el que se denunciaban la tortura y violaciones graves al debido proceso. En esa ocasi\u00f3n la Corte<\/st1:personname> no estudi\u00f3 el fondo de los hechos, por tratarse de violaciones cometidas previamente a la aceptaci\u00f3n de su jurisdicci\u00f3n por M\u00e9xico. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Afortunadamente un nuevo informe al respecto fue tambi\u00e9n publicado en noviembre por la Comisi\u00f3n Interamericana<\/st1:personname> de Derechos Humanos, y en \u00e9l se le recuerdan a M\u00e9xico las violaciones en este caso, y su obligaci\u00f3n de revisarlo. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El segundo fue el de Jorge Casta\u00f1eda Gutman. En esa ocasi\u00f3n la naturaleza de la petici\u00f3n y la jurisprudencia de la misma Corte exig\u00eda una tramitaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida, y en 2008 se emiti\u00f3 una sentencia, en la que determin\u00f3 que se hab\u00eda violado el derecho de acceso a la justicia del peticionario. Estos dos casos sirven como antecedente a las resoluciones emitidas en noviembre pasado en los casos Campo algodonero y Rosendo Radilla. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El primero de ellos, como se sabe, se llev\u00f3 ante la Corte<\/st1:personname> cuando en noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en un campo algodonero de Ciudad Ju\u00e1rez, Chihuahua. Las v\u00edctimas eran en su mayor\u00eda menores de 18 a\u00f1os, y sus homicidios se dieron en el contexto de los asesinatos de mujeres en Ju\u00e1rez. La CIDH<\/st1:personname> concluy\u00f3 que el Estado mexicano viol\u00f3 derechos humanos consagrados en el Pacto de San Jos\u00e9 y en la Convenci\u00f3n<\/st1:personname> de Belem do Par\u00e1, y por primera vez us\u00f3 la expresi\u00f3n \u201chomicidio de mujer por razones de g\u00e9nero\u201d, conocido tambi\u00e9n como feminicidio en M\u00e9xico, y como femicidio en Guatemala. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Los derechos que se consideraron vulnerados fueron, seg\u00fan la Corte<\/st1:personname>: violaci\u00f3n de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal, al no haberlos garantizado ni haber adoptado disposiciones que evitaran los feminicidios. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Se determin\u00f3 igualmente que M\u00e9xico no hab\u00eda cumplido con la obligaci\u00f3n de investigar, y que por tanto se violaron los derechos de acceso a la justicia y a la protecci\u00f3n judicial, as\u00ed como a la no discriminaci\u00f3n y violaciones a los derechos de las ni\u00f1as y los ni\u00f1os. Se dispuso que las autoridades mexicanas deber\u00e1n conducir eficazmente el proceso penal en curso, y, de ser el caso, identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparici\u00f3n, maltratos y privaci\u00f3n de la vida de las j\u00f3venes.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En el caso Rosendo Radilla la Corte<\/st1:personname> determin\u00f3 que M\u00e9xico era culpable por su desaparici\u00f3n forzada, ocurrida en Guerrero el a\u00f1o de 1974. En este caso el Estado mexicano fue encontrado por primera vez responsable de una desaparici\u00f3n cometida durante la guerra sucia, y se determinaron tambi\u00e9n la violaci\u00f3n de los derechos a la libertad, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica y a la vida de Radilla, ordenando al gobierno federal que contin\u00fae con su b\u00fasqueda \u201cefectiva\u201d y su localizaci\u00f3n \u201cinmediata\u201d, o, en su caso, \u201centregar los restos de la v\u00edctima\u201d. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Se determinaron tambi\u00e9n violaciones al acceso a la justicia y al debido proceso, al no poder ser procesadas en M\u00e9xico las personas acusadas de desaparici\u00f3n, por estar indebidamente amparadas por el C\u00f3digo de Justicia Militar. Por lo que se le ordena al gobierno que en un plazo \u201crazonable\u201d debe reformar el art\u00edculo 57 de ese c\u00f3digo, ya que es incompatible con el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana<\/st1:personname> sobre Derechos Humanos (garant\u00edas judiciales). <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Le ordena igualmente reformar el art\u00edculo 215-A del C\u00f3digo Penal Federal, por considerarlo un obst\u00e1culo para asegurar la sanci\u00f3n a todos los autores, c\u00f3mplices y encubridores de cualquiera de los poderes u \u00f3rganos del Estado, responsables del delito de desaparici\u00f3n forzada de personas, o bien para castigar a un particular que act\u00fae \u201ccon la autorizaci\u00f3n, el apoyo y la aquiescencia del Estado\u201d.<\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Las sentencias emitidas son claras al declarar la responsabilidad del Estado y se\u00f1alar fallas estructurales que propician violaciones a los derechos humanos, como la falta de investigaci\u00f3n y leyes contrarias y deficientes. <\/o:p><\/span>\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Si bien las sentencias pueden considerarse un logro, no se debe olvidar que las mismas se emitieron porque se cometieron violaciones graves y el Estado no tuvo la voluntad de aclararlas, ni en el nivel de la procuraci\u00f3n de justicia ni en el de las instancias judiciales. Toca implementar dichas sentencias. Esperemos que sin dilaci\u00f3n y de manera eficaz, para evitar violaciones futuras.<\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Justicia internacional contra M\u00e9xico\u00a0\u00a0\u00a0 Miguel Concha\u00a0\u00a0 \u00a0 La Jornada\u00a0\u00a0 Los d\u00edas 16 y 23 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emiti\u00f3 sentencias en contra de M\u00e9xico por los casos Campo algodonero y Rosendo Radilla. \u00a0 Estas sentencias deben ser implementadas en el pa\u00eds, toda vez que las resoluciones de esta Corte son […]<\/p>\n","protected":false},"author":249,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-5346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mundo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/249"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5346\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}