Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para brindar su apoyo a los y las ejidatarias de Tila que han resistido de manera pac\u00edfica por la defensa de su territorio.<\/p>\n
Gubidcha Matus.<\/p>\n
San Crist\u00f3bal de Las Casas, Chiapas,<\/span><\/p>\n A 29 de enero de 2010<\/span><\/p>\n Bolet\u00edn \u00a0<\/span>01<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Contin\u00faan violaciones del derecho al territorio al Pueblo Ch\u00b4ol de Tila <\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El pasado 14 de enero se cumpli\u00f3 un a\u00f1o de que el Juez Primero de Distrito de Tuxtla Guti\u00e9rrez ordenara el cumplimiento del amparo 259\/1982, en el que declar\u00f3 inconstitucional el Decreto 72 de fecha 17 de diciembre de 1980 emitido por el gobierno del estado de Chiapas para constituir un fundo legal de 130 hect\u00e1reas en el ejido de Tila. Con esta resoluci\u00f3n el juez federal requiri\u00f3 al gobierno del estado y al Ayuntamiento Municipal de Tila que en 24 horas restituyera a los ejidatarios su pleno derecho a la propiedad de las tierras despojadas y el pago de la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os ocasionados.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n De acuerdo con el testimonio de los ejidatarios, el gobierno del estado a trav\u00e9s de la Secretaria General de Gobierno ha pretendido sobornar e intimidar a las autoridades ejidales para forzarlas a llegar a un \u201cacuerdo\u201d sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las 130 hect\u00e1reas y as\u00ed evadir el cumplimiento de la sentencia de amparo. <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Los ejidatarios se\u00f1alan que el gobierno del estado tiene inter\u00e9s en provocar un conflicto social entre los ejidatarios de Tila y los avecindados, al generar miedo en estos \u00faltimos de que ser\u00e1n desalojados por la fuerza y expulsados del ejido como consecuencia del cumplimiento del amparo. Situaci\u00f3n que ha sido negada por los ejidatarios, al mencionar que su lucha consiste en defender su territorio como pueblos ind\u00edgenas, frente al despojo de m\u00e1s de 30 a\u00f1os por parte de las autoridades del gobierno del estado de Chiapas y el Ayuntamiento Municipal de Tila.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupaci\u00f3n ante las acciones del gobierno del estado y el ayuntamiento municipal de Tila, que fracturan el tejido social de los pueblos ind\u00edgenas.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha sostenido en repetidas oportunidades que \u201c(\u2026) la estrecha vinculaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ah\u00ed se encuentren, as\u00ed como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana\u201d.<\/em>[1]<\/font><\/span><\/sup><\/span><\/sup><\/a><\/span><\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Asimismo, la Corte-IDH en su desarrollo jurisprudencial ha reconocido la relaci\u00f3n especial que los pueblos ind\u00edgenas y tribales tienen con su territorio, y la necesidad de proteger su derecho a ese territorio a fin de garantizar la supervivencia f\u00edsica y cultural de dichos pueblos. En este sentido, la Corte-IDH ha afirmado que[2]<\/font><\/span><\/sup><\/span><\/sup><\/a>: <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n \u201cLa estrecha relaci\u00f3n que los ind\u00edgenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia econ\u00f3mica. Para las comunidades ind\u00edgenas la relaci\u00f3n con la tierra no es meramente una cuesti\u00f3n de posesi\u00f3n y producci\u00f3n sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente [\u2026] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras\u201d.<\/span><\/em><\/p>\n <\/span><\/p>\n Por lo que conforme al art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (CADH), el gobierno mexicano debe respetar la especial relaci\u00f3n que los pueblos ind\u00edgenas tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y econ\u00f3mica. <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Dicha protecci\u00f3n de la propiedad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la CADH, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le adjudica al gobierno mexicano la obligaci\u00f3n positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los pueblos ind\u00edgenas el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente; as\u00ed como a adoptar medidas especiales para respetar, proteger y garantizar su derecho de propiedad con pleno respecto a su territorio.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n En el presente caso, el gobierno mexicano no ha adoptado las medidas especiales para respetar, proteger y garantizar el derecho de propiedad respecto al territorio afectado en primer t\u00e9rmino por los actos de dominio promovidos por el Ayuntamiento Municipal de Tila, as\u00ed como por la emisi\u00f3n del \u201cDecreto 72\u201d por el Gobernador y el Congreso del Estado de Chiapas, que pretend\u00eda establecer un fundo legal en la zona urbana del ejido. En segundo lugar, por la dilaci\u00f3n injustificada para dar cumplimiento a la sentencia de amparo 259\/1982 emitida por el Juez Primero de Distrito en Tuxtla Guti\u00e9rrez.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El gobierno mexicano es responsable de estos actos de afectaci\u00f3n al territorio del Pueblo Ch\u00b4ol de Tila, los cuales no se apegaron a los procedimientos establecidos por la legislaci\u00f3n interna, tal y como el art\u00edculo 21.2 de la CADH se\u00f1ala como excepci\u00f3n para afectar el derecho a la propiedad. Asimismo, el gobierno mexicano al permitir que agentes del Estado se aprovecharan del desconocimiento de las leyes de las autoridades ejidales para lucrar con su territorio y arrogarse la propiedad de parte de su territorio, ha infringido diversas disposiciones del Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, entre ellas el art\u00edculo 13 y 17.3.<\/span><\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Este Centro considera que el despojo al ejido de Tila y el incumplimiento del estado de derecho por parte del gobierno mexicano al no acatar una orden judicial federal, es una muestra m\u00e1s de la pol\u00edtica de estado de no respetar los derechos humanos de los pueblos originarios. Las normas federales y locales referentes a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas hasta la fecha se han destacado por significar una simulaci\u00f3n de cambio y de cumplimiento de compromisos de car\u00e1cter internacional. Puesto que el status quo se mantiene intacto y los pueblos ind\u00edgenas constantemente amenazados a perder su tierra, territorio y la vida que ellos decidan de manera libre y aut\u00f3noma construir.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Este Centro de Derechos Humanos expresa su profundo rechazo y extra\u00f1amiento al gobierno mexicano por este acto de discriminaci\u00f3n al pueblo Ch\u00b4ol de Tila.<\/span><\/p>\n \n
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