Violencia e impunidad<\/p>\n
Miguel Concha<\/p>\n
La Jornada<\/p>\n
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El Centro Miguel Agust\u00edn Pro (Prodh) present\u00f3 hace algunos d\u00edas un informe sobre los derechos humanos en M\u00e9xico. El t\u00edtulo, Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del M\u00e9xico actual, <\/em>adelanta los ejes del an\u00e1lisis realizado a partir de la actividad que esta organizaci\u00f3n ha efectuado en a\u00f1os recientes. Violencia e impunidad son dos factores necesarios para aclarar lo que hoy sucede en M\u00e9xico en esa materia. Lo mismo se acaba de afirmar en el Parlamento Europeo, a pesar de la fuerte oposici\u00f3n del Partido Popular espa\u00f1ol, cercano pol\u00edticamente al partido en el gobierno federal. La falta de sanci\u00f3n a las violaciones de derechos humanos alienta a las autoridades a cometer actos arbitrarios en contra de la sociedad. Esta impunidad encuentra a su vez pretexto en el actual contexto de violencia, que con frecuencia es invocado para ocultar la falta de investigaci\u00f3n y acci\u00f3n. Y ello aunque la violencia denunciada sea sobre todo la misma que es provocada por las propias autoridades con su inacci\u00f3n o complicidad.<\/p>\n A pesar de que todav\u00eda no puede realizarse una evaluaci\u00f3n definitiva sobre la reforma judicial aprobada en 2008, en el informe se adelanta que las organizaciones civiles que han trabajado bajo el nuevo sistema ya han encontrado aspectos problem\u00e1ticos. Sin embargo, haciendo un balance de las reformas aprobadas, se reitera que hay aspectos regresivos, como el arraigo, la prisi\u00f3n preventiva autom\u00e1tica para ciertos delitos y la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n para quienes son considerados previamente como miembros de la delincuencia organizada. Elementos que debilitan la aplicaci\u00f3n del principio de presunci\u00f3n de inocencia, ausente hoy de la pr\u00e1ctica judicial. El desconocimiento de la presunci\u00f3n de inocencia ha estado presente en dos casos paradigm\u00e1ticos analizados en el estudio del Prodh: los de Jacinta Francisco Marcial e Isabel Almaraz, mujeres ind\u00edgenas cuyos procesos estuvieron plagados de irregularidades. En ellos ha sido adem\u00e1s evidente que el sistema de justicia profundiza a lo largo de todo el proceso penal la discriminaci\u00f3n existente en la sociedad, siendo una de las m\u00e1s visibles la que ocurre por raz\u00f3n de condiciones como el g\u00e9nero o la pertenencia \u00e9tnica. En continuidad con la sistematizaci\u00f3n de los abusos cometidos por militares desde que se iniciaron los operativos <\/em>conjuntos contra la delincuencia organizada en el actual sexenio, el Centro Pro actualiza las cifras que present\u00f3 en su informe Comandante Supremo<\/em> en 2009. A partir de los datos se constata el aumento del n\u00famero de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en las regiones donde hay mayor presencia castrense, sea por los operativos <\/em>contra la delincuencia organizada, sea por las actividades de contrainsurgencia encargadas al mismo tiempo a las fuerzas armadas. Nuevamente la impunidad es constante en este campo, favorecida sobre todo por la extensi\u00f3n indebida del fuero militar para tratar asuntos que no est\u00e1n vinculados con la disciplina militar.<\/p>\n El asunto ha sido ampliamente debatido, y al gobierno mexicano se le ha recomendado internacionalmente, incluso se le ha ordenado mediante una sentencia, ajustar la legislaci\u00f3n a los est\u00e1ndares internacionales en la materia. Es decir, restringir el fuero militar, para que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos sean vistos por la justicia civil. Como las instancias nacionales no han sido eficientes, lo que ha sido debidamente documentado por las organizaciones civiles \u2013entre ellas el Prodh, a trav\u00e9s de la exigencia de justicia en casos como el de las mujeres de Atenco, en el que no fueron eficientes ni las instancias del estado de M\u00e9xico ni la Fiscal\u00eda sobre Violencia contra las Mujeres\u2013, para obligar al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos se ha recurrido con mayor frecuencia a instancias internacionales. Ha habido por ello una sostenida participaci\u00f3n de la sociedad civil en esas instancias. El a\u00f1o pasado particip\u00f3 en la sesi\u00f3n del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hace unos d\u00edas en la 98 sesi\u00f3n del Comit\u00e9 de Derechos Humanos, \u00f3rgano creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Al respecto valdr\u00e1 la pena tener puesta la mirada en casos que ser\u00e1n tratados este a\u00f1o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.<\/p>\n El Centro Pro retoma tambi\u00e9n un tema de creciente preocupaci\u00f3n: la situaci\u00f3n de los defensores de los derechos humanos. En su informe constata que no s\u00f3lo quienes realizan actividades organizadas son amenazados, sino tambi\u00e9n quienes en las circunstancias actuales ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pac\u00edficos a cualquier acto arbitrario de autoridad. Esta situaci\u00f3n amenaza no s\u00f3lo a los defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad. A esta amenaza se agrega el uso del sistema de justicia para castigar a quienes exigen derechos. En el informe se abordan tambi\u00e9n los derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales a partir del derecho a una vivienda digna, frecuentemente vulnerado por la pol\u00edtica del gobierno al respecto y la mala calidad de las casas edificadas por empresas constructoras. El mismo derecho se ve violentado cuando se desplaza a pobladores de localidades afectadas por la construcci\u00f3n de megaproyectos, cuyo beneficio para la sociedad es dudoso. Todo lo cual obliga a la sociedad a mantener en alto la defensa y promoci\u00f3n de los derechos humanos, antes de que sea demasiado tarde.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Violencia e impunidad Miguel Concha La Jornada El Centro Miguel Agust\u00edn Pro (Prodh) present\u00f3 hace algunos d\u00edas un informe sobre los derechos humanos en M\u00e9xico. El t\u00edtulo, Sociedad amenazada. 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