Represas contra los pueblos: La Parota y El Zapotillo<\/p>\n
Magdalena G\u00f3mez<\/p>\n
Los proyectos para construir represas en La Parota y El Zapotillo no son los \u00fanicos en los tiempos actuales, mucho menos a lo largo de la historia. En nuestro pa\u00eds numerosos pueblos han sido sepultados y sus poblaciones han sido gravemente afectadas tanto en sus condiciones materiales como en los procesos de desintegraci\u00f3n cultural forzada que los mismos han provocado. Sin embargo, los proyectos citados son emblem\u00e1ticos, pues muestran la muy an\u00f3mala operaci\u00f3n de las instituciones promotoras: en el primer caso, la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad, y en el segundo la Comisi\u00f3n Nacional del Agua, e incluso las encargadas de proteger el equilibrio ecol\u00f3gico, como la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que viola sus propias normas al emitir las manifestaciones de impacto ambiental (MIA). Tambi\u00e9n lo son por el \u00e1nimo comunitario organizado en torno al rechazo a su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
Despu\u00e9s de siete a\u00f1os de dura pelea en los planos jur\u00eddico y pol\u00edtico se cre\u00eda que el proyecto de La Parota estaba descartado, inclusive el hecho de que no apareci\u00f3 en el presupuesto federal de 2010 as\u00ed lo confirmaba. No obstante, recientemente se record\u00f3 la declaraci\u00f3n que hizo el 31 de julio de 2008 en Acapulco, Guerrero, el entonces secretario de Gobernaci\u00f3n, Juan Camilo Mouri\u00f1o, de que insistir\u00edan en activar el proyecto \u201ccon nuevos actores\u201d.<\/p>\n
El pasado 18 de abril habitantes de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec impidieron la asamblea que se llevar\u00eda a cabo en el poblado de La Concepci\u00f3n, convocada por quienes se dicen integrantes del comisariado ejidal, donde se pretend\u00eda aprobar la expropiaci\u00f3n de mil 300 hect\u00e1reas para el desarrollo de la presa referida y el cambio de uso de suelo.<\/p>\n
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) encabez\u00f3 la oposici\u00f3n a una nueva asamblea manipulada, como las que en a\u00f1os anteriores han logrado que el tribunal agrario declare su nulidad.<\/p>\n
En lo referente al proyecto de la represa El Zapotillo, en Jalisco, en los d\u00edas recientes se activ\u00f3 la amenaza en contra de los opositores al mismo. Si recordamos, el a\u00f1o pasado se difundieron las irregularidades presentes tanto en el proyecto de licitaci\u00f3n aprobado como en la MIA, que no corresponde a las caracter\u00edsticas de la licitaci\u00f3n.<\/p>\n
La inconformidad de otros participantes en la convocatoria motiv\u00f3 que la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica interviniera provocando la virtual suspensi\u00f3n del proyecto. Ello aunado a la negativa del cambio de uso de suelo, pues el cabildo del municipio de Ca\u00f1adas de Obreg\u00f3n no lo autoriz\u00f3 el 25 de septiembre de 2009, decisi\u00f3n reforzada por el rechazo de las comunidades que ser\u00edan inundadas: Temacapul\u00edn, Palmarejo y Acasico. Por su parte, el Colectivo COA denunci\u00f3 ante el tribunal de lo contencioso administrativo las irregularidades se\u00f1aladas, solicitando la nulidad de la licitaci\u00f3n (El Universal, 1, 2 y 3\/10\/09).<\/p>\n
Los pueblos ind\u00edgenas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones y de prestar o denegar su consentimiento a todas las actividades que afecten sus tierras, territorios y recursos o derechos en general. Por ello la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha se\u00f1alado que el derecho interamericano de derechos humanos requiere de \u201cmedidas especiales que garanticen el reconocimiento de los intereses particulares y colectivos que tienen los pueblos ind\u00edgenas sobre la ocupaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de sus tierras tradicionales y recursos, y su derecho a no ser despojados de este inter\u00e9s excepto con el consentimiento plenamente informado, bajo condiciones de igualdad, y a cambio de una compensaci\u00f3n justa\u201d (CIDH. Informe 75-02, caso 11.140, Mary and Carrier Dann, en parr. 131. United States, 27 de diciembre de 2002, parr. 131).<\/p>\n
Normalmente, las decisiones estatales respecto de cu\u00e1ndo, d\u00f3nde y c\u00f3mo explotar los recursos naturales se justifican en nombre de los intereses de la naci\u00f3n, los cuales suelen ser interpretados como reflejo de los intereses de la mayor\u00eda. El resultado redunda en que los derechos e intereses de los grupos sin representaci\u00f3n, como son los de los pueblos ind\u00edgenas y otros, frecuentemente terminan subordinados en nombre de los llamados intereses de \u201cla mayor\u00eda\u201d.<\/p>\n
Asimismo, en estos proyectos de represas se pone en juego la relaci\u00f3n entre los \u00e1mbitos federal y estatal, pues no obstante que se ubican dentro de las facultades federales, la entidad federativa tiene funciones que cumplir y lo hace en contra de los pueblos. Casos como \u00e9stos han sido presentados en las instancias internacionales porque se ubican en el l\u00edmite de la relaci\u00f3n entre el concepto de desarrollo nacional y la posibilidad de la sobrevivencia, y la existencia misma de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
Como vemos, el calderonismo tambi\u00e9n tiene otras guerras no tan visibles de las que la mayor\u00eda de los medios no se ocupa, al fin que s\u00f3lo habr\u00eda \u201cda\u00f1os colaterales\u201d si se inundan y desplazan comunidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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