Atenco: cuatro a\u00f1os de impunidad<\/p>\n
Miguel Concha<\/p>\n
La Jornada<\/p>\n
El 3 y el 4 de mayo de 2006 fuimos testigos de la brutalidad del gobierno en contra de la protesta social y los habitantes de San Salvador Atenco, una comunidad aguerrida y organizada, dedicada principalmente a la agricultura y el comercio. En 2001 el gobierno de Vicente Fox anunci\u00f3 con bombo y platillo la expropiaci\u00f3n de cerca de 5 mil hect\u00e1reas de la zona para construir un nuevo aeropuerto de la ciudad de M\u00e9xico. Esta decisi\u00f3n fue tomada sin respetar el derecho a la consulta, incluido en el derecho a la informaci\u00f3n, de los habitantes de Atenco, quienes de inmediato expresaron su inconformidad. La resistencia tom\u00f3 el nombre de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, liderado por Ignacio del Valle, entre otras personas, quienes lograron en 2002 la cancelaci\u00f3n de esa iniciativa y la anulaci\u00f3n del decreto de expropiaci\u00f3n. Para los gobiernos del estado de M\u00e9xico y el federal nunca result\u00f3 f\u00e1cil olvidar este hecho. El a\u00f1o 2006, en el contexto de un programa de reubicaci\u00f3n de comerciantes en Texcoco, elementos municipales y estatales impidieron en diversas ocasiones a floristas y otros comerciantes vender sus productos donde originalmente lo hac\u00edan. Ante esto, el 3 de mayo trataron de impedir el desalojo con el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.<\/p>\n
Lo que sucedi\u00f3 los dos d\u00edas posteriores es de sobra conocido. Polic\u00edas municipales, estatales y federales reprimieron el movimiento haciendo uso excesivo de la fuerza, y sin respeto alguno a los derechos de las personas. El despliegue policiaco fue de cerca de 4 mil efectivos, n\u00famero desproporcionado frente la cantidad de personas contra las que se dirig\u00edan, y tuvo como saldo dos personas muertas, 207 detenidas arbitrariamente \u2013145 de ellas, de acuerdo a la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro de domicilios\u2013, y 26 mujeres abusadas sexualmente. La respuesta del Estado fue violatoria de los derechos humanos, de esto no quepa ninguna duda. Las personas detenidas fueron privadas de su libertad sin que se cumplieran las normas m\u00ednimas del procedimiento ni se respetaran los principios de necesidad y proporcionalidad a los que est\u00e1n obligados los agentes estatales. Muchas de ellas fueron aprehendidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar de los hechos; las polic\u00edas allanaron los hogares sin contar con \u00f3rdenes de cateo ni de aprehensi\u00f3n, y en el trayecto a los centros de detenci\u00f3n, donde los jueces avalaban y maquillaban de \u201clegales\u201d todos esos delitos y violaciones graves a los derechos humanos, continuaron maltratando a la gente. Esto ha sido ampliamente documentado por organizaciones e instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisi\u00f3n Civil Internacional de Observaci\u00f3n por los Derechos Humanos, Amnist\u00eda Internacional, Human Rights Watch, el Centro Pro, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN). Y ha sido objeto de recomendaciones en diversos espacios de Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.<\/p>\n
La criminalizaci\u00f3n de la protesta social ha sido, pues, evidente, y a pesar de que la mayor parte de las v\u00edctimas de estas violaciones han recuperado su libertad, todav\u00eda 12 de ellas siguen presas en los penales de Molino de las Flores y el Altiplano (c\u00e1rcel de m\u00e1xima seguridad), con sentencias que van desde 31 hasta 112 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Se les acusa de secuestro equiparado, un tipo penal dise\u00f1ado para reprimir los movimientos sociales, y que m\u00e1s bien equipara la presi\u00f3n social a los casos famosos de secuestro que se muestran en los medios de comunicaci\u00f3n. Algo absurdo si se compara con las penas que tuvieron Rafael Caro Quintero, Benjam\u00edn Arellano F\u00e9lix o el mismo Chapo Guzm\u00e1n (quien por cierto sali\u00f3 caminado y por la puerta grande), de las cuales la m\u00e1xima fue de 40 a\u00f1os. Hemos sido tambi\u00e9n testigos del uso faccioso de la justicia, por el que se castiga en forma desmesurada a quien defiende sus derechos, y se deja en total impunidad a quienes se ha comprobado que los han violado, llevando a juicio \u00fanicamente a mandos medios o inferiores, sentenciados con penas que resultan rid\u00edculas. Adem\u00e1s de que no deber\u00edan existir delitos como el \u201csecuestro equiparado\u201d, las pruebas en contra de los 12 presos de Atenco no son suficientes para acreditar su responsabilidad. <\/p>\n
La forma en la que sucedieron los hechos y las deficiencias al integrar las averiguaciones previas debieron ser suficientes para que se dictara su libertad. Se ha comprobado que hay \u201cdeclaraciones\u201d de polic\u00edas exactamente iguales entre s\u00ed, con las mismas faltas de ortograf\u00eda y errores de tipograf\u00eda. Que hay sentencias basadas en lo que se \u201csupuso\u201d que dijeron las personas, y una serie enorme de irregularidades que no fueron consideradas por los jueces en el estado de M\u00e9xico. Ello orill\u00f3 a las defensas de los presos de Atenco a pedir a la SCJN que por el inter\u00e9s y la trascendencia del caso fuera ella quien resolviera los juicios de amparo en contra de las sentencias condenatorias. La Corte conoce el asunto, pues realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n de los hechos, que a manera de dictamen present\u00f3 en febrero de 2009. En \u00e9l concluye que se violaron derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la no discriminaci\u00f3n, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y el debido proceso, entre otros. En aquella ocasi\u00f3n se reclam\u00f3 a la Corte que no se\u00f1alara como responsables a altos mandos. Ahora est\u00e1 en sus manos resolver todas las injusticias que se han cometido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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