Las sinrazones del poder<\/p>\n
Miguel Concha<\/p>\n
El fin de semana pasado tuvo lugar en San Jos\u00e9, Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Su arbitraria detenci\u00f3n y las torturas de las que fueron v\u00edctimas, aun cuando sucedieron durante la presidencia pri\u00edsta de Ernesto Zedillo, constituyeron uno de los primeros hechos que pusieron en evidencia el escaso compromiso del gobierno panista de Vicente Fox en materia de derechos humanos, a pesar de que constituyeron un eje de su ret\u00f3rica inicial. Mediante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, el Ejecutivo federal los liber\u00f3 en 2001, arguyendo razones humanitarias\u201d. Pero como sucedi\u00f3 en otros casos, nunca reconoci\u00f3 su inocencia. Y tampoco revirti\u00f3 las condiciones que hicieron posibles los hechos: no se investig\u00f3 ni se sancion\u00f3 a los militares responsables de la tortura.<\/p>\n
Durante el periodo en que Rodolfo y Teodoro permanecieron en prisi\u00f3n, se inici\u00f3 una larga lucha que no ha culminado, uno de cuyos hitos lo constituye precisamente la audiencia reci\u00e9n celebrada. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez (Centro Prodh) se ha mantenido en el caso junto a ellos; nuevos actores se han sumado tambi\u00e9n a la exigencia de justicia, y al mismo tiempo se constata c\u00f3mo persisten tanto la explotaci\u00f3n ilegal y descontrolada de recursos naturales en la zona, que obligaron a Teodoro y Rodolfo a defender su territorio, as\u00ed como las condiciones que obstaculizan la actividad realizada por defensoras y defensores de derechos humanos. Y c\u00f3mo la militarizaci\u00f3n del pa\u00eds avanza a la par de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses que realizan labores de seguridad p\u00fablica, sin que hasta la fecha haya recursos eficientes para poner un alto a tales atentados contra la dignidad humana, entre otras cosas por la negativa gubernamental a reformar el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Justicia Militar.<\/p>\n
El caso de los ecologistas Montiel y Cabrera fue sometido el a\u00f1o pasado por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo conocimiento de \u00e9l desde 2001, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el Estado mexicano ha rehusado ejecutar las medidas necesarias dictadas por ella para reparar el da\u00f1o y hacerles justicia.<\/p>\n
En la audiencia celebrada en Costa Rica, donde se ubica la sede de la Corte, estuvo presente Rodolfo Montiel, quien narr\u00f3 su participaci\u00f3n en el movimiento campesino de defensa de los bosques, as\u00ed como la detenci\u00f3n y la tortura que sufrieron a manos del Ej\u00e9rcito. Plante\u00f3 tambi\u00e9n de manera contundente sus exigencias al Estado mexicano: que los militares no tengan injerencia en la seguridad p\u00fablica; que no se obstaculice a quienes participan en la defensa ambiental, ni la labor de los defensores de derechos humanos en general, y que se establezcan las condiciones para que nadie vuelva a ser v\u00edctima de los abusos cometidos contra ellos.<\/p>\n
Particip\u00f3 igualmente en la audiencia el doctor Christian Tramsen, m\u00e9dico que junto con el experto en medicina forense Morris Tidball-Binz realiz\u00f3 en Iguala, Guerrero, una revisi\u00f3n m\u00e9dica a los ecologistas durante su encarcelaci\u00f3n. Los ex\u00e1menes practicados demostraron que ambos hab\u00edan sido sometidos a torturas que los afectaron gravemente. La perita de la PGR presentada por el Estado mexicano, sin experiencia en el diagn\u00f3stico de tortura (seg\u00fan los datos proporcionados por ella misma ante los jueces de la Corte), intent\u00f3 rebatir sin \u00e9xito lo afirmado por el doctor Tramsen. A pregunta expresa de los representantes de las v\u00edctimas, termin\u00f3 por admitir que los certificados m\u00e9dicos de la procuradur\u00eda no constituyen un examen m\u00e9dico completo, ni cumplen con los est\u00e1ndares internacionales para la detecci\u00f3n de tortura.<\/p>\n
Representaron a las v\u00edctimas ante la Corte el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Contra el Estado mexicano sostuvieron que los hechos del caso constituyen violaciones a derechos consagrados en la Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos y en la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: derecho a la libertad y la seguridad; derecho a la integridad personal; derecho a la libertad de asociaci\u00f3n; derecho al debido proceso y garant\u00edas judiciales. Las partes se han encontrado y han expresado su postura. Queda a\u00fan por esperar la sentencia que emitir\u00e1 la Corte. En \u00e9sta, que probablemente ser\u00e1 condenatoria, se ordenar\u00e1 al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para revertir las condiciones que hicieron posible las violaciones a los derechos humanos de los campesinos ecologistas. Igualmente se ordenar\u00e1 que se repare el da\u00f1o y que haya condiciones para el acceso de las v\u00edctimas a la justicia.<\/p>\n
Debido a la falta de compromiso gubernamental con las garant\u00edas fundamentales en M\u00e9xico, es probable que en el futuro el Estado sea llamado nuevamente a rendir cuentas por otros casos. Debemos considerar tambi\u00e9n que en estos d\u00edas la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) discute la manera de abordar la sentencia del caso Rosendo Radilla, en el que la Interamericana sentenci\u00f3 a M\u00e9xico a ajustar el C\u00f3digo de Justicia Militar. Tema del que de nuevo hablar\u00e9 en colaboraci\u00f3n posterior, toda vez que sigue en discusi\u00f3n ese punto en la SCJN. Por ahora el caso de los ecologistas ha adquirido relevancia, y su importancia se har\u00e1 notar en la medida en que los defensores de derechos humanos, especialmente quienes asumen la defensa de los bienes comunitarios, encuentren mejores condiciones para el desarrollo de su actividad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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