Los derechos humanos al limbo<\/p>\n
Arnaldo C\u00f3rdova<\/p>\n
La Jornada<\/p>\n
\u201cEn los c\u00f3digos penales est\u00e1n tipificados y definidos todos los delitos posibles y todos ellos pueden ser cometidos por los militares en servicio activo. Nada justifica que sean juzgados por ellos exclusivamente por sus pares\u201dFoto Marco Pel\u00e1ez <\/p>\n
Nadie lo entiende ni ha habido intento alguno por explicarlo, pero es un hecho que los derechos humanos, cuyo r\u00e9gimen jur\u00eddico internacional fue uno de los mayores afanes de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas desde su fundaci\u00f3n, siempre han sido para todos los gobiernos mexicanos, incluidos los pri\u00edstas, una especie de adorno o algo as\u00ed como una materia que no les concierne directamente. La actitud de verdad miserable del gobierno panista de enviar una iniciativa de reforma del C\u00f3digo de Justicia Militar al Legislativo en la que, ante los reclamos de muchos de los actores en la pol\u00edtica mexicana en el sentido de atender a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y limitar mediante la ley la acci\u00f3n de las fuerzas armadas, decide escoger qu\u00e9 rubros atiende y cu\u00e1les no.<\/p>\n
Fue notable de verdad que alg\u00fan ministro de la Corte \u2013aunque luego se desdijera\u2013 y algunos legisladores abogaran porque se obedecieran las resoluciones de la Corte Interamericana, razonando con toda propiedad que nuestro pa\u00eds no puede seguir ajeno al r\u00e9gimen jur\u00eddico internacional en materia de derechos humanos. Es tambi\u00e9n relevante el hecho de que ahora esa Corte se est\u00e1 ocupando m\u00e1s puntualmente de las demandas de justicia por parte de ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Antes era usual que ni siquiera se diera por enterada y menos resolviera en alg\u00fan sentido. Hoy parece que todos est\u00e1n empezando a darse cuenta de que existe esa Corte Interamericana y que vale la pena acudir a ella en busca de justicia.<\/p>\n
Es de imaginarse que Calder\u00f3n discuti\u00f3 y acord\u00f3 con los altos mandos militares y, sobre todo, con sus procuradores y jueces, el contenido de su iniciativa. De manera que puede entenderse que fueron los militares los que decidieron en cu\u00e1les de las observaciones de la Corte se pod\u00eda ceder y en cu\u00e1les no. Todo ello como si las cortes internacionales fueran un monigote de lujo al que se le puede o no hacer caso y decidir qu\u00e9 decisiones suyas son aceptables. La majestad del derecho internacional no vale nada para nuestros gobernantes reaccionarios ni para los miembros de las fuerzas armadas que son abogados. Pero, despu\u00e9s de la exigencia del general Galv\u00e1n de que se deje mano libre a los militares para combatir el crimen organizado no nos puede extra\u00f1ar lo absurdo de la iniciativa.<\/p>\n
El general Guillermo Galv\u00e1n Galv\u00e1n ha dado muestras de ser un verdadero profesional de la carrera militar y un responsable exponente de su gremio, pero es evidente que no entiende la funci\u00f3n de las fuerzas armadas en un Estado democr\u00e1tico e institucional y tiende muy a menudo a ver en ellas a una corporaci\u00f3n encerrada en s\u00ed misma, con intereses muy propios y con autonom\u00eda para decidir qu\u00e9 es lo que deben hacer. Que no le hab\u00eda gustado la iniciativa de Calder\u00f3n, con todo y lo obsequiosa que era, lo mostr\u00f3 un documento suyo ante el Congreso haciendo propuestas de modificaci\u00f3n a 22 de sus art\u00edculos y planteando una monstruosidad: que la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado no fuera \u201cen auxilio de las autoridades civiles\u201d (como est\u00e1n obligadas a hacer), sino \u201ccomo coordinadores responsables\u201d de los operativos.<\/p>\n
En el seno de las fuerzas armadas, evidentemente, no se estudia y menos se aprende el derecho ni la teor\u00eda constitucional del Estado. Cuando la Constituci\u00f3n define al presidente de la Rep\u00fablica como el comandante nato de las fuerzas armadas, al mismo tiempo est\u00e1 definiendo al instituto armado como un organismo dependiente del Ejecutivo y sometido a sus determinaciones. En varios lugares de su texto la Carta Magna asigna las funciones que deben tener las fuerzas armadas: defender al pa\u00eds de agresiones exteriores o de amenazas a la paz interior, o bien en auxilio de las autoridades civiles en casos de desastre, pero todo ello en estricta dependencia de su jefe nato que es el presidente y, en todo caso, sujetas a lo dispuesto por la Constituci\u00f3n y sus leyes.<\/p>\n
El Ej\u00e9rcito no tiene intereses exclusivos, sino s\u00f3lo los que son propios del Estado y de la sociedad que \u00e9l representa. Atribuir al Ej\u00e9rcito intereses que se oponen a los que tiene constitucionalmente el Estado y, adem\u00e1s, alegar exclusividad en sus funciones s\u00f3lo se tipifica en los ej\u00e9rcitos de casta que han sido tradicionales en Am\u00e9rica Latina y que, entre nosotros, destruy\u00f3 la Revoluci\u00f3n Mexicana. Nuestros militares deber\u00edan no s\u00f3lo estudiar derecho y teor\u00eda constitucional del Estado, sino tambi\u00e9n historia. Lo menos en lo que nuestros comandantes militares deber\u00edan pensar es en que son un poder aut\u00f3nomo e independiente en nuestra sociedad.<\/p>\n
La iniciativa de Calder\u00f3n es una aut\u00e9ntica vacilada. En sus resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno mexicano que promueva ante el Legislativo la reforma del art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Justicia Militar para que todos los delitos del orden civil que cometan los militares en sus operativos sean juzgados por los jueces naturales, vale decir, civiles, y dejen de ser materia de juicio por los tribunales militares, porque eso los convierte en jueces y partes y el resultado es que esos delitos quedan impunes o mal juzgados y p\u00e9simamente penalizados. El \u00e9nfasis en una urgente reforma del art\u00edculo 57 hizo, como apuntamos, que varias voces en la Corte y en el Legislativo se pronunciaran a favor. Calder\u00f3n decidi\u00f3 anticonstitucionalmente que esos resolutivos no le obligaban.<\/p>\n
En sus sentencias, la Corte formul\u00f3 un extenso cat\u00e1logo de agravios de las v\u00edctimas de violaciones de sus derechos humanos por parte del Ej\u00e9rcito y solicit\u00f3 la reforma de la legislaci\u00f3n vigente para evitar que esas violaciones siguieran cometi\u00e9ndose. Como si le ofrecieran una mercanc\u00eda, el presidente panista escogi\u00f3 los rubros en los que aceptaba las recomendaciones y excluy\u00f3 a todos los dem\u00e1s. S\u00f3lo acept\u00f3 tres: desaparici\u00f3n forzada de personas, tortura y violaci\u00f3n (\u201cexclusivamente\u201d, dice el texto). Las ejecuciones extrajudiciales, los malos tratos, las detenciones arbitrarias y hasta el genocidio que hab\u00eda se\u00f1alado la Corte quedaron fuera y seguir\u00e1n rigi\u00e9ndose por el sentido del art\u00edculo 57, vale decir, como \u201cfaltas a la disciplina militar\u201d.<\/p>\n
En los c\u00f3digos penales est\u00e1n tipificados y definidos todos los delitos posibles y todos ellos pueden ser cometidos por los militares en servicio activo. Nada justifica que sean juzgados por ellos exclusivamente por sus pares. Deben responder ante la sociedad y ser juzgados debidamente y penalizados por los mismos. Eso har\u00eda que nuestros militares fueran, por lo menos, un poco m\u00e1s responsables de sus actos. La mayor\u00eda de ellos poseen una educaci\u00f3n muy deficiente, a veces menos que elemental, y siendo personas sumamente ignorantes tienden a ser determinados por el machismo militar que los lleva a cometer toda clase de excesos. Eso deber\u00e1 terminar y todo depender\u00e1 de nuestros legisladores. Ya veremos c\u00f3mo deciden acerca de la iniciativa de Calder\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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