Ley de Seguridad Nacional<\/p>\n
Miguel Concha<\/p>\n
Un grupo numeroso de organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, prepara una carta abierta a los miembros de la Mesa Directiva, a los coordinadores de los partidos pol\u00edticos en la C\u00e1mara de Diputados y a los presidentes de las comisiones de Gobernaci\u00f3n, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad P\u00fablica y Derechos Humanos, pidi\u00e9ndoles que la semana pr\u00f3xima no turnen al Pleno el predictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sin antes al menos, como ordena el reglamento, discutirlo y aprobarlo en sus respectivas comisiones.<\/p>\n
El asunto no es para menos, porque como lo ha venido informando ampliamente La Jornada, ese documento, supuestamente elaborado en dichas comisiones unidas, no se compagina con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos en materia de seguridad interior; modifica sustancialmente la minuta que sobre la materia le envi\u00f3 el Senado a la C\u00e1mara de Diputados el 28 de abril del a\u00f1o pasado; excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n sobre la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en el auxilio de las autoridades civiles; reglamenta su participaci\u00f3n indefinida en labores de seguridad p\u00fablica; desacata abiertamente y a posteriori las cuatro peticiones formales que desde el a\u00f1o pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha hecho al Estado mexicano, y cuya jurisdicci\u00f3n es obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, y maneja una extra\u00f1a concepci\u00f3n gradualista de paz, que no tiene nada que ver con el significado que sobre ella establecen los instrumentos internacionales de protecci\u00f3n a los derechos humanos aprobados por M\u00e9xico, ni los mecanismos de su observaci\u00f3n y cumplimiento, a los que tambi\u00e9n se ha obligado el Estado mexicano. Para estos \u00faltimos, en efecto, la paz es interdependiente del cumplimiento integral e indivisible de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y de la democracia.<\/p>\n
No hay que olvidar tampoco que al cumplirse el 60 aniversario de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirm\u00f3 en su documento: \u201cNo tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podr\u00e1 triunfar\u201d.<\/p>\n
Para legalizar la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior, que de acuerdo con la CIDH deben tambi\u00e9n corresponder a las autoridades civiles en un Estado democr\u00e1tico y de derecho, el documento de marras en cambio maneja una concepci\u00f3n belicista de paz, que m\u00e1s bien recuerda lo que Norberto Bobbio rechaza en su libro El problema de la guerra y las v\u00edas para la paz. Es decir, una concepci\u00f3n de la guerra como mal necesario, que se va deslizando a una concepci\u00f3n de la guerra como guerra justa, e incluso como guerra leg\u00edtima y legal. Y todo ello sin haber reconocido en la Constituci\u00f3n el derecho expl\u00edcito de la ciudadan\u00eda a la paz, y la obligaci\u00f3n de garantizarla por parte del Estado, como ha sucedido ya en la mism\u00edsima Colombia, y sin tomar en cuenta las m\u00ednimas prevenciones que establecen los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, para proteger a los civiles en conflictos armados, no s\u00f3lo entre Estados, sino tambi\u00e9n al interior de ellos.
\nLuego de muchas negociaciones, ocasionadas por las fuertes presiones pol\u00edticas de personeros del Ejecutivo federal y de miembros del Ej\u00e9rcito, el Senado estableci\u00f3 en el art\u00edculo 72 de su minuta, que \u201cen las tareas de auxilio\u201d de la fuerza armada permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos, y afecten a personas civiles, \u201cser\u00e1n perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 13 y 133 constitucionales\u201d.<\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n establece que \u201ccuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocer\u00e1 del caso la autoridad civil correspondiente\u201d, y el 133 que los tratados celebrados por el Presidente de la Rep\u00fablica, con aprobaci\u00f3n del Senado, son Ley Suprema, as\u00ed, con may\u00fasculas, de la naci\u00f3n. Es m\u00e1s, la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso, y que ya circula para su aprobaci\u00f3n en las legislaturas de los estados, confiere rango constitucional a los derechos humanos aprobados por M\u00e9xico en tratados internacionales.<\/p>\n
El impresentable predictamen que venimos comentando modifica la minuta del Senado y establece ma\u00f1osamente que \u201clas conductas delictivas que llegasen a cometerse los servidores p\u00fablicos de las instancias y dem\u00e1s autoridades participantes a una afectaci\u00f3n de la seguridad nacional ser\u00e1n perseguidas y sancionadas de conformidad con las normas legales que los rigen\u201d, es decir, en nuevo desacato a las sentencias de la CIDH, el C\u00f3digo de Justicia Militar, el fuero castrense. En \u00e9l se autoriza adem\u00e1s a las fuerzas armadas para que puedan realizar intervenci\u00f3n de comunicaciones, as\u00ed como detenci\u00f3n y mantenimiento de supuestos delincuentes sorprendidos in fraganti, \u201cen acuerdo con la PGR\u201d, que tambi\u00e9n as\u00ed se militariza legalmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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