Balance en el cumplimiento del EPU<\/p>\n
Miguel Concha<\/p>\n
Cada cuatro a\u00f1os, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa, mediante el examen peri\u00f3dico universal (EPU), el grado de cumplimiento de los compromisos internacionales de los estados miembros en derechos humanos.<\/p>\n
En 2009 M\u00e9xico fue sometido por primera vez al EPU y recibi\u00f3 91 recomendaciones, de las que acept\u00f3 83, rechaz\u00f3 tres y cinco quedaron sin respuesta. Luego de dos a\u00f1os de que se plantearan, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos \u201cTodos los Derechos para Todas y Todos\u201d present\u00f3 un balance de su cumplimiento, en el que se se\u00f1ala que para su aplicaci\u00f3n, para que lleguen a los funcionarios de las administraciones \u2013estatales y municipales\u2013 que dise\u00f1an y aplican las pol\u00edticas p\u00fablicas, uno de los retos para M\u00e9xico es lograr la coordinaci\u00f3n entre las autoridades federales y los gobiernos locales. Entre \u00e9stas se ubican las relativas a la armonizaci\u00f3n legislativa.<\/p>\n
En ese sentido, uno de los avances que se reconoce es la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada el 8 de marzo de 2011 y promulgada mediante decreto presidencial el pasado 9 de junio, que entre otras cosas eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. En torno a lo que en cambio no se ha avanzado mucho podemos mencionar la recomendaci\u00f3n relativa a fortalecer, difundir, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, pues no ha sido difundido de manera suficiente y adecuada entre la poblaci\u00f3n y entre las mismas autoridades. Adem\u00e1s, el \u00e1rea de gobierno responsable de su aplicaci\u00f3n, seguimiento y evaluaci\u00f3n no cuenta con recursos econ\u00f3micos ni humanos para hacer efectivas sus l\u00edneas de acci\u00f3n. Tampoco existen metodolog\u00edas de trabajo ni indicadores adecuados para verificar avances. Se adoptan decisiones sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales ya est\u00e1n pensando en salirse del proceso. En el balance, las recomendaciones relativas a la situaci\u00f3n social y econ\u00f3mica de la poblaci\u00f3n presentan tambi\u00e9n avances m\u00ednimos.<\/p>\n
En materia de desigualdad, M\u00e9xico ocupa el segundo lugar dentro del conjunto de pa\u00edses de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos. Mientras entidades como Nuevo Le\u00f3n y el DF tienen indicadores de desarrollo humano equiparables a los de pa\u00edses europeos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca mantienen niveles altos de pobreza, marginaci\u00f3n y desigualdad. Se se\u00f1ala tambi\u00e9n que, en materia laboral, la reforma que se pretende aprobar es regresiva, pues permite e incrementa la flexibilizaci\u00f3n en la materia, la precarizaci\u00f3n del empleo y la ausencia de seguridad social para los trabajadores, particularmente para j\u00f3venes y mujeres. Los contratos por horas o por actividad golpean igualmente los derechos sindicales.<\/p>\n
Por otra parte, se mantiene una pobre educaci\u00f3n para los pobres en materia de ense\u00f1anza para pueblos y comunidades ind\u00edgenas, lo que se refleja en el hecho de que s\u00f3lo uno por ciento de la poblaci\u00f3n ind\u00edgena que ingresa al nivel b\u00e1sico logra acceder a la educaci\u00f3n superior.
\nLos megaproyectos y el ecoturismo son tambi\u00e9n algunos de los pretextos para apropiarse de los territorios y recursos naturales de poblaciones ind\u00edgenas y campesinas, a quienes no se informa, consulta ni toma en cuenta. Acerca de las recomendaciones en torno a los derechos de las mujeres, la Red reporta que a\u00fan existen graves violaciones. S\u00f3lo de enero de 2009 a junio de 2010 fueron reportados mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del pa\u00eds, de los que se presume que 890 son feminicidios. Por otro lado, la desaparici\u00f3n forzada contin\u00faa y no existe una pol\u00edtica p\u00fablica integral que abarque la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n, sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n del da\u00f1o a sus v\u00edctimas.<\/p>\n
El EPU y otros mecanismos de la ONU han se\u00f1alado tambi\u00e9n la necesidad de acabar con la pr\u00e1ctica de la tortura en M\u00e9xico, no obstante lo cual, s\u00f3lo en 2009 el Comit\u00e9 contra la Tortura y la Impunidad registr\u00f3 204 casos, de los cuales 71 corresponden a mujeres y 133 a hombres. Su aumento se vincula con la pol\u00edtica de seguridad contra el crimen organizado y la vigencia del arraigo, figura sobre la que existen otras recomendaciones y que, a pesar de que debiera ser un recurso excepcional, en M\u00e9xico es una pr\u00e1ctica constante que demuestra las enormes deficiencias en materia de investigaci\u00f3n y procuraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n
El sistema penitenciario es otro de los focos rojos en el que las recomendaciones del EPU no han sido aplicadas. Al hacinamiento y las condiciones indignas de las c\u00e1rceles y reclusorios mexicanos se suman hechos inadmisibles, como que 41 por ciento de la poblaci\u00f3n penitenciaria no ha sido sentenciada.<\/p>\n
En torno a las recomendaciones en materia de seguridad p\u00fablica, la Red manifiesta su preocupaci\u00f3n por la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ya que implica: 1) La regularizaci\u00f3n de la fuerza armada permanente (FAP) en labores que constitucionalmente no le corresponden. 2) La criminalizaci\u00f3n de la protesta social pac\u00edfica de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, y 3) La ausencia de controles democr\u00e1ticos sobre la situaci\u00f3n de la FAP en la atenci\u00f3n a \u201csupuestas afectaciones a la seguridad interior\u201d. Lo que se refleja en la aplicaci\u00f3n extensiva de la jurisdicci\u00f3n militar a delitos constitutivos de violaciones de derechos humanos de civiles.<\/p>\n
Las y los migrantes son v\u00edctimas de extorsi\u00f3n, secuestro o desaparici\u00f3n por el crimen organizado, al amparo de un marco legal a\u00fan deficiente y de autoridades omisas, y en ocasiones coludidas con la delincuencia. Y las personas defensoras y periodistas ven obstaculizada su labor y sus derechos, en un contexto de impunidad y falta de acceso a la justicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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