INDÍGENAS PRESOS DE LA OPIM,
SOLICITAN AMPARO ANTE JUEZ FEDERAL

·       Es inconstitucional el auto de formal prisión que les dictaron

·       Se basó sólo en una sospecha y dichos.

·       El juez de Ayutla busca concretizar la  consigna que hay para desgastar a la organización de los mep´haa con un proceso legal.

Ayutla de los Libres, Guerrero, México a viernes 7 de julio de 2008.-  Los cinco indígenas me´phaa de El Camalote, que se encuentran presos en el reclusorio de Ayutla de los Libres, por el asesinato de un informante del Ejército, promovieron hoy una solicitud de amparo ante juzgado federal, porque es «inconstitucional» e «ilegal» el auto de formal prisión que les dictó el juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, el pasado 23 de abril.

«Basarse  en el dicho subjetivo y sospechas de un testimonio, no es prueba suficiente para dictar auto de formal prisión, sino que se requieren de elementos probatorios que hagan verosímil la responsabilidad de un acusado y pro lo tanto no se puede restringir la libertad de una persona», consideró el  asesor jurídico de los indígenas y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina son vecinos de El Camalote comunidad en donde 14 indígenas fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud y pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que reivindica, lucha y pone en práctica los derechos humanos.

Los cinco indígenas se encuentran presos desde el pasado 17 de abril de este año, después de haber sido detenidos en un retén policiaco-militar que forman parte de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), acusados de la muerte de Alejandro Feliciano García ocurrida el pasado 1 de enero de este año.

No obstante, desde su captura han enfrentado un proceso plagado de inconsistencias e irregularidades. Por ejemplo, su detención se dio con una orden de aprehensión  que se integró con documentos que el juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla recibió vía fax, luego fueron torturados  psicológicamente por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), después se les intentó negarles su derecho a la defensa, no se les recibió su declaración por escrito, y finalmente, sin pruebas «contundentes» les fue dictado un auto de formal prisión, el pasado 23 de abril de este año.

Por esta última «injusticia», los cinco indígenas promovieron una solicitud de amparo que entregaron hoy a las 3 de la tarde en la oficialía de partes común de los cuatro juzgados de distrito radicados en Acapulco. Se espera que este  mañana martes a más tardar sea turnado el expediente a un juez para su desahogo. 

Los señalamientos son imprecisos: abogado

En el documento los indígenas encarcelados argumentan que la declaración de sus acusadores «son muy imprecisas», pues aunque Raúl Hernández Abundio es señalado dentro de la averiguación previa  como uno de los autores materiales, en su testimonio los supuestos testigos nunca mencionan que a él lo vieron accionando un arma. El resto de los encarcelados son situados como autores intelectuales, sólo por el hecho de haber participado en una reunión el 1 de enero.

Rosales Sierra mencionó que estas inconsistencias indican que se trata «sólo de testigos de oídas» y por lo tanto «sus declaraciones no tienen ningún valor probatorio que acredite la probable responsabilidad de los cinco indígenas me´phaa».

Agregó que esto evidencia que el juez actúo por «consigna» para mantener a los compañeros de la OPIM encarcelados como parte de esta persecución del gobierno contra la organización.

Esperamos imparcialidad y justicia para los detenidos: Abel Barrera.

Por separado el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que como Centro de Derechos Humanos «tenemos la esperanza de que el juez federal atienda los argumentos y sobre todo que se maneje con ese ejercicio rector del Poder Judicial de imparcialidad, para que los detenidos puedan acceder a la justicia».

Dijo que hasta hoy ha sido visible que  el juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla «busca concretizar la consigna del gobierno de meter a los indígenas de El Camalote a un proceso penal para desgastarlos y judicializar así un problema social con la fabricación de expedientes que no tienen un fundamento jurídico y que más bien parte de un conflicto social que se vive en Ayutla proveniente de la violencia y la presencia de paramilitares».

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Elena Cannie – Coordinadora del Area Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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