CIDH solicita al Gobierno Mexicano ampliar medidas cautelares a favor de presos de la OPIM  ·  También amplía las medidas cautelares para líderes y otros integrantes de la OPIM. ·  Pide un informe sobre las medidas de seguridad que pidió a favor de Obtilia Eugenio e Inés Fernández·  Mañana miércoles 9 declaran tres testigos a favor de los presos Tlapa, Guerrero, México a 8 de junio de 2008.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C., Estados Unidos, solicitó al Estado Mexicano que amplíe a favor de los cinco indígenas de El Camalote presos en Ayutla -por el asesinato de un informante del Ejército-, las medidas cautelares que otorgó a líderes e integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) desde el año 2005. En su resolución que emitió ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado viernes 27 de junio, también pidió extender las medidas de seguridad necesarias para líderes en comunidades y miembros de la OPIM que tienen orden de aprehensión por el mismo delito, así como para aquellos otros integrantes que tienen el carácter de líderes comunitarios y un trabajo importante en la organización, informó hoy el asesor de los detenidos y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.   Agregó que de la misma manera la CIDH, solicitó al Estado Mexicano que en un plazo de 5 días rinda un informe sobre las medidas cautelares que otorgó en 2005 a favor de la secretaria de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel y su familia que quedó bajo el número de expediente MC-06-05; y las que solicitó el 4 de septiembre para Fortunato Prisciliano Sierra, su esposa Inés Fernández Ortega (quien fue violada sexualmente por soldados del Ejército) y su familia radicado en el expediente 167-07, pues los beneficiarios han denunciado que ha habido un incumplimiento por parte de las autoridades. Rosales Sierra destacó que si la CIDH determinó ampliar las medidas cautelares a favor de casi 40 líderes e integrantes de la OPIM que le fueron solicitadas el 6 de mayo de 2008, es porque acreditó “que hay una persecución en contra de la organización; que existe el riesgo inminente de su seguridad e integridad física como ocurrió al hermano de Inés, Lorenzo Fernández Ortega quien fue encontrado muerto el pasado 10 de febrero; y en el caso de los cinco presos (Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio) analizó que hay una violación al debido proceso por parte de las autoridades judiciales, además de detenciones ilegales”. Mencionó que con la resolución de la Comisión, “una vez más queda demostrado que el gobierno no sólo no ha castigado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los indígenas me´phaa, sino que ahora los persigue y encarcela, sin embargo esperamos que estas medidas se cumplan porque siguen habiendo irregularidades e injusticias”. Rosales Sierra ejemplificó que una de ellas se presentó recientemente cuando el juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez sorpresivamente cambió para este miércoles 9 a las 10 de la mañana la audiencia de desahogo de testimonios de descargo, que estaba prevista para el 4 de julio. Dijo que espera que mañana “no ponga trabas para que los testigos de los acusados rindan su declaración, pues esos testimonios son importantes y echan abajo las acusaciones infundadas que mantiene en prisión a los cinco indígenas de El Camalote”. La CIDH, muestra que está más atenta y preocupada por la situación en Ayutla: Abel Barrera.  Por su parte el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el recurso internacional de la CIDH “nos está indicando cómo el sistema interamericano está más atento y preocupado por la situación que se vive en Ayutla y el estado de persecución que enfrenta la OPIM”. Dijo que esta resolución también “pone a prueba el trabajo profesional del juez Mixto de Ayutla y lo obliga a atender las normas internacionales de derechos humanos y a no dejarse presionar por las autoridades y los grupos de poder que no tienen interés en que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Lamentó que en los hechos “las medidas cautelares no han sido eficaces porque las autoridades a pesar de asumir el compromiso de darle seguimiento a todos los acuerdos firmados, siempre quedan muy limitados por que se niegan a dar los recursos que requiere un determinado tipo de medida y no quieren disponer de personal suficiente de las corporaciones policiacas para brindar la seguridad que se requiere a las persona en riesgo”. La OPIM y su lucha La OPIM se ha destacado por su valioso trabajo de denuncia de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades civiles y militares en el municipio de Ayutla. Entre los casos más importantes que ha denunciado se encuentra el de la violación sexual que sufrieron las indígenas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de soldados del Ejército en 2002; ambos casos fueron presentados ante la CIDH en octubre del 2007.   Asimismo la organización denunció la esterilización forzada de 14 indígenas Me’phaa de El Camalote en 1998, caso por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 66/2007 el 17 de diciembre del 2007. Por estas denuncias, los líderes y miembros de la OPIM han estado sufriendo constantemente ataques y amenazas. Y por ello en 2005 pidieron medidas cautelares a la CIDH a favor de Obtilia Eugenio y su familia; en 2007 lo hicieron para Fortunato Prisciliano e Inés Fernández. Pese a esto hasta hoy ha continuado el clima hostil en contra de los me´phaa con el asesinato del hermano de Inés, Lorenzo Fernández Ortega; la falta de indemnización para los indígenas esterilizados; y  el encarcelamiento de los cinco indígenas de El Camalote que son acusados mediante señalamientos fabricados, del homicidio de un informante del Ejército. Por ello la OPIM solicitó la ampliación de medidas cautelares el pasado 6 de mayo e informó a la CIDH que no han sido cumplido a cabalidad sus resoluciones anteriores.