COMUNICADO DEL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL)

CIDH SOLICITO A MÉXICO PROTEGER A DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE GUERRERO

 9 de julio de 2008, San José, Costa Rica

El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de 41 personas en el Estado de Guerrero, México, miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa-Tlapaneco (OPIM/OPIT), con el fin de proteger su vida y su integridad.

Se trata de una ampliación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en enero de 2005 a favor de otros miembros de la OPIM, entre ellos Obtilia Eugenio Manuel, quien fue víctima de amenazas después de denunciar la violación sexual de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de elementos del ejército, casos que actualmente son del conocimiento de la CIDH.

Esta es la segunda ocasión en que la CIDH decide ampliar las medidas cautelares para proteger a los miembros de esta organización. La primera vez fue en septiembre de 2007, debido al temor que existía por su integridad y seguridad personal.

La solicitud de la CIDH al Estado mexicano se da en virtud de las amenazas, actos de hostigamiento e intimidación que sufren los miembros de la OPIT con el propósito de amedrentarlos y limitar su actividad como defensores de derechos humanos. Entre los hechos que la CIDH consideró para ampliar las medidas y determinar que la vida e integridad personal de los miembros de la OPIT están en riesgo se encuentra el asesinato del hermano de Inés Fernández, cuyo cuerpo mostró signos de tortura. Asimismo, la detención en un retén militar de Natalio Ortega y Romualdo Santiago, ambos sobrinos de Inés Fernández, Raúl Hernández, Orlando Manzanares, líder de la OPIT en la comunidad de Camalote y quién representó y acompañó a víctimas de esterilización forzada en su demanda contra el gobierno estatal y Manuel Cruz, víctima de esterilización forzada.

Estas medidas cautelares ordenadas por la CIDH tienen especial relevancia porque pretenden proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que han ejercido una valiosa labor en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo indígena me’phaa.

En su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006, la CIDH expresó «que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia» y reconoció al igual que la Corte Interamericana que «el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen [su] trabajo […]».

Las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares esperamos que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales e implemente en forma inmediata mecanismos que garanticen la vida y la integridad de las personas beneficiarias de tales medidas. Asimismo es importante que se lleve a cabo un proceso judicial justo, imparcial y apegado a derecho en el caso de los 5 detenidos el 17 de abril de 2008 para que se garantice su derecho al debido proceso y a las garantías judiciales. También se espera que México realice una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para determinar a los responsables de los hechos que motivaron las medidas de protección.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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