PARCIAL CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO A RECOMENDACIÓN
DE LA CNDH, POR ESTERILIZADOS DE EL CAMALOTE
· El monto de la indemnización fue producto de una negociación, no es lo que marca la ley.
· El personal responsable de la esterilización no ha sido castigado, como recomienda la CNDH.
· El gobierno de Guerrero tampoco gestionó la CLUES para la unidad médica de El Camalote.
Tlapa, Guerrero, México a 31 de julio de 2008.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan considera que es «parcial» el cumplimiento que dio la Secretaria de Salud a la recomendación 066/2007 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Guerrero para que indemnice a los 14 indígenas me´phaa (tlapanecos) de El Camalote, municipio de Ayutla que fueron esterilizados de manera forzada en 1998 y 2001.
Lo anterior, porque la dependencia encargada de la salud en el estado, no reconoce que cometió una violación a los derechos humanos de los indígenas, al omitir una sanción administrativa en contra del médico operativo Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y al promotor Rafael Almazán Solís por su participación directa en la esterilización.
Esta ONG subraya también que hay un cumplimiento a «medias», porque el gobierno no ha gestionado la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) para la rustica unidad médica que existe en El Camalote y que garantizaría el derecho de acceso a la salud de los indígenas afectados y sus familias quienes forman parte de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), que ha estado sufriendo un intento de desmantelamiento por parte del gobierno, al grado que cinco de sus compañeros, entre ellos uno de los esterilizados (Manuel Cruz Victoriano), están presos en Ayutla señalados por el asesinato de un informante del Ejército, Alejandro Feliciano García.
Tlachinollan destaca asimismo que los 30 mil pesos ( 3 mil US dólares) que los esterilizados recibieron ayer 30 de julio como indemnización, no está ajustado a la Ley Federal del Trabajo, sino que fue producto de una negociación con la Secretaría de Salud y que los indígenas aceptaron a consecuencia del desgaste que ha implicado para ellos estos 10 años en que han estado esperando justicia, pues lo que la Ley establece como máximo por concepto de indemnización es la cantidad de 216 mil 810 pesos y el mínimo es de 86 mil 724 pesos.
Este Centro lamenta las declaraciones públicas que hizo el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo cuando refiere que «cumplió» con la recomendación «aunque legalmente no hay obligación» y que más bien su gobierno «quiere demostrar solidaridad y compromiso en esta acción de otro gobierno». Esta postura no tiene sentido, porque existen dos recomendaciones, la 035/2004 que emitió la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero y la 066/2007 en emitió la CNDH en que ambos organismos confirman que se violaron los derechos humanos de los indígenas de El Camalote y que les fue afectada su capacidad y salud reproductiva de manera total.
Por lo tanto, como Centro de Derechos Humanos demandamos al gobierno de estado que dé cumplimiento cabal a la recomendación 066/2007, porque la entrega de láminas, cemento y un tinaco a los indígenas de esterilizados, no constituye una reparación real a sus derechos violados y que las autoridades están obligadas a garantizar porque México asumió el compromiso al firmar y ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Como Tlachinollan pedimos al gobierno de Guerrero que tome las medidas necesarias para evitar que en lo sucesivo la Secretaría de Salud repita actos de esta naturaleza.
Asimismo queremos destacar que durante el proceso de negociación con los esterilizados, el gobierno de Guerrero le apostó a la división del pueblo de El Camalote, pues había entregado el material al comisario de ese lugar, que es familiar de Romualdo Remigio Cantú, a quien la OPIM señala como paramilitar y quien ha estado acusando a sus 5 compañeros presos, como responsables del asesinato de Alejandro Feliciano.
Antecedentes
El 15 de abril de 1998 y el 11 de julio del 2001, Silverio Remigio Guzmán, Bibiano García Santiago, Bonifacio García Cruz, Crisóforo Manzanares Lorenzo, Artemio Cruz Vicente, Modesto Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Julio Bolaños Lorenzo, Marcelino Santiago Flores, Cipriano Santiago García, Lázaro Carranza Oropeza, Mauricio Cruz Morales, Arnulfo Cruz Concepción y Pascual Eugenio Cruz, fueron cooptados por la brigada sanitaria que integraban: El médico general operativo, Ernesto Guzmán León; el promotor médico, Rafael Almazán Solís y la enfermera, Mayra Ramos Benito, quienes les prometieron diversos beneficios gubernamentales (una clínica, medico, medicamentos, despensas, ropa, cobijas, vivienda y becas) a cambio de que aceptaran esterilizarse.
Dicho caso no es aislado, porque antes, en las comunidades de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, también del municipio de Ayutla de los Libres, otros 16 indígenas Na´savi (mixtecos) fueron convencidos para practicarse la vasectomía, bajo el mismo método de promesas y engaños. Incluso por este hecho la Codehum emitió la recomendación 041/99, pero ante el incumplimiento por parte de la Secretaria de Salud, fue remitida ante la CNDH quien confirmó el veredicto local mediante la correlativa recomendación 18/2001, que tampoco ha sido acatada a cabalidad.
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Elena Cannie – Coordinadora del Area Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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Tlapa de Comonfort, Guerrero – Mexico
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Comunicado 036