De Acteal (Chiapas) a Atenco (Estado de México): la sombra de la impunidad
A finales de mayo, la organización civil Las Abejas afirmó que el fiscal para el caso Acteal, Noé Maza Albores, amenazó con encarcelar a sus dirigentes si no suspendían las denuncias públicas que realizan los días 22 de cada mes, al recordar la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997.
Por otro lado, en junio, familiares de 33 presos indígenas de Chenalhó, acusados de participar en la matanza de Acteal, iniciaron un plantón en Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas) para pedir a las autoridades judiciales federales que se revisen los procesos penales. Según su versión, sólo una docena de las 78 personas detenidas que hay actualmente participaron en los hechos. Sostienen que todos fueron sentenciados en procesos penales llenos de irregularidades jurídicas. En junio, a más de 10 años de la masacre, el proceso penal de los sentenciados fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría pronunciarse sobre posibles irregularidades.
Foto: Acteal, la nueva iglesia
A dos años del operativo policíaco que reprimió una manifestación en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, Amnistía Internacional volvió a reclamar justicia para las mujeres violadas y señaló que los “graves casos de tortura” perpetrados son “señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano de terminar con ese crimen y la violencia contra las mujeres”.
A unos días de que se cumplieran dos años de los hechos, 11 de las 26 mujeres agredidas y violadas por elementos policíacos durante los hechos presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La catalana Cristina Valls también presentó una demanda ante la Audiencia Nacional de España por tortura contra policías y autoridades mexicanas que participaron el operativo. En julio, un magistrado le negó el amparo de justicia, decisión que decidió apelar.
Foto: Manifestación para la liberación de los presos de Atenco
Entrevistado en mayo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (PRI, Partido Revolucionario Institucional) rechazó que la represión en Atenco fuera un “lastre” para su gobierno, y advirtió que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social. En respuesta a las críticas internacionales en materia de derechos humanos, dijo que “sigue la misma voluntad y disposición” de su gobierno para aclarar los hechos actualmente analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.