AMPARA JUEZ FEDERAL A 2 COMUNEROS OPOSITORES A

LA PAROTA CONTRA AUTO DE FORMAL PRISIÓN

–  Es por la acusación de la movilización del 29 de junio de 2004.

–   Marco Antonio Suastegui y Francisco Hernández fueron encarcelados en julio de 2004 y liberados bajo caución en agosto del mismo año.

–  La resolución evidencia la desmedida persecución del gobierno de Guerrero contra el CECOP.

Tlapa, Guerrero, México a 9 de septiembre de 2008.- El Juzgado Segundo de Distrito radicado en Acapulco, otorgó una suspensión definitiva a favor de dos integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), contra el auto de formal prisión impuesto en 2004 por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El amparo que fue concedido ayer lunes 8 de agosto, quedó radicado bajo el número de expediente 1085/2008 y deja en libertad absoluta a Marco Antonio Suastegui Muñoz así como a Francisco Hernández Valeriano quienes fueron liberados bajo caución el 5 de agosto del 2004.

Después de la movilización que el CECOP hizo el 29 de junio del 2004 para impedir que funcionarios de la CFE entraran con maquinaria a los Bienes Comunales de Cacahutepec, los comuneros Felipe Flores Solano, Rufina Palma Ortega, Francisco Hernández Valeriano, Jacinto Solís Vázquez, Marco Antonio Suastegui Muñoz y Rodolfo Chávez Galindo, fueron acusados por el delito de privación ilegal de la libertad en contra del ingeniero de la paraestatal, Jaime Gutiérrez Tejeda.

Derivado de este señalamiento, Marco Antonio Suastegui y Francisco Hernández Valeriano fueron detenidos el 27 y 28 de julio por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) con una orden de aprehensión que fue girada el 16 de julio del mismo año por el Juez Sexto de Primera Instancia del ramo penal con sede en Acapulco. Sin que existieran elementos probatorios, el 2 de agosto les fue dictado el auto de formal prisión. Por esta situación los acusados se inconformaron y presentaron un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, no obstante, está ratificó el veredicto del Juzgado Sexto.

Aunque obtuvieron su libertad bajo caución, ambos comuneros decidieron acudir ante la justicia federal y solicitaron un amparo contra el auto de formal prisión que les fue impuesto. Sus compañeros (Felipe Flores Solano, Rufina Palma Ortega, Jacinto Solís Vázquez, y Rodolfo Chávez Galindo) habían hecho lo mismo días atrás y lograron esa protección en agosto bajo el número de expediente 1077/2004. A pesar de ello, en 2007 fue detenido arbitrariamente Rodolfo Chávez Galindo y el pasado martes 3 de septiembre, la PIM aprehendió y encarceló durante 20 horas a Jacinto Solís Vázquez. 

A seis días de este último suceso y en el contexto del impulso desmedido del gobierno de Guerrero a la presa La Parota, el Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo a Marco Antonio Suastegui y Francisco Hernández evidenciando que les fue fabricado el expediente y las pruebas con que fueron acusados y encarcelados. Asimismo demuestra que la segunda Sala Penal del TSJ no hizo un análisis a fondo y mucho menos fue imparcial.

Como Centro de Derecho Humanos consideramos que la resolución del juez federal a favor de Marco Antonio y Francisco Hernández confirma que es obvio que hay una deliberada persecución política en contra del CECOP porque no existen elementos que acrediten el delito de privación ilegal de la libertad en contra de Jaime Gutiérrez y por lo tanto es inconcebible que se haya abierto la causa penal 141-2/2004 en contra de los seis comuneros

Asimismo señalamos que el amparo federal revoca el auto de formal prisión del juez Sexto de Primera Instancia y deja en libertad absoluta a Marco Antonio y Francisco Hernández. Agregamos que esta resolución da la razón a los comuneros opositores a La Parota en el sentido de que el gobierno de Guerrero sigue criminalizando la protesta e impulsando megaproyectos que siguen violando los derechos humanos de los sectores más vulnerables. 

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Elena Cannie – Coordinadora del Area Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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