Trece años

La policía comunitaria

 

de Guerrero no deja de

 

crecer

Ojarasca

La Jornada

20 de octubre del 2008

La policía comunitaria de Guerrero llega a su treceavo aniversario más fuerte y más grande que nunca, aunque sin recursos y con más de 40 órdenes de aprehensión en su contra. Nació en los pueblos de estas regiones mixtecas, tlapanecas y nahuas, en respuesta los actos vandálicos que se incrementaban de manera alarmante sin que las autoridades hicieran nada por detenerlos, pues en muchos casos ellas mismas eran cómplices o protagonistas de los delitos.

Su proyecto de autonomía, como el de las comunidades zapatistas de Chiapas, no sigue manual alguno. Se construye en el día a día y en la reflexión colectiva que responde a los desafíos que van enfrentando. No son indígenas que arrestan malhechores para ponerlos a disposición de la justicia, como en un principio. Hoy son una de las experiencias autonómicas más notables de México, organizada desde y para los pueblos.

En 1995 eran apenas unas decenas de hombres organizados al margen del Estado que vigilaban los caminos, carreteras, veredas e incluso las mismas comunidades que eran objeto de innumerables robos, asaltos, violaciones sexuales y asesinatos. Poco a poco fueron creciendo en legitimidad entre los pueblos y, paradójicamente, también en carencias. Su negativa a incorporarse a los cuerpos policiacos del estado y, con esto, perder independencia los ha tenido en la mira de los gobiernos en turno quienes, además de hostigarlos, les niegan el reconocimiento de su autonomía.

Juan Villanueva, miembro del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), comenta en entrevista que “el gobierno no acaba de conformarse con nuestra existencia. Siempre está en contra de nosotros, sea del partido que sea. No nos reconocen en nuestro trabajo y sólo están buscando la manera de perjudicarnos”. Más de 40 órdenes de aprehensión en su contra confirman esta declaración.

“Nosotros no queremos ser parte del gobierno, pero que sí nos reconozcan en nuestra autonomía, que nos dejen hacer nuestro trabajo sin perseguirnos. No tenemos sueldo y aún así nos andan molestando”, señala Villanueva en la víspera de los festejos del treceavo aniversario.

A partir de que se hicieron cargo de su propia seguridad, evidenciando la corrupción e ineficacia de los cuerpos policiacos y del sistema judicial, la delincuencia se redujo más de un 90 por ciento en esta región cafetalera de extrema pobreza, violaciones a los derechos humanos, militarización, migración y narcotráfico; pero también lugar de nacimiento de legendarios movimientos sociales. San Luis Acatlán, municipio sede de la crac, vio nacer y morir al maestro rural y guerrillero Genaro Vázquez.

“De los poquitos que empezamos pues fuimos creciendo” —relata Juan Villanueva— “y ahora ya somos 700 comunitarios”. La policía comunitaria empezó con presencia en sólo dos municipios y 13 años después abarca a 72 comunidades de 10 municipios. A principios de este año estaban en 56 comunidades, de acuerdo al testimonio de Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, pero a partir de la creación de sedes como la de Xitlaltepec, municipio de Metlatónoc, siete comunidades indígenas presentaron su solicitud de ingreso y lo mismo sucedió en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec.

Rebasados todos los órganos de impartición de justicia del estado y los municipios, tres años después de su conformación la policía comunitaria creó, a instancias de los pueblos, la CRAC, al darse cuenta de que durante tres años (de 1995 a 1998) se la habían pasado entregando delincuentes al Ministerio Público y luego, casi de inmediato, los veían nuevamente en las calles cometiendo cualquier clase de atropello. Los altos niveles de corrupción y complicidad de las autoridades con la delincuencia les impedían lograr sus objetivos; y además, aún en los casos en los que se encarcelaba a los delincuentes, esto tampoco resolvía el problema.

Con el nacimiento de la CRAC, ya no sé proponen sólo atrapar malhechores, sino legitimar el derecho tradicional (que contempla la reeducación y el trabajo comunitario a los infractores de la ley) y perseguir y sancionar delitos del fuero común (robo, asalto, violación, asesinato, abigeato, entre otros). En otras palabras, fortalecen la autonomía en los hechos.

No hay recursos y les hace falta de todo, desde alimentos hasta uniformes, lámparas, calzado y, por supuesto, armas y parque. Se han propuesto la autosuficiencia con proyectos productivos que no han logrado cuajar. No tienen sueldos ni apoyos y sobreviven con la comida proporcionada por los pequeños comerciantes que les proporcionan jitomates, cebollas, calabaza y demás verduras para cocinar. No dejarse cooptar ha tenido sus costos, por lo que requieren hacer autogestionario el proyecto, punto importante a tratar en las reflexiones de su aniversario número trece.

“Nos apoyamos entre nosotros, pero aquí todos somos campesinos pobres y el tiempo que le dedicamos a la policía es por el pueblo”, señala Villanueva. Pero con todo y carencias, dice, “seguimos deteniendo la delincuencia y hemos crecido nosotros”.

Gloria Muñoz Ramírez