Perspectivas de la mediación
Carlos Montemayor
La Jornada
El pasado 22 de este mes de enero, la Comisión de Mediación (Comed) entre el gobierno federal y el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) hizo público un nuevo documento de recuento de labores y explicó en rueda de prensa varias de las razones y actividades que el documento expone sucintamente.
Uno de los puntos centrales a informar fue que el día 6 de enero la Comed se reunió con el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, a fin de hacer de su conocimiento los avances y retrocesos del proceso de la mediación y de la importancia legal, política e histórica que el proceso mismo podría significar para la vida social del país. Se le hizo entrega de documentación relacionada con el caso y se le pidió su colaboración para hacerla llegar a sus oficinas centrales.
Entre otros motivos, esa reunión fue acordada por la Comed ante la intención reiterada de los familiares de los desaparecidos de iniciar nuevas gestiones ante instancias internacionales de derechos humanos en Europa y en nuestro continente; ante esto, la Comed consideró oportuno que tuviera esa información la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. También buscó esa reunión porque, a mediados de diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comunicó a la Comed que emitiría su recomendación en las primeras semanas de este año de 2009 sobre la desaparición forzada de personas en perjuicio de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Un día antes de la rueda de prensa de la Comed, el 21 de enero de 2009, volvió a ratificar la CNDH tal compromiso de emitir a la brevedad posible su recomendación.
Ahora bien, desde el 14 de agosto del año 2008, cuando la Comed hizo público un amplio documento constituido por tres secciones fundamentales: antecedentes, acciones oficiales y evaluaciones diversas y conclusiones, con un anexo técnico sobre desaparición forzada de personas, se incluyó una vasta información con análisis, explicaciones y enumeraciones de operativos que reflejaron una estrategia no coordinada entre las diversas dependencias policiales federales y regionales, y entre éstas y operativos del Ejército Mexicano. Por este motivo, se planteó de manera justificada y fundamentada la necesidad de ampliar la interlocución de la Comed a más instancias que solamente la Secretaría de Gobernación. Se solicitó, pues, la interlocución directa con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR). En los documentos hechos públicos el 13 de junio de 2008, la Comed describió las numerosas acciones de procuración e impartición de justicia infructuosas alrededor de los desaparecidos eperristas. En los documentos del 14 de agosto se agregaron otros datos y hechos que explicaban la necesidad de ir más allá de un ambiguo túnel inacabable de oficialía de partes o de una especie de coadyuvancia (por otro lado, legalmente imposible) con el Ministerio Público en acciones e investigaciones que no competen a la Comed, sino a las instancias de procuración de justicia.
Por último, debe destacarse que entre el 14 de agosto y el 6 de diciembre de 2008 la Comed y los representantes del gobierno federal sostuvieron un intercambio de documentos con réplicas y contrarréplicas en torno a la solicitud de ampliar la interlocución y tres reuniones de trabajo con comisiones reducidas. Como se verá en su oportunidad, las réplicas por parte del gobierno federal no han reflejado el interés suficiente por los documentos presentados por la Comed el 13 de junio y el 14 de agosto de 2008 ni una comprensión adecuada de las tres reuniones de trabajo que en comisiones reducidas se efectuaron en ese mismo tiempo.
La Comed no ha recibido aún respuesta por escrito a su última contrarréplica presentada el 6 de diciembre de 2008, pero en la segunda semana de enero de este año de 2009, por vía telefónica, la Secretaría de Gobernación propuso un plazo de 15 días, que vence el 30 de enero, para dar contestación definitiva a los planteamientos de interlocución, primordialmente, con Sedena y, posteriormente, con Cisen. En espera de esa respuesta, e igualmente, a la espera de la recomendación que emitirá en breve la CNDH, puede decirse que el proceso de mediación se encuentra en una fase preocupantemente definitoria.