San Andrés Larráinzar: 13 años después  

Jaime Martínez Veloz/ I  

 

La Jornada  

El 15 de febrero de 1996, segundo día de la asamblea plenaria, las delegaciones del gobierno federal y el EZLN acordaron firmar los primeros acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas. La delegación zapatista entregó una propuesta sobre la conformación de la comisión de seguimiento y verificación al gobierno. Un día después, concluyó la segunda parte de la plenaria resolutiva de la mesa de derechos y cultura indígenas. La delegación del EZLN firmó los acuerdos de San Andrés en presencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). El acto se realizó en uno de los salones de la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar. Como presidente en turno de la Cocopa me correspondió firmar el documento, en representación de la comisión legislativa, en calidad de testigo. Posteriormente, en un acto protocolario, la delegación del gobierno federal los firmó. Por parte del gobierno rubricaron: Marco Antonio Bernal, Jorge del Valle y Uriel Jarquín, mientras por el EZLN lo habían hecho los comandantes Tacho, David y Zebedeo. 

Los acuerdos a los que llegaron, después de las consultas que cada parte realizó, fueron que el gobierno federal y el EZLN aceptaban los documentos emanados de la primera parte de la plenaria resolutiva, quedando asentadas en el documento las observaciones que los zapatistas hicieron. El EZLN insistió en señalar: “… la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja y Tierra y Libertad”. 

En lo referente al tema Situación, derechos y cultura indígenas, la delegación zapatista estimó insuficientes los puntos de acuerdo. Mencionó que los pueblos indígenas y las autoridades debían programar y calendarizar de mutuo acuerdo su instrumentación. Acerca de las Garantías de acceso pleno a la justicia, la delegación zapatista consideró la necesidad del nombramiento de intérpretes en todos los juicios y procesos que se siguieran a los indígenas. Asimismo, planteó indispensable que se legislara para proteger los derechos de los migrantes, indígenas y no indígenas, dentro y fuera de las fronteras nacionales. 

A fin de fortalecer los municipios señaló que se requerían compromisos explícitos del gobierno para garantizar su acceso a la infraestructura, capacitación y recursos económicos adecuados. 

Sobre los medios de comunicación consideró necesario que se garantizara el acceso a la información veraz, oportuna y suficiente de las actividades del gobierno y que los pueblos indígenas contaran con sus propios medios de comunicación. Ambas partes asumieron el compromiso de enviar el resolutivo a las instancias de debate y decisión nacional, así como del estado de Chiapas que correspondieran. 

El documento Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional enmarcó lo que debería ser nueva relación del gobierno y de los pueblos indígenas, confirmando que estos últimos habían “… sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política”. 

El gobierno federal se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General de la República, ampliar su participación y representación política, garantizar el acceso pleno a la justicia con el reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, asegurar educación y capacitación, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, impulsar la producción y el empleo, y proteger a los indígenas migrantes. 

Sobre el compromiso que adquirió el gobierno federal de reconocer en la Constitución las demandas indígenas se especificó que éstas debían contener: derechos políticos, derechos de jurisdicción, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. Asimismo, el reconocimiento “… en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas”. 

 

La Cocopa manifestó que por difícil que pareciera, “aun en medio de las más grandes diferencias, siempre quedará el recurso de la palabra que haga posible el entendimiento y la reconciliación”. 

El EZLN manifestó: “… al fin de la fase actual del diálogo, consideramos que sólo la más amplia movilización social podrá darle cuerpo a estas demandas fundamentales. Esto se logrará solamente impulsando la organización independiente que surge como una de las tareas del Foro Nacional Indígena. Que debe extenderse hacia todas las regiones del país”. 

Por su parte, Marco Antonio Bernal dijo que para el gobierno éste era “un paso firme que nos da la seguridad de que este conflicto tiene una salida política definitiva”.