Admite SG recomendación

de CNDH de los dos eperristas 

No obstante, indicaron fuentes de la dependencia, la Secretaría quiere dejar claro que el gobierno federal no está involucrado en la desaparición. 

Fabiola Martínez 

 

La Jornada     

 

La Secretaría de Gobernación aceptará la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), informaron este miércoles fuentes de la dependencia. Sin embargo, agregaron, dejará en claro que el gobierno federal no está involucrado en la desaparición.  

El pasado 15 de febrero, la CNDH emitió la recomendación 7/2009 al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, en la que considera que el Estado dejó de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos y demanda la presentación con vida de los dos eperristas mencionados así como la reparación tanto a ellos como a sus familiares, por los daños y perjuicios ocasionados.  

Tras lo anterior, el Comité de Familiares de Detenidos-desaparecidos Hasta Encontrarlos, sostuvo que la recomendación “es sin duda de gran importancia” porque refleja que el Estado mexicano es el responsable de su desaparición, sin embargo, pidió que el exhorto de amplíe a la Secretaría de Defensa Nacional y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional por tener también competencia en los hechos.  

El organismo defensor de los derechos humanos considera que tras las investigaciones, hay indicios suficientes para establecer que servidores públicos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaría de Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero de los presuntos desaparecidos. 

La indagatoria del organismo también refiere que los expedientes analizados documentan que servidores públicos de diversas dependencias del gobierno oaxaqueño participaron en el operativo del 24 de mayo de 2007, fecha en la que desaparecieron ambos individuos. Incluso, añade la CNDH, los informes rendidos por las autoridades involucradas incurren en omisiones y graves contradicciones sobre el caso. 

Además, indica el organismo, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tiene radicada una investigación de este caso sin haber obtenido resultado alguno para esclarecerlo después de 18 meses. 

La falta de apego a la verdad y las contradicciones en los informes de las autoridades responsables, así como su falta de voluntad para colaborar con la CNDH en la investigación del caso se traducen en actos de entorpecimiento para esclarecer la verdad de estos hechos. 

Asimismo, considera que la PGR incurrió en ejercicio indebido de la función pública en la procuración de justicia, dada su negativa a colaborar en la investigación de la CNDH. 

Lo anterior confirma, expresó la CNDH, que el Estado dejó de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos, ante lo cual “esta Comisión Nacional demanda se dé a conocer, de manera inmediata, la verdad de los hechos que propiciaron la detención y desaparición de los agraviados, así como la suerte final que corrieron; se les deje en completa libertad o se les ponga a disposición de las autoridades competentes en el supuesto de que hayan incurrido en la comisión de alguna conducta delictiva”.