Estimadas y estimados:
enviamos nuestro Boletín 07, uniendonos a la indignación y a la
exigencia de justicia por el asesinato de los compañeros defensores en
Guerrero

atentamente

Jorge HERNÁNDEZ

***************************

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 24 de febrero de 2009
Boletín No. 07

La defensa de los derechos humanos, una actividad de alto riesgo en México.

? El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas condena
el asesinato de dos defensores en Guerrero

? Exigencia de justicia ante la muerte de Raúl Lucas y Manuel Ponce
integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C,
condena el asesinato de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas,
indígenas defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, y
se une a la exigencia de justicia, para que se realice una
investigación exhaustiva, eficaz y objetiva, castigando a las
autoridades responsables por acción y/u omisión en estos actos.

Raúl Lucas y Manuel Ponce, Presidente y Secretario de la Organización
para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) respectivamente, fueron
encontrados sin vida el pasado 20 de febrero en el municipio de
Tecoanapa, en la región de la Costa Chica de Guerrero; Raúl con un
tiro en la cabeza y Manuel con traumatismo craneoencefálico. Ambos con
signos visibles de tortura. Ambos habían sido desaparecidos de manera
forzada en el municipio de Ayutla de los Libres, el pasado 13 de
febrero, por presuntos integrantes de la Policía Investigadora
Ministerial (PIM) del estado de Guerrero.

Según denuncias documentadas por el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, ubicado en Tlapa Guerrero, Raúl fue retenido e
interrogado ilegalmente en 2006 por integrantes del Ejercito Mexicano,
en febrero de 2007 sufrió una emboscada, sin embargo ello no lo
amedrentó y durante 2008 documentó casos sobre violaciones a derechos
humanos ocurridas en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas
perpetradas por el Ejercito Mexicano. De lo anterior existen denuncias
y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
Procuraduría General de la República

La OFPM, al igual que otras organizaciones indígenas de Guerrero, ha
denunciando actos de abusos de militares en contra de comunidades
indígenas en la zona mixteca de Guerrero, por ejemplo en la comunidad
El Charco, lugar en donde se perpetró la masacre de indígenas ocurrida
en junio de 1998.

La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce,
es un crimen de lesa humanidad y una responsabilidad del Estado
Mexicano por no cumplir con sus obligaciones de prevenir y proteger el
derecho a la vida, al no brindar la protección adecuada y al no
generar las condiciones para erradicar las agresiones por parte de
agentes estatales o de particulares en contra de las defensoras y los
defensores de derechos humanos.

En México, las defensoras y defensores de derechos humanos, nos
enfrentamos constantemente a agresiones, amenazas, hostigamientos,
vigilancia, allanamiento de domicilios, restricciones a la
información, campañas de desprestigio y acciones penales como formas
para entorpecer y obstaculizar nuestro trabajo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado la
labor de las defensoras y defensores de derechos humanos indicando que
?el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende
en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los
defensores de los derechos humánanos para desplegar libremente sus
actividades y que es conveniente prestar especial atención a las
acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de
derechos humanos?

Las defensoras y defensores de derechos humanos en México, seguiremos
individual y colectivamente promoviendo y defendiendo los derechos
humanos y las libertades fundamentales en nuestro país y en el mundo.

Por lo tanto, exigimos al Gobierno de México, garantizar medidas
precautorias y de seguridad para proteger la vida y la integridad de
los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce, de los integrantes de la
Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y de los integrantes
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Demandamos al Gobierno Mexicano el cese inmediato a todo acto de
agresión a defensoras y defensores de derechos humanos y que actúen
sobre las causas estructurales que afectan la vida, la seguridad y la
integridad de las defensoras y defensores en México.