Los derechos humanos al centro  

Adolfo Sánchez Rebolledo 

 

La Jornada 

La preocupación por la situación de los derechos humanos en el mundo se extiende en la medida que la crisis avanza, dejando un rastro de miseria, incertidumbre y violencia.  

Para algunos países, entre ellos México, el escenario es muy grave por la concurrencia de dos fenómenos devastadores: la acción de los grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas, y el efecto no menos destructivo, en términos de la cohesión social, que la crisis apenas comienza a mostrar. Uno y otro son aspectos de una misma y terrible realidad que no se puede conjurar con discursos y condenas morales, sobre todo cuando se pide a la ciudadanía colaboración para librar la guerra contra la delincuencia y, al mismo tiempo, se consideran catastrofistas las llamadas de alerta ante el deterioro de la situación económica familiar. 

El gobierno mexicano, al someterse al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, admitió, por boca del secretario de Gobernación, la mayoría de las observaciones que le fueron planteadas, aceptando tácitamente la debilidad del estado de derecho de su país y de las instituciones de seguridad y justicia, las cuales, dadas las condiciones de desigualdad, son el caldo de cultivo para abusos como la trata de personas, la tortura, la falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la discriminación, la ignorancia de las garantías de las personas con discapacidad y la desaparición forzada, entre otras violaciones que el delegado mexicano se encargó de reconocer, según el relato del corresponsal de la agencia Inter Press Service en Ginebra. 

Sin embargo, por razones que no me quedan claras, unos días después, en el mismo consejo, México se abstuvo en la votación de un proyecto de declaración presentado por Egipto y Brasil acerca del impacto de la crisis global económica y financiera sobre los derechos humanos. Aprobada al final por 31 países, la declaración no contó con el voto favorable de los 14 más desarrollados, entre ellos Japón, Francia, Alemania y… México. La división demostró las grandes diferencias conceptuales que aún subsisten entre quienes aún consideran que el tema de los derechos humanos ha de circunscribirse a las cuestiones civiles y políticas originales, y los que insisten en la universalidad de la segunda generación, que incluye a los derechos sociales y económicos como parte inseparable de ese horizonte común. 

La declaración aprobada, empero, evita esa disyuntiva, pues al mismo tiempo que advierte acerca del riesgo que amenaza, por ejemplo, a los Objetivos del Milenio, exhorta a los estados, sin perjuicio del impacto de la crisis económica y financiera, a la protección de todos los derechos humanos. Ante la negativa de algunas representaciones a considerar en esa instancia asuntos relacionados con las instituciones financieras, el comercio internacional y desarrollo, la representante brasileña fue contundente al señalar que las consecuencia de la crisis económica y financiera sobre el desempleo, la salud y otros aspectos pueden provocar problemas políticos aún más graves, tomando en cuenta la situación actual de los grupos más vulnerables.

En definitiva, como no podía ser de otro modo en la presente situación internacional, la discusión en el fondo remite a las estrategias que se deberían adoptar para salir de la crisis. Y es normal que los países desarrollados difieran de sus pares en desarrollo. Cabe subrayar que ninguno ha puesto en tela de juicio la necesidad de tomar medidas inmediatas en el campo financiero, monetario y económico, pero algunos exigen que todos los planes sean presididos por un enfoque de derechos humanos, pues éste ayudaría a identificar las necesidades apremiantes de los grupos y personas vulnerables, especialmente de las mujeres y los niños, los migrantes, los refugiados, los pueblos indígenas, las minorías y las personas con discapacidad. Sólo así, consideran, podrían construirse soluciones más duraderas en el mediano y largo plazos. La crisis obliga a una reflexión de orden general que no divida artificialmente la atención de los mayores problemas en curso. Es del todo imposible creer que el combate a la pobreza se reduzca a una línea dependiente de la administración económica o que la salud pública esté atada al ahorro individual. Un planteamiento sustentado en los derechos humanos proporcionaría, en cambio, el contexto, la lógica jurídica para enfrentar los efectos de la crisis tanto a nivel nacional, regional como internacional. 

Razones de justicia, pero también de eficacia económica, obligan a desplegar una iniciativa capaz de sustituir los paradigmas al uso, centrados en el individualismo y el afán de lucro como motor de la economía, por una visión social, dispuesta a pensar menos en los mercados que en las personas. Un buen punto de partida sería, por ejemplo, comenzar a debatir la propuesta formulada por Mario Luis Fuentes en el sentido de universalizar la seguridad social para garantizar el trabajo digno, un tema que obliga a reflexionar sobre la sociedad y el Estado que deseamos construir en la perspectiva de un siglo que comienza entre signos de tormenta. 

Mientras no se den pasos audaces en esa perspectiva, tampoco se darán en la práctica y seguiremos como hasta ahora: lamentando las torpezas (y algo más) de quienes decían saber cómo hacerlo y, lo peor, sufriendo como país la degradación de la vida social y el incremento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. La inseguridad toca a la sociedad en su conjunto, pero los más pobres se hallan bajo el fuego cruzado de la violencia criminal y la represión que no distingue y suele coartar las libertades individuales. ¿Hasta cuándo se darán impunemente asesinatos como los cometidos contra Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, defensores mixtecos de los derechos humanos en una de las regiones más pauperizadas del país?