DECLARACIÓN FINAL:

Ante la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de
derechos humanos en el estado de Guerrero, las organizaciones sociales
y civiles nacionales e internacionales presentes en este Foro,
expresamos nuestra solidaridad con las familias de Raúl Lucas Lucía y
Manuel Ponce Rosas para exigir al gobierno federal que atraiga las
investigaciones a través de la Procuraduría General de la República
(PGR) para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y
ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos no quede
impune efectuándose investigaciones imparciales, objetivas y expeditas
de tal manera que se castigue los responsables.

El caso de Raúl y Manuel es un patrón que muestra la grave situación
que viven en el país los defensores y defensoras de derechos humanos y
los luchadores sociales quienes están siendo sometidos a una práctica
de criminalización de la protesta que se ha intensificado al grado de
materializarse en actos que atentan contra la integridad y vida.

El día de hoy, los defensores y defensoras presentes reivindicamos
nuestro derecho a protestar como consecuencia de que los mecanismos
institucionales son ineficaces al no dar respuesta a las demandas
sociales, quedando como única vía la protesta como ejercicio de los
derechos de libre asociación, petición, reunión, expresión y
manifestación de las ideas.

El Estado mexicano no sólo ha criminalizado a los defensores mediantes
distintos patrones sino que tampoco ha cumplido los compromisos
internacionales como las recomendaciones contenidas en el Informe
sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos
Humanos en las Américas del 2006 y las recomendaciones hechas al
Gobierno mexicano por parte del grupo de trabajo del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico
Universal que son reiterativas en recomendar a México que debe
reconocer el valioso aporte de los defensores de derechos humanos para
la construcción de una sociedad democrática, además de que debe
asegurar que los defensores y defensoras no pongan en riesgo su vida e
integridad por hacer su trabajo, que debe efectuar investigaciones de
amenazas y crímenes contra defensores de tal manera que no quede en la
impunidad.

Demandamos a las autoridades de que cese el hostigamiento y las
amenazas que enfrentan desde el 2005, los integrantes de la
Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), cuyos dirigentes se
han visto obligados a salir del estado por el inminente riesgo de
sufrir algún atentado a sus vidas. Las autoridades del estado en lugar
de reconocer y respetar el trabajo de los miembros de la OPIM como
defensores y defensoras de derechos humanos se han obstinado en
descalificar su trabajo, creando un ambiente de permisividad que
alienta y legitima la agresión por parte de los diferentes agentes del
Estado.

A pesar de que existen las denuncias ante los órganos de procuración
de justicia desde el 2003 hasta la fecha no existe un sólo responsable
que haya sido procesado y castigado por sus actos que atentan contra
el trabajo de los defensores y defensoras. Por el contrario, son los
defensores y defensoras los que son investigados y hostigados por
corporaciones policiacas y agentes del Estado vestidos de civil que
de manera sistemática los siguen, lo hostigan y les impiden realizar
su trabajo con tranquilidad. Las autoridades municipales y estatales
han puesto en entredicho el trabajo legal y legítimo de los defensores
y defensoras y los ha dejado en un estado de indefensión porque son
catalogados como actores incómodos que generan conflictos por ejercer
sus derechos.

Las mujeres defensoras de derechos humanos como Obtilia Eugenio
Manuel, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, son un gran
ejemplo de tenacidad, valor y compromiso, que a pesar de sufrir las
agresiones del Estado han sabido levantar la voz, denunciar y desnudar
todas las tropelías de un gobierno que se ha negado a respetar la vida
y la integridad física e las mujeres indígenas que a pesar de vivir en
condiciones infrahumanas siguen contribuyendo a la causa de los
derechos humanos.

Demandamos la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández
Abundio, preso de conciencia, quien es víctima de la fabricación de un
delito y que ha pagado por más de un año una pena impuesta por un
gobierno racista que castiga la pobreza y criminaliza a los defensores
de derechos humanos.

Demandamos la derogación de los tipos penales que criminalizan la
protesta social y desarrollar actividades de capacitación de miembros
de la Procuraduría y del Poder Judicial para una mejor aplicación de
las normas penales y procesales penales frente a casos de protesta
social.

Demandamos la creación de un programa estatal de protección de
defensores siguiendo los lineamientos establecidos por el informe
elaborado por la Comisión Interamericana sobre Defensores y defensoras
de derechos humanos en las Américas, del año 2006.

Demandamos que en todos los procesos de reforma o implementación de
políticas públicas relacionadas con la impartición y procuración de
justicia, se tenga en cuenta la realidad pluricultural del estado y la
situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas
en el estado.

Demandamos la desmilitarización del estado teniendo en cuenta que las
fuerzas armadas tienen como función fundamental velar por la seguridad
externa del país y no la seguridad interna.

Organizaciones firmantes:
-Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP).
-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
-Consejo Ciudadano de Chilapa.
-Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán.
-Monitor Civil de la Policía.
-Mujeres de Tlamacazapa.
– Radio Ñomndaa
-Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
-Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
– Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.
-Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
-Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)
-Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
-Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
-Asamblea Popular de Guerrero (APPG).
-Guerreros Verdes A.C.
-Consejo de Autoridades de Tecoanapa.
-CERP-CETEG
-Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC)-Monterrey.
-Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz)-DF.
-Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)-DF.
-Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés-Tlaxcala.
-Centro de Derechos Humanos Victoria Díez- Guanajuato.
-Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas-Chiapas.
-Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada-Chiapas.
-Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-DF.
-Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los
derechos para Todas y Todos (Red-TDT).
-Centro de Derechos Humanos y Asesoría para Pueblos Indígenas
(CEDHAPI)-Oaxaca.
-Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria-DF

Organizaciones adherentes
-Obra Diacónica, Alemania
-Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)-Perú.
-Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Programa Somos Defensores (PNGPDDH)-Colombia.

Chilpancingo, Gro, a 21 de abril del 2009.