Condena ONU hackeo

a Serapaz y la CDHDF  

Emir Olivares Alonso 

 

La Jornada 

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó las “injerencias arbitrarias” de las que han sido víctimas la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ocurridas en días pasados a través del hackeo a sus portales de Internet y servidores de correo electrónico. 

Ante esos hechos, el organismo internacional manifestó “su profunda preocupación” y exigió a las autoridades competentes esclarecer los hechos de manera “transparente, rápida y eficaz”, así como sancionar a los responsables de estos delitos. 

El pasado 6 de mayo, Dolores González Saravia, directora de Serapaz, denunció que por varias semanas la organización fue víctima de espionaje electrónico, pues su cuenta institucional de correo electrónico fue hackeada, lo que ocasionó la pérdida de algunos documentos de ese buzón. Días después, la CDHDF informó que entre el jueves 7 y el viernes 8 de mayo también fue objeto de un ataque informático a su servidor institucional. 

Exige sanción 

 

La OACNUDH expresó solidaridad a ambas organizaciones e hizo un llamado a las autoridades a esclarecer estas acciones a fin de que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados. Recalcó que “sólo mediante un combate efectivo a la impunidad” será posible evitar la repetición de actos como los denunciados, los cuales “resultan incompatibles con una sociedad democrática en la que se garanticen las condiciones para la defensa adecuada de los derechos humanos.

“La oficina insta al Estado mexicano a tomar todas las medidas necesarias para atender los compromisos internacionales adoptados, especialmente los contenidos en la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente”. 

El organismo recordó que dicha Declaración señala de manera específica que el Estado “garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados” en el propio documento.