San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
10 de junio de 2009
DESAPARICIÓN DE JOSÉ HIDALGO, 10 AÑOS DE IMPUNIDAD
A los medios de comunicación
A los organismos civiles de Derechos Humanos
A las autoridades estatales y federales encargadas de Procuración de Justicia
A la opinión pública
Un 10 de junio de 1999, fecha simbólica de la represión practicada por los gobiernos priistas, el Teniente de Infantería Juan López Vázquez, experto en inteligencia militar y experimentado en labores de contrainsurgencia por su participación en la “Fuerza de Tarea Arco Iris” y militar supuestamente retirado, sacó a José Hidalgo Pérez de su negocio mediante engaños, y ésta fue la última vez que se le vio con vida, ya que 14 días después, la entonces Procuraduría Estatal del gobierno de Roberto Albores Guillén presentó solamente un cráneo y dos huesos largos totalmente descarnados, mismos que fueron reconocidos por expertos de la UNAM y ratificados por la Procuraduría General de la República (PGR) como correspondientes al desaparecido (Oficio AL40/90), en un caso de esqueletización artificial, probablemente practicada por profesionales.
Debido a la presión social sobre el caso, la PGR atrajo el caso y ejecutó la detención del militar, principal implicado como actor material, pero debido al probable contubernio entre autoridades dejó las investigaciones en manos de la Procuraduría Estatal, misma que preparó las condiciones para consumar un mecanismo típico de la impunidad, que consistió en aportar pruebas insuficientes y mal sustentadas que dieron como resultado, primero un dictamen condenatorio a 30 años de prisión para dicho sujeto (Expediente 247/999), sin embargo en menos de un año, el 31 de octubre del 2001, fue decretada su liberación absoluta (Toca Penal 739-C/200). Todo ese tiempo y cada vez que los familiares de José Hidalgo realizan gestiones para exigir justicia son hostigados e intimidados de diversas formas.
A partir de que el militar y su cómplice obtuvieron la libertad en el año 2001, no hay ningún detenido y el Ministerio Público no ha continuado con las investigaciones, a pesar de que en el propio expediente y desde la línea de investigación oficial quedan por citar a declarar al menos a otro oficial del Ejército de nombre Gabriel Belén Gómez, y algunas autoridades civiles de ese entonces, probablemente implicadas en este descomunal crimen (Toca Penal, págs. 64, 66, 70, 76) que conmovió a la sociedad local, sobre todo considerando el ambiente de provocación que prevalecía en tiempos del Ex Gobernador Roberto Albores Guillén, cuando sucedió la desaparición de José Hidalgo. Todo esto, en el contexto de una política contrainsurgente del Estado mexicano en Chiapas, que se propone socavar el apoyo de la población civil al movimiento del EZLN.
La familia Hidalgo Pérez se ha distinguido por su participación en la lucha civil que busca soluciones pacíficas al conflicto, y que procura la transición a la democracia de México, en condiciones particularmente difíciles en su natal San Cristóbal de Las Casas, por lo que al no existir ninguna otra explicación fundada razonablemente para que se diera la desaparición de su familiar, y sobre todo, por las circunstancias en las que se dieron los hechos y por el hostigamiento y amenazas de que han sido objeto, ASUMIMOS QUE LA DESAPARICIÓN, EJECUCIÓN, ESQUELETIZACIÓN Y OCULTAMIENTO DEL CUERPO DE JOSÉ HIDALGO PÉREZ ES UN MENSAJE DE ADVERTENCIA A TODOS LOS CIUDADANOS QUE NOS ENCONTRAMOS PARTICIPANDO EN EL MOVIMIENTO POR UNA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD.
Por consiguiente, 10 años de impunidad en el presente caso constituye un grave incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad de procurar e impartir justicia, como un signo preocupante de la incapacidad o la falta de voluntad de los gobernantes para caminar hacia la búsqueda de la convivencia pacífica a través de la institucionalidad en el Estado de Chiapas. La falta de resultados lleva el grave mensaje de impunidad y de peligro de que hechos como éste se repitan, sobretodo en los actuales momentos en que vuelven las tensiones en la región, por lo que exigimos:
- Que la Procuraduría General de Justicia del estado, a cargo del Lic. Racial López Salazar, reactive la indagatoria del asesinato de José Hidalgo Pérez, y en caso de ser necesario mediante coadyuvancia y atracción de la PGR, para que den a conocer la verdad de los hechos y que sean castigados los autores intelectuales y materiales de este descomunal crimen;
- Que sea buscado y entregado a sus familiares el cuerpo completo de José Hidalgo Pérez, para que le den cristiana sepultura.
- Que se garanticen condiciones de seguridad a la familia de José Hidalgo, para evitar que sean intimidados y hostigados con motivo de la posible reactivación de las indagatorias.
Finalmente, como sucede en los actos represivos del Estado los dos expedientes de queja de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), No. CEDH/SCR/0191/11/2001 por NEGLIGENCIA Y DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA y el No. CEDH/SCR/0098/06/2001 por el DERECHO A LA IGUALDAD Y SEGURIDAD PERSONAL, AMENAZAS Y ABUSO DE AUTORIDAD, ni siquiera ha concluido en una RECOMENDACIÓN sobre el caso como tampoco han conducido a la debida protección de los derechos humanos de sus familiares. Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni siquiera intervino, a pesar de que le fue solicitada su intervención en repetidas ocasiones.
ATENTAMENTE
Familiares y amigos de José Hidalgo Pérez
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